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Sentencia AP-514-16 — Registro 13534

Resumen

Acto recurrido que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el a-quo, con relación a la causa instruida contra el impetrante por suponerlo responsable de los delitos de Malversación de Caudales Públicos y Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que sin perjuicio de lo expuesto, en la formalización de la demanda de amparo, la recurrente formula alegaciones propias de instancia, que por razón de su naturaleza, fueron decididas durante la secuela del juicio, en el que las partes han tenido la plena libertad para la defensa de sus derechos; por lo que, las cuestiones planteadas salen del ámbito de la jurisdicción Constitucional y, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de Amparo, no encontrando esta Sala que de tal pronunciamiento se evidencie valoración defectuosa o arbitraria de parte del Tribunal de alzada. Por otra parte, la Sala de lo constitucional no puede invadir la esfera de las atribuciones de los órganos jurisdicciones de instancia, por ello su apreciación será desde el prisma de lo constitucional...." ..." Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal como acontece en el caso de autos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la inadmisibilidad de la acción en su numeral 1) que dice: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”, tal como sucede en el presente caso, la impetrante hace alegaciones que no atañe resolver a la justicia constitucional, y así ha sucedido que tanto el A quo como el Ad quem han resuelto, conforme lo señala el procedimiento, sin que ello signifique violación a sus derechos fundamentales. En consecuencia, procede sobreseer la Acción de amparo presentada..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES, a favor del señor MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILLS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha siete de septiembre de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILLS por suponerlo responsable de los delitos de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS Y FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 69, 89, y 93 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diecisiete de junio del año dos mil quince, en la celebración de la audiencia de Juicio Oral y Publico, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, FALLA: “… TERCERO: se ABSUELVE, al acusado RODOLFO PADILLA SUNCERI del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÙBLICA. Se declara CULPABLE al acusado RODOLFO PADILLA SUNCERI del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS CULPOSO, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA. CUARTO: se ABSUELVE, al acusado SERAPIO UMANZOR del delito de USO DE DOCUMENTOS PUBLICOS FALSOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA. Se declara CULPABLE al acusado SERAPIO UMANZOR del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA. QUINTO: se ABSUELVE, al acusado MARCO ANTONIO BERMUDES WILLS del delito de SUSTRACCION DE DOCUMENTOS PÙBLICOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA. Se declara CULPABLE al acusado MARCO ANTONIO BERMUDES WILLS del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PÚBLICA. SEXTO: se ABSUELVE, al acusado LUIS ALONSO LOPEZ EUCEDA del delito de MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOSa titulo de COOPERADOR NECESARIO EN CONCURSO IDEA CON UN DELITO DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA ADMINSTRACION PUBLICA. Asimismo, se declara CULPABLE por un delito de SUSTRACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS, en perjuicio de LA FE PUBLICA…” (Folios del 01 al 25 de la primera pieza de antecedentes). 2) Que en fecha treinta y uno de agosto del año dos mil quince, en la celebración de la Audiencia Individualización de la Pena, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, RESUELVE: en cuanto a la solicitud de petición de pena, se admiten los medios de prueba presentados por las partes y los convoca a las partes procesales para el día Viernes once (11) de Septiembre del año en curso, a loas ocho con treinta minutos de la mañana.(Folios del 26 al 27 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha siete de septiembre del año dos mil quince, en la celebración de la Audiencia de Revisión de Medida Cautelar, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, RESUELVE: Revocando las medidas sustitutivas impuestas a los acusados y ordenar que los señores MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILSS, LUIS ALONSO LOPEZ Y SERAPIO UMANZOR DIAZ sean remitidos al centro penal a efecto de cumplir con la prisión preventiva; en vista de que el acusado MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILLS ha abandonado su domicilio, se declara la Rebeldía del mismo y se ordena que se gire la respectiva orden de captura en su contra. En cuanto al acusado Rodolfo Padilla Suncery no procede pronunciamiento en vista de que la pena a imponer no es privativa de libertad. (Folios del 98 al 99 de la primera pieza de antecedentes). 4) Que en fecha quince de marzo de dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, RESUELVE: PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR los recursos de Apelación interpuestos por los Abogados RITZA YOLANDA ANTUNEZ REYES, LUIS GUSTAVO MOLINA PONCE Y RAMON ENRIQUE BARRIOS MALDONADO, en su condición de apoderados Defensores Privados respectivamente. SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR la caución de garantía hipotecaria propuesta en la audiencia de mérito por parte del Abogado Mario José Cárdenas, en su condición de defensor del imputado MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILLS. TERCERO: CONFIRMAR la resolución venida en apelación. (Folios del 62 al 74 de la segunda pieza de antecedentes). 5) La recurrente Abogada RITZA YOLANDA ANTUNES REYES, compareció ante este Tribunal, en fecha veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del señor MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILLS, afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 69, 89, y 93 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha catorce de octubre del año dos mil dieciséis, esta Sala admitió el escrito de formalización de la presente acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO:(2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia promulgada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, Cortés, de fecha quince de marzo del año dos mil dieciséis, mediante la cual, confirma la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de esa misma Sección Judicial, en fecha siete de septiembre del año dos mil quince, con relación al proceso que se ha instruido contra el señor MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILL, por suponerlo responsable de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PUBLICOS Y FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN Y LA FE PUBLICA DEL ESTADO DEHONDURAS. CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente, al formalizar el recurso alega que se han violentado los derechos fundamentales de Libertad y Estado de Inocencia, consignados en los artículos 69 y 89 constitucionales. Señala que el artículo 93 de la misma Constitución de la República dispone que “AÚN CON AUTO DE PRISIÓN NINGUNA PERSONA PUEDE SER LLEVADA A LA CÁRCEL NI DETENIDA EN ELLA, SI OTORGA CAUCIÓN SUFICIENTE DE CONFORMIDAD CON LA LEY”. Manifiesta que al haber rechazado la caución a favor del Estado de Honduras de una garantía hipotecaria sobre un bien inmueble valorado en más de tres millones de Lempiras, no obstante que la defraudación injustamente imputada a todos los procesados, no supera esa cantidad por lo que la fianza hipotecaria ofrecida y debidamente documentada en la audiencia, es mas que suficiente para garantizar la presencia del imputado en el transcurso del proceso, máxime cuando se ha acreditado la ausencia de obstrucción a la justicia y de peligro de fuga. Además expone que ante el sometimiento voluntario del señor MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILL al proceso, el fiel cumplimiento de las medidas impuestas y con lo anteriormente expuesto se puede verificar que no se configuran los presupuestos establecidos en el artículo 172 numerales 2 y 3 del Código Procesal Penal, los cuales deben ser observados en su conjunto para imponer una medida limitativa de la libertad, así como no se dan los presupuestos del artículo 178 y 179 del mismo cuerpo legal, por lo que la resolución de la Corte de Apelaciones es violatoria del principio de excepcionalidad de la prisión preventiva y de presunción de inocencia y al artículo 93 Constitucional. CONSIDERANDO: (5) Que el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, en fecha siete de septiembre del año dos mil quince, dictó sentencia contra el recurrente MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILL condenándolo a una pena de ocho años de reclusión por el delito de Malversación de Caudales Públicos en concurso ideal con el uso de documentos Públicos falsos. Que habiéndose revisado las medidas cautelares a los imputados se encontró que el señor MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILL había abandonado su domicilio, por lo que fue declarado en Rebeldía ordenando la respectiva orden de captura en su contra, además se rechazó la caución hipotecaria ofrecida, no conforme con esta resolución la defensa del señor Bermúdez Will interpuso apelación. La Corte de Apelaciones ahora impugnada expone de manera detallada las actuaciones procesales así como los agravios y contestación de agravios expresados por las partes. Señala en la parte conducente del folio setenta y tres vueltos (F73) que la admisión de la declaración de rebeldía contra el señor MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILL, tiene su fundamento en el artículo 108 del Código Procesal penal que a la letra dice: “… El imputado que sin grave impedimento no atienda una citación, se fuga del centro en que se encuentra detenido, o se ausente del lugar que se le haya señalado como residencia, sin autorización del órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, será declarado en rebeldía, se ordenará su captura y se instruirá alas autoridades de migración para que impida Tribunal de alzada consideró que la declaratoria de rebeldía del imputado es conforme a derecho y como consecuencia la orden recaptura era procedente, señalando que no son de recibo los agravios expresados por la defensa del señor MARCO ANTONIO BERMUDEZ WILL por lo que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto. CONSIDERANDO: (6)Que el Debido Proceso es aquel, que se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material concretamente señalado el artículo 90 de la Carta Magna, mismo que se ha observado a lo largo del proceso, si bien es cierto la resolución es adversa a la pretensión de la recurrente, también es cierto que no se ha vulnerado el procedimiento, con la resolución impugnada, pues es conforme a las disposiciones previamente establecidas en la ley. CONSIDERANDO: (7)Que sin perjuicio de lo expuesto, en la formalización de la demanda de amparo, la recurrente formula alegaciones propias de instancia, que por razón de su naturaleza, fueron decididas durante la secuela del juicio, en el que las partes han tenido la plena libertad para la defensa de sus derechos; por lo que, las cuestiones planteadas salen del ámbito de la jurisdicción Constitucional y, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de Amparo, no encontrando esta Sala que de tal pronunciamiento se evidencie valoración defectuosa o arbitraria de parte del Tribunal de alzada. Por otra parte, la Sala de lo constitucional no puede invadir la esfera de las atribuciones de los órganos jurisdicciones de instancia, por ello su apreciación será desde el prisma de lo constitucional. CONSIDERANDO: (8) Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal como acontece en el caso de autos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la inadmisibilidad de la acción en su numeral 1) que dice: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”, tal como sucede en el presente caso, la impetrante hace alegaciones que no atañe resolver a la justicia constitucional, y así ha sucedido que tanto el A quo como el Ad quem han resuelto, conforme lo señala el procedimiento, sin que ello signifique violación a sus derechos fundamentales. En consecuencia, procede sobreseer la Acción de amparo presentada. POR TANTO: La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD con el voto concurrente de la Magistrada Castro Mendoza, en aplicación de los artículos 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª, y 316 de la Constitución de la República; 1, 11,78 No.5, 137 y 257 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 1, 50, 54 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 92 y 109 del Código de Procedimientos Civiles, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: SOBRESEER el recurso de amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ.-NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiséis días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha once de enero de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0514-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

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