Sentencia AP-454-17 — Registro 10325
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó sentencia interlocutoria dictada por juzgado de ejecución que otorgó conmuta a favor de condenado por delito de robo en perjuicio de perjudicado; en relación a causa por suponerlo responsable de delitos de robo y robo de vehículo; en apelación se consideró que se cumplieron los requisitos de ley, no vinculándose la concesión de dicho beneficio al cumplimiento previo de la pena mayor, por lo cual fue condenado en forma separada, por la instancia penal ordinaria
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”conviene establecer de previo que la controversia establecida tiene cierta trascendencia constitucional desde el momento que se invoca por la demandante de amparo la inobservancia de disposiciones legales de obligatorio cumplimiento, por parte de la Alzada, la cual incumbe a una posible vulneración al principio de legalidad en el marco de la ejecución de una sentencia penal, lo cual se estima dentro del ámbito legítimo de la garantía jurisdiccional que es consustancial al Estado de Derecho en el marco de la justicia constitucional hondureña. …”…”considera la Sala de lo Constitucional, que es la Jurisdicción la llamada por imperativo constitucional a aplicar la ley, juzgar y ejecutar lo juzgado en caso concreto, resolviendo así la tensión existente entre tales valores y expectativas de derecho, en el marco de una verdadera Política Criminal, donde prevalezca tanto el imperio de la Ley como la razón de máxima preservación y mínima afectación de los derechos y libertades, lo cual se estima como indeclinable para todo Estado constituido conforme a Derecho. Por lo anterior, no resultarían vulnerados los derechos constitucionales invocados por la Garantista, respecto a la motivación que dictara la Alzada; considerándose que ésta descansa sobre bases de sustancial compatibilidad respecto a los principios generales del derecho penal en correlación al principio de legalidad en la ejecución de las sentencias penales, y al debido proceso, de lo cual se infiere razonabilidad en la concesión del beneficio de conmuta en aplicación irrestricta del principio pro libertate, sobre todo en casos de apertura interpretativa, como ocurre por la pluralidad de supuestos que informan la literalidad del artículo 35 del Código Penal, como ha quedado asentado por esta Sala en numerosas ocasiones; resultando por demás acreditados los requisitos de acreditación de buena conducta y de no haber sido condenado por otro delito en calidad de reincidente - tal y como demanda la norma penal aplicable y como acontece en el presente caso -, según se sigue de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Ordinaria que han sido objeto de la presente vista en justicia constitucional; por lo cual, procede dictar denegatoria a la presente acción de amparo….”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 61 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
Certificación de la Sentencia de fecha 21 de agosto del año 2018, recaída en el AP 0454-2017
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de agosto del dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil diecisiete (2017), que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Ejecución de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecisiete (2017), en la causa instruida contra el señor JORGE ALEXANDER ANARIBA HERNANDEZ, por suponerlo responsable de los delitos de ROBO Y ROBO DE VEHICULO, en perjuicio del señor WILMER JOSUE DUBON MADRID. Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diecinueve (19) de julio del año dos mil trece (2013), compareció ante el Juzgado de Letras penal de El Progreso, departamento de Yoro, la Abogada MARIANELA ZUNIGA SANCHEZ, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JORGE ALEXANDER ANARIVA HERNANDEZ, por imputarle los delitos de ROBO Y ROBO DE VEHICULO, en perjuicio del señor WILMER JOSUE DUBON MADRID. (Folios 1 al 3 de la pieza del Juzgado).-2) Que en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado instructor, FALLA: “PRIMERO: Declarar Con Lugar la solicitud de conmuta efectiva de la pena de CINCO (05) años de reclusión que por el delito de ROBO, en perjuicio de WILMER JOSUE DUBON MADRID, se le impuso a JORGE ALEXANDER ANARIBA HERNANDEZ, señalándose como cuantía de la conmuta la cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA, (L. 18,250.00) LEMPIRAS, misma que resulta una vez realizado el cálculo a razón de diez (L.10.00) Lempiras por cada día.- SEGUNDO: La cantidad señalada como cuantía de la conmuta, debe ser sufragada en efectivo en la Tesorería General de la República o en la institución del sistema financiero Nacional que haya sido autorizada para tal fin por la Secretaria de Finanzas. TERCERO: Continúese con la ejecución de las penas accesorias.- CUARTO: Una vez se acredite el pago mediante la presentación del recibo respectivo hágasele entrega a JORGE ALEXANDER ANARIBA HERNANDEZ, de su carta de libertad por el delito de conmuta y ordénese la excarcelación del sentenciado, JORGE ALEXANDER ANARIBA HERNANDEZ, por dicha pena, sin perjuicio de la causa o pena mayor que actualmente se ejecuta…” (Folios 92 al 93 de la pieza del Juzgado).-3) Que en fecha veinte (20) de abril del año dos mil diecisiete (2017), La Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, emitió su fallo, mediante el cual FALLA: “PRIMERO: DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia interlocutoria de fecha veinticinco de enero del año dos mil diecisiete , dictada por el Juzgado de Ejecución del El Progreso Yoro, que otorga la conmuta en efectivo a favor del condenado JORGE ALEXANDER ANARIBA HERNANDEZ, por el delito de Robo, en perjuicio de WILMER JOSUE DUBON MADRID.- SEGUNDO: CONFIRMAR sentencia interlocutoria venida en apelación…” (Folios 08 al 11 de la pieza de segunda instancia).-4) La recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha doce (12) de junio del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha veinte (20) de abril del dos mil diecisiete (2017) es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordeno seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiéndose la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico.-CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.-CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vista para sentencia el Recurso de Amparo presentado por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ en su condición de Agente de los Tribunales adscrita a la Fiscalia Especial para la Defensa de la Constitución, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinte (20) de abril del año dos mil diecisiete (2017); sentencia que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Ejecución de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha veinticinco (25) de enero del año dos mil diecisiete (2017), en la causa seguida contra el señor JORGE ALEXANDER ANARIBA HERNANDEZ, por encontrarle responsable de los delitos de ROBO Y ROBO DE VEHICULO, en perjuicio del señor WILMER JOSUE DUBON MADRID; constituyendo razón jurídica de la referida sentencia, que procedía otorgar el beneficio penitenciario ínsito en el artículo 61 del Código Penal al imputado, en virtud de cumplirse con los requisitos impuestos por Ley; no vinculándose la concesión del referido beneficio al cumplimiento previo de la pena mayor, por la cual fue condenado en forma separada, por la instancia penal ordinaria. Sostiene la alzada que la Judicatura cumplió aquí con su deber de ejecutar las penas acorde lo ha dispuesto el Tribunal sentenciador, en acopio de líneas jurisprudenciales emitidas con anterioridad en tal sentido, tanto por la Corte de Apelaciones como por Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema Justicia, a través del fallo número 1050-13 de fecha 09 de junio de 2015; el cual es también conducente al estricto cumplimento de las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales, por lo cual: “… habiéndose dictado sentencia por delitos separados no en concurso real, en consecuencia el Juez de Ejecución deberá solamente ejecutar la sentencia tal y como adquirió firmeza”. - Por lo cual se estima acordada a derecho la sentencia interlocutoria dictada por el órgano jurisdiccional A-Quo, la cual se confirma, debiendo rechazarse el recurso de apelación promovido por la Fiscalía del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (4): Que en formalización de la presente acción de amparo, argumenta la Fiscalía del Ministerio Público, que la referida resolución de Alzada, sería violatoria de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; desarrollando a continuación las garantías constitucionales y el concepto de su violación en que habría incurrido la Corte Ad Quem. Refiere, en primer lugar, que no se consideró por la Alzada, darle cumplimiento estricto a lo establecido en el artículo 35, con relación al 61 del Código Penal, en los cuales se establecen los requisitos legales para el otorgamiento del beneficio penal de Conmuta. Que, en el presente caso, según se desprende de las diligencias, el encausado fue encontrado responsable por sendos delitos de ROBO Y ROBO DE VEHICULO, en perjuicio del señor WILMER JOSUE DUBON MADRID; siendo condenado a CINCO (5) AÑOS DE RECLUSIÓN por el primer delito y a DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN por el segundo, por lo cual debe cumplir un total de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN; siendo evidente, que su cumplimiento no se puede hacer de manera simultánea, sino que debe responder el imputado por todas y cada una de las penas a él impuestas, de manera sucesiva, a manera no resulte ilusorio el cumplimiento de una de las mismas, por absorción de ésta en la otra, situación que genera impunidad, justamente lo que pretende evitar la vigencia del artículo 35 del Código Penal; resultando cualquier otra interpretación en un fraude de ley, inadmisible en un Estado de Derecho.-CONSIDERANDO (5): Que continúa manifestando la parte amparista, que el encausado, señor JORGE ALEXANDER ANARIBA HERNANDEZ, al ser condenado por dos (2) causas en concurso real, conforme a lo establecido en el artículo 35 del Código Penal no podría aplicar a dicho beneficio legal, como en efecto resolvió y de manera favorable la Alzada. A lo anterior se sumaría reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, la cual ha establecido criterios conducentes al cumplimiento sucesivo de las penas, afines a la argumentación esgrimida por los garantistas; tal como es la sentencia de Amparo Penal dictada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema Justicia, a través del fallo número 043-14 de fecha 20 de abril de 2016; todo ello a efecto se ajuste la ejecución de las penas a lo dispuesto en el artículo 35 del Código Penal; el cual ya establece el concurso real de delitos y el tratamiento que debe dársele al mismo, estableciendo claramente que la determinación de la pena aplicable por el concurso real de delitos se realiza mediante la acumulación material o aritmética de penas, consistente en aplicar las penas correspondientes a todos los delitos, los cuales deberán apreciarse de forma autónoma, a manera que la aplicación de una de las penas no resulte excluyente de la aplicación de otras penas; a cumplirse de manera sucesiva, para no volverse ilusorias. - Por todo lo cual, habiéndose vulnerado el principio de legalidad, al obviar la Alzada el darle debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 35 del Código Penal, con relación a los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; solicita se otorgue el presente Recurso de Amparo declarando la vulneración de los derechos constitucionales invocados.-CONSIDERANDO (6): Que conviene establecer de previo que la controversia establecida tiene cierta trascendencia constitucional desde el momento que se invoca por la demandante de amparo la inobservancia de disposiciones legales de obligatorio cumplimiento, por parte de la Alzada, la cual incumbe a una posible vulneración al principio de legalidad en el marco de la ejecución de una sentencia penal, lo cual se estima dentro del ámbito legítimo de la garantía jurisdiccional que es consustancial al Estado de Derecho en el marco de la justicia constitucional hondureña.[1] - CONSIDERANDO (7): Que es de observar que en el acápite denominado: “Derechos constitucionales vulnerados y el concepto de su violación”, la amparista invoca los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República y censura de la sentencia impetrada, en el sentido que la Corte Ad Quem ha procedido de forma errónea, infringiendo lo que precave la ley penal para el caso concreto, pues no aplicó estrictamente lo establecido en el artículo 35 del Código Penal, para el caso de que una persona sea condenada a dos (2) o más penas de reclusión; concediendo pues, de manera indebida, el beneficio solicitado de Conmuta penal al señor JORGE ALEXANDER ANARIBA HERNANDEZ, dadas las condenas sucesivas impuestas al mismo por encontrarle responsable de los delitos de ROBO Y ROBO DE VEHICULO, en perjuicio del señor WILMER JOSUE DUBON MADRID.- CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho como guardián de la constitucionalidad de las leyes y protectora de la justicia constitucional, en ese orden de ideas garantiza el efectivo cumplimiento de la normativa constitucional y garantiza a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales, manteniendo la supremacía constitucional, el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado de Honduras ha suscrito y ratificado, incorporándolo así en su derecho interno._CONSIDERANDO (9): Que cabe mencionar, asimismo, que la aplicación del artículo 35 del Código Penal en las resoluciones judiciales corresponde de manera usual a los órganos jurisdiccionales por vía ordinaria, para el caso el Juzgado de Ejecución y la Corte de Apelaciones concernida, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva del que gozan ambas partes procesales y el correlativo deber de motivación y publicidad de las resoluciones judiciales que se atribuye constitucionalmente a la Judicatura; a lo cual precederá un análisis detenido de la norma jurídica aplicable en concordancia a las premisas fácticas que asisten y a las circunstancias en que se desenvuelve el caso subjudice; no resultando ajeno a dicho análisis, desde luego, la noción de proporcionalidad, como límite al poder punitivo del Estado, en aplicación dogmática de los principios que orientan y sistematizan la correcta aplicación del derecho penal sustantivo en Honduras.-CONSIDERANDO (10): Que lo hasta aquí expresado revela, asimismo, en función de los principios y valores constitucionales, la tensión constante que existe entre el valor seguridad jurídica y la exigencia sentida por una mayor eficacia del ordenamiento coactivo organizado en el Estado moderno, la cual resulta inseparable del deber de protección y garantía respecto a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana; todo lo cual deberá ponderar el juzgador en aplicación de la ley al caso concreto, al proceder al juzgamiento y ejecución de lo juzgado.-CONSIDERANDO (11): Que se entiende así lo expresado por estudiosos de Política Criminal, como Emiliano Borja Jiménez, en su conocida obra “Ensayos de Derecho penal y política criminal”, para quien: “El Derecho penal, pues, encuentra su propia razón de ser y esencia dentro del marco dibujado por estas dos consideraciones: de una parte, la que viene condicionada por la necesidad de que las normas que lo integran contribuyan eficazmente a la protección de la sociedad y de los individuos que la integran (…) y de otra parte, estableciendo la exigencia de que esta función de protección no se lleve a cabo a costa de un sacrificio ilimitado de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”.[2]-CONSIDERANDO (12): Que considera la Sala de lo Constitucional, que es la Jurisdicción la llamada por imperativo constitucional a aplicar la ley, juzgar y ejecutar lo juzgado en caso concreto, resolviendo así la tensión existente entre tales valores y expectativas de derecho,[3] en el marco de una verdadera Política Criminal, donde prevalezca tanto el imperio de la Ley como la razón de máxima preservación y mínima afectación de los derechos y libertades, lo cual se estima como indeclinable para todo Estado constituido conforme a Derecho. Por lo anterior, no resultarían vulnerados los derechos constitucionales invocados por la Garantista, respecto a la motivación que dictara la Alzada; considerándose que ésta descansa sobre bases de sustancial compatibilidad respecto a los principios generales del derecho penal en correlación al principio de legalidad en la ejecución de las sentencias penales, y al debido proceso, de lo cual se infiere razonabilidad en la concesión del beneficio de conmuta en aplicación irrestricta del principio pro libertate, sobre todo en casos de apertura interpretativa,[4] como ocurre por la pluralidad de supuestos que informan la literalidad del artículo 35 del Código Penal, como ha quedado asentado por esta Sala en numerosas ocasiones; resultando por demás acreditados los requisitos de acreditación de buena conducta y de no haber sido condenado por otro delito en calidad de reincidente - tal y como demanda la norma penal aplicable y como acontece en el presente caso -, según se sigue de las sentencias dictadas por la Jurisdicción Ordinaria que han sido objeto de la presente vista en justicia constitucional; por lo cual, procede dictar denegatoria a la presente acción de amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo, de la cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticinco (25) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0454-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] A contrario sensu de la jurisprudencia española en el ámbito del derecho constitucional comparado (SSTC 67/1984 y 58/1983), según las cuales el derecho a la tutela judicial efectiva no alcanza a cubrir las distintas modalidades que puede revestir la actividad ejecutiva, ni la conversión de condenas de hacer o no hacer en prestaciones pecuniarias. Ver: Moreno Catena, Víctor y Cortés Domínguez, Valentín. Introducción al Derecho Procesal (4ª edición), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. p. 200.
[2] Citado por Ontiveros Alonso, Miguel en: Legítima defensa e imputación objetiva. (Prólogo del Prof. Dr. H.c. mult. Claus Roxin). Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2004. p. 29.
[3] La distinción es pertinente. Lo más granado de la doctrina constitucionalista actual distingue los diferentes papeles de los derechos fundamentales como valores, principios y normas: “… entendiéndose que los valores constitucionales suponen el contexto de valor fundamentador o básico para la interpretación de todo el ordenamiento jurídico, el postulado guía para orientar la hermenéutica teleológica y evolutiva de la Constitución y el criterio para medir la legitimidad de las diversas manifestaciones del sistema de legalidad”. Vid. Hoyos, Arturo. El debido proceso. Temis, Bogotá, 2004. p. 51.
[4] Para Chaim Perelman, nota distintiva de las teorías modernas de la argumentación jurídica, consistiría en que dejan un lugar creciente, en la interpretación y aplicación de la ley, a la búsqueda de una solución que sea no solo conforme con la ley sino también equitativa, razonable y aceptable. Citado por Alexy, Robert, en: Teoría del discurso y derechos humanos. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, p. 26.