Sentencia AP-443-17 — Registro 10430
Resumen
Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra auto dictado por juzgado de primera instancia que a su criterio es en audiencia inicial la apropiada para hacer solicitud de prueba anticipada; en relación a causa contra imputados por suponerlos responsables del delito de asesinato en perjuicio de víctima; Tribunal de Alzada considera que la prueba anticipada y su práctica podrá llevar a cabo en cualquier etapa del proceso
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”el Ad quem, expone en su resolución, “que la solicitud planteada por el Ministerio Público contempla dos posibles actuaciones que implican la obtención de prueba testifical anticipada y reconocimiento fotográfico descritos en el Código Procesal Penal en sus artículo 253 y 277, siendo el Juez de Letras el legitimador de la prueba anticipada aún en la etapa preparatoria, pues la prueba exige siempre la inmediación del órgano dotado de imparcialidad e independencia característica que se encuentran en la autoridad judicial, el Ministerio Público como parte no podrá generar actos de prueba y el Código Procesal Penal prevé la intervención del Juez en el aseguramiento de la prueba y su práctica observando los principios del proceso acusatorio. Invoca el artículo 90 Constitucional cuya inobservancia produce su atropello, señalando en relación a la resolución del A quo, quien es del criterio que es la audiencia inicial la apropiada para hacer una solicitud de prueba anticipada, con lo cual efectivamente se produce una vulneración al debido proceso, pues lo que define la prueba anticipada es la urgencia, por el peligro a que se pierda la prueba , es el aseguramiento de la misma y su práctica se podrá llevar a cabo en cualquier etapa del proceso, como en este caso que se encuentra en la fase de investigación preliminar, con independencia que puedan constituir actos de investigación o prueba que se lleve a debate a través de su incorporación al acervo probatorio mediante lectura y si bien es cierto corresponde al Juez valorar la existencia o no de las circunstancias del artículo 253 y 277 del Código Procesal Penal, la justicia constitucional interviene cuando se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello los derechos consagrados en la Constitución como en este caso que se limita a plantear una solicitud de prueba anticipada al momento procesal que se deba celebrar la audiencia inicial. Por todo ello considera que se ha vulnerado el derecho fundamental del Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional. En consecuencia Falló Otorgando la acción de amparo interpuesta…”…”la Sala de lo Constitucional al valorar los aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo el objeto de la controversia, en el que debe garantizarse el debido Proceso en todas las etapas del proceso, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva tanto para el acusado como para la víctima, encuentra que la resolución del Ad quem es conforme a derecho por lo que resulta plausible el otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por la recurrente; es indudable que se ha proveído de argumentación suficiente, acorde a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho, del porque el Ad quem ha dado prevalencia a uno de los intereses jurídicos sometidos a la ponderación, razonando en el caso concreto porque la jurisdicción ordinaria debe practicar la prueba anticipada, acorde a lo estipulado en el Código Procesal Penal en su artículo 277. Resultando del estudio que reúne los requisitos exigidos por la ley adjetiva, lo cual es congruente con la realización óptima de las finalidades del proceso. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente otorgar el Recurso de amparo del que se ha hecho mérito…”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 277 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...”el Ad quem, expone en su resolución, “que la solicitud planteada por el Ministerio Público contempla dos posibles actuaciones que implican la obtención de prueba testifical anticipada y reconocimiento fotográfico descritos en el Código Procesal Penal en sus artículo 253 y 277, siendo el Juez de Letras el legitimador de la prueba anticipada aún en la etapa preparatoria, pues la prueba exige siempre la inmediación del órgano dotado de imparcialidad e independencia característica que se encuentran en la autoridad judicial, el Ministerio Público como parte no podrá generar actos de prueba y el Código Procesal Penal prevé la intervención del Juez en el aseguramiento de la prueba y su práctica observando los principios del proceso acusatorio. Invoca el artículo 90 Constitucional cuya inobservancia produce su atropello, señalando en relación a la resolución del A quo, quien es del criterio que es la audiencia inicial la apropiada para hacer una solicitud de prueba anticipada, con lo cual efectivamente se produce una vulneración al debido proceso, pues lo que define la prueba anticipada es la urgencia, por el peligro a que se pierda la prueba , es el aseguramiento de la misma y su práctica se podrá llevar a cabo en cualquier etapa del proceso, como en este caso que se encuentra en la fase de investigación preliminar, con independencia que puedan constituir actos de investigación o prueba que se lleve a debate a través de su incorporación al acervo probatorio mediante lectura y si bien es cierto corresponde al Juez valorar la existencia o no de las circunstancias del artículo 253 y 277 del Código Procesal Penal, la justicia constitucional interviene cuando se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello los derechos consagrados en la Constitución como en este caso que se limita a plantear una solicitud de prueba anticipada al momento procesal que se deba celebrar la audiencia inicial. Por todo ello considera que se ha vulnerado el derecho fundamental del Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional. En consecuencia Falló Otorgando la acción de amparo interpuesta…”…”la Sala de lo Constitucional al valorar los aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo el objeto de la controversia, en el que debe garantizarse el debido Proceso en todas las etapas del proceso, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva tanto para el acusado como para la víctima, encuentra que la resolución del Ad quem es conforme a derecho por lo que resulta plausible el otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por la recurrente; es indudable que se ha proveído de argumentación suficiente, acorde a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho, del porque el Ad quem ha dado prevalencia a uno de los intereses jurídicos sometidos a la ponderación, razonando en el caso concreto porque la jurisdicción ordinaria debe practicar la prueba anticipada, acorde a lo estipulado en el Código Procesal Penal en su artículo 277. Resultando del estudio que reúne los requisitos exigidos por la ley adjetiva, lo cual es congruente con la realización óptima de las finalidades del proceso. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente otorgar el Recurso de amparo del que se ha hecho mérito…”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 277 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…”el Ad quem, expone en su resolución, “que la solicitud planteada por el Ministerio Público contempla dos posibles actuaciones que implican la obtención de prueba testifical anticipada y reconocimiento fotográfico descritos en el Código Procesal Penal en sus artículo 253 y 277, siendo el Juez de Letras el legitimador de la prueba anticipada aún en la etapa preparatoria, pues la prueba exige siempre la inmediación del órgano dotado de imparcialidad e independencia característica que se encuentran en la autoridad judicial, el Ministerio Público como parte no podrá generar actos de prueba y el Código Procesal Penal prevé la intervención del Juez en el aseguramiento de la prueba y su práctica observando los principios del proceso acusatorio. Invoca el artículo 90 Constitucional cuya inobservancia produce su atropello, señalando en relación a la resolución del A quo, quien es del criterio que es la audiencia inicial la apropiada para hacer una solicitud de prueba anticipada, con lo cual efectivamente se produce una vulneración al debido proceso, pues lo que define la prueba anticipada es la urgencia, por el peligro a que se pierda la prueba , es el aseguramiento de la misma y su práctica se podrá llevar a cabo en cualquier etapa del proceso, como en este caso que se encuentra en la fase de investigación preliminar, con independencia que puedan constituir actos de investigación o prueba que se lleve a debate a través de su incorporación al acervo probatorio mediante lectura y si bien es cierto corresponde al Juez valorar la existencia o no de las circunstancias del artículo 253 y 277 del Código Procesal Penal, la justicia constitucional interviene cuando se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello los derechos consagrados en la Constitución como en este caso que se limita a plantear una solicitud de prueba anticipada al momento procesal que se deba celebrar la audiencia inicial. Por todo ello considera que se ha vulnerado el derecho fundamental del Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional. En consecuencia Falló Otorgando la acción de amparo interpuesta…”…”la Sala de lo Constitucional al valorar los aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo el objeto de la controversia, en el que debe garantizarse el debido Proceso en todas las etapas del proceso, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva tanto para el acusado como para la víctima, encuentra que la resolución del Ad quem es conforme a derecho por lo que resulta plausible el otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por la recurrente; es indudable que se ha proveído de argumentación suficiente, acorde a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho, del porque el Ad quem ha dado prevalencia a uno de los intereses jurídicos sometidos a la ponderación, razonando en el caso concreto porque la jurisdicción ordinaria debe practicar la prueba anticipada, acorde a lo estipulado en el Código Procesal Penal en su artículo 277. Resultando del estudio que reúne los requisitos exigidos por la ley adjetiva, lo cual es congruente con la realización óptima de las finalidades del proceso. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente otorgar el Recurso de amparo del que se ha hecho mérito…”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Penal, art. 277 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero de dos mil dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contiene la sentencia de fecha catorce de diciembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo interpuesto por la Abogada INGRID FIGUEROA SEVILLA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el auto dictado por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, en fecha catorce de octubre del año dos mil dieciséis; con relación a la causa instruida contra los señores MARIO ALEJANDRO LAGOS, ANTHONY POL BENITEZ y CARLOS EDUARDO VELASQUEZ MARADIAGA por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio de TANIA LIZETH BAQUEDANO MEDINA. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado los artículos 90 Y 321 de la constitución de la República.A N T E C E D E N T E S.1) Que en fecha trece de diciembre del año dos mil dieciséis, la Abogada INGRID FIGUEROA SEVILLA, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha catorce de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa departamento de Francisco Morazán, por considerar que la misma atenta contra lo preceptuado en los artículos 90 Y 321 de la constitución de la República. 2) Que en fecha seis de abril del año dos mil diecisiete, luego de seguido el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones Penal de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, OTORGÒ LA ACCION DE AMPARO, interpuesta por la Abogada INGRID FIGUEROA SEVILLA por las razones que se dejan señaladas. 3) Que en fecha ocho de junio de dos mil diecisiete, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha seis de abril del año dos mil diecisiete, dictada por la Corte de apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, mediante la cual se OTORGA el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada INGRID FIGUEROA SEVILLA, actuando en su condición de representante del Ministerio Público, contra actuaciones del Juzgado de Letras Penal de la misma Sección Judicial, en fecha catorce de octubre del dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra los señores MARIO ALEJANDRO LAGOS, ANTHONY POL BENITEZ Y CARLOS EDUARDO VELASQUEZ MARADIAGA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO, en perjuicio de TANIA LIZETH BAQUEDANO MEDINA. CONSIDERANDO (4): Que el Ad quem, expone en su resolución, “que la solicitud planteada por el Ministerio Público contempla dos posibles actuaciones que implican la obtención de prueba testifical anticipada y reconocimiento fotográfico descritos en el Código Procesal Penal en sus artículo 253 y 277, siendo el Juez de Letras el legitimador de la prueba anticipada aún en la etapa preparatoria, pues la prueba exige siempre la inmediación del órgano dotado de imparcialidad e independencia característica que se encuentran en la autoridad judicial, el Ministerio Público como parte no podrá generar actos de prueba y el Código Procesal Penal prevé la intervención del Juez en el aseguramiento de la prueba y su práctica observando los principios del proceso acusatorio. Invoca el artículo 90 Constitucional cuya inobservancia produce su atropello, señalando en relación a la resolución del A quo, quien es del criterio que es la audiencia inicial la apropiada para hacer una solicitud de prueba anticipada, con lo cual efectivamente se produce una vulneración al debido proceso, pues lo que define la prueba anticipada es la urgencia, por el peligro a que se pierda la prueba , es el aseguramiento de la misma y su práctica se podrá llevar a cabo en cualquier etapa del proceso, como en este caso que se encuentra en la fase de investigación preliminar, con independencia que puedan constituir actos de investigación o prueba que se lleve a debate a través de su incorporación al acervo probatorio mediante lectura y si bien es cierto corresponde al Juez valorar la existencia o no de las circunstancias del artículo 253 y 277 del Código Procesal Penal, la justicia constitucional interviene cuando se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello los derechos consagrados en la Constitución como en este caso que se limita a plantear una solicitud de prueba anticipada al momento procesal que se deba celebrar la audiencia inicial. Por todo ello considera que se ha vulnerado el derecho fundamental del Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional. En consecuencia Falló Otorgando la acción de amparo interpuesta. CONSIDERANDO (5): Que sometida a estudio la sentencia en consulta, la Sala de lo Constitucional al valorar los aspectos puntuales, desde una perspectiva fundada en el Derecho Constitucional, atendiendo el objeto de la controversia, en el que debe garantizarse el debido Proceso en todas las etapas del proceso, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva tanto para el acusado como para la víctima, encuentra que la resolución del Ad quem es conforme a derecho por lo que resulta plausible el otorgamiento de la acción de amparo contra el acto reclamado por la recurrente; es indudable que se ha proveído de argumentación suficiente, acorde a los principios generales de la lógica y con fundamento en derecho, del porque el Ad quem ha dado prevalencia a uno de los intereses jurídicos sometidos a la ponderación, razonando en el caso concreto porque la jurisdicción ordinaria debe practicar la prueba anticipada, acorde a lo estipulado en el Código Procesal Penal en su articulo 277. Resultando del estudio que reúne los requisitos exigidos por la ley adjetiva, lo cual es congruente con la realización óptima de las finalidades del proceso. Por lo que en defensa de los derechos constitucionales la Sala considera procedente otorgar el Recurso de amparo del que se ha hecho mérito. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 11 Declaración Universal de los Derechos Humanos; 1, 59, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 8, 253, 277, del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 68, 69 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, de fecha seis (06) de abril del año dos mil diecisiete (2017). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFÍQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días de mes de febrero del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha once de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-443-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL