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Sentencia AP-373-18 — Registro 7637

Resumen

Resolución resolvió recurso de apelación contra auto dictado por juzgado de primera instancia con relación a causa contra recurrente por suponerla responsable de los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y otros en perjuicio de la administración pública y la economía del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."ésta Sala aprecia que el reclamante no orientó sus alegatos en como el acto reclamado le ocasiona agravios sino que sus argumentos si bien tienen relación con la causa de su representada, también lo es que son distintos a lo que fue resuelto por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN...el cual constituye el acto reclamado y por el que indicó el recurrente que interpuso la presente acción..."..."esta Sala no advierte la existencia de agravio constitucional alguno, toda vez que el órgano jurisdiccional contra cuya resolución se reclama, ha ejercido sus facultades legales, aplicando la normativa al caso que ha sido arribado a su conocimiento..."..."el recurrente solicita que este Alto Tribunal determine si el acto reclamado ha sido dictado conforme a derecho, sin embargo, al no indicar en qué forma el acto impugnado vulnera los derechos o garantías que invoca para determinar el perjuicio que le ocasiona, no se pudo proceder a su enmienda..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la víctima, y no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa..."..."cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintidós de mayo del año dos mil dieciocho.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJÍA, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, por suponerla responsable de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo se desprende que el recurrente expone diferentes agravios entre ellos: 1) que el Ad-quem erra en su apreciación en cuanto que existe una Ley que impide al Ministerio Público iniciar su acción mientras no se agote el procedimiento de rendición de cuentas ante el Tribunal Superior de Cuentas; 2) que el Ministerio Público debe, según el solicitante, abstenerse de investigar a su representada y que lo actuado por el ente fiscal sea declarado nulo e ineficaz; 3) refiere el recurrente que se instruyó en contra de los Diputados del Congreso Nacional un proceso penal que se resolvió aplicando la reforma a la Ley de Presupuesto de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho, por lo que solicita que la causa de su representada se decida de igual manera pretensión que fundamenta bajo el principio de igual; de todo lo cual ésta Sala aprecia que el reclamante no orientó sus alegatos en como el acto reclamado le ocasiona agravios sino que sus argumentos si bien tienen relación con la causa de su representada, también lo es que son distintos a lo que fue resuelto por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho, el cual constituye el acto reclamado y por el que indicó el recurrente que interpuso la presente acción.- CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada decidió confirmar el auto del A-quo al determinar que el asunto de mérito se encuentra en la etapa de investigación preliminar la cual conforme al artículo 272[1] del Código Procesal Penal, se encuentra a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público u otro ente competente, en éste caso los actos investigados por la Procuraduría General de la República, indicando además el Ad-quem que es mediante la presentación del Requerimiento Fiscal[2] que se inicia la etapa de juzgamiento y se ejercita la acción penal, razón por la cual refiere la Alzada que el recurrente ha presentado de forma extemporánea el planteamiento de sus excepciones al no haber ejercitado aun el Ministerio Público la acción penal pública como lo prevé la Ley.- CONSIDERANDO: Que analizados los antecedentes y en especial la resolución recurrida, esta Sala no advierte la existencia de agravio constitucional alguno, toda vez que el órgano jurisdiccional contra cuya resolución se reclama, ha ejercido sus facultades legales, aplicando la normativa al caso que ha sido arribado a su conocimiento.- CONSIDERANDO: Que el recurrente solicita que este Alto Tribunal determine si el acto reclamado ha sido dictado conforme a derecho, sin embargo, al no indicar en qué forma el acto impugnado vulnera los derechos o garantías que invoca para determinar el perjuicio que le ocasiona, no se pudo proceder a su enmienda.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado.- CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta.- CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con el acto o la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, y siendo que en el caso sub judice, el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca el acto reclamado, ha contravenido normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto no se puede alegar vulneración al derecho de defensa y la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerados.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la víctima, y no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos.- CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.- CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJÍA, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho; por apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0373-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintidós de mayo del año dos mil dieciocho.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJÍA, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha dieciséis (16) de febrero del año dos mil dieciocho, con relación a la causa instruida contra la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, por suponerla responsable de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción de amparo se desprende que el recurrente expone diferentes agravios entre ellos: 1) que el Ad-quem erra en su apreciación en cuanto que existe una Ley que impide al Ministerio Público iniciar su acción mientras no se agote el procedimiento de rendición de cuentas ante el Tribunal Superior de Cuentas; 2) que el Ministerio Público debe, según el solicitante, abstenerse de investigar a su representada y que lo actuado por el ente fiscal sea declarado nulo e ineficaz; 3) refiere el recurrente que se instruyó en contra de los Diputados del Congreso Nacional un proceso penal que se resolvió aplicando la reforma a la Ley de Presupuesto de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho, por lo que solicita que la causa de su representada se decida de igual manera pretensión que fundamenta bajo el principio de igual; de todo lo cual ésta Sala aprecia que el reclamante no orientó sus alegatos en como el acto reclamado le ocasiona agravios sino que sus argumentos si bien tienen relación con la causa de su representada, también lo es que son distintos a lo que fue resuelto por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho, el cual constituye el acto reclamado y por el que indicó el recurrente que interpuso la presente acción.- CONSIDERANDO: Que del acto reclamado se desprende que la Alzada decidió confirmar el auto del A-quo al determinar que el asunto de mérito se encuentra en la etapa de investigación preliminar la cual conforme al artículo 272[3] del Código Procesal Penal, se encuentra a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público u otro ente competente, en éste caso los actos investigados por la Procuraduría General de la República, indicando además el Ad-quem que es mediante la presentación del Requerimiento Fiscal[4] que se inicia la etapa de juzgamiento y se ejercita la acción penal, razón por la cual refiere la Alzada que el recurrente ha presentado de forma extemporánea el planteamiento de sus excepciones al no haber ejercitado aun el Ministerio Público la acción penal pública como lo prevé la Ley.- CONSIDERANDO: Que analizados los antecedentes y en especial la resolución recurrida, esta Sala no advierte la existencia de agravio constitucional alguno, toda vez que el órgano jurisdiccional contra cuya resolución se reclama, ha ejercido sus facultades legales, aplicando la normativa al caso que ha sido arribado a su conocimiento.- CONSIDERANDO: Que el recurrente solicita que este Alto Tribunal determine si el acto reclamado ha sido dictado conforme a derecho, sin embargo, al no indicar en qué forma el acto impugnado vulnera los derechos o garantías que invoca para determinar el perjuicio que le ocasiona, no se pudo proceder a su enmienda.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado.- CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede al agraviado para objetar una resolución judicial injusta.- CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que el reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con el acto o la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, y siendo que en el caso sub judice, el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca el acto reclamado, ha contravenido normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto no se puede alegar vulneración al derecho de defensa y la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerados.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la víctima, y no obstante el recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos.- CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa.- CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJÍA, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho; por apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de agosto del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0373-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

CEDV

[1] ARTÍCULO 272.- Objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente, practicará todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes.

[2] Acusación

[3] ARTÍCULO 272.- Objeto de la investigación. En la investigación de la verdad, la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente, practicará todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias que, de acuerdo con la ley penal, sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes.

[4] Acusación