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Sentencia AP-416-17 — Registro 7751

Resumen

Sentencia declaró ha lugar recurso de apelación contra resolución dictada por juzgado de ejecución porque declaró sin lugar solicitud de libertad condicional a favor de privado de libertad en causa contra imputado por delito de homicidios en perjuicio de víctimas por considerar que procede la libertad condicional

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."considera la Sala de lo Constitucional, que es la Jurisdicción la llamada por imperativo constitucional a aplicar la ley, juzgar y ejecutar lo juzgado en caso concreto, resolviendo así la tensión existente entre tales valores y expectativas de derecho,[3] en el marco de una verdadera Política Criminal, donde prevalezca tanto el imperio de la Ley como la razón de máxima preservación y mínima afectación de los derechos y libertades, lo cual se estima como indeclinable para todo Estado constituido conforme a Derecho. Por lo anterior, no resultarían vulnerados los derechos constitucionales invocados por la Garantista, respecto a la motivación que dictara la Alzada; considerándose que ésta descansa sobre bases de sustancial compatibilidad respecto a los principios generales del derecho penal en correlación al principio de legalidad en la ejecución de las sentencias penales, de todo lo cual se infiere razonabilidad en la concesión del beneficio condicional pro libertate a casos de cumplimiento total de la pena dictada con carácter previo; acorde a bases explicitadas de Argumentación Jurídica,[4] que muestran como cumplimentados los presupuestos dogmático- jurídicos exigidos en la ley aplicable, en cuanto a forma, contenido y momento procesal oportuno. - Por lo cual y siguiendo el íter lógico de lo motivado en la presente sentencia, procede dictar denegatoria a la presente acción constitucional de amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, que declaró HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado HERMES BAYARDO ESPINOZA ROSA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017); en el sentido que la Juzgadora de Primera Instancia proceda a resolver la Solicitud de Libertad Condicional interpuesta por el interesado tomando en consideración lo plasmado en la resolución.- Estimando la recurrente que con tal resolución se le han violentado a la sociedad y Estado de Honduras, los derechos constitucionales comprendidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecinueve (19) de octubre del año mil novecientos noventa y ocho (1998), el Juzgado de Paz de lo Criminal, Copán Ruinas departamento de Copán, inicio diligencias mediante Por Cuanto para investigar la muerte de la señora IRIS YAMILETH GONZALEZ, hecho ocurrido en el Manguito Jurisdicción de Copán Ruinas, departamento de Copán.- 2) Que en fecha doce (12) de marzo del año dos mil uno (2001), el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Resolvió decretar auto de Prisión, contra el señor EDGAR EFRAIN GIRON SANDOVAL, por el delito de HOMICIDIO, en perjuicio de IRIS YAMILETH GONZALES.- (Folio 92 de la pieza del Juzgado.)- 3) Que en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, RESOLVIÓ: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR la solicitud planteada de LIBERTAD CONDICIONAL a favor del Privado de Libertad EDGAR EFRAIN GIRON SANDOVAL.- SEGUNDO: gírese oficio al Director de la Penitenciaria Nacional de esta Ciudad a fin de que se continúe manteniendo en guarda y custodia al Señor EDGAR EFRAIN GIRON SANDOVAL, por estar cumpliendo una pena de reclusión.-(Folio 351 al 354 de la pieza del Juzgado).- 4) Que en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copán FALLA: UNO: DECLARAR HA LUGAR el Recurso de Apelación presentado y sustentado por el Abogado Hermes Bayardo Espinoza Rosa, en su condición de defensor Privado del señor EDGAR EFRAIN GIRON SANDOVAL, contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, en fecha 26 de enero del 2017; DOS: Que la juzgadora de primera Instancia proceda a resolver la solicitud de Libertad Condicional tomando en consideración lo plasmado en esta resolución.(Folio 6 al 13 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 5) Que la recurrente, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintitrés (23) de marzo del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- 6) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordeno seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiéndose la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vista para sentencia el Recurso de Amparo la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Agente de los Tribunales adscrita a la Fiscalia Especial para la Defensa de la Constitución, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); la cual declaró HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Técnica contra la resolución de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN en la causa seguida contra el señor EDGAR EFRAÍN GIRÓN SANDOVAL, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de IRIS YAMILETH GONZÁLEZ CALDERÓN; por considerar que procedía otorgar el beneficio penal ínsito en el artículo 76 del Código Penal al imputado, en virtud de cumplirse todos y cada uno de los requisitos impuestos por ley para la concesión de la libertad condicional; en particular, lo prescrito en el numeral 1 del referido artículo y cuerpo legal, en vista que al revisar la Constancia emitida por la Unidad de Antecedentes, se desprende que el señor GIRÓN SANDOVAL: “… no cuenta con antecedentes de condenas anteriores al delito; pues la referida por el Ministerio Público, al haber sido cumplida la pena, por disposición legal, se declaró extinguida, y su efecto da lugar a que no se tome en consideración nunca más.- Cumpliendo de esta forma uno de los tres requisitos para que se le otorgue el beneficio.- (…)”.- CONSIDERANDO (4): Que se impone analizar en sede constitucional la formalización de la acción de amparo por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición preindicada, según la cual, la referida resolución de Alzada, sería violatoria de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; desarrollando la garantista las garantías constitucionales y el concepto de su violación en que la Corte Ad Quem ha infringido el ordenamiento jurídico penal sustantivo y adjetivo del Estado de Honduras, el cual prevé los Tribunales tienen el deber de garantizar la correcta aplicación e interpretación de la norma jurídica. Refiere la amparista que no se consideró por la Alzada lo establecido en el artículo 76 del Código Penal – el cual transcribe -, en el cual se establecen los requisitos legales de estricto cumplimiento para el otorgamiento del beneficio penal de libertad condicional, lo cual no es el caso. Refiere que, según se desprende de las diligencias, el encausado, señor EDGAR EFRAÍN GIRÓN SANDOVAL fue encontrado responsable del delito de HOMICIDIO en sendos casos: el primero en perjuicio del señor CANDIDO AMADO RECINOS, sentencia de fecha 18 de noviembre de 2003 y el segundo, en perjuicio de la humanidad de IRIS YAMILETH GONZÁLEZ CALDERÓN, sentencia de fecha 22 de septiembre de 2006; siendo condenado a DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN en ambos casos, por lo cual debe cumplir un total de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, respondiendo por cada una de las penas impuestas de forma sucesiva.- CONSIDERANDO (5): Que continúa manifestando la amparista, que el encausado ha cumplido 3/4 partes del total de la pena impuesta, no satisface con esto los tres requisitos que, al efecto, establece la citada norma legal, pues habiendo sido condenado el solicitante previamente por un delito doloso en perjuicio del señor CANDIDO AMADO RECINOS, no podría aplicar a dicho beneficio legal. A lo anterior se sumaría reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, la cual ha establecido que las penas impuestas por la comisión de un concurso real de delitos en sentencia condenatoria no pueden ser susceptibles de los beneficios de libertad condicional y conmuta, pues la intención del legislador y auténtico espíritu del artículo 35 del Código Penal es que las mismas se cumplan acumuladas, no pudiendo hacerse efectivas en forma simultánea y que otra interpretación comportaría un fraude de ley (AP 610-09 de fecha 09 de febrero de 2010 y la sentencia AP 506-2012).- Por todo lo cual, habiéndose vulnerado el principio de legalidad, al obviar la Alzada darle debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 del Código Penal, con relación al artículo 321 de la Constitución de la República y la preceptiva constitucional del Debido Proceso; solicita sea otorgado el presente Recurso de Amparo declarando la violación de los derechos constitucionales invocados.- CONSIDERANDO (6): Que conviene establecer de previo que la controversia establecida tiene cierta trascendencia constitucional desde el momento que se invoca por la demandante de amparo la inobservancia de disposiciones legales de obligatorio cumplimiento, por parte de la Alzada, la cual incumbe a una posible vulneración al principio de legalidad en el marco de la ejecución de una sentencia penal, lo cual se estima dentro del ámbito legítimo de la garantía jurisdiccional que es consustancial al Estado de Derecho en el marco de la justicia constitucional hondureña.[1]- CONSIDERANDO (7): Que es de observar que en el acápite denominado: “Derechos constitucionales vulnerados y el concepto de su violación”, la amparista invoca los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República y censura de la sentencia impetrada, en el sentido que la Corte Ad Quem ha procedido de forma errónea, infringiendo lo que precave la ley penal para el caso concreto, pues no aplicó estrictamente lo establecido en el artículo 76 del Código Penal; concediendo pues, de manera indebida, el beneficio solicitado de libertad condicional al señor EDGAR EFRAÍN GIRÓN SANDOVAL, dadas las condenas sucesivas impuestas al mismo por encontrarle responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor CANDIDO AMADO RECINOS y de la joven IRIS YAMILETH GONZÁLEZ CALDERÓN; con lo cual se demostraría la imposibilidad de cumplimiento de lo que precave el artículo 76 del Código Penal como requisitos legales de estricto cumplimiento para el otorgamiento de dicho beneficio penal, como es el de libertad condicional.- CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho como guardián de la constitucionalidad de las leyes y protectora de la justicia constitucional, en ese orden de ideas garantiza el efectivo cumplimiento de la normativa constitucional y garantiza a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales, manteniendo la supremacía constitucional, el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado de Honduras ha suscrito y ratificado, incorporándolo así en su derecho interno.- CONSIDERANDO (9): Que cabe mencionar, asimismo, que la aplicación del artículo 76 del Código Penal en las resoluciones judiciales corresponde de manera usual a los órganos jurisdiccionales por vía ordinaria, para el caso el Juzgado de Ejecución y la Corte de Apelaciones concernida, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva del que gozan ambas partes procesales y el correlativo deber de motivación y publicidad de las resoluciones judiciales que se atribuye constitucionalmente a la Judicatura; a lo cual precederá un análisis detenido de la norma jurídica aplicable en concordancia a las premisas fácticas que asisten y a las circunstancias en que se desenvuelve el caso subjudice; no resultando ajeno a dicho análisis, desde luego, la noción de proporcionalidad, como límite al poder punitivo del Estado, en aplicación dogmática de los principios que orientan y sistematizan la correcta aplicación del derecho penal sustantivo.- CONSIDERANDO (10): Que lo hasta aquí expresado revela, asimismo, en función de los principios y valores constitucionales, la tensión constante que existe entre el valor seguridad jurídica y la exigencia sentida por una mayor eficacia del ordenamiento coactivo organizado en el Estado moderno, la cual resulta inseparable del deber de protección y garantía respecto a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana; todo lo cual deberá ponderar el juzgador en aplicación de la ley al caso concreto, al proceder al juzgamiento y ejecución de lo juzgado.- CONSIDERANDO (11): Que se entiende así lo expresado por estudiosos de Política Criminal, como Emiliano Borja Jiménez, en su conocida obra “Ensayos de Derecho penal y política criminal”, para quien: “El Derecho penal, pues, encuentra su propia razón de ser y esencia dentro del marco dibujado por estas dos consideraciones: de una parte, la que viene condicionada por la necesidad de que las normas que lo integran contribuyan eficazmente a la protección de la sociedad y de los individuos que la integran (…) y de otra parte, estableciendo la exigencia de que esta función de protección no se lleve a cabo a costa de un sacrificio ilimitado de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”.[2]- CONSIDERANDO (12): Que considera la Sala de lo Constitucional, que es la Jurisdicción la llamada por imperativo constitucional a aplicar la ley, juzgar y ejecutar lo juzgado en caso concreto, resolviendo así la tensión existente entre tales valores y expectativas de derecho,[3] en el marco de una verdadera Política Criminal, donde prevalezca tanto el imperio de la Ley como la razón de máxima preservación y mínima afectación de los derechos y libertades, lo cual se estima como indeclinable para todo Estado constituido conforme a Derecho. Por lo anterior, no resultarían vulnerados los derechos constitucionales invocados por la Garantista, respecto a la motivación que dictara la Alzada; considerándose que ésta descansa sobre bases de sustancial compatibilidad respecto a los principios generales del derecho penal en correlación al principio de legalidad en la ejecución de las sentencias penales, de todo lo cual se infiere razonabilidad en la concesión del beneficio condicional pro libertate a casos de cumplimiento total de la pena dictada con carácter previo; acorde a bases explicitadas de Argumentación Jurídica,[4] que muestran como cumplimentados los presupuestos dogmático- jurídicos exigidos en la ley aplicable, en cuanto a forma, contenido y momento procesal oportuno. - Por lo cual y siguiendo el íter lógico de lo motivado en la presente sentencia, procede dictar denegatoria a la presente acción constitucional de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo, de la cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0416-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diecinueve de junio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, que declaró HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado HERMES BAYARDO ESPINOZA ROSA, contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017); en el sentido que la Juzgadora de Primera Instancia proceda a resolver la Solicitud de Libertad Condicional interpuesta por el interesado tomando en consideración lo plasmado en la resolución.- Estimando la recurrente que con tal resolución se le han violentado a la sociedad y Estado de Honduras, los derechos constitucionales comprendidos en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha diecinueve (19) de octubre del año mil novecientos noventa y ocho (1998), el Juzgado de Paz de lo Criminal, Copán Ruinas departamento de Copán, inicio diligencias mediante Por Cuanto para investigar la muerte de la señora IRIS YAMILETH GONZALEZ, hecho ocurrido en el Manguito Jurisdicción de Copán Ruinas, departamento de Copán.- 2) Que en fecha doce (12) de marzo del año dos mil uno (2001), el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Resolvió decretar auto de Prisión, contra el señor EDGAR EFRAIN GIRON SANDOVAL, por el delito de HOMICIDIO, en perjuicio de IRIS YAMILETH GONZALES.- (Folio 92 de la pieza del Juzgado.)- 3) Que en fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, RESOLVIÓ: PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR la solicitud planteada de LIBERTAD CONDICIONAL a favor del Privado de Libertad EDGAR EFRAIN GIRON SANDOVAL.- SEGUNDO: gírese oficio al Director de la Penitenciaria Nacional de esta Ciudad a fin de que se continúe manteniendo en guarda y custodia al Señor EDGAR EFRAIN GIRON SANDOVAL, por estar cumpliendo una pena de reclusión.-(Folio 351 al 354 de la pieza del Juzgado).- 4) Que en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copán FALLA: UNO: DECLARAR HA LUGAR el Recurso de Apelación presentado y sustentado por el Abogado Hermes Bayardo Espinoza Rosa, en su condición de defensor Privado del señor EDGAR EFRAIN GIRON SANDOVAL, contra la resolución dictada por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, en fecha 26 de enero del 2017; DOS: Que la juzgadora de primera Instancia proceda a resolver la solicitud de Libertad Condicional tomando en consideración lo plasmado en esta resolución.(Folio 6 al 13 de la pieza de Corte de Apelaciones).- 5) Que la recurrente, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha treinta (30) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintitrés (23) de marzo del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- 6) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordeno seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el articulo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiéndose la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico.- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en vista para sentencia el Recurso de Amparo la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Agente de los Tribunales adscrita a la Fiscalia Especial para la Defensa de la Constitución, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha veintitrés (23) de marzo del año dos mil diecisiete (2017); la cual declaró HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Técnica contra la resolución de fecha veintiséis (26) de enero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el JUZGADO DE EJECUCIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN en la causa seguida contra el señor EDGAR EFRAÍN GIRÓN SANDOVAL, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de IRIS YAMILETH GONZÁLEZ CALDERÓN; por considerar que procedía otorgar el beneficio penal ínsito en el artículo 76 del Código Penal al imputado, en virtud de cumplirse todos y cada uno de los requisitos impuestos por ley para la concesión de la libertad condicional; en particular, lo prescrito en el numeral 1 del referido artículo y cuerpo legal, en vista que al revisar la Constancia emitida por la Unidad de Antecedentes, se desprende que el señor GIRÓN SANDOVAL: “… no cuenta con antecedentes de condenas anteriores al delito; pues la referida por el Ministerio Público, al haber sido cumplida la pena, por disposición legal, se declaró extinguida, y su efecto da lugar a que no se tome en consideración nunca más.- Cumpliendo de esta forma uno de los tres requisitos para que se le otorgue el beneficio.- (…)”.- CONSIDERANDO (4): Que se impone analizar en sede constitucional la formalización de la acción de amparo por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición preindicada, según la cual, la referida resolución de Alzada, sería violatoria de los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República; desarrollando la garantista las garantías constitucionales y el concepto de su violación en que la Corte Ad Quem ha infringido el ordenamiento jurídico penal sustantivo y adjetivo del Estado de Honduras, el cual prevé los Tribunales tienen el deber de garantizar la correcta aplicación e interpretación de la norma jurídica. Refiere la amparista que no se consideró por la Alzada lo establecido en el artículo 76 del Código Penal – el cual transcribe -, en el cual se establecen los requisitos legales de estricto cumplimiento para el otorgamiento del beneficio penal de libertad condicional, lo cual no es el caso. Refiere que, según se desprende de las diligencias, el encausado, señor EDGAR EFRAÍN GIRÓN SANDOVAL fue encontrado responsable del delito de HOMICIDIO en sendos casos: el primero en perjuicio del señor CANDIDO AMADO RECINOS, sentencia de fecha 18 de noviembre de 2003 y el segundo, en perjuicio de la humanidad de IRIS YAMILETH GONZÁLEZ CALDERÓN, sentencia de fecha 22 de septiembre de 2006; siendo condenado a DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN en ambos casos, por lo cual debe cumplir un total de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, respondiendo por cada una de las penas impuestas de forma sucesiva.- CONSIDERANDO (5): Que continúa manifestando la amparista, que el encausado ha cumplido 3/4 partes del total de la pena impuesta, no satisface con esto los tres requisitos que, al efecto, establece la citada norma legal, pues habiendo sido condenado el solicitante previamente por un delito doloso en perjuicio del señor CANDIDO AMADO RECINOS, no podría aplicar a dicho beneficio legal. A lo anterior se sumaría reiterada jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional, la cual ha establecido que las penas impuestas por la comisión de un concurso real de delitos en sentencia condenatoria no pueden ser susceptibles de los beneficios de libertad condicional y conmuta, pues la intención del legislador y auténtico espíritu del artículo 35 del Código Penal es que las mismas se cumplan acumuladas, no pudiendo hacerse efectivas en forma simultánea y que otra interpretación comportaría un fraude de ley (AP 610-09 de fecha 09 de febrero de 2010 y la sentencia AP 506-2012).- Por todo lo cual, habiéndose vulnerado el principio de legalidad, al obviar la Alzada darle debido cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 del Código Penal, con relación al artículo 321 de la Constitución de la República y la preceptiva constitucional del Debido Proceso; solicita sea otorgado el presente Recurso de Amparo declarando la violación de los derechos constitucionales invocados.- CONSIDERANDO (6): Que conviene establecer de previo que la controversia establecida tiene cierta trascendencia constitucional desde el momento que se invoca por la demandante de amparo la inobservancia de disposiciones legales de obligatorio cumplimiento, por parte de la Alzada, la cual incumbe a una posible vulneración al principio de legalidad en el marco de la ejecución de una sentencia penal, lo cual se estima dentro del ámbito legítimo de la garantía jurisdiccional que es consustancial al Estado de Derecho en el marco de la justicia constitucional hondureña.[5]- CONSIDERANDO (7): Que es de observar que en el acápite denominado: “Derechos constitucionales vulnerados y el concepto de su violación”, la amparista invoca los artículos 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República y censura de la sentencia impetrada, en el sentido que la Corte Ad Quem ha procedido de forma errónea, infringiendo lo que precave la ley penal para el caso concreto, pues no aplicó estrictamente lo establecido en el artículo 76 del Código Penal; concediendo pues, de manera indebida, el beneficio solicitado de libertad condicional al señor EDGAR EFRAÍN GIRÓN SANDOVAL, dadas las condenas sucesivas impuestas al mismo por encontrarle responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor CANDIDO AMADO RECINOS y de la joven IRIS YAMILETH GONZÁLEZ CALDERÓN; con lo cual se demostraría la imposibilidad de cumplimiento de lo que precave el artículo 76 del Código Penal como requisitos legales de estricto cumplimiento para el otorgamiento de dicho beneficio penal, como es el de libertad condicional.- CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho como guardián de la constitucionalidad de las leyes y protectora de la justicia constitucional, en ese orden de ideas garantiza el efectivo cumplimiento de la normativa constitucional y garantiza a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales, manteniendo la supremacía constitucional, el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado de Honduras ha suscrito y ratificado, incorporándolo así en su derecho interno.- CONSIDERANDO (9): Que cabe mencionar, asimismo, que la aplicación del artículo 76 del Código Penal en las resoluciones judiciales corresponde de manera usual a los órganos jurisdiccionales por vía ordinaria, para el caso el Juzgado de Ejecución y la Corte de Apelaciones concernida, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva del que gozan ambas partes procesales y el correlativo deber de motivación y publicidad de las resoluciones judiciales que se atribuye constitucionalmente a la Judicatura; a lo cual precederá un análisis detenido de la norma jurídica aplicable en concordancia a las premisas fácticas que asisten y a las circunstancias en que se desenvuelve el caso subjudice; no resultando ajeno a dicho análisis, desde luego, la noción de proporcionalidad, como límite al poder punitivo del Estado, en aplicación dogmática de los principios que orientan y sistematizan la correcta aplicación del derecho penal sustantivo.- CONSIDERANDO (10): Que lo hasta aquí expresado revela, asimismo, en función de los principios y valores constitucionales, la tensión constante que existe entre el valor seguridad jurídica y la exigencia sentida por una mayor eficacia del ordenamiento coactivo organizado en el Estado moderno, la cual resulta inseparable del deber de protección y garantía respecto a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana; todo lo cual deberá ponderar el juzgador en aplicación de la ley al caso concreto, al proceder al juzgamiento y ejecución de lo juzgado.- CONSIDERANDO (11): Que se entiende así lo expresado por estudiosos de Política Criminal, como Emiliano Borja Jiménez, en su conocida obra “Ensayos de Derecho penal y política criminal”, para quien: “El Derecho penal, pues, encuentra su propia razón de ser y esencia dentro del marco dibujado por estas dos consideraciones: de una parte, la que viene condicionada por la necesidad de que las normas que lo integran contribuyan eficazmente a la protección de la sociedad y de los individuos que la integran (…) y de otra parte, estableciendo la exigencia de que esta función de protección no se lleve a cabo a costa de un sacrificio ilimitado de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos”.[6]- CONSIDERANDO (12): Que considera la Sala de lo Constitucional, que es la Jurisdicción la llamada por imperativo constitucional a aplicar la ley, juzgar y ejecutar lo juzgado en caso concreto, resolviendo así la tensión existente entre tales valores y expectativas de derecho,[7] en el marco de una verdadera Política Criminal, donde prevalezca tanto el imperio de la Ley como la razón de máxima preservación y mínima afectación de los derechos y libertades, lo cual se estima como indeclinable para todo Estado constituido conforme a Derecho. Por lo anterior, no resultarían vulnerados los derechos constitucionales invocados por la Garantista, respecto a la motivación que dictara la Alzada; considerándose que ésta descansa sobre bases de sustancial compatibilidad respecto a los principios generales del derecho penal en correlación al principio de legalidad en la ejecución de las sentencias penales, de todo lo cual se infiere razonabilidad en la concesión del beneficio condicional pro libertate a casos de cumplimiento total de la pena dictada con carácter previo; acorde a bases explicitadas de Argumentación Jurídica,[8] que muestran como cumplimentados los presupuestos dogmático- jurídicos exigidos en la ley aplicable, en cuanto a forma, contenido y momento procesal oportuno. - Por lo cual y siguiendo el íter lógico de lo motivado en la presente sentencia, procede dictar denegatoria a la presente acción constitucional de amparo.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números: 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo, de la cual se ha hecho el debido mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0416-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional.

CEDV

[1] A contrario sensu de la jurisprudencia española en el ámbito del derecho constitucional comparado (SSTC 67/1984 y 58/1983), según las cuales el derecho a la tutela judicial efectiva no alcanza a cubrir las distintas modalidades que puede revestir la actividad ejecutiva, ni la conversión de condenas de hacer o no hacer en prestaciones pecuniarias. Ver: Moreno Catena, Víctor y Cortés Domínguez, Valentín. Introducción al Derecho Procesal (4ª edición), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. p. 200.

[2] Citado por Ontiveros Alonso, Miguel en: Legítima defensa e imputación objetiva. (Prólogo del Prof. Dr. H.c. mult. Claus Roxin). Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2004. p. 29.

[3] La distinción es pertinente. Lo más granado de la doctrina constitucionalista actual distingue los diferentes papeles de los derechos fundamentales como valores, principios y normas: “… entendiéndose que los valores constitucionales suponen el contexto de valor fundamentador o básico para la interpretación de todo el ordenamiento jurídico, el postulado guía para orientar la hermenéutica teleológica y evolutiva de la Constitución y el criterio para medir la legitimidad de las diversas manifestaciones del sistema de legalidad”. Vid. Hoyos, Arturo. El debido proceso. Temis, Bogotá, 2004. p. 51.

[4] Para Chaim Perelman, nota distintiva de las teorías modernas de la argumentación jurídica, consistiría en que dejan un lugar creciente, en la interpretación y aplicación de la ley, a la búsqueda de una solución que sea no solo conforme con la ley sino también equitativa, razonable y aceptable. Citado por Alexy, Robert, en: Teoría del discurso y derechos humanos. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, p. 26.

[5] A contrario sensu de la jurisprudencia española en el ámbito del derecho constitucional comparado (SSTC 67/1984 y 58/1983), según las cuales el derecho a la tutela judicial efectiva no alcanza a cubrir las distintas modalidades que puede revestir la actividad ejecutiva, ni la conversión de condenas de hacer o no hacer en prestaciones pecuniarias. Ver: Moreno Catena, Víctor y Cortés Domínguez, Valentín. Introducción al Derecho Procesal (4ª edición), Tirant lo Blanch, Valencia, 2010. p. 200.

[6] Citado por Ontiveros Alonso, Miguel en: Legítima defensa e imputación objetiva. (Prólogo del Prof. Dr. H.c. mult. Claus Roxin). Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2004. p. 29.

[7] La distinción es pertinente. Lo más granado de la doctrina constitucionalista actual distingue los diferentes papeles de los derechos fundamentales como valores, principios y normas: “… entendiéndose que los valores constitucionales suponen el contexto de valor fundamentador o básico para la interpretación de todo el ordenamiento jurídico, el postulado guía para orientar la hermenéutica teleológica y evolutiva de la Constitución y el criterio para medir la legitimidad de las diversas manifestaciones del sistema de legalidad”. Vid. Hoyos, Arturo. El debido proceso. Temis, Bogotá, 2004. p. 51.

[8] Para Chaim Perelman, nota distintiva de las teorías modernas de la argumentación jurídica, consistiría en que dejan un lugar creciente, en la interpretación y aplicación de la ley, a la búsqueda de una solución que sea no solo conforme con la ley sino también equitativa, razonable y aceptable. Citado por Alexy, Robert, en: Teoría del discurso y derechos humanos. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001, p. 26.