Sentencia AP-518-17 — Registro 13536
Resumen
Acto recurrido que declara con lugar apelación contra la del a-quo, revocando el auto de prisiòn y sobreseyendo la causa instruida por supuesta responsabilidad de delito de Violación de la Propiedad Industrial.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce..." ..." Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes..." ..." Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución del Ad quem, ahora impugnada es apegada a derecho, en consecuencia, no vulnera el Debido Proceso por cuanto ha observado los requisitos, exigencias y formalidades que deben respetarse para su existencia..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.." Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos (El subrayado es nuestro). CONSIDERANDO: (10)Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. .."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."(13)Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución del Ad quem, ahora impugnada es apegada a derecho, en consecuencia no vulnera el Debido Proceso por cuanto ha observado los requisitos, exigencias y formalidades que deben respetarse para su existencia.."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO:(11)Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: (12) Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de febrero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por La Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que declaró con Lugar resolución de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016) dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes de en la causa instruida contra los señores CARLOS RAMON ZELAYA AVILA por suponerlo responsables, del delito de VIOLACION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en perjuicio de la Sociedad VOGUE CORPORACION INTERNACIONAL S.A. de C.V. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete (07) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), el Abogado MANUEL EDUARDO VILLAMIL CALDERON, en su condición de Fiscal del Ministerio Público presentó requerimiento Fiscal, contra los señores CARLOS RAMON ZELAYA AVILA por suponerlos responsables del delito de VIOLACION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en perjuicio de la SOCIEDAD MERCANTIL VOGUE CORPORACION INTERNACIONAL S.A. de C.V.. (Folios 01 al 06 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado instructor “RESUELVE: PRIMERO: Declarar sin lugar lo solicitado por la Defensa en cuanto a que se decrete un Sobreseimiento Definitivo al señor Carlos Ramón Zelaya Ávila por suponerlo responsable de delito de Violación de la Propiedad Industrial en perjuicio de Vogue Corporación S.A. DE C.V. SEGUNDO: Decrétese Auto de Prisión al señor Carlos Ramón Zelaya Ávila, por suponerlo responsable del delito de Violación de la Propiedad Industrial en perjuicio de Vogue Corporación S.A. DE C.V. Se ordena se mantenga la Medida Cautelar Sustitutiva 173 numeral 6 que fue impuesta en la declaración del imputado. (Folio186 al 188 de la pieza del Juzgado). 3) Que en audiencia Ad Hoc celebrada los días veintitrés (23) de marzo y en diez (10) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), la Corte, de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés dictó sentencia en la cual resuelve PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del encausado contra la resolución de fecha 23 de junio de 2016 , dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, SEGUNDO: REVOCAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO APELADO, TERCERO: SE DICTA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor el imputado CARLOS RAMON ZELAYA AVILA , por suponerlo responsable del delito de VIOLACION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL en perjuicio de VOGUE CORPORACION INTERNACIONAL S.A DE C.V. …”(Folios 11 al 19 de la Pieza de Corte de Apelaciones) 4) La recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERRREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de junio del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 321 dela Constitución de la República. 5) Que en fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional con relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO: (2) Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha diez de mayo de dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortes, que declara con lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, Cortes, en fecha veintitrés de junio del año dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor CARLOS RAMON ZELAYA AVILA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en perjuicio de la Empresa Mercantil VOGUE CORPORACION INTERNACIONAL S.A. DE C.V. CONSIDERANDO:(3) Que la recurrente en la formalización del recurso en el párrafo que corresponde a la Relación de hechos, manifiesta haber presentado requerimiento fiscal contra el señor CARLOS RAMON ZELAYA AVILA, por suponerlo responsable del delito de VIOLACIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, a quien se le dictó auto de formal procesamiento en la audiencia inicial celebrada en fecha 23 de junio del año 2016; no conforme la contraparte interpuso recurso de apelación, mismo que le fue declarado con lugar en fecha 10 de mayo del año 2017; resolución que de acuerdo a la impetrante vulnera el artículo 321 constitucional. Señala en la parte conducente de su exposición (Folio 31 de la pieza de amparo),que el Principio de Legalidad establece que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y limite en el ordenamiento jurídico, las que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego al derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba, y como en el caso venido a estudio se aprecia que concurre una vulneración a la ley al señalar que no existe dolo en el actuar del acusado, y por ende decreta un sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO : (4) Que la reclamante estima que al examinar el fallo traído a estudio se desprende que el ad-quem señala en su resolución que en el presente caso se dan los elementos objetivos del tipo penal en comento, no así el elemento subjetivo del delito como es el “dolo”, argumentando que el imputado no tenía conocimiento que parte de los productos que había importado eran de distribución exclusiva de la Empresa Vogue, por lo que su accionar carece de dolo de violentar la propiedad especial lo cual se desprende de la declaración del agente aduanero Kevin Adonis Cuestas quien entre otras cosas manifestó que ni el encausado, ni la empresa, ni el como agente aduanero tenían conocimiento que ese producto (Instituto Español) no se podía importar, por otra parte señala el Ad-quem que al decomisarle el producto al encausado se le impuso una multa administrativa por la cantidad de setenta mil lempiras (L.70,000.00) por lo que no hubo lesión al bien jurídico protegido, dado que las autoridades procedieron a aplicar la circular numero DEI-DL-008-2011 de fecha 10 de enero del año 2011, mediante la cual se les instruye a los administradores de aduanas de toda la República no permitir el ingreso de los productos de marca Instituto Español por otra empresa que no sea Vogue Corporación Internacional S.A. de C.V., además de ello no hubo un daño patrimonial económico para la empresa en mención. CONSIDERANDO: (5)Señala la recurrente que se colige de la foliada que durante el desarrollo de la audiencia inicial quedó claramente establecido, que el encausado ingresó al país producto de la marca Instituto Español (ver Declaración Única Aduanal), del cual el único distribuidor exclusivo (en el país) es la empresa Vogue Corporación Internacional S.A., tal como fue acreditado con la Certificación de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, y que si bien es cierto el Agente Aduanero en su comparecencia a la audiencia manifestó que desconocía que dicho producto no se podía importar esto no constituye un elemento valido para excluir al encausado de la responsabilidad penal, considerando que su rubro es el comercio, es decir, resulta inverosímil determinar que el encausado no tenía ese conocimiento, en virtud de que el acusado es un comerciante dedicado a la compra y venta de mercadería, aunado a lo anterior es de conocimiento público que su distribución es exclusiva de la Empresa Vogue, con mayor razón de conocimiento de las personas que se dedican a dicha actividad comercial, en consecuencia en el caso de autos se aprecia que en la acción realizada por el encausado se configura el elemento subjetivo del Dolo, por lo que el Ministerio Publico no comparte el criterio esgrimido por el Ad-quem en su resolución ya que del acervo probatorio se evidencia que el encausado infringió el derecho debidamente registrado y autorizado que ostenta la Empresa Vogue, el cual se enmarca en lo que establece el artículo 253, en relación con el artículo 248 del Código Penal y 161 de la Ley de Propiedad Industrial. CONSIDERANDO: (6)Que del estudio de los antecedentes de la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, se deja establecido que “tanto el imputado, como el agente aduanero al importar diversos productos, ellos no sabían que los productos de marca Instituto Español eran distribuidos exclusivamente por Vogue, dado que ante el requerimiento hecho por el oficial de aduanas al agente aduanero y al imputado de que llevaran las facturas del producto autenticadas por un Notario Público de los Estados Unidos de América, se observó que el imputado a través de su agente aduanero diligentemente cumplió con los requisitos que le exigieron, situación que de haber sabido el imputado que tales productos solo podían ser ingresados y distribuidos al país por parte de Vogue, es lógico que pudo haber evadido al tener conocimiento de ello, la nacionalización del producto, dejándolo abandonado (dejándolo perder) Si él hubiera considerado que estaba cometiendo un delito, a contrario sensu el encausado al haber sido notificado por las autoridades aduaneras que debía presentar las facturas autenticadas por notario público de Estados Unidos de América, fue anuente de cumplir con los requisitos que le señalaron dichas autoridades”;asimismo haciendo además una relación de otros documento y de las declaracionesse extrae que “ni el oficial de aduanas que efectuó la inspección o revisión de la mercadería sabía que los productos de la marca Instituto Español solo podían ser importados por la empresa Vogue, pese a que existe la circular que se dirigió precisamente a los “administradores e aduanas del país”, sin embargo de dicha declaración se infiere que la misma no fue debidamente socializada con los agentes aduaneros, (de las empresas aduaneras), que es distinta dirigir dicha circular a los administradores de aduanas (funcionarios de gobierno), ya que la referida mercadería estuvo para investigación por espacio de más de un mes, dado que el oficial de la aduana no tenía la certeza de la situación legal de ese producto, ante tal circunstancia, es razonable que si ni los oficiales de aduana tenían presente el contenido de esa circular, con mucha razón el encausado desconocía que el producto marca Instituto Español solo podía ser importado por Vogue, ya que el mismo junto con ese producto importó otro producto de otras marcas, el cual al final de ese largo proceso de desaduanaje le fue entregado, no así el producto marca Instituto Español le fue decomisado, cumpliendo las autoridades aduanales con la circular que señala que solo Vogue puede importar tal producto (lo cual en un inicio era desconocido por el oficial aduanal); como antes de dijo por lo tanto la empresa Vogue no fue afectada es decir no hubo lesión al bien jurídico protegido que es la propiedad industrial, ya que el procesado respetó lo que determinaron las autoridades.” CONSIDERANDO: (7) Que de acuerdo a lo expuesto en los acápites anteriores, queda establecido que el señor CARLOS RAMON ZELAYA AVILA tenía toda la intención de importa la mercadería en forma legal, como lo ha apreciado y dejado establecido la Corte de Apelaciones de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes, en consecuencia el señor CARLOS RAMON ZELAYA AVILA no ha incurrido en algún acto que vulnere el bien jurídico tutelado como es la Propiedad Especial, ya que lo que se realizó fue un acto de comercio consistente en la compra de un producto del cual el mismo desconocía que en Honduras existiese un licenciatario exclusivo, por otra parte la compra se realizó en el extranjero a una empresa sobre la cual no pesa ninguna prohibición para distribuir tales productos, puesto que dicha venta nunca fue cuestionada por la parte la empresa Vogue Corporación Internacional S.A. de C.V., siguiendo este orden de ideas, si los productos propiedad de la empresa “Instituto Español” han sido vendidos al señor CARLOS RAMON ZELAYA AVILA por un intermediario sobre el que no pesa ninguna prohibición, es de entender que puede realizar actos de vender y comprar estos productos, a menos que se pruebe lo contrario. CONSIDERANDO: (8)Que el Auto Acordado emitido por la Corte suprema de Justicia en sesión celebrada el miércoles 20 de marzo de 1991, en su motivación dice:…. “3º.- Con el objeto de asegurar el respeto a la garantía contenida en el artículo 98 de la Constitución de la República…, norma infringida frecuentemente al ejercitarse la acción penal y obtener orden de arresto o detención contra personas partícipes en actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no configura un hecho delictuosos o falta; por lo que tales órdenes realmente disminuyen, restringen o tergiversan aquella garantía establecida en la Constitución…,” de lo anterior se derivan varias conclusiones y una de ellas es que existen actos y contratos puramente civiles, mercantiles o administrativos, de los cuales obviamente nacen obligaciones cuyo incumplimiento no constituye un hecho delictivo o falta, situación que se comprende en el caso que nos ocupa, amén que el derecho Penal debe ser considerado como “Ultima ratio”. CONSIDERANDO: (9) Que el Derecho Penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. De acuerdo al Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir; es decir, su intervención debe reducirse a lo mínimo posible, debe ser el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico se señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, garantizando de esta manera la acción de pedir de los ciudadanos (El subrayado es nuestro). CONSIDERANDO: (10)Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO:(11)Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: (12) Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa, el debido proceso y el principio de inocencia al que se someten las partes. CONSIDERANDO: (13)Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas esta Sala observa que la resolución del Ad quem, ahora impugnada es apegada a derecho, en consecuencia no vulnera el Debido Proceso por cuanto ha observado los requisitos, exigencias y formalidades que deben respetarse para su existencia. CONSIDERANDO: (14)Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico por todo lo antes expuesto procede conforme a Derecho DENEGAR el Recurso amparo interpuesto. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89, 90, 92, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 253 relacionado con el artículo 248 del Código Penal en relación con el título VI artículo 161 de la Ley de Propiedad Industrial; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO el Recurso de amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por La Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula departamento de Cortés, en fecha diez (10) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), que declaró con Lugar la resolución de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016) dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortes en la causa instruida contra el señor CARLOS RAMON ZELAYA AVILA por suponerlo responsable, del delito de VIOLACION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, en perjuicio de la Sociedad VOGUE CORPORACION INTERNACIONAL S.A. de C.V. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA .- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME .- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX .- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.-
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis (06) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018) Certificació del fallo de fecha uno (01) de febrero de dos mil dieciocho (2018) recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el Numero 0518=2017
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL