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Sentencia AP-408-17 — Registro 8108

Resumen

Resolución impugnada que resolvió apelación parcialmente con lugar en lo referente a la devolución de bienes muebles (automóvil y celular) a tercero que no esta involucrado en causa incoada contra responsables por el delito de Trafico Ilegal de Personas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(10): Que los argumentos expuestos por la recurrente no son de recibo ante este Alto Tribunal, el primero a saber, que el Tribunal de segunda instancia se manifiesta incongruente en relación a lo peticionado en los agravios expuestos en el recurso de apelación y lo otorgado en la parte dispositiva; al respecto en el acápite intitulado como CONSIDERANDO (2), del presente libelo, sintetizamos cuales son los agravios expuestos por la defensa, en relación al comiso de los bienes muebles al momento de la captura de sus representados, agravios que expone en relación a todos los bienes que el A-quo decreto el comiso y no lo hace únicamente en relación al vehículo marca Toyota, modelo HI LUXE, como lo refiere la recurrente; en relación al segundo de los argumentos expuestos por la recurrente, tendría que acreditarse que el traspaso de la propiedad del vehículo se realizó con posterioridad a la comisión del ilícito penal, como lo pretende la recurrente, pues consta de la foliada del expediente de primera instancia, documentación que acredita que la propiedad del vehículo marca Toyota, modelo HI LUXE, corresponde al señor Rommel Arnulfo Aguilar Sierra, quien no ha sido condenado como autor o cómplice del delito por el cual el A-quo decretó el decomiso del referido bien mueble.- CONSIDERANDO (11): Que vista que ha sido la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso que aduce la recurrente quebrantado; que es importante mencionar que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, por ello en el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales solamente se encuentran sometidos a la Constitución de la República y la ley. En ese orden de ideas no puede este Alto Tribunal pronunciarse en relación al momento en que un documento de traspaso de propiedad de un bien mueble –específicamente un vehículo automotor- fue suscrito. Como bien lo indica la alzada, ese documento de traspaso de propiedad del vehículo es lo que constituye la adquisición legal del mismo y la inscripción del referido traspaso ante el Instituto de la Propiedad es precisamente para la regularización de la propiedad, la normalización de las actividades económicas y la modernización de los sistemas de registros de derechos de propiedad, con el propósito de incrementar la seguridad jurídica permitiendo al país alcanzar niveles de desarrollo que generen riqueza y bienestar para toda la población, por ello el artículo 27 de la Ley de Propiedad determina que: Toda constitución, cancelación, gravamen, transmisión o transferencia de dominio de bienes de inmuebles y demás derechos reales constituidos sobre los mismos deberá de inscribirse. Mientras esta no se verifica el acto o contrato únicamente produce obligaciones y derecho entre las partes, excepto en el caso de la hipoteca que siempre deberá de registrarse para que surta efectos.- CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; que en el caso traído a estudio por este Alto tribunal se observa se han cumplido las exigencias que exige el respeto al debido proceso, con la aplicación de la norma procesal penal al caso concreto.- CONSIDERANDO (13):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso invocado por la recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado"

Legislación citada

Sentencia

CERT IFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que declaró parcialmente Con Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la defensa, contra la sentencia definitiva de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la causa instruida contra los señores HERNAN AGUILAR, JEISON JOSUE AVILA FUNEZ y FRANCISCO TOMAS FUNEZ IZAGUIRRE, por encontrarlos responsables del delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS, en perjuicio de SEGURIDAD Y LIBERTAD DE VARIAS PERSONAS.- Afirmando la recurrente que la resolución decretada por el Tribunal de Alzada, quebranto el derecho constitucional del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca departamento de Choluteca, la Abogada LUPEMARIA NARVAEZ ZAVALA, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra los señores HERNAN AGUILAR, FRANCISCO TOMAS FUNES IZAGUIRRE y JEISON JOSUE AVILA FUNES, por suponerlos responsables del delito de TRÁFICO DE PERSONAS, en perjuicio de LA LIBERTAD Y SEGURIDAD de MONICA LAZO, LUIS SASAGUAY, JOHNY ROJAS, CRISTIAN LAZO (ecuatorianos), SUKHI BAHADER, ABHI THAPA, LADDA TAPA, BABBU UTHAPA, DEEP THAPA, MANGA THAPA, PARDEPP THAPA, JEET UTHAPA, SUKH THAPA, LOVEFRUT THAPA, PARMET THAPA, SANID THAPA, LADIT THAPA, MARDIK THAPA, SUSHIL THAPA, (Nepal), ASHRAFUL ALAM, KIBRIA AKHAND (Bangladesh). (Folios del 01 al 06 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2) Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, dictó sentencia definitiva a través de la institución jurídica del Procedimiento Abreviado, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: CONDENANDO A LOS IMPUTADOS HERNAN AGUILAR, JEISON JOSUE AVILA FUNEZ y FRANCISCO TOMS FUNEZ IZAGUIRRE, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia A LA PENA DE CINCO (05) AÑOS DE RECLUSION COMO PENA PRINCIPAL A CUMPLIRLA EN EL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA, POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA.- por el delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS en perjuicio de LA SEGURIDAD Y LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS SEGUNDO: ASI MISMO SE LE CONDENA A LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL.- por el tiempo que dure la condena principal quedando sujeto a trabajar en obras y labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: decrétese el comiso de los bienes muebles consistentes en: UN VEHÍCULO MARCA DODGE MODELO RAM2500, TIPO PICK UP COLOR AZUL MOTOR 57738064 CHASIS 86122132, AÑOS 2008 PLACAS PCV3814, UN VEHÍCULO MARCA TOYOTA TIPO HILUX PICKUP COLOR SILVER- ME, MOTOR 2KD7403739, AÑO 208, PLACA PCK 4700, UNA CARTERA COLOR CAFÉ CONTENIENDO EN SU INTERIOR LA CANTIDAD DE 2,322.00 DE DIFERENTES NOMINACIONES Y $120, UN TELÉFONO MARCA PLUM COLOR GRIS, UN TELÉFONO MARCA BLU COLOR NEGRO Y PLATEADO, UN TELÉFONO MARCA SAMSUN NOTE 3 COLOR BLANCO, MODELO SM N900, UN TELÉFONO MARCA BLUE NEGRO CON ROJO, UNA BILLETERA COLOR CAFÉ QUE CONTIENE EN SU INTERIOR 60.00 LEMPIRAS Y CARNET RTN, TELÉFONO MARCA BLUE BLANCO, UNA BILLETERA CAFÉ CONTENIENDO 2,976.00 LEMPIRAS. SOLICITANDO ESTÉN EN CALIDAD DE COMISO BAJO ESTE JUZGADO. EN BASE AL ART. 403 DEL CPP. Mismas que se encuentran en el almacén del Ministerio Público. CUARTO: Asimismo se DECRETA la RESPONSABILIDAD CIVIL de dichos imputados….” (Folios del 123 al 125fv de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), resolviendo el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la sentencia definitiva que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, dictó resolución mediante la cual falló (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada YESSENIA SUYAPA RAMOS, en su condición de defensora privada de los imputados HERNAN AGUILAR, JEISON JOSUE AVILA FUNES Y FRANCISCO TOMAS FUNEZ IZAGUIRRE, de generales conocidas en el preámbulo de este fallo, contra la sentencia definitiva decretada en el procedimientos abreviado en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Primera Instancia, en la causa penal que se les instruye por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD Y LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS.- SEGUNDO: REFORMAR la sentencia definitiva apelada, en cuanto al decomiso de dos vehículos automotores mencionados en el libelo tercero de la sentencia supra indicada, en virtud de que se demostró con documentos fehacientes la propiedad de terceras personas no involucradas en el ilícito penal por el cual fueron condenados los imputados ya mencionados, asimismo en cuanto al comiso del celular marca PLUM E 300 por encontrarse una factura en los autos de la primera pieza al folio 105 que pertenece al señor SANTOS CANALES MATAMOROS, los cuales deben devolverse a sus propietarios….” (Folios del 6 al 9fv de la Pieza de antecedentes de segunda instancia)- 4) La recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), quebrantó el derecho constitucional al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 5 de la pieza de amparo)- 5) Que en fecha uno (1) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, compareció en fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecisiete, ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), quebranta el derecho constitucional del Debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que, de la revisión de los autos, se observa que se recurre en amparo la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados; y ordena reformar la sentencia definitiva apelada de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), en cuanto al decomiso de dos vehículos automotores, asimismo en cuanto al comiso del celular marca PLUM E 300. Causa agravios a la defensa, según el recurso de apelación promovido, que, en la Audiencia de Procedimiento Abreviado celebrada, aceptara que a sus representados se les impusiera la pena de reclusión por el plazo de cinco años, así como las penas accesorias, no obstante, estuvo en desacuerdo con el comiso de los bienes muebles decomisados a sus representados al momento de la captura, aduciendo que los mismos pertenecen a terceros no vinculados al requerimiento fiscal.- CONSIDERANDO (3): Que la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, en el planteamiento de su acción constitucional arguye que la resolución impugnada, se manifiesta incongruente entre lo pedido por la recurrente y lo otorgado en la parte dispositiva del fallo, ya que en su escrito de recurso de apelación, sólo se planteo los agravios que le causa el comiso del vehículo marca Toyota, modelo HI LUX, tipo pick up, placa PCK-4700, supuesta propiedad de su representado Rommel Arnulfo Aguilar Sierra, no obstante en el segundo numeral de la parte resolutiva del fallo, el Ad-quem se pronuncio en cuanto al comiso de los dos vehículos automotores y un celular marca PLUM E 300, a efecto que deben ser devueltos a sus propietarios. Así las cosas, expresa la recurrente, resulta evidente la incongruencia expresada por el Ad-quem, al decidir sobre puntos que no fueron objeto de revisión, es decir, el Juez debe actuar dentro de los límites impuestos por la parte recurrente.- CONSIDERANDO (4): Que continuando con su exposición, la impetrante expresa que la resolución que se cuestiona, no contiene un razonamiento apegado a derecho, al anteponer la costumbre a la legalidad de la norma, por cuanto establece que es costumbre para la enajenación o venta de vehículos en nuestro medio que el documento de traspaso de vehículo constituye la adquisición legal de un vehículo y su anotación o inscripción ante el Instituto de la Propiedad puede hacerse posterior a la adquisición del vehículo, obviando el Ad-quem, la aplicación del Decreto 82-2004, contentivo de la Ley de Propiedad, que como parte de esta función de creación y modernización de registros, regula en su artículo 28, reformado mediante Decreto No. 182-2009, el funcionamiento del registro de la propiedad Vehicular, mismo que a su vez comprende vehículos automotores, motocicletas y otros similares, entre cuyo propósito fundamental es fortalecer y otorgar seguridad jurídica, tanto a los titulares de la propiedad, como del parque vehicular para conocer de manera fehaciente el propietario del vehículo que sea requerido por la autoridad competente, de tal forma, que toda transmisión de dominio del bien mueble (vehículo automotor) deberá inscribirse para surtir efectos ante terceros.- CONSIDERANDO (5): Que el derecho constitucional que se considera vulnerado es el debido proceso, contenido en el artículo 90 que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.- CONSIDERANDO (6): Que el Titulo VI del Código Penal desarrolla lo relativo a las Penas, viviéndose estas en principales y accesorias, según lo preceptuado en el artículo 38 de la norma legal citada; son penas principales a saber: la reclusión la prisión, la multa, la inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial y son penas accesorias: la interdicción civil y el comiso. Según lo dispuesto en el Artículo 55 del Código Penal “El comiso consiste en la pérdida de los efectos que provengan de un delito o falta, y de los instrumentos con que se ejecute a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho.”.- CONSIDERANDO (7): Que para la jurista Congil Díez, el comiso, también denominado decomiso o confiscación, consiste en la privación definitiva de un bien o derecho padecida por su titular y derivada de su vinculación con un hecho antijurídico. Esta privación y desplazamiento de la titularidad del bien o derecho que pasa a ser titularidad del Estado, se justifica en nuestro ordenamiento jurídico penal por la comisión de un delito o falta[1]. El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres[2] brinda el siguiente concepto: COMISO. Confiscación de carácter especial, de una o varias cosas determinadas. Sirve para designar la pena en la que incurre quien comercia con géneros prohibidos, de pérdida de la mercadería. Pérdida que, cuando se estipula tal sanción sufre quien incumple un contrato. Cosa decomisada o caída en comiso pactado. Asimismo el Diccionario Hispanoamericano de Derecho[3] brinda un concepto similar al indicar: Comiso. Confiscación de una o varias cosas para indicar la ilegalidad de la mercadería que se transporta. Dicha confiscación es utilizada para la estipulación de la pena de los encargados de llevar el género ilegal.- CONSIDERANDO (8): Que a folios del número 111 al 115 de la pieza de antecedentes de primera instancia, corre agregada documentación con la cual se acredita que el propietario del vehículo Marca Toyota, Modelo HI LUXE, Tipo Pick up, año 2008, Placa PCK-4700, es el señor Rommel Arnulfo Aguilar Sierra, vehículo que le fuera traspasado su propiedad el señor Hernán Aguilar, en fecha tres de mayo del año dos mil dieciséis y cuya autenticidad de la firma de traspaso de la propiedad del referido vehículo es ante los oficios del Notario Público Efraín Flores Hernández.- CONSIDERANDO (9): Que el Artículo 136 del Código Procesal Penal establece: “En cualquier estado de la causa y a solicitud de parte interesada, el órgano jurisdiccional podrá ordenar la devolución provisional o definitiva de las cosas objeto del delito y de los instrumentos del mismo, a quienes comprueben que son sus dueños, siempre que no hayan participado como autores o cómplices del delito, y que dichos objetos o instrumentos no sean de tenencia prohibida, ni resulte ya necesario para los fines del proceso, que el órgano jurisdiccional los tenga permanentemente a su disposición….”.- CONSIDERANDO (10): Que los argumentos expuestos por la recurrente no son de recibo ante este Alto Tribunal, el primero a saber, que el Tribunal de segunda instancia se manifiesta incongruente en relación a lo peticionado en los agravios expuestos en el recurso de apelación y lo otorgado en la parte dispositiva; al respecto en el acápite intitulado como CONSIDERANDO (2), del presente libelo, sintetizamos cuales son los agravios expuestos por la defensa, en relación al comiso de los bienes muebles al momento de la captura de sus representados, agravios que expone en relación a todos los bienes que el A-quo decreto el comiso y no lo hace únicamente en relación al vehículo marca Toyota, modelo HI LUXE, como lo refiere la recurrente; en relación al segundo de los argumentos expuestos por la recurrente, tendría que acreditarse que el traspaso de la propiedad del vehículo se realizó con posterioridad a la comisión del ilícito penal, como lo pretende la recurrente, pues consta de la foliada del expediente de primera instancia, documentación que acredita que la propiedad del vehículo marca Toyota, modelo HI LUXE, corresponde al señor Rommel Arnulfo Aguilar Sierra, quien no ha sido condenado como autor o cómplice del delito por el cual el A-quo decretó el decomiso del referido bien mueble.- CONSIDERANDO (11): Que vista que ha sido la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso que aduce la recurrente quebrantado; que es importante mencionar que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, por ello en el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales solamente se encuentran sometidos a la Constitución de la República y la ley. En ese orden de ideas no puede este Alto Tribunal pronunciarse en relación al momento en que un documento de traspaso de propiedad de un bien mueble –específicamente un vehículo automotor- fue suscrito. Como bien lo indica la alzada, ese documento de traspaso de propiedad del vehículo es lo que constituye la adquisición legal del mismo y la inscripción del referido traspaso ante el Instituto de la Propiedad es precisamente para la regularización de la propiedad, la normalización de las actividades económicas y la modernización de los sistemas de registros de derechos de propiedad, con el propósito de incrementar la seguridad jurídica permitiendo al país alcanzar niveles de desarrollo que generen riqueza y bienestar para toda la población, por ello el artículo 27 de la Ley de Propiedad determina que: Toda constitución, cancelación, gravamen, transmisión o transferencia de dominio de bienes de inmuebles y demás derechos reales constituidos sobre los mismos deberá de inscribirse. Mientras esta no se verifica el acto o contrato únicamente produce obligaciones y derecho entre las partes, excepto en el caso de la hipoteca que siempre deberá de registrarse para que surta efectos.- CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; que en el caso traído a estudio por este Alto tribunal se observa se han cumplido las exigencias que exige el respeto al debido proceso, con la aplicación de la norma procesal penal al caso concreto.- CONSIDERANDO (13):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso invocado por la recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 4, 13, 14, 15, 151 y 151 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 55 del Código Penal; 136 del Código Procesal Penal; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0408-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, departamento de Choluteca, en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que declaró parcialmente Con Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la defensa, contra la sentencia definitiva de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la causa instruida contra los señores HERNAN AGUILAR, JEISON JOSUE AVILA FUNEZ y FRANCISCO TOMAS FUNEZ IZAGUIRRE, por encontrarlos responsables del delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS, en perjuicio de SEGURIDAD Y LIBERTAD DE VARIAS PERSONAS.- Afirmando la recurrente que la resolución decretada por el Tribunal de Alzada, quebranto el derecho constitucional del debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha ocho (8) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Choluteca departamento de Choluteca, la Abogada LUPEMARIA NARVAEZ ZAVALA, actuando en su condición de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando requerimiento fiscal, contra los señores HERNAN AGUILAR, FRANCISCO TOMAS FUNES IZAGUIRRE y JEISON JOSUE AVILA FUNES, por suponerlos responsables del delito de TRÁFICO DE PERSONAS, en perjuicio de LA LIBERTAD Y SEGURIDAD de MONICA LAZO, LUIS SASAGUAY, JOHNY ROJAS, CRISTIAN LAZO (ecuatorianos), SUKHI BAHADER, ABHI THAPA, LADDA TAPA, BABBU UTHAPA, DEEP THAPA, MANGA THAPA, PARDEPP THAPA, JEET UTHAPA, SUKH THAPA, LOVEFRUT THAPA, PARMET THAPA, SANID THAPA, LADIT THAPA, MARDIK THAPA, SUSHIL THAPA, (Nepal), ASHRAFUL ALAM, KIBRIA AKHAND (Bangladesh). (Folios del 01 al 06 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2) Que en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, departamento de Choluteca, dictó sentencia definitiva a través de la institución jurídica del Procedimiento Abreviado, mediante la cual falló: (Sic) “PRIMERO: CONDENANDO A LOS IMPUTADOS HERNAN AGUILAR, JEISON JOSUE AVILA FUNEZ y FRANCISCO TOMS FUNEZ IZAGUIRRE, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia A LA PENA DE CINCO (05) AÑOS DE RECLUSION COMO PENA PRINCIPAL A CUMPLIRLA EN EL CENTRO PENAL DE CHOLUTECA, POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA.- por el delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS en perjuicio de LA SEGURIDAD Y LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS SEGUNDO: ASI MISMO SE LE CONDENA A LAS PENAS ACCESORIAS DE INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL.- por el tiempo que dure la condena principal quedando sujeto a trabajar en obras y labores dentro del establecimiento de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: decrétese el comiso de los bienes muebles consistentes en: UN VEHÍCULO MARCA DODGE MODELO RAM2500, TIPO PICK UP COLOR AZUL MOTOR 57738064 CHASIS 86122132, AÑOS 2008 PLACAS PCV3814, UN VEHÍCULO MARCA TOYOTA TIPO HILUX PICKUP COLOR SILVER- ME, MOTOR 2KD7403739, AÑO 208, PLACA PCK 4700, UNA CARTERA COLOR CAFÉ CONTENIENDO EN SU INTERIOR LA CANTIDAD DE 2,322.00 DE DIFERENTES NOMINACIONES Y $120, UN TELÉFONO MARCA PLUM COLOR GRIS, UN TELÉFONO MARCA BLU COLOR NEGRO Y PLATEADO, UN TELÉFONO MARCA SAMSUN NOTE 3 COLOR BLANCO, MODELO SM N900, UN TELÉFONO MARCA BLUE NEGRO CON ROJO, UNA BILLETERA COLOR CAFÉ QUE CONTIENE EN SU INTERIOR 60.00 LEMPIRAS Y CARNET RTN, TELÉFONO MARCA BLUE BLANCO, UNA BILLETERA CAFÉ CONTENIENDO 2,976.00 LEMPIRAS. SOLICITANDO ESTÉN EN CALIDAD DE COMISO BAJO ESTE JUZGADO. EN BASE AL ART. 403 DEL CPP. Mismas que se encuentran en el almacén del Ministerio Público. CUARTO: Asimismo se DECRETA la RESPONSABILIDAD CIVIL de dichos imputados….” (Folios del 123 al 125fv de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), resolviendo el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la sentencia definitiva que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, Departamento de Choluteca, dictó resolución mediante la cual falló (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACION interpuesto por la Abogada YESSENIA SUYAPA RAMOS, en su condición de defensora privada de los imputados HERNAN AGUILAR, JEISON JOSUE AVILA FUNES Y FRANCISCO TOMAS FUNEZ IZAGUIRRE, de generales conocidas en el preámbulo de este fallo, contra la sentencia definitiva decretada en el procedimientos abreviado en fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Primera Instancia, en la causa penal que se les instruye por suponerlos responsables del delito de TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD Y LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS.- SEGUNDO: REFORMAR la sentencia definitiva apelada, en cuanto al decomiso de dos vehículos automotores mencionados en el libelo tercero de la sentencia supra indicada, en virtud de que se demostró con documentos fehacientes la propiedad de terceras personas no involucradas en el ilícito penal por el cual fueron condenados los imputados ya mencionados, asimismo en cuanto al comiso del celular marca PLUM E 300 por encontrarse una factura en los autos de la primera pieza al folio 105 que pertenece al señor SANTOS CANALES MATAMOROS, los cuales deben devolverse a sus propietarios….” (Folios del 6 al 9fv de la Pieza de antecedentes de segunda instancia)- 4) La recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), quebrantó el derecho constitucional al Debido Proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 5 de la pieza de amparo)- 5) Que en fecha uno (1) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que la recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, compareció en fecha veintinueve de mayo del año dos mil diecisiete, ante la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), quebranta el derecho constitucional del Debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que, de la revisión de los autos, se observa que se recurre en amparo la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados; y ordena reformar la sentencia definitiva apelada de fecha veintiuno (21) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), en cuanto al decomiso de dos vehículos automotores, asimismo en cuanto al comiso del celular marca PLUM E 300. Causa agravios a la defensa, según el recurso de apelación promovido, que, en la Audiencia de Procedimiento Abreviado celebrada, aceptara que a sus representados se les impusiera la pena de reclusión por el plazo de cinco años, así como las penas accesorias, no obstante, estuvo en desacuerdo con el comiso de los bienes muebles decomisados a sus representados al momento de la captura, aduciendo que los mismos pertenecen a terceros no vinculados al requerimiento fiscal.- CONSIDERANDO (3): Que la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, en el planteamiento de su acción constitucional arguye que la resolución impugnada, se manifiesta incongruente entre lo pedido por la recurrente y lo otorgado en la parte dispositiva del fallo, ya que en su escrito de recurso de apelación, sólo se planteo los agravios que le causa el comiso del vehículo marca Toyota, modelo HI LUX, tipo pick up, placa PCK-4700, supuesta propiedad de su representado Rommel Arnulfo Aguilar Sierra, no obstante en el segundo numeral de la parte resolutiva del fallo, el Ad-quem se pronuncio en cuanto al comiso de los dos vehículos automotores y un celular marca PLUM E 300, a efecto que deben ser devueltos a sus propietarios. Así las cosas, expresa la recurrente, resulta evidente la incongruencia expresada por el Ad-quem, al decidir sobre puntos que no fueron objeto de revisión, es decir, el Juez debe actuar dentro de los límites impuestos por la parte recurrente.- CONSIDERANDO (4): Que continuando con su exposición, la impetrante expresa que la resolución que se cuestiona, no contiene un razonamiento apegado a derecho, al anteponer la costumbre a la legalidad de la norma, por cuanto establece que es costumbre para la enajenación o venta de vehículos en nuestro medio que el documento de traspaso de vehículo constituye la adquisición legal de un vehículo y su anotación o inscripción ante el Instituto de la Propiedad puede hacerse posterior a la adquisición del vehículo, obviando el Ad-quem, la aplicación del Decreto 82-2004, contentivo de la Ley de Propiedad, que como parte de esta función de creación y modernización de registros, regula en su artículo 28, reformado mediante Decreto No. 182-2009, el funcionamiento del registro de la propiedad Vehicular, mismo que a su vez comprende vehículos automotores, motocicletas y otros similares, entre cuyo propósito fundamental es fortalecer y otorgar seguridad jurídica, tanto a los titulares de la propiedad, como del parque vehicular para conocer de manera fehaciente el propietario del vehículo que sea requerido por la autoridad competente, de tal forma, que toda transmisión de dominio del bien mueble (vehículo automotor) deberá inscribirse para surtir efectos ante terceros.- CONSIDERANDO (5): Que el derecho constitucional que se considera vulnerado es el debido proceso, contenido en el artículo 90 que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”.- CONSIDERANDO (6): Que el Titulo VI del Código Penal desarrolla lo relativo a las Penas, viviéndose estas en principales y accesorias, según lo preceptuado en el artículo 38 de la norma legal citada; son penas principales a saber: la reclusión la prisión, la multa, la inhabilitación absoluta y la inhabilitación especial y son penas accesorias: la interdicción civil y el comiso. Según lo dispuesto en el Artículo 55 del Código Penal “El comiso consiste en la pérdida de los efectos que provengan de un delito o falta, y de los instrumentos con que se ejecute a menos que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho.”.- CONSIDERANDO (7): Que para la jurista Congil Díez, el comiso, también denominado decomiso o confiscación, consiste en la privación definitiva de un bien o derecho padecida por su titular y derivada de su vinculación con un hecho antijurídico. Esta privación y desplazamiento de la titularidad del bien o derecho que pasa a ser titularidad del Estado, se justifica en nuestro ordenamiento jurídico penal por la comisión de un delito o falta[4]. El Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas de Torres[5] brinda el siguiente concepto: COMISO. Confiscación de carácter especial, de una o varias cosas determinadas. Sirve para designar la pena en la que incurre quien comercia con géneros prohibidos, de pérdida de la mercadería. Pérdida que, cuando se estipula tal sanción sufre quien incumple un contrato. Cosa decomisada o caída en comiso pactado. Asimismo el Diccionario Hispanoamericano de Derecho[6] brinda un concepto similar al indicar: Comiso. Confiscación de una o varias cosas para indicar la ilegalidad de la mercadería que se transporta. Dicha confiscación es utilizada para la estipulación de la pena de los encargados de llevar el género ilegal.- CONSIDERANDO (8): Que a folios del número 111 al 115 de la pieza de antecedentes de primera instancia, corre agregada documentación con la cual se acredita que el propietario del vehículo Marca Toyota, Modelo HI LUXE, Tipo Pick up, año 2008, Placa PCK-4700, es el señor Rommel Arnulfo Aguilar Sierra, vehículo que le fuera traspasado su propiedad el señor Hernán Aguilar, en fecha tres de mayo del año dos mil dieciséis y cuya autenticidad de la firma de traspaso de la propiedad del referido vehículo es ante los oficios del Notario Público Efraín Flores Hernández.- CONSIDERANDO (9): Que el Artículo 136 del Código Procesal Penal establece: “En cualquier estado de la causa y a solicitud de parte interesada, el órgano jurisdiccional podrá ordenar la devolución provisional o definitiva de las cosas objeto del delito y de los instrumentos del mismo, a quienes comprueben que son sus dueños, siempre que no hayan participado como autores o cómplices del delito, y que dichos objetos o instrumentos no sean de tenencia prohibida, ni resulte ya necesario para los fines del proceso, que el órgano jurisdiccional los tenga permanentemente a su disposición….”.- CONSIDERANDO (10): Que los argumentos expuestos por la recurrente no son de recibo ante este Alto Tribunal, el primero a saber, que el Tribunal de segunda instancia se manifiesta incongruente en relación a lo peticionado en los agravios expuestos en el recurso de apelación y lo otorgado en la parte dispositiva; al respecto en el acápite intitulado como CONSIDERANDO (2), del presente libelo, sintetizamos cuales son los agravios expuestos por la defensa, en relación al comiso de los bienes muebles al momento de la captura de sus representados, agravios que expone en relación a todos los bienes que el A-quo decreto el comiso y no lo hace únicamente en relación al vehículo marca Toyota, modelo HI LUXE, como lo refiere la recurrente; en relación al segundo de los argumentos expuestos por la recurrente, tendría que acreditarse que el traspaso de la propiedad del vehículo se realizó con posterioridad a la comisión del ilícito penal, como lo pretende la recurrente, pues consta de la foliada del expediente de primera instancia, documentación que acredita que la propiedad del vehículo marca Toyota, modelo HI LUXE, corresponde al señor Rommel Arnulfo Aguilar Sierra, quien no ha sido condenado como autor o cómplice del delito por el cual el A-quo decretó el decomiso del referido bien mueble.- CONSIDERANDO (11): Que vista que ha sido la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha treinta y uno de marzo del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, respetando el debido proceso que aduce la recurrente quebrantado; que es importante mencionar que el objeto de la Ley Sobre Justicia Constitucional es desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden jurídico constitucional, por ello en el ejercicio de la justicia constitucional, los órganos jurisdiccionales solamente se encuentran sometidos a la Constitución de la República y la ley. En ese orden de ideas no puede este Alto Tribunal pronunciarse en relación al momento en que un documento de traspaso de propiedad de un bien mueble –específicamente un vehículo automotor- fue suscrito. Como bien lo indica la alzada, ese documento de traspaso de propiedad del vehículo es lo que constituye la adquisición legal del mismo y la inscripción del referido traspaso ante el Instituto de la Propiedad es precisamente para la regularización de la propiedad, la normalización de las actividades económicas y la modernización de los sistemas de registros de derechos de propiedad, con el propósito de incrementar la seguridad jurídica permitiendo al país alcanzar niveles de desarrollo que generen riqueza y bienestar para toda la población, por ello el artículo 27 de la Ley de Propiedad determina que: Toda constitución, cancelación, gravamen, transmisión o transferencia de dominio de bienes de inmuebles y demás derechos reales constituidos sobre los mismos deberá de inscribirse. Mientras esta no se verifica el acto o contrato únicamente produce obligaciones y derecho entre las partes, excepto en el caso de la hipoteca que siempre deberá de registrarse para que surta efectos.- CONSIDERANDO (12): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece; que en el caso traído a estudio por este Alto tribunal se observa se han cumplido las exigencias que exige el respeto al debido proceso, con la aplicación de la norma procesal penal al caso concreto.- CONSIDERANDO (13):Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República, es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional no vulnera el debido proceso invocado por la recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado.- POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 4, 13, 14, 15, 151 y 151 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 55 del Código Penal; 136 del Código Procesal Penal; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la Resolución de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la CORTE DE APELACIONES DE CHOLUTECA Y VALLE. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0408-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Almudena Congil Díez, El comiso como consecuencia accesoria de la infracción penal. Revista de Jurisprudencia, numero 4, de fecha 29 de septiembre de 2011. Extraído en fecha 7 de agosto de 2018, de la pagina web https://www.elderecho.com .

[2] Nueva edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta S.R.L. Primera edición. 1979 Undécima edición, 1993. I.S.B.N.: 950-9065-98-6

[3] Equipo de redacción Margarita María Durán Urrea… [et al]; equipo colaborador Wilman Amaya León… [et al].-Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008.

[4] Almudena Congil Díez, El comiso como consecuencia accesoria de la infracción penal. Revista de Jurisprudencia, numero 4, de fecha 29 de septiembre de 2011. Extraído en fecha 7 de agosto de 2018, de la pagina web https://www.elderecho.com .

[5] Nueva edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta S.R.L. Primera edición. 1979 Undécima edición, 1993. I.S.B.N.: 950-9065-98-6

[6] Equipo de redacción Margarita María Durán Urrea… [et al]; equipo colaborador Wilman Amaya León… [et al].-Bogotá: Grupo Latino Editores, 2008.