Sentencia AP-403-18 — Registro 10158
Resumen
Resolución que confirmó, revocó y reformó auto de formal procesamiento contra imputada por suponerla responsable de los delitos de Malversación de Caudales Públicos, Lavado de Activos y otros, en perjuicio de la Administración Pública y la Economía del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.-CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos"
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de junio del año dos mil dieciocho.-VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJÍA, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal procesamiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho; con relación a la causa instruida contra la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, por suponerla responsable de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo se desprende, que el recurrente estima que con la resolución recurrida en amparo, se vulneran los derechos de igualdad, debido proceso y legalidad contenidos en los artículos 60, 90 párrafo primero y 321 de la Constitución de la República, por cuanto se confirmó un auto de formal procesamiento, siendo necesaria la suspensión del mismo, ya que la señora Rosa Elena Bonilla Ávila, “goza del derecho humano de ser amparada por la Jurisdicción Especial Contencioso-Administrativo y en caso de sanción, el de defensa dentro del procedimiento respectivo, que no es otro, que el establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas”, pues ya el Poder Judicial se pronunció en el caso de los Diputados del Congreso Nacional respecto a que los asuntos administrativos relacionados con la ejecución de recursos públicos, debían ser conocidos por el Tribunal Superior de Cuentas, previo a ser procesados en la competencia penal por no estar legitimado el Ministerio Público para presentar el Requerimiento Fiscal; con lo cual ésta Sala aprecia que el reclamante no orientó sus alegatos sobre como el acto reclamado le ocasiona agravios sino que hace argumentos sobre asuntos que si bien tienen relación con la causa de su representada, también lo es que son distintos a lo que fue resuelto por la Corte de Apelaciones de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), el cual constituye el acto reclamado y por el que indicó interpuso la presente acción, pues dicho Tribunal emitió su resolución respecto de los agravios que en su momento expuso el recurrente y que son distintos a los expuestos en la presente acción.-CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada determinó declarar parcialmente a lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte recurrente, contra el auto de formal procesamiento dictado por el A-quo, revocándolo por el delito de Malversación de Caudales Públicos y Lavado de Activos, confirmando el sobreseimiento provisional por el delito de Asociación o Confabulación para el delito de Lavado de Activos, y reformándolo y dictando auto de formal procesamiento por tres delitos de Apropiación Indebida apreciados como un solo delito continuado a título de Autora y seis delitos de Fraude cometidos en el grado de participación de Inductora, al determinar: a) que la conducta atribuida a la señora Rosa Elena Bonilla Ávila en los hechos a ella imputados, respecto del delito de Malversaciones de Caudales Públicos, no se subsume en la tipificación que de dicho delito hace el artículo 370 del Código Penal, por no ser funcionaria pública; b) que incurrió en varios delitos de Apropiación Indebida, pues en varias oportunidades distrajo dinero proveniente del patrimonio del Estado (fondos públicos); y c) que la imputada no incurrió en el delito de Lavado de Activos, por cuanto al momento de cometer los hechos imputados, si era considerado delito, pero con la creación de una ley posterior los hechos no eran punibles, aplicándole el principio de retroactividad de la Ley.-CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta.-CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con el acto o la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, y siendo que en el caso sub judice, el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca el acto reclamado, ha contravenido normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto no se puede alegar vulneración a los derechos que ha indicado como vulnerados.-CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la víctima, y no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos.-CONSIDERANDO: Que además de lo anterior, por disposición legal, para decretar auto de formal procesamiento, el Juzgador considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal y estimará como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito, y en la esta etapa procesal en que se encuentra la causa, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador que le lleve a concluir de manera definitiva que la encausada es culpable de la comisión del delito que se le atribuye, extremos éstos que se aprecian de la motivación de la resolución del Ad-Quem.-CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.-CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.-CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.-CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJÍA, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciocho (2018), al advertirse la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintiuno (21) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Resolución de fecha veintiuno (21) de junio del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0403-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL