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Sentencia AP-438-17 — Registro 8231

Resumen

Sentencia impugnada que confirmó sobreseimiento decretado a favor de imputados por el delito de Secuestro por el Ministerio Público,donde Ad-quem fundamenta dicha resolución y se pronuncia en relación a modalidad considerada en el tipo penal de merito en base al art.192 y no en los establecidos en el articulo 201 del Código penal en que se fundamenta dicha impugnación

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(10) Que el respeto al Debido Proceso es inherente a todos los órganos jurisdiccionales obligados al sometimiento de la ley, a fin de que los ciudadanos obtengan una tutela judicial efectiva, en el caso que nos ocupa, esta Sala sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia concluye que ciertamente el Ad quem no se ha pronunciado sobre el agravio expuesto por el recurrente, que, según su criterio existe el delito de Secuestro consignado en el artículo 201 del Código Penal, es en base a esto que debe pronunciarse el Tribunal de Alzada. En ese orden de ideas el Ad quem debe motivar y fundamentar su resolución, exponiendo sus argumentos porque el accionar de los ahora imputados no se tipifica en una de las modalidades del delito de Secuestro señalado en el artículo 201, tal y como lo ha venido arguyendo el ente acusador desde la interposición del requerimiento fiscal, sino que al contrario se pronuncia sobre el delito de Secuestro tipificado en el artículo 192, cuando en ningún momento a sido objeto de impugnación esta otra modalidad. En tal sentido esta Sala aprecia que ciertamente no existe la motivación suficiente en cuanto a lo peticionado por el recurrente que considera que existe el delito de Secuestro sancionado en el artículo 201, debiendo el Ad quem pronunciarse sobre este aspecto, motivando y fundamentando su resolución en cuanto si se dan los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal, acorde a la legislación del Estado. Por todo lo antes expuesto esta Sala aprecia la vulneración del Debido Proceso por falta de motivación suficiente en la resolución impugnada.- CONSIDERANDO: (11) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, que declaró No Ha Lugar un recurso de apelación y confirmó un sobreseimiento Definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra los señores ALEXANDER MENDOZA Y JAIRO ANWAR ORELLANA por suponerlos responsables del delito de SECUESTRO en perjuicio de KELEN ARIEL GARCIA MARADIAGA. Estiman la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, los Abogados DAVID REYES y GISELLE TREJO, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los Señores: 1) ALEXANDER MENDOZA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio del Señor JOSE DURAN AVILEZ ALVARADO; 2) JAIRO ANWAR ORELLANA RECINOS y RONALD ALEXANDER GAVARRETE CANAN, por suponerlo responsable de tres (3) delitos de ASESINATO, en perjuicio de los Señores JOSE LUIS CASTRO, KENNYEL RONNY RODAS MARTINEZ y SADDY JOEL ARGUETA PUERTO; 3) ALEXANDER MENDOZA y JAIRO ANWAR ORELLANA RECINOS, por suponerlos responsables de ocho (8) delitos de ASESINATO en perjuicio de los Señores GERMAN OMAR GARCIA MARADIAGA, JOSE YOVANNY CRUZ FONSECA, JONATHAN CRUZ OSORTO, PATRICK XAVIER CRUZ RIVERA, FRANKLIN ISAAC ORDOÑEZ BAUTISTA, JUAN FRANCISCO CASTRO, NELSON ADALID HERNANDEZ PONCE y JOSA JAVIER RAMOS RODRIGUEZ; y SECUESTRO, en perjuicio del Señor KELEN ARIEL GARCIA MARADIAGA; 4) ALEXANDER MENDOZA, JAIRO ANWAR ORELLANA RECINOS, KELEN ARIEL GARCIA MARADIAGA, JAIME EFRAIN MEJIA, JORGE NEFTALY ROMERO MEJIA, ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON, DAVID ELIAS CAMPBELL, JAIRO JOSE AGUILAR GIRON, CESAR JOSUE MOLINA LARA, ALEXIS AMILCAR CARDENAS VINDEL, DENIS ADALID PAGUADA PUERTO, JOSE MAVIER MENDOZA PULIDO, JORGE ALBERTO VELASQUEZ PAZ, JOSUE NAUN MONTUFAR HENRIQUEZ, RENE GERARDO ARCHAGA PADILLA y RONAL ALEXANDER GAVARRETE CANAN, por suponerlos responsables del delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. (Folios 1–317 del Tomo I del antecedente).- 2) Que en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), en la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, Resolvió: (SIC) “DECRETAR: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los ciudadanos: 1.-… 2.-… 3.-DECRETAR UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los ciudadanos ALEXANDER MENDOZA, JAIRO ANWAR ORELLANA RECINOS por el delito de SECUESTRO en perjuicio de KELEN ARIEL GARCIA MARADIAGA de lo cual no es procedente entregar su carta de libertad definitiva en cuanto no se resuelva su situación jurídica por los delitos de Asesinato y Asociación Ilícita.- 4.-… 5.-… 6.-… 7.- … 8.-… 9.- … 10.- … 11.- … 12.- … 2.- Se le impone a los imputados la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, misma que deberá cumplir tanto en el Primer Batallón de Infantería, como en la penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán y en el Centro Penal de la Ciudad de San Pedro Sula, debiendo librar los respectivos oficios. - …”. (Folios 579–634 del Tomo II del antecedente).- 3) Que, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por las partes en el proceso, la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), Resolvió: (SIC) “1) Declarar NO HA LUGAR los Recursos de apelación interpuestos por los Defensores y por la Fiscal. - 2) CONFIRMAR las resoluciones apeladas.” (Folios 2269–2298 del Tomo V del antecedente).- 4) Que la Abogada SUSSY G. COELLO, compareció ante este Tribunal en fecha seis (6) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–6 del Presente Recurso).- 5) Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, que declaró No Ha Lugar un recurso de apelación y confirmó un sobreseimiento Definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra los señores ALEXANDER MENDOZA Y JAIRO ANWAR ORELLANA por suponerlos responsables del delito de SECUESTRO en perjuicio de KELEN ARIEL GARCIA MARADIAGA.- CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización del recurso, señala en la Relación de Hechos, que el ente acusador presentó requerimiento fiscal contra varias personas entre ellas a los señores ALEXANDER MENDOZA Y JAIRO ANWAR ORELLANA RECINOS por el delito de Secuestro a quienes se les dicto Sobreseimiento Definitivo por dicho delito, resolución que el ente acusador apela por considerar que no es conforme a derecho y en fecha diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis la Corte de Apelaciones, resolvió declarar sin lugar el recurso interpuesto confirmando Sobreseimiento Definitivo a favor de los ahora imputados. Por lo que el Ministerio Público busca justicia constitucional al considerar que se ha quebrantado el principio derecho del Debido Proceso establecido en el artículo 90 Constitucional, relacionado con el artículo 141 del Código Procesal Penal, en cuanto a la Motivación de las resoluciones judiciales. Expone la recurrente: “Que de la lectura detenida de la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, observa que la motivación externada por el Ad-Quem no respeta el principio de congruencia que exige la norma procesal penal, entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las pretensiones planteadas por las partes, mismo que constituye una de las garantías del Debido Proceso, en la medida que los agravios invocados por las partes se convierten en el límite que se le impone a la segunda instancia. Se estima lo anterior, por resultar evidente la manifiesta incongruencia entre lo pedido y lo otorgado por la alzada, en virtud que la pretensión impugnatoria del Ministerio Público es el agravio que le causó el sobreseimiento definitivo dictado a favor de los señores ALEXANDER MENDOZA Y JAIRO ANWAR ORELLANA RECINOS, a quienes se les imputaba el delito de Secuestro contenido en el artículo 201 del Código Penal, sin embargo, de la motivación del fallo se desprende que el razonamiento del Ad-Quem se centró en el delito de secuestro contenido en el artículo 192 del Código Penal, distinto al imputado por el ente acusador, que si bien ambos tipifican el delito de Secuestro, no se puede obviar que su tipología es distinta, porque elementos descriptores son distintos. Esto así, cuando la alzada razona que en el caso de autos no se establece la forma precisa a quien se le realizaron las llamadas en forma de intimidación, que es uno de los requisitos que exige el Código Penal, a los familiares que se les exige una cantidad de dinero para obtener un lucro, por cuanto no se establecen los elementos del tipo. No obstante, si bien, ésta es una de las modalidades del delito de Secuestro descrita en el artículo 192 del código Penal, no menos cierto es, que el Ad- Quem confunde que el reproche penal formulado por el ente acusador es por la modalidades distintas a las descritas en dicho articulado, tal como lo establece el artículo 201, al sancionar a:” Quien secuestre a cualquier personas con móviles distintos a los señalados al artículo 192…”; por lo que siendo ésta imputación penal el objeto de impugnación, en base a ésta que debía pronunciarse el Tribunal de alzada y no como acontece en el caso de autos, que resultado de su fallo hay incongruencia ente lo pedido y lo resuelto; por lo que es deber de este representante de la sociedad, acudir, para asegurar la debida tutela judicial efectiva. Manifiesta el recurrente que la incongruencia arriba expuesta causó una segunda violación al debido proceso, consiste en la emisión de una resolución carente de motivación suficiente, en primer lugar, al no haberse pronunciado sobre el objeto de la impugnación, sino sobre modalidades punibles distintas a la impugnada por el Ministerio Público; y, en segundo lugar, porque su motivación no se explican lo suficiente las circunstancias tomadas en consideración para fijar que la conducta reprochable a los encausados se tipifica en el delito de Secuestro contenido en el artículo 192 del Código Penal, y no en la imputada por el ente acusador contenida en el artículo 201 del Código Penal. Asimismo, el recurrente hace referencia de la Sentencia Penal No CP- 406-2008 del 19/9/2012, en cuanto la falta de motivación de las sentencias.”- CONSIDERANDO: (5) Que el Ad quem al dictar su fallo, ha dejado claramente establecido los motivos del apelante la expresión y contestación de agravios; En relación al único agravio planteado por los fiscales del Ministerio Público el Ad quem se pronuncia de la siguiente manera…” Contrario a lo que refieren los censores en su expresión de agravios, no se encuentra documentado los elementos del tipo SECUESTRO, en este caso contra los señores GERMAN GARACIA Y KELEN GARCIA MARADIAGA, ya que inicuamente se establecen escuchas en las que se refieren dichas personas entre los imputados Alexander Mendoza y Jairo Anwar Orellana estarían incriminados en la muerte (asesinato), mas no se establecen de forma precisa a quien se le realizaron las llamadas en forma de intimidación que es uno de los requisitos que exige el tipo penal a los familiares se le exija una cantidad de dinero para obtener un lucro o cual es el móvil distinto, si lo que supuestamente planean es el Asesinato y no un Secuestro; por cuanto no se establece los elementos del tipo. Por lo que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirma la resolución del A Quo.”- CONSIDERANDO: (7) Que el tipo penal sobre el cual enmarca la conducta delictiva de los imputados el Ministerio Público, es la establecida en el artículo 201 del Código Penal que dispone "Quien secuestre a cualquier persona con móviles distintos a los señalaos en el artículo 192 será castigado con una pena de veinte(20)a treinta(30) años si la persona se encontrase sin daños; cuando no diera cuenta de su paradero o no acreditase haberla puesto en libertad la pena será de treinta(30) a cuarenta (40)años.” Y no el consignado en el artículo 192 del mismo cuerpo legal como equívocamente lo establece el Ad quem en su fallo ahora objeto de amparo.- CONSIDERANDO: (8) Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el artículo 141 del Código Procesal Penal, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. La resolución fallo o sentencia dictado constituye tentativamente un bloque indivisible de decisión, en tanto que implica un juicio sobre los hechos y sobre el derecho, en el que debe observarse ciertas cualidades concernientes a la claridad, lógica y legitimidad. Entiende la Sala que los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales, estarán referidos en primer término a que: "La motivación no consiste en describir procesos mentales; sino en acreditar la racionalidad de las conclusiones”; y en segundo lugar a que “la motivación de la sentencia, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico; es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que deberán ser consignadas en los considerandos de la sentencia”.- CONSIDERANDO (9): Que doctrinariamente se ha establecido que son cuatro los momentos principales en que se hace necesario aplicar la actividad motivadora: a) aquél en que se expresan resumidamente los elementos de juicio con que se cuenta: fundamentación descriptiva; b) aquél en que se procede a determinar la plataforma fáctica (hechos probados): fundamentación fáctica; c) aquél en que se analizan los elementos de juicio con que se cuenta: fundamentación analítica o intelectiva; y d) aquél en que se realiza la tarea de adecuar o no el presupuesto de hecho al presupuesto normativo: fundamentación jurídica"[1]. De ahí, que si un juzgador en cualquiera de estos momentos no explique o justifique su decisión debidamente, es decir, cumpliendo con los requerimientos esenciales, como el que sus argumentos sean expresos, claros, completos, legítimos y lógicos, incurrirá en un error que imposibilitaría su subsistencia jurídica, ya que de acuerdo a las garantías constitucionales, el deber de motivación permite conocer a las partes procesales el iter lógico seguido por el juez para llegar a la certeza de la absolución o condena de un imputado; lo anterior precisa, que en dicha decisión el juzgador funda claramente su posición, sin utilizar argumentos ambiguos, respondiendo de manera suficiente a los requerimientos esgrimidos por los sujetos procesales.- CONSIDERANDO: (10) Que el respeto al Debido Proceso es inherente a todos los órganos jurisdiccionales obligados al sometimiento de la ley, a fin de que los ciudadanos obtengan una tutela judicial efectiva, en el caso que nos ocupa, esta Sala sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia concluye que ciertamente el Ad quem no se ha pronunciado sobre el agravio expuesto por el recurrente, que, según su criterio existe el delito de Secuestro consignado en el artículo 201 del Código Penal, es en base a esto que debe pronunciarse el Tribunal de Alzada. En ese orden de ideas el Ad quem debe motivar y fundamentar su resolución, exponiendo sus argumentos porque el accionar de los ahora imputados no se tipifica en una de las modalidades del delito de Secuestro señalado en el artículo 201, tal y como lo ha venido arguyendo el ente acusador desde la interposición del requerimiento fiscal, sino que al contrario se pronuncia sobre el delito de Secuestro tipificado en el artículo 192, cuando en ningún momento a sido objeto de impugnación esta otra modalidad. En tal sentido esta Sala aprecia que ciertamente no existe la motivación suficiente en cuanto a lo peticionado por el recurrente que considera que existe el delito de Secuestro sancionado en el artículo 201, debiendo el Ad quem pronunciarse sobre este aspecto, motivando y fundamentando su resolución en cuanto si se dan los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal, acorde a la legislación del Estado. Por todo lo antes expuesto esta Sala aprecia la vulneración del Debido Proceso por falta de motivación suficiente en la resolución impugnada.- CONSIDERANDO: (11) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 101, 285 No. 2, 292, del Código Procesal Penal; 32, 116 Código Penal, 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, por la Abogada SUSSY G. COELLO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0438-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, que declaró No Ha Lugar un recurso de apelación y confirmó un sobreseimiento Definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra los señores ALEXANDER MENDOZA Y JAIRO ANWAR ORELLANA por suponerlos responsables del delito de SECUESTRO en perjuicio de KELEN ARIEL GARCIA MARADIAGA. Estiman la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, los Abogados DAVID REYES y GISELLE TREJO, actuando en su condición de Fiscales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los Señores: 1) ALEXANDER MENDOZA, por suponerlo responsable del delito de ASESINATO, en perjuicio del Señor JOSE DURAN AVILEZ ALVARADO; 2) JAIRO ANWAR ORELLANA RECINOS y RONALD ALEXANDER GAVARRETE CANAN, por suponerlo responsable de tres (3) delitos de ASESINATO, en perjuicio de los Señores JOSE LUIS CASTRO, KENNYEL RONNY RODAS MARTINEZ y SADDY JOEL ARGUETA PUERTO; 3) ALEXANDER MENDOZA y JAIRO ANWAR ORELLANA RECINOS, por suponerlos responsables de ocho (8) delitos de ASESINATO en perjuicio de los Señores GERMAN OMAR GARCIA MARADIAGA, JOSE YOVANNY CRUZ FONSECA, JONATHAN CRUZ OSORTO, PATRICK XAVIER CRUZ RIVERA, FRANKLIN ISAAC ORDOÑEZ BAUTISTA, JUAN FRANCISCO CASTRO, NELSON ADALID HERNANDEZ PONCE y JOSA JAVIER RAMOS RODRIGUEZ; y SECUESTRO, en perjuicio del Señor KELEN ARIEL GARCIA MARADIAGA; 4) ALEXANDER MENDOZA, JAIRO ANWAR ORELLANA RECINOS, KELEN ARIEL GARCIA MARADIAGA, JAIME EFRAIN MEJIA, JORGE NEFTALY ROMERO MEJIA, ALVARO ERNESTO GARCIA CALDERON, DAVID ELIAS CAMPBELL, JAIRO JOSE AGUILAR GIRON, CESAR JOSUE MOLINA LARA, ALEXIS AMILCAR CARDENAS VINDEL, DENIS ADALID PAGUADA PUERTO, JOSE MAVIER MENDOZA PULIDO, JORGE ALBERTO VELASQUEZ PAZ, JOSUE NAUN MONTUFAR HENRIQUEZ, RENE GERARDO ARCHAGA PADILLA y RONAL ALEXANDER GAVARRETE CANAN, por suponerlos responsables del delito de ASOCIACION ILICITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO. (Folios 1–317 del Tomo I del antecedente).- 2) Que en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), en la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, Resolvió: (SIC) “DECRETAR: AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra los ciudadanos: 1.-… 2.-… 3.-DECRETAR UN SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los ciudadanos ALEXANDER MENDOZA, JAIRO ANWAR ORELLANA RECINOS por el delito de SECUESTRO en perjuicio de KELEN ARIEL GARCIA MARADIAGA de lo cual no es procedente entregar su carta de libertad definitiva en cuanto no se resuelva su situación jurídica por los delitos de Asesinato y Asociación Ilícita.- 4.-… 5.-… 6.-… 7.- … 8.-… 9.- … 10.- … 11.- … 12.- … 2.- Se le impone a los imputados la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, misma que deberá cumplir tanto en el Primer Batallón de Infantería, como en la penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán y en el Centro Penal de la Ciudad de San Pedro Sula, debiendo librar los respectivos oficios. - …”. (Folios 579–634 del Tomo II del antecedente).- 3) Que, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por las partes en el proceso, la Corte de Apelaciones con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), Resolvió: (SIC) “1) Declarar NO HA LUGAR los Recursos de apelación interpuestos por los Defensores y por la Fiscal. - 2) CONFIRMAR las resoluciones apeladas.” (Folios 2269–2298 del Tomo V del antecedente).- 4) Que la Abogada SUSSY G. COELLO, compareció ante este Tribunal en fecha seis (6) de junio de dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios 1–6 del Presente Recurso).- 5) Que en fecha veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, que declaró No Ha Lugar un recurso de apelación y confirmó un sobreseimiento Definitivo dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra los señores ALEXANDER MENDOZA Y JAIRO ANWAR ORELLANA por suponerlos responsables del delito de SECUESTRO en perjuicio de KELEN ARIEL GARCIA MARADIAGA.- CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización del recurso, señala en la Relación de Hechos, que el ente acusador presentó requerimiento fiscal contra varias personas entre ellas a los señores ALEXANDER MENDOZA Y JAIRO ANWAR ORELLANA RECINOS por el delito de Secuestro a quienes se les dicto Sobreseimiento Definitivo por dicho delito, resolución que el ente acusador apela por considerar que no es conforme a derecho y en fecha diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis la Corte de Apelaciones, resolvió declarar sin lugar el recurso interpuesto confirmando Sobreseimiento Definitivo a favor de los ahora imputados. Por lo que el Ministerio Público busca justicia constitucional al considerar que se ha quebrantado el principio derecho del Debido Proceso establecido en el artículo 90 Constitucional, relacionado con el artículo 141 del Código Procesal Penal, en cuanto a la Motivación de las resoluciones judiciales. Expone la recurrente: “Que de la lectura detenida de la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, observa que la motivación externada por el Ad-Quem no respeta el principio de congruencia que exige la norma procesal penal, entre lo resuelto por el órgano jurisdiccional y las pretensiones planteadas por las partes, mismo que constituye una de las garantías del Debido Proceso, en la medida que los agravios invocados por las partes se convierten en el límite que se le impone a la segunda instancia. Se estima lo anterior, por resultar evidente la manifiesta incongruencia entre lo pedido y lo otorgado por la alzada, en virtud que la pretensión impugnatoria del Ministerio Público es el agravio que le causó el sobreseimiento definitivo dictado a favor de los señores ALEXANDER MENDOZA Y JAIRO ANWAR ORELLANA RECINOS, a quienes se les imputaba el delito de Secuestro contenido en el artículo 201 del Código Penal, sin embargo, de la motivación del fallo se desprende que el razonamiento del Ad-Quem se centró en el delito de secuestro contenido en el artículo 192 del Código Penal, distinto al imputado por el ente acusador, que si bien ambos tipifican el delito de Secuestro, no se puede obviar que su tipología es distinta, porque elementos descriptores son distintos. Esto así, cuando la alzada razona que en el caso de autos no se establece la forma precisa a quien se le realizaron las llamadas en forma de intimidación, que es uno de los requisitos que exige el Código Penal, a los familiares que se les exige una cantidad de dinero para obtener un lucro, por cuanto no se establecen los elementos del tipo. No obstante, si bien, ésta es una de las modalidades del delito de Secuestro descrita en el artículo 192 del código Penal, no menos cierto es, que el Ad- Quem confunde que el reproche penal formulado por el ente acusador es por la modalidades distintas a las descritas en dicho articulado, tal como lo establece el artículo 201, al sancionar a:” Quien secuestre a cualquier personas con móviles distintos a los señalados al artículo 192…”; por lo que siendo ésta imputación penal el objeto de impugnación, en base a ésta que debía pronunciarse el Tribunal de alzada y no como acontece en el caso de autos, que resultado de su fallo hay incongruencia ente lo pedido y lo resuelto; por lo que es deber de este representante de la sociedad, acudir, para asegurar la debida tutela judicial efectiva. Manifiesta el recurrente que la incongruencia arriba expuesta causó una segunda violación al debido proceso, consiste en la emisión de una resolución carente de motivación suficiente, en primer lugar, al no haberse pronunciado sobre el objeto de la impugnación, sino sobre modalidades punibles distintas a la impugnada por el Ministerio Público; y, en segundo lugar, porque su motivación no se explican lo suficiente las circunstancias tomadas en consideración para fijar que la conducta reprochable a los encausados se tipifica en el delito de Secuestro contenido en el artículo 192 del Código Penal, y no en la imputada por el ente acusador contenida en el artículo 201 del Código Penal. Asimismo, el recurrente hace referencia de la Sentencia Penal No CP- 406-2008 del 19/9/2012, en cuanto la falta de motivación de las sentencias.”- CONSIDERANDO: (5) Que el Ad quem al dictar su fallo, ha dejado claramente establecido los motivos del apelante la expresión y contestación de agravios; En relación al único agravio planteado por los fiscales del Ministerio Público el Ad quem se pronuncia de la siguiente manera…” Contrario a lo que refieren los censores en su expresión de agravios, no se encuentra documentado los elementos del tipo SECUESTRO, en este caso contra los señores GERMAN GARACIA Y KELEN GARCIA MARADIAGA, ya que inicuamente se establecen escuchas en las que se refieren dichas personas entre los imputados Alexander Mendoza y Jairo Anwar Orellana estarían incriminados en la muerte (asesinato), mas no se establecen de forma precisa a quien se le realizaron las llamadas en forma de intimidación que es uno de los requisitos que exige el tipo penal a los familiares se le exija una cantidad de dinero para obtener un lucro o cual es el móvil distinto, si lo que supuestamente planean es el Asesinato y no un Secuestro; por cuanto no se establece los elementos del tipo. Por lo que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y confirma la resolución del A Quo.”- CONSIDERANDO: (7) Que el tipo penal sobre el cual enmarca la conducta delictiva de los imputados el Ministerio Público, es la establecida en el artículo 201 del Código Penal que dispone "Quien secuestre a cualquier persona con móviles distintos a los señalaos en el artículo 192 será castigado con una pena de veinte(20)a treinta(30) años si la persona se encontrase sin daños; cuando no diera cuenta de su paradero o no acreditase haberla puesto en libertad la pena será de treinta(30) a cuarenta (40)años.” Y no el consignado en el artículo 192 del mismo cuerpo legal como equívocamente lo establece el Ad quem en su fallo ahora objeto de amparo.- CONSIDERANDO: (8) Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el artículo 141 del Código Procesal Penal, la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al Juez o Tribunal que conoce concretamente del asunto. La resolución fallo o sentencia dictado constituye tentativamente un bloque indivisible de decisión, en tanto que implica un juicio sobre los hechos y sobre el derecho, en el que debe observarse ciertas cualidades concernientes a la claridad, lógica y legitimidad. Entiende la Sala que los parámetros que comprenden una debida motivación de las resoluciones judiciales, estarán referidos en primer término a que: "La motivación no consiste en describir procesos mentales; sino en acreditar la racionalidad de las conclusiones”; y en segundo lugar a que “la motivación de la sentencia, constituye el elemento eminentemente intelectual, de contenido crítico, valorativo y lógico; es el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los cuales el juez apoya su decisión y que deberán ser consignadas en los considerandos de la sentencia”.- CONSIDERANDO (9): Que doctrinariamente se ha establecido que son cuatro los momentos principales en que se hace necesario aplicar la actividad motivadora: a) aquél en que se expresan resumidamente los elementos de juicio con que se cuenta: fundamentación descriptiva; b) aquél en que se procede a determinar la plataforma fáctica (hechos probados): fundamentación fáctica; c) aquél en que se analizan los elementos de juicio con que se cuenta: fundamentación analítica o intelectiva; y d) aquél en que se realiza la tarea de adecuar o no el presupuesto de hecho al presupuesto normativo: fundamentación jurídica"[2]. De ahí, que si un juzgador en cualquiera de estos momentos no explique o justifique su decisión debidamente, es decir, cumpliendo con los requerimientos esenciales, como el que sus argumentos sean expresos, claros, completos, legítimos y lógicos, incurrirá en un error que imposibilitaría su subsistencia jurídica, ya que de acuerdo a las garantías constitucionales, el deber de motivación permite conocer a las partes procesales el iter lógico seguido por el juez para llegar a la certeza de la absolución o condena de un imputado; lo anterior precisa, que en dicha decisión el juzgador funda claramente su posición, sin utilizar argumentos ambiguos, respondiendo de manera suficiente a los requerimientos esgrimidos por los sujetos procesales.- CONSIDERANDO: (10) Que el respeto al Debido Proceso es inherente a todos los órganos jurisdiccionales obligados al sometimiento de la ley, a fin de que los ciudadanos obtengan una tutela judicial efectiva, en el caso que nos ocupa, esta Sala sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia concluye que ciertamente el Ad quem no se ha pronunciado sobre el agravio expuesto por el recurrente, que, según su criterio existe el delito de Secuestro consignado en el artículo 201 del Código Penal, es en base a esto que debe pronunciarse el Tribunal de Alzada. En ese orden de ideas el Ad quem debe motivar y fundamentar su resolución, exponiendo sus argumentos porque el accionar de los ahora imputados no se tipifica en una de las modalidades del delito de Secuestro señalado en el artículo 201, tal y como lo ha venido arguyendo el ente acusador desde la interposición del requerimiento fiscal, sino que al contrario se pronuncia sobre el delito de Secuestro tipificado en el artículo 192, cuando en ningún momento a sido objeto de impugnación esta otra modalidad. En tal sentido esta Sala aprecia que ciertamente no existe la motivación suficiente en cuanto a lo peticionado por el recurrente que considera que existe el delito de Secuestro sancionado en el artículo 201, debiendo el Ad quem pronunciarse sobre este aspecto, motivando y fundamentando su resolución en cuanto si se dan los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal, acorde a la legislación del Estado. Por todo lo antes expuesto esta Sala aprecia la vulneración del Debido Proceso por falta de motivación suficiente en la resolución impugnada.- CONSIDERANDO: (11) Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 82, 89 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, 323 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 101, 285 No. 2, 292, del Código Procesal Penal; 32, 116 Código Penal, 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: OTORGANDO el Recurso de Amparo, por la Abogada SUSSY G. COELLO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce (12) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0438-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional.

CEDV

[1] Arroyo Gutiérrez, J., Rodríguez Campos, A., en su obra "Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal", p. 97, Poder Judicial-Escuela Judicial, San José, Costa Rica, 2002.

[2] Arroyo Gutiérrez, J., Rodríguez Campos, A., en su obra "Lógica Jurídica y Motivación de la Sentencia Penal", p. 97, Poder Judicial-Escuela Judicial, San José, Costa Rica, 2002.