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Sentencia AP-444-17 — Registro 10323

Resumen

Sentencia declaró con lugar parcialmente recurso de apelación contra resolución dictada por Tribunal de Sentencia en causa contra imputada por suponerla responsable de delito de Estafa continuada en perjuicio de recurrente; La Alzada declaró con lugar excepción de falta de acción cuando no haya debido promoverse; y confirmó denegatoria de excepción de falta de acción cuando pueda proseguirse; La Alzada concluyó que el asunto corresponde a la materia civil-mercantil y ordenó que se diera la causa al fuero civil en aras de la tutela judicial efectiva

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca; en fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis; esta concluye que en el caso que nos ocupa se trata de un caso donde no tiene cabida la acción penal, en este caso los hechos son de naturaleza civil–mercantil, cuyo conocimiento está regido precisamente a la jurisdicción civil, es decir que no se trata de que la acción penal no prosiga, sino que simplemente esta no debió promoverse por tratarse como se ha indicado de hechos controvertidos que corresponde su conocimiento al fuero civil, de ahí que bastaba solamente con oponer la excepción de falta de acción cuando ha haya debido promoverse, en consecuencia de lo establecido en el recuento fáctico de la sentencia se evidencia una pugna franca que el recurso que se conoce por la vía de apelación se encuentra parcialmente apegado a derecho…”…”la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición…”…”el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales…”…”esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable…”…”esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como estimar la procedencia de una excepción en el proceso, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado…”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por las Abogadas DINORA YAMILETH TAYLOR y MARIA MAGDALENA MELENDEZ MONCADA, a favor del señor JOSE ARDON PEREZ, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017), que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca; en fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis; con relación a la causa instruida contra la señora EVA CELESTINA FERNANDEZ RODRIGUEZ, por suponerla responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio del señor JOSE ARDON PEREZ. Estiman las recurrentes que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo dispuesto en los Artículos 62, 80, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha trece (13) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), comparecieron ante el Tribunal de Sentencia de Choluteca, las Abogadas DINORA YAMILETH TAYLOR y MARIA MAGDALENA MELENDEZ MONCADA, actuando en su condición de apoderadas legales del señor JOSE ARDON PEREZ, presentando acusación por el delito de ESTAFA, en contra de la señora EVA CELESTINA FERNANDEZ RODRIGUEZ, en perjuicio del señor JOSE ARDON PEREZ. 2) Que en fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), en la continuación de la Audiencia de EXCEPCION POR FALTA DE ACCION, el Tribunal por unanimidad de sus miembros resolvió: Que lo expresado por las partes querellantes es del menester aclarar de que la normativa procesal penal en el sentido de los recursos, y con los apartados de los recursos, establece como requisitos meramente con subsidiaridad el recurso de apelación, por lo cual este tipo de situaciones que no son admisibles prácticamente por la parte querellante, por lo que de manera unánime el Tribunal lo aclaro a la parte querellante, mismo que fue aclarado al abogado querellado, bajo ese esquema de ideas, ante todo lo antes expresado el Tribunal dejó notificados las partes para proponer sus medios de prueba en la audiencia de proposición de pruebas señalado en la fecha antes mencionada, en virtud de lo anterior concluyó la presente audiencia. (Folios 318 al 331 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, FALLO: PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado OSCAR ALFREDO BENAVIDES ORDOÑEZ, en su condición de Defensor Privado de la señora EVA CELESTINA FERNANDEZ RODRIGUEZ, …. SEGUNDO: REVOCA PARCIALMENTE LA RESOLUCION IMPUGNADA. En consecuencia, declara CON LUGAR la Excepción de FALTA DE ACCION CUANDO NO HAYA DEBIDO PROMOVERSE, por corresponder el asunto ventilado a la materia civil – mercantil, ordenando que se diera la presente causa al fuero civil. TERCERO: CONFIRMA la resolución apelada en cuanto declaro Sin Lugar la EXCEPCION DE FALTA DE ACCION CUANDO NO PUEDA PROSEGUIRSE. …. (Folios 08 al 14 de la primera pieza de antecedentes). 4) Las recurrentes Abogadas DINORA YAMILETH TAYLOR y MARIA MAGDALENA MELENDEZ MONCADA, comparecieron ante este Tribunal, en fecha nueve (9) de junio del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del señor JOSE ARDON PEREZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 62, 80, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala recibió escrito de formalización de acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por las Abogadas DINORA YAMILETH TAYLOR y MARIA MAGDALENA MELENDEZ MONCADA, a favor del señor JOSE ARDON PEREZ, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca; en fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis; con relación a la causa instruida contra la señora EVA CELESTINA FERNANDEZ RODRIGUEZ, por suponerla responsable del delito de ESTAFA CONTINUADA en perjuicio del señor JOSE ARDON PEREZ. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que las recurrentes, Abogadas DINORA YAMILETH TAYLOR y MARIA MAGDALENA MELENDEZ MONCADA, comparecieron ante este Tribunal, en fecha nueve de junio del año dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor del señor JOSE ARDON PEREZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 62, 80, 82, 90 y 96 de la Constitución de la República, señalando que la corte recurrida muestra parcialidad ya que en lugar de revisar el recurso, el auto acordado y demás hechos y fundamentos de derecho alegados, presenta una motivación carente de fundamentación jurídica, al punto que sus pronunciamientos parecen alegatos. CONSIDERANDO CINCO (5): Que se tuvo por formalizado en tiempo y forma el amparo de mérito; omitiéndose la vista de los autos al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca; en fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis; esta concluye que en el caso que nos ocupa se trata de un caso donde no tiene cabida la acción penal, en este caso los hechos son de naturaleza civil – mercantil, cuyo conocimiento está regido precisamente a la jurisdicción civil, es decir que no se trata de que la acción penal no prosiga, sino que simplemente esta no debió promoverse por tratarse como se ha indicado de hechos controvertidos que corresponde su conocimiento al fuero civil, de ahí que bastaba solamente con oponer la excepción de falta de acción cuando ha haya debido promoverse, en consecuencia de lo establecido en el recuento fáctico de la sentencia se evidencia una pugna franca que el recurso que se conoce por la vía de apelación se encuentra parcialmente apegado a derecho. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Es importante señalar que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que, si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de éste. Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la alzada al conocer y resolver el caso concreto. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Principio de subsidiariedad del Derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria)[1]. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como estimar la procedencia de una excepción en el proceso, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha diecinueve de junio del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0444=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2da edición, B de F Editores, Montevideo -Buenos Aires, 2007. P. 109 y ss.