Sentencia AP-484-18 — Registro 10431
Resumen
Sentencia en consulta otorgo recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que decretó auto de apertura a juicio por considerar que la conciliación solicitada por la defensa privada no es posible, en relación a la causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de homicidio culposo por mala praxis en perjuicio de víctima; el Tribunal de Alzada consideró que la juez instructora vulneró derechos constitucionales pues debió darle oportunidad a la defensa privada de recurrente para contestar los cargos formulados en su contra
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”el Ad-quem, ha fundamentado el otorgamiento de la referida acción de amparo, exponiendo en el considerando cuatro de su resolución: “CONSIDERANDO (4):…esta Corte considera que en el caso Penal objeto de este Amparo, la Juez instructora del proceso no observó lo dicho por la defensa cuando le tocó su turno de contestar cargos, ya que en lugar de ello propuso una conciliación en tiempo, ya que esta puede plantearse hasta antes que se dicte la apertura a juicio, siendo que al finalizar la intervención del Fiscal del Ministerio Publico en la formalización de la acusación, la Juez le cedió la palabra al Defensor Privado y éste se abstuvo de contestar los cargos formulados contra el imputado, solicitando un término perentorio de 30 días para “conciliar” de conformidad al artículo 45 del Código Procesal Penal; la A-quo al resolver y en el numeral cuarto de la motivación decreta el Auto de Apertura a Juicio por considerar que tal conciliación no es posible, siendo que hasta la fecha no ha presentado o aportado elementos suficientes para sustentar tal aseveración, y que no se puede seguir dilatando el proceso; esta Corte aprecia que si era el criterio de la A-quo a denegarle al Defensor Privado la petición solicitada, debió una vez resuelto esto señalar audiencia para dar dicha resolución y darle oportunidad en la audiencia para que procediera a “contestar los cargos formulados contra su representado”, tal como lo manda el referido último párrafo del artículo 301 del Código Procesal Penal ya que el mismo se había abstenido de dicha contestación, dado que planteó una conciliación sin haber renunciado a la contestación de cargos, ya que la Fiscalía del Ministerio Publico había planteado su formalización, con la exposición de los aspectos más relevantes y de las pruebas que había aportado al proceso, por consiguiente y en consonancia con el “principio de igualdad de armas en el proceso” debió dársele al Defensor Privado el turno procesal de “la contestación de cargos” una vez que se le denegó la conciliación; lo anterior es efectivamente violatorio al Artículo 90 Constitucional que dice: “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece….”; Igualmente se violentó el Artículo 82 de la misma Constitución de la Republica, que establece que: “El derecho de defensa es inviolable”, el cual implica que se le debe dar las mismas oportunidades de defensas a las partes en el proceso; por tal razón esta Corte considera que al violentarse los referidos artículos Constitucionales debe de otorgarse el amparo solicitado por consiguiente la Juez debe devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación Constitucional señalada. Lo anterior sin descontar que la conciliación efectivamente procede hasta antes de declararse el auto de apertura a juicio, y más aún, si las partes no han propuesto la conciliación el órgano jurisdiccional podría exhortarlas a efecto de que manifiesten cuales son las condiciones en que aceptarían conciliarse…”..”la Sala de lo Constitucional observa que el A quo tomó una decisión errónea, quebrantando los Derechos del Recurrente, sobre todo al apreciarse ( en el acta de la audiencia preliminar) que el A-quo procediera a decretar un Auto de Apertura a juicio en las diligencias, sin haber concedido a la defensa privada del derecho de contestar los cargos formulados en cintra de su representado por parte del ente Fiscal, siendo este un requisito que establece la norma procesal penal conforme al párrafo final del Articulo 301 del Código Procesal Pena, previo a dictar resolución que deriva de la celebración de la Audiencia Preliminar, bien sea decretando el Auto de Apertura a Juicio o mandando a sobreseer las diligencias de manera definitiva provisional como lo dispone el Artículo 302 del mismo cuerpo legal. Por todo ello la resolución dictada por el Ad-quem es conforme a derecho al valorar aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de controversia en el que deben prevalecer los derechos y garantías que otorga la ley al recurrente. Por lo que es de mérito la confirmatoria del otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por el recurrente…”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 45 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 301 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez| de octubre de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecisiete (2018), que Otorga el recurso de amparo interpuesto por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, a favor del señor MARIO JOSE SANCHEZ ANDARA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), en la causa instruida contra el señor MARIO JOSE SANCHEZ ANDARA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS, en perjuicio de la señora LAVINIA ELIZABETH COLINDRES EUCEDA. Estima el recurrente que se le han violentado los artículos 60, 82 Y 90 comprendidos en la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, el Abogado CARON ZAVALA, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores VIOLETA ROQUE, MARIO JOSE SANCHEZ ANDARA Y EMIGDIO PABLO RODRIGUEZ, por el delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PAXIS, en perjuicio de LAVINIA ELIZABETH COLINDRES EUCEDA (Folio1 AL 7 de la pieza del juzgado) 2) Que en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, RESOLVIÓ: Decretar auto de apertura a juicio en las presentes diligencias por el delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PAXIS, contra el señor MARIO JOSE SANCHEZ ANDARA, hecho realizado en perjuicio de la señora LAVINIA ELIZABETH COLINDRES EUCEDA...- 3) Que en fecha treinta y uno (31) de enero del año dos mil dieciocho (2018), el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, interpuso ante la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés , recurso de amparo a favor del señor MARIO JOSE SANCHEZ ANDARA, contra la resolución de fecha dos (2) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso departamento de Yoro; por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en los artículos 60, 82 Y 90 de la Constitución de la República. 4) Que en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciocho (2018), luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, “FALLA: OTORGANDO EL RECURSO DE AMPARO de que se ha hecho merito, interpuesto por el Abogado TITO HERNÁNDEZ SALGADO, actuando en su condición de defensor privado del señor MARIO JOSE SANCHEZ ANDARA, a favor del mismo imputado en la causa que se le instruye por el delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS, en perjuicio de la señora LAVINIA ELIZABETH COLINDRES EUCEDA, contra la resolución de fecha 2 de noviembre del 2017, dictada en la audiencia preliminar por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de El Progreso Departamento de Yoro…” (Folios 56 al 59 de la pieza de Corte de Apelaciones) 5) Que en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que El Estado reconoce la garantía de amparo, consecuentemente, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 1) Para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2) Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga, al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (5): Que se conoce en consulta la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecisiete (2018), que Otorga el recurso de amparo interpuesto por el Abogado TITO HERNANDEZ SALGADO, a favor del señor MARIO JOSE SANCHEZ ANDARA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha dos (2) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), en la causa instruida contra el señor MARIO JOSE SANCHEZ ANDARA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS, en perjuicio de la señora LAVINIA ELIZABETH COLINDRES EUCEDA. CONSIDERANDO (6): Que el Ad-quem, ha fundamentado el otorgamiento de la referida acción de amparo, exponiendo en el considerando cuatro de su resolución: “CONSIDERANDO (4): El Articulo 301 último párrafo del Código Procesal Penal establece lo siguiente: “después de las intervenciones del Fiscal y el Acusador Privado, se dará la palabra al defensor para que conteste los cargos formulados contra el imputado. Cumplido lo anterior, se clausurará la audiencia.”; Del artículo anterior esta Corte considera que en el caso Penal objeto de este Amparo, la Juez instructora del proceso no observó lo dicho por la defensa cuando le tocó su turno de contestar cargos, ya que en lugar de ello propuso una conciliación en tiempo, ya que esta puede plantearse hasta antes que se dicte la apertura a juicio, siendo que al finalizar la intervención del Fiscal del Ministerio Publico en la formalización de la acusación, la Juez le cedió la palabra al Defensor Privado y éste se abstuvo de contestar los cargos formulados contra el imputado, solicitando un término perentorio de 30 días para “conciliar” de conformidad al artículo 45 del Código Procesal Penal; la A-quo al resolver y en el numeral cuarto de la motivación decreta el Auto de Apertura a Juicio por considerar que tal conciliación no es posible, siendo que hasta la fecha no ha presentado o aportado elementos suficientes para sustentar tal aseveración, y que no se puede seguir dilatando el proceso; esta Corte aprecia que si era el criterio de la A-quo a denegarle al Defensor Privado la petición solicitada, debió una vez resuelto esto señalar audiencia para dar dicha resolución y darle oportunidad en la audiencia para que procediera a “contestar los cargos formulados contra su representado”, tal como lo manda el referido último párrafo del artículo 301 del Código Procesal Penal ya que el mismo se había abstenido de dicha contestación, dado que planteó una conciliación sin haber renunciado a la contestación de cargos, ya que la Fiscalía del Ministerio Publico había planteado su formalización, con la exposición de los aspectos más relevantes y de las pruebas que había aportado al proceso, por consiguiente y en consonancia con el “principio de igualdad de armas en el proceso” debió dársele al Defensor Privado el turno procesal de “la contestación de cargos” una vez que se le denegó la conciliación; lo anterior es efectivamente violatorio al Artículo 90 Constitucional que dice: “nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece….”; Igualmente se violentó el Artículo 82 de la misma Constitución de la Republica, que establece que: “El derecho de defensa es inviolable”, el cual implica que se le debe dar las mismas oportunidades de defensas a las partes en el proceso; por tal razón esta Corte considera que al violentarse los referidos artículos Constitucionales debe de otorgarse el amparo solicitado por consiguiente la Juez debe devolver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación Constitucional señalada. Lo anterior sin descontar que la conciliación efectivamente procede hasta antes de declararse el auto de apertura a juicio, y más aún, si las partes no han propuesto la conciliación el órgano jurisdiccional podría exhortarlas a efecto de que manifiesten cuales son las condiciones en que aceptarían conciliarse (art 45 párrafo primero y segundo de Código Procesal Penal).”. CONSIDERANDO (7): Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional observa que el A quo tomó una decisión errónea, quebrantando los Derechos del Recurrente, sobre todo al apreciarse ( en el acta de la audiencia preliminar) que el A-quo procediera a decretar un Auto de Apertura a juicio en las diligencias, sin haber concedido a la defensa privada del derecho de contestar los cargos formulados en cintra de su representado por parte del ente Fiscal, siendo este un requisito que establece la norma procesal penal conforme al párrafo final del Articulo 301 del Código Procesal Pena, previo a dictar resolución que deriva de la celebración de la Audiencia Preliminar, bien sea decretando el Auto de Apertura a Juicio o mandando a sobreseer las diligencias de manera definitiva provisional como lo dispone el Artículo 302 del mismo cuerpo legal. Por todo ello la resolución dictada por el Ad-quem es conforme a derecho al valorar aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, no se ha hecho sino atender el objeto de controversia en el que deben prevalecer los derechos y garantías que otorga la ley al recurrente. Por lo que es de mérito la confirmatoria del otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por el recurrente. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciocho (2018). Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes. - Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. -NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los seis días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo penal venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-0484=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.