Sentencia AP-382-17 — Registro 8269
Resumen
Resolución impugnada que declaró con lugar recurso de apelación interpuesto por Ministerio Público y revocó resolución que otorgó medidas sustitutiva de prisión preventiva a favor de recurrente por el delito de adquisición de vehículo Robado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(20): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el fallo que se conoce por vía del presente recurso, no ha recogido adecuadamente las consideraciones en cuanto al dictado de una resolución de fondo y motivada de una manera “suficiente y razonable” a efecto de asegurar una tutela efectiva de las pretensiones del interesado, ello porque: 1) La misma no se fundamenta en los agravios expuestos por el Ministerio Público, a efecto de revocar la resolución dictad por el A-quo; 2) No realiza una ponderación adecuada de los intereses en juego –la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado; y, la realización de la administración de la justicia penal, por otro¬; 3) No realiza en conjunto la valoración de los elementos o circunstancias para determinar si existe peligro de fuga del imputado –Articulo 179 del CPP-; y, 4) Falencia argumentativa, en la motivación de una resolución “suficiente y razonable” y por ende dilucidar un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos en conflicto.-CONSIDERANDO (21): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (22): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (23): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9, literal 3 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 69 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 174, párrafo 2 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 179 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 184 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"(20): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el fallo que se conoce por vía del presente recurso, no ha recogido adecuadamente las consideraciones en cuanto al dictado de una resolución de fondo y motivada de una manera “suficiente y razonable” a efecto de asegurar una tutela efectiva de las pretensiones del interesado, ello porque: 1) La misma no se fundamenta en los agravios expuestos por el Ministerio Público, a efecto de revocar la resolución dictad por el A-quo; 2) No realiza una ponderación adecuada de los intereses en juego –la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado; y, la realización de la administración de la justicia penal, por otro¬; 3) No realiza en conjunto la valoración de los elementos o circunstancias para determinar si existe peligro de fuga del imputado –Articulo 179 del CPP-; y, 4) Falencia argumentativa, en la motivación de una resolución “suficiente y razonable” y por ende dilucidar un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos en conflicto.-CONSIDERANDO (21): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (22): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (23): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 141 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 179 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 184 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA,SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado CHARLES VASQUEZ QUINTANILLA, a favor del señor JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017), que declaró CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Tercero Departamental de Santa Bárbara, en fecha tres (3) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), que resuelve la solicitud de sustitución de Medida Cautelar de Prisión Preventiva, presentada por la defensa del imputado; en la causa instruida contra el Señor JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, por suponerlo responsable del delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, en perjuicio del señor EDGARDO RIGOBERTO DAVILA BRAN.- Estimando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de las garantías constitucionales del debido proceso y de la correcta aplicación de la Ley Sustantiva y Adjetiva en materia penal al caso concreto, derecho a la defensa y el estado de inocencia y restringe o disminuye el derecho de Petición, contenidos en los artículos 1, 80, 81, 82, 90, 93, 183 numeral 2, y 314 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha diez (10) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Tercero Departamental de Santa Bárbara, el Abogado EDWYN CARBAJAL VARELA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, por suponerlo responsable del delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, en perjuicio del señor EDGARDO RIGOBERTO DAVILA BRAN. (Folios 1 y 2 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-2) Que mediante Auto de fecha quince de febrero del año dos mil diecisiete y luego de celebrada la Audiencia Inicial correspondiente, el Juzgado de Letras Tercero Departamental de Santa Bárbara resolvió: (Sic) “1.-) Decretar Auto de Formal Procesamiento contra del señor: JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, de generales expresadas en el preámbulo de la sentencia, en la causa que se le instruye por el delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio de EDGARDO RIGOBERTO DAVILA BRON.- HECHO OCURRIDO: El día nueve de Febrero del año dos mil diecisiete, en la aldea de el ciruelo, Municipio de Macuelizo de este Departamento, Departamento de Santa Bárbara. 2.-) IMPONER AL IMPUTADO JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, la Medida Cautelar de Prisión Preventiva, consignada en el Artículo 173 Numeral tres (3) del Código Procesal Penal, la cual durará dos años y deberá de cumplirse en el Centro Penal de ésta Ciudad….” (Folios del 57 al 62 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que en fecha tres (3) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), en la Resolución de la Audiencia de Sustitución de Medida Cautelar, el referido Juzgado Resolvió: (Sic) “1.-) Sustituir la Medida Cautelar de: PRISION PREVENTIVA, al imputado JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, por otras medidas alternas menos gravosas para su excarcelación. 2.-) Imponer al imputado JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, las Medidas Cautelares contenidas en los numerales 6), 7), 10) del Artículo 173 del Código Procesal Penal, mismas que consiste en: A.-) Que el Imputado JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, se Presentara todos los días Viernes de cada semana y de cada mes, en horas laborables ante el Juzgado de Paz, del Municipio de Macuelizo, de este Departamento, debiendo dicho Funcionario tomar la asistencia del mismo y el control que ha de llevar sobre la presentación del imputado a dicho Juzgado, debiéndose librar atento oficio para el cumplimiento de los antes señalado.- B.-) Prohibirles al imputado JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, salir del país del lugar de su residencia, sin el consentimiento de esta Judicatura, debiendo librarse el oficio a la Población migratoria y Extranjería Política de la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.- C.-) Que el Señor: JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, constituya en Escritura APUD-ACTA, autorizada por este Juez en su condición de Notario por Ministerio de la Ley, a favor del Estado de Honduras, sobre un Bien Inmueble de su legitima propiedad, por la cantidad de: QUINCE LEMPIRAS EXACTOS, para responder por la libertad del imputado.- F.-) Que una vez realizada la Escritura APUD-ACTA, en esta Dependencia Judicial, se ordene la inmediata excarcelación del imputado JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, librando la correspondiente comunicación al Instituto de la Propiedad de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, para su respectiva inscripción a favor del Estado de Honduras….” (Folios del 93 al 98 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).-4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado EDWYN CARBAJAL VARELA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, departamento de Santa Bárbara, Resolvió: (Sic) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado EDWYN CARBAJAL VELASQUEZ, en su condición de agente de Tribunales del Ministerio Público, contra el auto proferido con fecha tres (03) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado Tercero de Letras Departamental de esta Sección Judicial, en el requerimiento fiscal promovido por el Ministerio Público, contra el ciudadano JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, por suponerlo responsable de la comisión del delito de ADQUISICION DE VEHICULO ROBADO, en perjuicio del señor EDGARDO RIGOBERTO DAVILA BRAN; y, SEGUNDO: REVOCANDO el auto impugnado…”. (Folios del 8 al 14 de la pieza de antecedentes de Alzada)
- Que el Abogado CHARLES VASQUEZ QUINTANILLA, compareció ante este Tribunal en fecha diecinueve (19) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del Señor JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, contra la Resolución de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de las garantías constitucionales del debido proceso y de la correcta aplicación de la Ley Sustantiva y Adjetiva en materia penal al caso concreto, derecho a la defensa y el estado de inocencia y restringe o disminuye el derecho de Petición, contenidos en los artículos 1, 80, 81, 82, 90, 93, 183 numeral 2, y 314 de la Constitución de la República. (Folios del 1 al 3 del Recurso de Amparo).-6) Que en fecha quince (15) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 33 de la pieza de Amparo).-CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución a la persona agraviada, el goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.-CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio de su representado, la referida sentencia pronunciada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, mediante la cual decidió declarar CON LUGAR un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión del Juez A-Quo que resuelve sustituir la Medida Cautelar de Prisión Preventiva por otras medidas alternas menos gravosa, a favor del encausado JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, a quien se le supone responsable del delito de ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO ROBADO, en perjuicio del señor EDGARDO RIGOBERTO DAVILA BRAN, determinando la Alzada revocar la decisión del A-Quo. Entre los razonamientos esgrimidos en su sentencia, la Alzada estableció que el A-quo impuso la medida cautelar de prisión preventiva establecida en el Artículo 173 numeral 3) del Código Procesal Penal[1], invocando como presupuestos legitimadores de su adopción la gravedad de la pena que podría imponerse como resultado del proceso, de donde obtuvo la presunción del peligro de fuga y peligro de obstrucción de las investigaciones, lo que podría influir en su ánimo para abandonar el país, por lo que impuso la medida cautelar de prisión preventiva para garantizar y asegurar la eficacia del procedimiento, mas la presencia del imputado en las posteriores etapas del proceso resultando la medida idónea, necesaria y proporcional con el hecho criminoso investigado.
CONSIDERANDO (5): Que el recurrente en Amparo por su parte sostuvo que la resolución recurrida en amparo es (Sic) “violatoria de las Garantías Constitucionales del debido proceso y de la correcta aplicación de la Ley Sustantiva y Adjetiva en Materia Penal al caso concreto, así mismo es violatoria de derecho a la defensa y la de estado de Inocencia y restringe o disminuye el derecho de Petición, derechos que Constitucionalmente acogen a cualquier ciudadano hondureño;”. El impetrante afirma que en la resolución de la Corte de Apelaciones hay inobservancia de las disposiciones legales que tutelan las Garantías constitucionales citadas; ello porque la Alzada sabe que el Artículo 184 párrafo último del Código Procesal Penal es claro y contundente que el delito de Adquisición de Vehículo Robado no esta en dicho catálogo de delitos que no permite las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y mas aun cuando en audiencia Inicial quedó plenamente demostrado que dicho vehículo fue adquirido de buena fe y el arraigo suficiente para poder otorgar el Juez de Garantías medidas distintas de la prisión preventiva. Aunado a ello señala el impetrante, lo establecido en el artículo 93 constitucional, el cual cita textualmente.-CONSIDERANDO (6): Que la garantía del debido proceso comporta que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legitimas frente al juez.-CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ha sostenido en forma reiterada que la garantía del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino que también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en amplia jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una tutela judicial efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba. La Sala ha declarado en reiteradas decisiones[2], que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en el juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso.-CONSIDERANDO (8): Que en ese sentido, la Sala ha dejado establecido a su vez en reiteradas decisiones, que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede ser concebido como el derecho a obtener una resolución favorable, pero si conlleva el derecho a una resolución debidamente motivada y fundada en derecho, con relación al fondo del asunto, sea o no favorable a las pretensiones planteadas. En ese sentido, esta Sala concuerda en que el derecho a la tutela judicial no garantiza el éxito de la pretensión y tampoco puede ésta contener en su seno, el conjunto del ordenamiento jurídico, puesto que ello sería desproporcionado como contenido de un derecho fundamental. El derecho a la tutela judicial lo es a obtener una resolución sobre el fondo, sea favorable o adversa a los intereses de quien insta la actuación jurisdiccional[3].-CONSIDERANDO (9): Que la Constitución de la República de Honduras inicia declarando en el artículo 1 que: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, el artículo indicado contiene todas las aspiraciones a las que anhela todo persona que habita en el territorio hondureño; abarca las garantías y derechos que reconoce la misma Constitución, dirigidos tanto en forma individual como colectiva al individuo, de allí que la normativa constitucional desarrolla en el Título III, las DECLARACIONES, DERECHOS y GARANTÍAS, estableciendo el Capítulo II lo relativo a los Derechos Individuales y específicamente el artículo 69 establece: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente.”.-CONSIDERANDO (10): Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye “el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro hominen que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, en consonancia con los instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos celebrados por Honduras.[4]-CONSIDERANDO (11): Que Honduras hace suyo los Tratados y convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos[5] y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[6]. La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su Artículo 7 el derecho a la libertad personal, indicando que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. En ese orden de ideas el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 9 literal 3) establece: “… La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo….” –Énfasis suplido.-CONSIDERANDO (12): Que los derechos fundamentales no son absolutos, los mismos se pueden ver restringidos o limitados, conforme lo manda la Constitución de la República, en ocasiones haciendo remisión a leyes secundarias; así la libertad personal es inviolable, señala el artículo 69 constitucional, no obstante a ello y como excepción al referido derecho fundamental, este puede ser restringido o suspendido. Esta restricción al derecho a la libertad personal, encuentra su encuadre legal en el CPP, en la institución de las Medidas Cautelares. Como bien señala la Alzada, los presupuestos legitimadores para la adopción de las medidas cautelares son la existencia de Fumus Boni Iuris, consistente en un juicio de probabilidad sobre la responsabilidad penal y civil del sujeto sobre el que recae la medida y la existencia de Periculum in mora, encaminada a garantizar la efectividad del proceso y de la sentencia; presupuestos éstos legitimadores de las medidas cautelares en general y no únicamente de las medidas cautelares privativas de la libertad.-CONSIDERANDO (13): Que la finalidad de las medidas cautelares personales es asegurar la eficacia del procedimiento, garantizando la presencia del imputado y la regular obtención de las fuentes de prueba[7]. Para que el órgano jurisdiccional pueda adoptar una medida cautelar limitativa de la libertad es preciso que: 1) Existan indicios suficientes para sostener razonablemente que el imputado es autor o partícipe de un hecho tipificado como delito; 2) Que la persona imputada se haya fugado o exista motivo fundado para temer que podría darse a la fuga en caso de permanecer en libertad; y 3) Que existan fundados motivos para temer que, puesta en libertad, el imputado tratará de destruir o manipular las fuentes de prueba. En ese orden de ideas, el segundo párrafo del artículo 174 del CPP determina que el órgano jurisdiccional, al seleccionar la medida aplicable, deberá tener en cuenta su idoneidad y proporcionalidad en relación con los fines que se pretende conseguir, teniendo en cuenta la gravedad del hecho y la pena que, en caso de condena, podría ser impuesta y las circunstancias personales del imputado.-CONSIDERANDO (14): Que de la resolución que se recurre en amparo, esta Sala de lo Constitucional advierte, que la Alzada fundamento su resolución en el argumento del peligro que el imputado se ausente del territorio nacional, (Sic) “Es lo que se resume en el denominado peligro de fuga en concatenación a la gravedad de la pena, como indicio precisamente del peligro de fuga,…..”. el CPP indica en el artículo 179 que para determinar si existe peligro de fuga, se tendrán en cuenta las circunstancias siguientes: 1) La falta de arraigo en el país, teniendo en cuenta el domicilio del imputado, el asiento de su familia, de sus negocios o de su trabajo, y las facilidades con que cuente para abandonar definitivamente el territorio nacional o para permanecer oculto; 2) La gravedad de la pena que pueda imponerse al imputado, como resultado del proceso; 3) La importancia del daño que deba indemnizar y la actitud del imputado frente al mismo y, en particular su falta de voluntad reparadora; y 4) El comportamiento del imputado durante el proceso, en cualquier otro anterior o en las diligencias previas, del que razonablemente pueda inferirse su falta de voluntad para someterse a la investigación o al proceso penal. Este Tribunal es del criterio que dicho precepto configura perfectamente cuales deben ser las circunstancias que se tendrán en cuenta a la hora de valorar si razonablemente existe un verdadero riesgo o peligro de fuga por parte del imputado; si bien la gravedad de la pena a imponer es uno de los elementos que debe valorar el órgano jurisdiccional para imponer la prisión preventiva, lo cierto es que son los cuatro elementos en conjunto que se tendrán que valorar, incluido el arraigo en el país y la valoración de la conducta procesal del imputado en etapas anteriores o durante la realización del trámite del proceso.-CONSIDERANDO (15): Que de los derechos fundamentales instituidos en nuestra Constitución, la libertad personal, constituye uno de los bienes jurídicos tutelados de mayor importancia después de la vida; tan es así que una de las características para la aplicación de la medida cautelar de privación de la libertad es la excepcionalidad; para Armenta Deu, “La excepcionalidad significa que la ley procesal opta decididamente por la libertad provisional como regla general y primera opción que se debe acoger frente a la prisión provisional, en tanto concurran, claro está, los presupuestos legales al efecto…”[8]; aunado a la excepcionalidad, otra característica que reviste mayor importancia para la adopción de la medida cautelar limitativa de la libertad personal es la proporcionalidad; la misma autora sostiene que: “La proporcionalidad exige que la norma restrictiva del derecho a la libertad de movimientos tenga un contenido proporcionado a los fines que con la prisión provisional se pretende alcanzar. Expresado en otros términos, para privar de libertad a alguien debe exigirse un fin constitucionalmente legítimo. Así, junto a la necesidad e idoneidad de la medida se requiere que concurra la proporcionalidad strictu sensu, es decir, el juicio de ponderación entre intereses en juego, de manera que el sacrificio de la libertad de la persona resulte razonable en comparación con la importancia del fin de la medida.”[9] –Énfasis suplido.-CONSIDERANDO (16): Que el A-quo procedió a sustituir la medida cautelar de prisión preventiva decretada al imputado en Audiencia de Declaración de Imputado, previo a la solicitud presentada por la defensa; entre los argumentos expuestos el A-quo señala que: (Sic) “la Defensa de dicho imputado ha acreditado en forma fehaciente que este tiene arraigo suficiente y ha presentado unas constancias con las cuales acredita la conducta, social y patrimonial y el arraigo del imputado y que el mismo, tiene su domicilio fijo en el Municipio de Macuelizo, además tiene un taller de llantera y que tiene una familia integrada con sus respectivos hijos….”[10]; aunado a ello el imputado constituyo fianza hipotecaria con el propósito de someterse al proceso. Que el fundamento legal que utilizó el A-quo para sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, se encuentra establecido en el Artículo 184 del CPP. Tratadistas señalan que las medidas cautelares de prisión y libertad provisional y de fianza son modificables durante el curso del proceso y deben ser revisadas si cambian las circunstancias que dieron origen a su adopción; sostienen que la cautela no atiende, solamente, a la pena a imponer, sino también a otros elementos subjetivos y objetivos como el riesgo de fuga, desaparición de pruebas o el peligro de que se actué contra la víctima.[11] Los relacionados autores sostienen que: “Las decisiones relativas a la adopción y mantenimiento de la prisión provisional han de expresarse a través de una resolución judicial motivada, motivación que ha de ser “suficiente y razonable”, entendiendo por tal no la que colma meramente las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva, sino aquella que respeta el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la libertad del afectado, ponderando adecuadamente los intereses en juego –la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado; la realización de la administración de la justicia penal, en atención a los fines que hemos reseñado por otro”[12].-CONSIDERANDO (17): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al tribunal que conoce concretamente del asunto.-CONSIDERANDO (18): De la lectura de la resolución que se impugna, se colige que el Ministerio Público, recurre ante la Alzada, impugnando la resolución de fecha tres de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Juzgado Tercero de Letras Departamental de Santa Bárbara, que resuelve sustituir la medida cautelar de Prisión Preventiva al imputado Juan Antonio Matute Mejía; causa agravio al ente acusador que el A-quo considere que el delito por el que se acusa al imputado –Adquisición de Vehículo Robado, Artículo 218-D del Código Penal- no esté considerado como crimen organizado o integrantes de Asociaciones Ilícitas, por lo que examinado el contenido del artículo 184 del CPP, se entiende que el Juez no puede hacer ninguna valoración si es procedente una medida cautelar alterna a la prisión preventiva. Examinada la resolución emitida por la Alzada se advierte que la misma no dio respuesta al agravio expresado por el ente acusador; la resolución se limita a dejar plasmado en su motivación fáctica y jurídica que existe peligro de fuga del imputado en concatenación con la gravedad de la pena[13].-CONSIDERANDO (19): Que al tenor de lo señalado en la normativa citada y del análisis de la resolución impugnada en esta vía constitucional, esta Sala encuentra que en la motivación de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem muestra falencia en relación a dictar una resolución acorde a los agravios expuestos por el ente acusador; asimismo se observa falencia en una motivación “suficiente y razonable” en relación a la ponderación de bienes en conflicto, propuesta como solución técnico jurídica al asunto sometido a la esfera de su competencia; resultando, sin embargo, que la argumentación se limita a aludir al peligro de fuga del imputado por la gravedad de la pena, mas no procediendo a la anunciada ponderación de derechos fundamentales en el caso concreto desde el punto de vista de la dogmática constitucional, esto es, sin valorar un orden de preferencia entre el derecho a la libertad personal o la restricción de la misma conforme lo establece la ley procesal penal; buscando por ende dilucidar un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos en conflicto, con atención a los juicios de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto; esto es, sin determinar prima facie la necesidad de la medida, en tanto y en cuanto esta resulte necesaria por no existir otra menos lesiva para la consecución del fin constitucionalmente protegido.[14].-CONSIDERANDO (20): Que esta Sala de lo Constitucional encuentra que el fallo que se conoce por vía del presente recurso, no ha recogido adecuadamente las consideraciones en cuanto al dictado de una resolución de fondo y motivada de una manera “suficiente y razonable” a efecto de asegurar una tutela efectiva de las pretensiones del interesado, ello porque: 1) La misma no se fundamenta en los agravios expuestos por el Ministerio Público, a efecto de revocar la resolución dictad por el A-quo; 2) No realiza una ponderación adecuada de los intereses en juego –la libertad de la persona cuya inocencia se presume, por un lado; y, la realización de la administración de la justicia penal, por otro; 3) No realiza en conjunto la valoración de los elementos o circunstancias para determinar si existe peligro de fuga del imputado –Articulo 179 del CPP-; y, 4) Falencia argumentativa, en la motivación de una resolución “suficiente y razonable” y por ende dilucidar un equilibrio práctico entre las necesidades de los titulares de los derechos en conflicto.-CONSIDERANDO (21): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.-CONSIDERANDO (22): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la constitución establece; es decir, es un remedio procesal instituido para tutelar con preferencia y sumariedad, las libertades y derechos reconocidos por la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (23): Que por todo lo antes expuesto, esta Sala arriba a la conclusión que la resolución del Ad Quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación en el proceso penal dotado de todas las garantías, las cuales se infringen en la resolución amparada, sobre todo por omitir la argumentación jurídica expuesta una motivación “suficiente y razonable” y en ponderación ajustada a la importancia de los bienes en conflicto, según aparece de la foliada en el caso concreto. es así que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso, consecuentemente vulnera los demás derechos constitucionales invocadas por el recurrente, constituyendo esto motivo mas que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, en aplicación de los artículos 1, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8, 13, 14, 141, 172, 174, 178, 179, 184 y 188 del Código Procesal Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 49, 54, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: FALLA: OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado CHARLES VASQUEZ QUINTANILLA, a favor del señor JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA, contra la Resolución de fecha veintiséis (26) de abril del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA BÁRBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA; 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nueva resolución apegada a los principios constitucionales y convencionales relacionados en la presente sentencia, restituyendo los derechos conculcados al ciudadano JUAN ANTONIO MATUTE MEJIA. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0382-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] En adelante CPP.
[2] APC 631-12; AP 21-11; APC 91-11; AC 94-11.
[3] Alfredo Diego de Diez. El DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
[4] Vid artículo 63 de la Constitución que señala: (sic) “Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no serán entendidos como negación de otras declaraciones, derechos y garantías no especificadas, que nacen de la soberanía, de la forma republicana, democrática y representativa de gobierno y de la dignidad del hombre.”
[5] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de 1978. La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977. Artículos 23.1 inciso a) y c), 23.2 y 24
[6] Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1996. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976. La Gaceta No. 28293 de 24 de junio de 1997. Artículos 25. a) y c) y 26.
[7] Vid Artículo 172 del Código Procesal Penal.
[8] Teresa Armenta Deu, LECCIONES DE DERECHO PROCESAL PENAL, Tercera edición. MARCIAL PONS EDICIONES JURÍDICAS Y SOCIALES, S.A. Madrid 2007. Pág. 180
[9] Ibídem.
[10] Aparatado SEGUNDO de la resolución de fecha tres de Marzo del año 2017, dictada por el A-quo, vista a folio 94v de la pieza de antecedentes de primera instancia.
[11] José M. Rifá Soler et al; EL PROCESO PENAL PRÁCTICO. COMENTARIOS JURISPRUDENCIA FORMULARIOS. Editorial LA LEY. 6. Edición: abril 2009. España. Pág. 771.
[12] Ibídem. Pág. 773.
[13] Ver acápite QUINTO en la motivación fáctica y jurídica de la resolución de apelaciones.
[14] En tal sentido y a manera de ilustración sobre el test constitucional de proporcionalidad aludido y precitado, ver: las obras fundamentales del doctrinario Robert ALEXY sobre la Argumentación y la Teoría de los Derechos Fundamentales, así como la Teoría del discurso y derechos humanos. Editorial de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2001. 138 pp. – Asimismo, la aportación del debate HART – DWORKIN en: La decisión judicial: Estudio Preliminar César Rodríguez, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 1997. pp. 48-9 y ss.