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Sentencia AP-385-17 — Registro 10156

Resumen

Resolución que declaró sin lugar recurso de apelación, confirmando auto de formal procesamiento,en relación a la causa instruida contra imputados por suponerlos responsables del delito de Trafico Ilícito de Drogas,en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."9): Que el recurrente muestra su descontento con la resolución emitida por el Tribunal recurrido, porque éste confirma lo resuelto por el A-quo, en relación a confirmar el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Posesión y Tráfico Ilícito de Drogas y desestima la nulidad promovida en relación a faltar requisitos legales en el mandamiento de allanamiento y no encontrarse a disposición del órgano jurisdiccional la droga decomisada; en ese orden de ideas y como corolario de lo relacionado en el presente libelo, esta Sala de lo Constitucional advierte que el mandamiento de allanamiento cumple con los requisitos legales establecidos en la ley penal adjetiva, aunado a ello y conforme lo dispone el artículo 220 del CPP, los efectos secuestrados previa pericia acreditativa de sus características y estado, serán inventariados y quedarán a disposición del órgano jurisdiccional. El que la evidencia no haya sido presentada en la audiencia inicial, no es motivo per se, para determinar que no serán puestas a disposición del órgano jurisdiccional como la ley manda; no debe olvidar el recurrente que en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, en consecuencia la situación jurídica de los imputados puede modificarse a lo largo del proceso, con la posibilidad de aportar nuevos elementos de prueba que sean valoradas por el órgano jurisdiccional a favor de los mismos. No se evidencia de la celebración de la Audiencia Inicial celebrada vulneración a los principios de igualdad de partes y contradicción, pues fue escuchada a la defensa en sus argumentos en su pretensión de nulidad de actuaciones, hizo efectivo su derecho a utilizar los recursos que la ley concede, a efecto que un superior revise las actuaciones del órgano inferior, haciendo prevalecer con ello la igualdad de partes en el proceso, no se le ha vedado la oportunidad de presentar elementos de prueba en la audiencia inicial, en defensa de sus representados; el que las respuestas a sus pretensiones no hayan sido conforme a la solicitud planteada, no supone vulneración al debido proceso. CONSIDERANDO(10): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice. CONSIDERANDO (11): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados y a su vez confirmar la resolución apelada y que fuera dictada por el a-quo, no ha vulnerado en perjuicio de los imputados los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para sustentar el Auto de Formal Procesamiento contra los señores MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ, JOSE SELVIN ROSA LOPEZ Y JOSE RODOLFO RAMIREZ, por el delito de POSESIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, y por ello ha confirmado el Auto de Formal Procesamiento que fuera dictado por el A-quo en contra de los imputados. CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de los imputados para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de Instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la audiencia inicial en la que se ha dictado el auto de procesamiento recurrido, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquel ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro esta que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de junio del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor de los señores MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ, JOSE SELVIN ROSA LOPEZ Y JOSE RODOLFO RAMIREZ, contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de apelación interpuesto por la defensa de los encausados, contra la resolución de fecha dos (2) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), dictada en Audiencia Inicial por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán; con relación a la causa instruida contra los señores MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ, JOSE SELVIN ROSA LOPEZ Y JOSE RODOLFO RAMIREZ, por suponerlos responsables del delito de TRÁFICO IÍICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estimando el recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendidos en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintinueve (29) de enero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, la abogada GISSELA GRACIBEL SEREN CASTILLO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ, JOSE SELVIN ROSA LOPEZ Y JOSE RODOLFO RAMIREZ, por suponerles responsables a titulo de autor del delito de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 15 al 17 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 2) Que en fecha Dos (02) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, celebró Audiencia Inicial en la que resolvió: (Sic) “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa de decretar un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de la señora MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ por suponerla responsable de la comisión del delito de POSESION Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa de decretar un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor JOSE SELVIN ROSA LOPEZ por suponerlo responsable de la comisión del delito de POSESION Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- TERCERO: Declarar SIN LUGAR la solicitud de la defensa de decretar un SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor JOSE RODOLFO RAMIREZ por suponerlo responsable de la comisión del delito de POSESION Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- CUARTO: Declarar CON LUGAR la solicitud presentada por el Ministerio Publico de decretar un AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de la señora MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ, por suponerla responsable del delito de POSESION Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- QUINTO: Declarar CON LUGAR la solicitud presentada por el Ministerio Publico de dictar un AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor JOSE RODOLFO RAMIREZ, por suponerlo responsable del delito de POSESION Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.-” SEXTO: Declarar CON LUGAR la solicitud presentada por el Ministerio Publico de dictar un AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor SELVIN ROSA LOPEZ, por suponerlo responsable del delito de POSESION Y TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEPTIMO: Se le impone a los imputados MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ, JOSE SELVIN ROSA LOPEZ y JOSE RODOLFO RAMIREZ, la medida cautelar de prisión preventiva establecida en el artículo 173 Numeral 3 del Código Procesal Penal, misma que deberán cumplir en la Penitenciaria Nacional de esta ciudad, por un periodo no mayor a dos años….” (Folios del 36 al 50 y del 112 al 122 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia) 3) Que en la referida Audiencia Inicial, la Defensa presentó incidente de nulidad de actuaciones del allanamiento realizado y en relación a que la evidencia no había sido presentada en la referida audiencia, resolviendo el A-quo: (Sic) “… con respecto a la nulidad planteada por la defensa sobre la vulneración de la garantía Constitucional de la inviolabilidad del domicilio contenida en el artículo 99 de la Constitución de la República el cual establece que el domicilio es inviolable ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de la persona que habita ó resolución de autoridad competente, el articulo es claro en el sentido que establece que se puede ingresar o registrar una vivienda con autorización de las personas que habitan ó con orden judicial en el caso de autos se solicito orden de allanamiento a través de la fiscal del Ministerio Publico en virtud de una denuncia recibida en la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico que en la casa de la señora MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ se vendían drogas por lo que iniciaron una investigación haciendo vigilancias donde pudieron observar la afluencia inusual de personas siendo que en dicho lugar no funcionaba ningún negocio…..” (Folios 115 y 116 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por los Abogados SERGIO ANTONIO REYES MEJIA y JOSE NAPOLEON CUESTAS ALVARENGA, en su condición de Apoderados Defensores de los encausados, contra el auto de formal procesamiento de fecha dos (02) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), dictado por el A-quo, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán resolvió: (Sic) “UNO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los abogados SERGIO ANTONIO REYES Y JOSE NAPOLEON CUESTAS, en representación de los señores MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ, JOSE SELVIN ROSA LOPEZ Y JOSE RODOLFO RAMIREZ, contra la resolución de fecha 02 de Febrero del año 2017; DOS: SE CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO dictado contra MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ, JOSE SELVIN ROSA LOPEZ Y JOSE RODOLFO RAMIREZ….” (Folios del 3 al 14 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia) 5) Que el recurrente abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, compareció ante este Tribunal en fecha veintidós de mayo del año dos mil diecisiete, interponiendo acción de amparo a favor de los señores MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ, JOSE SELVIN ROSA LOPEZ Y JOSE RODOLFO RAMIREZ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha Nueve (09) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República. 6) Que en fecha veintidós (22) de enero del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo relacionada, ordenando seguir con el procedimiento establecido en la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del despacho, conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha nueve (9) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en el proceso incoado en contra de los ciudadanos MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ, JOSE SELVIN ROSA LOPEZ Y JOSE RODOLFO RAMIREZ, por suponerlos responsables del delito de TRÁFICO IÍICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS, resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa de los encausados y confirma el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo en fecha dos (2) de febrero del año dos mil diecisiete (2017). CONSIDERANDO (3): Que a juicio del recurrente el acto recurrido vulnera derechos y garantías constitucionales contenidas en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República, ello en relación con lo dispuesto en el Artículo 166 numerales 3, 5, 6 y 7; 220, 213 numeral 3 y 294 del Código Procesal Penal[3]; sostiene el impetrante que en la Audiencia Inicial la defensa planteó un incidente de nulidad, basándose en lo establecido en los artículos de la ley procesal penal supra relacionados. Aduce que la defensa no tuvo intervención para contradecir las evidencias obtenidas, pues no fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional –Art. 166.3-; en el procedimiento manejado por las autoridades de la persecución penal, al no manejarse la cadena de custodia sobre las evidencias –Art. 166.5-; al no haber existido igualdad entre ambas partes, contraviniendo el principio de contradicción –Art. 166.6.7-; y en relación al Artículo 213.3 del CPP, en el sentido que el mandamiento judicial de allanamiento faltan requisitos legales, pues no se observa que la Juez haya ordenado su registro y se limita a describir el bien y estableciendo que se debe requisar la evidencia que sea encontrada, pero no autoriza la entrada a la vivienda o morada y la orden de poder registrar, limitándose a establecer un requisa. Argumenta el recurrente que existe diferencias en lo que es una requisa y un registro y que la Juez no señala en el mandamiento el hecho que debe practicarse un registro después del allanamiento, por lo tanto, el registro adolece de nulidad absoluta. Refuerza su argumento al expresar que la solicitud de allanamiento era únicamente contra la señora María Argentina López, por lo que el allanamiento a las habitaciones de las otras dos personas detenidas no estaba autorizado. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante expone que se alegó la violación al Art. 220 del CPP, sobre las reglas a que quedan sujetas las cosas secuestradas, ya estando judicializada la causa, debió el Ministerio Público ponerla a la orden del Juzgado, respetando el debido proceso, pues debió ser sometida a contradictorio, respetando la igualdad de partes, garantizando la evidencia con una cadena de custodia eficaz para garantizar el debido procedimiento; arguye el recurrente que el juzgado A-quo denegó la nulidad por ese motivo en una resolución carente de motivación, el A-quo no accedió a la nulidad como tampoco la dio el tribunal recurrido Corte de Apelaciones, quien en su resolución dijo: No estamos de acuerdo con el agravio expresado, en vista de que la causa no se encontraba judicializada como lo suponen los recurrentes –Lo subrayado es del impetrante-. Rebatiendo la motivación externada por la Corte recurrida, el impetrante alega que cuando la defensa expuso los requisitos como la objeción a las evidencias, ya estaban en la Audiencia Inicial y a esa altura las evidencias ya tendrían que estar a disposición del órgano jurisdiccional, desde el momento mismo en que se presentó el requerimiento fiscal; seguidamente el impetrante expone textualmente el Art. 275 del CPP. CONSIDERANDO (5): Que continuando con su exposición de argumentos, el impetrante sostiene que la resolución que se recurre en amparo, establece que la comercialización que da lugar al trafico de drogas, se estableció con el allanamiento practicado así como con la vigilancia donde se constató ver a la propietaria realizando intercambio o pase de manos con distintas personas. Pero en realidad mediante esa vigilancia no se comprobó la comercialización, sostiene el pedidor de amparo. –La negrita es del recurrente-. Continúa el impetrante haciendo relación de los demás elementos de prueba evacuados en audiencia inicial, como ser exámenes toxicológicos y concluye afirmando que el tribunal recurrido resolvió confirmar el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Trafico de Drogas, dando criterio a las declaraciones de los testigos protegidos NARANJA y ROJO, quienes fueron inducidos a declarar en contra de sus clientes, aduce el recurrente y lógicamente el ofrecimiento es que el Ministerio Público y sus agentes hacen creer a los consumidores que serán procesados y si colaboran no procederán en su contra, lo que la constituye en prueba prohibida o ilícita, porque es obtenida bajo coacción o amenaza o como se le quiera llamar. CONSIDERANDO (6): Que tal y como ya hemos referido, la presente garantía de amparo fue instada por el abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, al considerar que el Tribunal ad-quem ha vulnerado derechos y garantías constitucionales contenidas en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República; relacionándolas con lo dispuesto en el Artículo 166.3.5.6.7, 213.3 y 220 del Código Procesal Penal. El impetrante argumenta que faltan requisitos legales en el mandamiento judicial de allanamiento, pues no se observa que la Juez haya ordenado su registro; en relación al referido requisito legal, de la foliada del expediente de primera instancia, se observa a folios once y doce el auto que resuelve la solicitud planteada por el Ministerio Público a que se autorice allanamiento y registro en la vivienda propiedad de la señora María Argentina Rosa López, en la parte resolutiva del referido auto establece: “En virtud de los cual se resuelve: 1.- Conceder autorización judicial al Ministerio Público para practicar allanamiento y registro a la casas de habitación ubicada ene el barrio Dolres de esta ciudad….”; el recurrente hace mención a que el mandamiento de allanamiento no contiene este requisito legal de registro, no obstante lo que argumente el recurrente no es de recibo por este Alto Tribunal, pues el referido auto es claro y completo en cuanto a los requisitos legales que exige el Art. 213 del CPP, a efectos de practicar un allanamiento de morada; el enunciado registro presenta varias acepciones, así tenemos que registro significa: REGISTRO. Acción o efecto de registrar. Examen minucioso. Investigación que se hace en un sitio para dar con una persona o cosa. Inspecciones a que son sometidas las personas y las ropas que tienen puestas a fin de saber si llevan armas, objetos, documentos u otras cosas que interesan a quien registra o cachea. Padrón. Matrícula. Protocolo. Oficina donde se registran actos y contratos de los particulares o de las autoridades. Libro en que se anotan unos y otros. Cada uno de los asientos anotaciones o inscripciones del mismo. Cédula, albal donde consta lo registrado o inscrito. Señal que se pone en libros, actuaciones, expedientes para su empleo o consulta.[4] Argumenta asimismo el recurrente que el mandamiento de allanamiento es únicamente en casa de la señora María Argentina López, por lo que el allanamiento a las habitaciones de las otras dos personas detenidas no estaba autorizado. Este argumento no es válido, pues de la lectura del acta de allanamiento que corre agregado a folios veintidós y veintitrés frente y vuelto, del expediente judicial de primera instancia, se constata que el allanamiento se practicó en la casa de habitación autorizado por el órgano jurisdiccional, propiedad de la señora María Argentina Rosa López. CONSIDERANDO (7): Que además el recurrente estima se vulnera el debido proceso, pues la evidencia no fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional, que no se manejo cadena de custodia, vulnerando con ello el principio de contradicción y de igualdad entre las partes. Que el principio de igualdad en el proceso penal lo concibe Jesús Fernández Entralgo, citando a Esparza Leibar como “… igualdad de oportunidades … en el sentido de un equilibrio del derecho de ambas partes en la medida de las diferentes necesidades que para cada rol procesal deben ser satisfechas, esto garantizaría igualmente y “fair trial” superando una consideración de la igualdad de armas como absoluta….”[5]; en consecuencia el referido principio asegura que ambas partes opuestas en el proceso deben ser dotadas de igualdad de armas para la consecución de sus fines procesales. Que el referido autor refiere que: “El principio de contradicción domina la totalidad del procedimiento, y no sólo la fase de debate. Durante la investigación, la contradicción se manifiesta como poder de aportación, ante el Fiscal, en cuanto director de aquélla, de cuantos elementos de juicio se consideren convenientes para la mejor defensa del imputado. Obviamente, como hace notar el profesor Gimeno Sendra, lo anterior implica la oportunidad de constituirse en parte con iguales derechos y posibilidades de actuación que las legitimadas como acusadoras.”[6] CONSIDERANDO(8): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad responsable, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, en primer lugar es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio del recurrente los derechos constitucionales contenidos en los artículos que a continuación se exponen: Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; y lo establecido por el artículo 92 constitucional “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. En la misma forma se hará la declaratoria de reo”. En ese orden de ideas respectivamente, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. En el segundo de los casos la disposición constitucional antes relacionada, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento sólo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito. CONSIDERANDO(9): Que el recurrente muestra su descontento con la resolución emitida por el Tribunal recurrido, porque éste confirma lo resuelto por el A-quo, en relación a confirmar el Auto de Formal Procesamiento por el delito de Posesión y Tráfico Ilícito de Drogas y desestima la nulidad promovida en relación a faltar requisitos legales en el mandamiento de allanamiento y no encontrarse a disposición del órgano jurisdiccional la droga decomisada; en ese orden de ideas y como corolario de lo relacionado en el presente libelo, esta Sala de lo Constitucional advierte que el mandamiento de allanamiento cumple con los requisitos legales establecidos en la ley penal adjetiva, aunado a ello y conforme lo dispone el artículo 220 del CPP, los efectos secuestrados previa pericia acreditativa de sus características y estado, serán inventariados y quedarán a disposición del órgano jurisdiccional. El que la evidencia no haya sido presentada en la audiencia inicial, no es motivo per se, para determinar que no serán puestas a disposición del órgano jurisdiccional como la ley manda; no debe olvidar el recurrente que en la audiencia inicial se deberá efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, en consecuencia la situación jurídica de los imputados puede modificarse a lo largo del proceso, con la posibilidad de aportar nuevos elementos de prueba que sean valoradas por el órgano jurisdiccional a favor de los mismos. No se evidencia de la celebración de la Audiencia Inicial celebrada vulneración a los principios de igualdad de partes y contradicción, pues fue escuchada a la defensa en sus argumentos en su pretensión de nulidad de actuaciones, hizo efectivo su derecho a utilizar los recursos que la ley concede, a efecto que un superior revise las actuaciones del órgano inferior, haciendo prevalecer con ello la igualdad de partes en el proceso, no se le ha vedado la oportunidad de presentar elementos de prueba en la audiencia inicial, en defensa de sus representados; el que las respuestas a sus pretensiones no hayan sido conforme a la solicitud planteada, no supone vulneración al debido proceso. CONSIDERANDO(10): Que la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice. CONSIDERANDO (11): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados y a su vez confirmar la resolución apelada y que fuera dictada por el a-quo, no ha vulnerado en perjuicio de los imputados los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para sustentar el Auto de Formal Procesamiento contra los señores MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ, JOSE SELVIN ROSA LOPEZ Y JOSE RODOLFO RAMIREZ, por el delito de POSESIÓN Y TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, y por ello ha confirmado el Auto de Formal Procesamiento que fuera dictado por el A-quo en contra de los imputados. CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de los imputados para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de Instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la audiencia inicial en la que se ha dictado el auto de procesamiento recurrido, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquel ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro esta que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor de los señores MARIA ARGENTINA ROSA LOPEZ, JOSE SELVIN ROSA LOPEZ y JOSE RODOLFO RAMIREZ, contra la resolución de fecha NUEVE(9) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE (2017), emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO COPÁN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los once días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número 0385-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Articulo 183 de la Constitución de la República.

[2] Articulo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] En adelante CPP.

[4] DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL. Guillermo Cabanellas de Torres. Undécima edición 1993, nueva edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas.

[5] José María Palacios Mejía y Jesús Fernández Entralgo (Coordinadores), CÓDIGO PROCESAL PENAL COMENTADO HONDURAS, Agencia Española de Cooperación Internacional, impreso en LITOCOM, S. de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras, Septiembre de 2000. Pág. 11.

[6] José María Palacios Mejía y Jesús Fernández Entralgo (Coordinadores), CÓDIGO PROCESAL PENAL COMENTADO HONDURAS, Agencia Española de Cooperación Internacional, impreso en LITOCOM, S. de R.L. de C.V. Tegucigalpa, Honduras, Septiembre de 2000. Pág. 12.