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Sentencia AP-443-15 — Registro 9407

Resumen

Resolución impugnada que confirmó sobreseimiento definitivo y provisional contra imputados por suponerlos responsable del delito de Abuso de Autoridad y Detención Ilegal en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras y ciudadano particular y considerando la Sala la exclusión de la declaración testifical rendida ante fiscal

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."(12): “De acuerdo a este orden de ideas, no es de recibo que el ente acusador pretenda que el Ad-Quem incluya en el acervo probatorio las declaraciones rendidas en sede administrativa como prueba testifical, lo cual quebranta la disposición constitucional contenida en el artículo 88.3, como norma imperativa debe cumplirse al tenor de su disposición y que literalmente dice: “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”. “Toda declaración obtenida con la infracción de cualesquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurren en las penas que establezca la ley”. (las negritas son nuestras).” Y además en dicha sentencia, la Sala de lo Constitucional compartió el criterio de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, en la que señaló: “…el Juez no tiene inmediación de los elementos mostrados, y mencionamos elementos porque el concepto procesal de prueba en relación a las declaraciones de testigos del supuesto hecho acusado, estas solo constituyen prueba penal cuando se rinden ante juez, caso contrario no ascienden a ese concepto de prueba testifical sino bajo otro concepto (documental); volviendo al término de declaración, como advertíamos la declaración de una persona en el ejercicio del deber ciudadano de declarar sobre un hecho constitutivo de delito, solo es válida como prueba si se rinde ante el Juez de garantías, esto hace la diferencia de los meros actos de investigación que realizan los órganos investigativos de la República, sin control judicial alguno y muchas ocasiones sin el reconocimiento del derecho a los sujetos cuestión de su investigación (Véase la sentencia de apelación 1201-2013-00066). Por lo que al señalar la Constitución en garantía del Estado de Derecho, la jerarquía de la Constitución sobre la ley, y señala el límite de actuación de los funcionarios públicos, quienes deben actuar dentro del margen de la ley; por ende una vez judicializadas las actuaciones y en aquellos actos que generen afectación de derechos fundamentales, dentro del proceso penal, el juez debe de fallar mediante prueba testifical que sea rendida ante su presencia, siendo garante de los principios inspiradores del debido proceso legal”

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."(15): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial . Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona . Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO (16): Que esta Sala de acuerdo a lo antes expuesto, encuentra una causal de inadmisibilidad por la que debe sobreseerse la Acción interpuesta, contenida en el artículo 46 No. 1 que dispone: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”, entendiendo por cuestiones de mera legalidad aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO (17): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."CONSIDERANDO (15): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO (16): Que esta Sala de acuerdo a lo antes expuesto, encuentra una causal de inadmisibilidad por la que debe sobreseerse la Acción interpuesta, contenida en el artículo 46 No. 1 que dispone: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”, entendiendo por cuestiones de mera legalidad aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado VICTOR MUÑOZ, Fiscal del Ministerio Público, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, que declaró no ha lugar el Recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, con relación a la causa instruida contra los señores ARIEL FELICIANO MARADIAGA HERNANDEZ y EDWIN LEONEL GONZALES RODRIGUEZ, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y DETENCION ILEGAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA y del señor BAYRON ANTONIO GAYTAN.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veinticinco de abril del año dos mil catorce, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Abogado VICTOR MUÑOZ, Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores ARIEL FELICIANO MARADIAGA HERNANDEZ y EDWIN LEONEL GONZALEZ RODRIGUEZ, a quien se les supone responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y DETENCION ILEGAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA y BAYRON ANTONIO GAYTAN BURGOS.-2) Que en fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce, el Juzgado de Letras citado, resolvió “… DECRETAR: 1) SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor EDWIN LEONEL GONZALES RODRIGUEZ, por los delitos de DETENCION ILEGAL y ABUSO DE AUTORIDAD, en perjuicio de BAYRON ANTONIO GAYTAN y la ADMINISTRACION PUBLICA.- 2) SE DECRETA SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL a favor del encausado ARIEL FELICIANO MARADIAGA HERNANDEZ, por los delitos de DETENCION ILEGAL Y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de BAYRON ANTONIO GAYTAN y la ADMINISTRACION PUBLICA, dándole el término de cinco años al Ministerio Público a fin que presente nuevos elementos de prueba que den base para dictar un auto de formal procesamiento…” (Folio 59 al 64 de la pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha diecisiete de febrero del año dos mil quince, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del recurso de apelación interpuesto contra la resolución relacionada en el numeral que antecede RESUELVE: “1.-NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2.- CONFIRMA la resolución recurrida. (Folio 108 AL 114 de la pieza de los antecedentes).-4) Que el recurrente Abogado VICTOR MUÑOZ, Fiscal del Ministerio Público, compareció ante este Tribunal, en fecha trece de mayo del año dos mil quince, interponiendo amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecisiete de febrero del dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 69, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha dieciocho de agosto del año dos mil quince, esta Sala recibió escrito de formalización de la acción y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha diecisiete de febrero del año dos mil quince, por la Corte de Apelaciones De lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha veintitrés de junio del año dos mil catorce dictada por el Juzgado de Letras Penal de la misma Sección judicial, con relación a la causa instruida contra los señores ARIEL FELICIANO MARADIAGA HERNANDEZ Y EDWIN LEONEL GONZALES RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de ABUSO DE AUTORIDAD Y DETENCIÓN ILEGAL en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y DEL SEÑOR BAYRON ANTONIO GAYTAN BURGOS.- CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso manifiesta que se ha vulnerado el derecho a la libertad personal, a la tutela judicial efectiva, debido proceso, derecho a la defensa y el principio de legalidad, contenidos en los artículos 69, 82, 90, y 321 de la Constitución de la República. Dice el recurrente que el Ad-Quem al dictar el fallo que causa perjuicios al Ministerio Público en particular y a la sociedad en general se basa en dos argumentos fácticos: primero que entre el ofendido y el imputado ARIEL FELICIANO MARADIAGA existe verticalidad, que nunca estuvo en la celda y que lo mandaban para que lo detuvieran por 24 horas lo que obedece a un castigo y no precisamente a una detención ilegal, contradiciendo lo que establece el artículo 59, 61, 71, 84 de la Constitución de la República y el artículo 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en segundo lugar a criterio del ad quem al no existir delito de detención ilegal para el señor ARIEL FELICIANO MARADIAGA HERNANDEZ mucho menos procedería para EDWIN LEONEL GONZALES RODRIGUEZ, pues el mismo solo realiza un acto de obediencia legítima lo cual no comparte el ente acusador ya que conforme el artículo 24 numeral 6 del Código Penal requiere de quien ejecuta un acto por obediencia legítima; a) Que la orden emane de autoridad competente; b) El agente tenga la obligación de cumplirla; y c) La acción u omisión ordenada no viole o restrinja el ejercicio de los derechos y ejercicios consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de los que Honduras forme parte, señala que el derecho vulnerado al ofendido fue el de la libertad personal al ser detenido por hechos no constitutivos de delito y al ser remitidos a una posta policial para su resguardo por 24 horas. En cuanto al principio de congruencia el ente acusador señala que el juez tienen como límite de conocimiento la acusación presentada por el Ministerio Público, debiendo dentro del contexto de la misma determinar el cuadro fáctico o reconstrucción histórica, lo que hará conforme la valoración de los elementos probatorios evacuados en el debate, observando el ente acusador que el cuadro fáctico que ha presentado no ha sido respetado por el A-Quo ni comparte la calificación jurídica de los mismos, al asegurar que la detención de la víctima en la presente causa obedeció a un simple castigo, lo cual hace que la resolución dictada se vuelva incongruente. Dice además que, para la valoración de los medios de prueba aportados por el Ministerio Público, no se ha observado la sana crítica, ya que con la prueba se aportó material indiciario sobre la realización del hecho imputado, su relevancia jurídico penal y la probabilidad de participación del imputado en el hecho que se investiga. Considerando que se han vulnerado el Derecho defensa, el derecho al debido proceso y el principio de legalidad según lo que establecen los artículos 82 y 90 constitucional. Señalando que “el debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar que del derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentra jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, a quien le asiste la responsabilidad de garantizar a las partes el acceso a la justicia, mediante la emisión de resoluciones ajustadas a derecho, esto se traduce en la violación al derecho de la tutela judicial efectiva y al mismo tiempo desencadena la violación a otros derechos, igualmente relacionados”.-CONSIDERANDO (5): Que el impetrante considera que la resolución impugnada genera afectación al derecho a la defensa de los intereses generales de la sociedad materializada por el ente acusador, a través del ejercicio de la acción penal pública. Expone en los numerales siguientes una relación de los medios de prueba sometidos al contradictorio, así como sobre la naturaleza y propósito de la audiencia inicial. Es criterio de la recurrente que las declaraciones rendidas en sede administrativas no debieron ser excluidas por el Ad-Quem del legajo probatorio por el ente acusador…. (el subrayado es nuestro). Ya que la misma arroja indicios que señalan al imputado como la persona que le disparó al señor José María Carranza Duron, acreditándose los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal…. Señalando que al haber excluido estos medios de prueba se ha causado indefensión al Ministerio Público.-CONSIDERANDO (6): Que la quejosa invoca como quebrantado el principio de legalidad que en un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en el ordenamiento jurídico, que le imponen al Juez la obligación ineludible de emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, el hecho, la prueba, y como el caso que nos ocupa el derecho a aplicar…. Dice que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad no la exposición, sino una expresión razonada del hecho y la norma sometida al conocimiento del juzgador. Expone que “el principio de legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Por esta razón se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica.-

CONSIDERANDO (7): Que el Ad-Quem en la resolución recurrida ha dejado claramente establecidos los antecedentes procesales, haciendo referencia a los medios de prueba evacuados durante la audiencia inicial. En el acápite de la Motivación numeral Tercero, expone: (SIC) “En cuanto a la pretensión de exclusión de valoración de declaraciones rendidas en sede administrativa, por la que pretende la revisión de la resolución del A-Quo, resulta necesario remitirnos a los antecedentes de la resolución recurrida; en la audiencia inicial donde el ente acusador ha propuesto como medios de prueba, la declaración rendida en sede administrativa del señor JOSE MARIA CARRANZA DURON Y NOHELIA LEON ANDRADE, así como Dictamen Preliminar de Evaluación Médica; en este sentido ya existen reiterados fallos de la Corte de Apelaciones, en razón del tema de las declaraciones de personas que se rindan en sede administrativa al establecer; En el tema de las declaraciones la nulidad de la valoración de lo que denominamos como prueba según el artículo 88.3 de la Constitución de la República de Honduras será cuando no se realiza en presencia del Juez, esto implica bajo control jurisdiccional, en respeto a los derechos de las partes procesales, tanto a la que acusa como a la que se defiende, entre tales derechos podemos señalar la inmediación y contradicción de la prueba, derechos que para el proceso se transforman en principios que para la buena administración corresponde al Juez de garantías; partiendo de ello entonces podrá ser sustentable la posición de la defensa, con la aclaración que el artículo constitucional no se refiere a otros elementos de prueba, sino solo a las declaraciones es decir a las manifestaciones de personas naturales que se den a entender por cualquier medio, que sean rendidas ante juez competente no es referido a pruebas documentales o científicos entre otros; sin embargo no se le puede ceder la razón a una posición tan amplia, que de una u otra manera se traslada la confusión en cuanto al término “declaración” a que hace referencia el artículo constitucional, es así que para cerrar variadas interpretaciones formalmente el acto ya consumado en el proceso penal en cualquier etapa del proceso se conoce como testimonio es así que nos remitiremos al artículo 330 del Código Procesal Penal que dice “Una vez identificados los testigos serán juramentados y advertidos de las consecuencias legales de sus actos si faltan a la verdad e interrogados sobre sus antecedentes, sus relaciones con las partes y las demás circunstancias que sea conveniente para lograr su testimonio…” en igual sentido se expresa el artículo 236 del mismo código, entonces la norma constitucional aparece desarrollada en los artículos procesales aludidos, formalidades que deben llevarse a cabo para que la información brindada por el testigo pueda ser valorada por el juez competente que advierte la Constitución, es decir que la prueba testifical se desarrolle con la presencia física del testigo ante el Juez que garantice los derechos procesales de las partes, como los apuntados de los cuales el juez ejerce la inmediación a la prueba y el control del respeto del derecho a las partes.-CONSIDERANDO (8): Que el Tribunal de Alzada hace un análisis de la prueba propuesta por el ente acusador que consiste en declaraciones rendidas en sede administrativa, dejando establecido que en el “caso de estudio el Juez no tiene inmediación de los elementos mostrados, y mencionamos elementos porque el concepto procesal de prueba en relación a las declaraciones de testigos del supuesto hecho acusado, estas solo constituyen prueba penal cuando se rinden ante juez, caso contrario no ascienden a ese concepto de prueba testifical sino bajo otro concepto (documental); volviendo al término de declaración, como advertíamos la declaración de una persona en el ejercicio del deber ciudadano de declarar sobre un hecho constitutivo de delito, solo es válida como prueba si se rinde ante el Juez de garantías, esto hace la diferencia de los meros actos de investigación que realizan los órganos investigativos de la República, sin control judicial alguno y muchas ocasiones sin el reconocimiento del derecho a los sujetos cuestión de su investigación (Véase la sentencia de apelación 1201-2013-00066). Por lo que al señalar la Constitución en garantía del Estado de Derecho, la jerarquía de la Constitución sobre la ley, y señala el límite de actuación de los funcionarios públicos, quienes deben actuar dentro del margen de la ley; por ende una vez judicializadas las actuaciones y en aquellos actos que generen afectación de derechos fundamentales, dentro del proceso penal, el juez debe de fallar mediante prueba testifical que sea rendida ante su presencia, siendo garante de los principios inspiradores del debido proceso legal; por ende bajo el marco constitucional de actuación judicial se excluyen las comparecencias a la sede administrativa de los señores JOSE MARIA CARRANZA Y NOHELIA LEON ANDRADE, contrario a la evaluación médica de la supuesta víctima, que se contiene en un dictamen preliminar que aporta el Ministerio Público durante la sub etapa de la investigación preliminar, según lo establece la norma procesal contenida en el artículo 242 y 273 numeral 3 del Código Procesal penal; por lo que es de derecho la actuación del ente acusador en la practica de la pericia, demás que era esencial para la acreditación del hecho denunciado.-CONSIDERANDO (9): Que el Ad-Quem de acuerdo a lo establecido en la norma procesal señala que en la audiencia inicial debe efectuarse una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal, y la probabilidad de participación del imputado el…. En el caso de los antecedentes, al excluirse de la valoración judicial la prueba de las manifestaciones rendidas en sede administrativa; del conjunto de la prueba se extrae que en la audiencia se han incorporado medios de prueba pericial de dictamen preliminar de evaluación practicadas al señor JOSE MARIA CARRANZA DUBON en fecha 09 de diciembre del 2014…. Concluyendo que si bien es cierto se acredita material indiciario sobre la realización de un hecho de relevancia jurídico penal, sin la aportación de meras sospechas siquiera contra el acusado sobre el hecho resulta procedente conforme a derecho el dictado de un sobreseimiento definitivo conforme lo establece el artículo 296 No. 1 del Código Procesal Penal, que señala “Se dictará sobreseimiento definitivo cuando: 1) Resulte Probado que el hecho no ha existido o no está tipificado como delito, o que el imputado no participó en su comisión. Por todo ello declaró con lugar el recurso de apelación y dictó sobreseimiento definitivo a favor del acusado.- CONSIDERANDO (10): Que Honduras es un Estado de Derecho, sujeto a la Constitución de la República, como norma suprema, “norma básica del ordenamiento jurídico que obliga a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos. Asegura de un lado la primacía de la ley como expresión de voluntad popular y, de otro somete al Estado al Ordenamiento Jurídico en garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos que forman parte de él[1]. Las Leyes como actos unilaterales del poder público interno y los Tratados Internacionales como un acto emanado de un acuerdo de voluntades entre los Estados que una vez ratificados son normas directamente aplicables en el derecho Interno. “…. Al aprobar los Tratados Sobre Derechos Humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción”[2]. Citando la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado de Honduras, entre los deberes generales asumidos por los Estados – Partes de la Convención, para cada uno de los Derechos Consagrados en la misma son, por una parte el de “… respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y… garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna (Artículo 1.1 de la Convención), y por la otra adoptar, con arreglo a los procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (art. De la Convención). Para tal efecto tales derechos tendrán el amparo jurisdiccional y gubernativo necesario para exigir su cumplimiento frente a las autoridades públicas.-CONSIDERNADO (11): Que el artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos se refiere a las “Garantías” es decir medidas destinadas a la protección o aseguramiento de la titularidad o ejercicio de los derechos, otorgando los medios idóneos para que los derechos y libertades reconocidos sean efectivos en toda situación incluso la creada por el proceso penal, creando los elementos necesarios para la regularidad del proceso y factores necesarios para el legítimo ejercicio de la jurisdicción (las negritas son nuestras). El ejercicio de estas garantías se otorga en condiciones de “plena igualdad concretizando de esta manera el derecho a la igualdad ante la ley”, contenido en el artículo 60 Y 61 constitucional, en consecuencia, no puede haber duda en cuanto a su operatividad inmediata en el denominado proceso penal, plenario debate o juicio oral y público.-CONSIDERANDO (12): Que el Derecho a la Defensa contenido en el artículo 82 constitucional, presenta las características de inviolable, irrenunciable, postulado de un Estado de Derecho. El Derecho de Defensa es inherente a la persona humana, existe independientemente de las situaciones concretas, por ello la persona sospechosa como autora o participe de un hecho delictivo, desde el primer acto de persecución penal dirigido en su contra y hasta la finalización del proceso penal (incluida la etapa de ejecución) tiene los mismos derechos que el orden jurídico le atribuye al imputado o acusado. Derecho constitucional que se encuentra en armonía con lo establecido en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que en su artículo 8 dispone las garantías judiciales “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. -CONSIDERANDO (13): Que el Estado de Honduras acorde con los postulados de la Constitución de la República y los Tratados Internacionales Sobre Derechos Humanos, a través del Poder Legislativo ha creado los instrumentos jurídicos que han de aplicarse en los casos concretos dirigidos a la aplicación de la ley tanto sustantiva como adjetiva en materia penal, acorde con los postulados constitucionales, cuya inaplicabilidad socava los pilares del Estado de Derecho, tal normativa garantiza y respeta el ejercicio de los derechos de las partes en el proceso, y rectora los principios en que descansa el proceso penal amparado constitucionalmente. De acuerdo a este orden de ideas, no es de recibo que el ente acusador pretenda que el Ad-Quem incluya en el acervo probatorio las declaraciones rendidas en sede administrativa como prueba testifical, lo cual quebranta la disposición constitucional contenida en el artículo 88.3, como norma imperativa debe cumplirse al tenor de su disposición y que literalmente dice: “Solo hará prueba la declaración rendida ante Juez competente”. “Toda declaración obtenida con la infracción de cualesquiera de estas disposiciones, es nula y los responsables incurren en las penas que establezca la ley”. (las negritas son nuestras).-CONSIDERANDO (14): Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiando desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo. Analizada la sentencia dictada por el Ad-Quem esta Sala está de acuerdo con los fundamentos y razonamientos expuestos en relación a la no admisión de las declaraciones obtenidas en sede administrativa, lo contrario sería contra derecho, quebrantando la norma Constitucional contenida en el artículo 88.3 antes relacionado, debiendo mantenerse la Supremacía Constitucional, a la que están sujetos todos los funcionarios y autoridades, por otra parte el respeto al principio de objetividad sobre el que descansa las funciones del Ministerio Público y garantiza que el proceso penal se desarrolle dentro del ámbito de la racionalidad e igualdad de derechos, a fin de garantizar el respeto, protección y ejercicio de los mismos tanto al sospechoso y/o imputado y la víctima en el proceso.-CONSIDERANDO (15): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[3]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[4]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado,(acusados, imputados) y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los Tratados y Convenciones Internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO (16): Que esta Sala de acuerdo a lo antes expuesto, encuentra una causal de inadmisibilidad por la que debe sobreseerse la Acción interpuesta, contenida en el artículo 46 No. 1 que dispone: “Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad”, entendiendo por cuestiones de mera legalidad aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.-CONSIDERANDO (17): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46 No. 1; 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Artículo 7 inciso 2, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8 y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 9, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: SOBRESEE la acción de amparo, interpuesta por el Abogado VICTOR MUÑOZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha diecisiete de febrero del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. -Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los siete (7) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil diecisiete (2018) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0443-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico – Práctico. Proyecto del Fortalecimiento del Poder Judicial de Honduras. Cooperación Española.

[2] Opinión Consultiva OC-2/82 de24.9.982

[3] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.

[4] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.