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Sentencia AP-349-17 — Registro 8245

Resumen

Resolución impugnada que resuelve declarando parcialmente con lugar recurso de apelación y revoca auto de formal procesamiento contra imputadas por el por suponerlas responsables de los delitos de Allanamiento de Morada, años y homicidio en su grado de ejecución de tentativa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"10): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al estimar parcialmente el Recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez revocar el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo, no ha vulnerado en perjuicio de las encausadas los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para decretar Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa y por ello ha revocado el auto de formal procesamiento en contra de las encausadas.- CONSIDERANDO(11): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de las encausadas para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la etapa procesal en la que se ha dictado el auto de procesamiento recurrido, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad de las procesadas, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquéllas han podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro esta que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"10): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al estimar parcialmente el Recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez revocar el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo, no ha vulnerado en perjuicio de las encausadas los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para decretar Auto de Fpormal Procesamiento por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa y por ello ha revocado el auto de formal procesamiento en contra de las encausadas.- CONSIDERANDO(11): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de las encausadas para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la etapa procesal en la que se ha dictado el auto de procesamiento recurrido, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad de las procesadas, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquéllas han podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro esta que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, s los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor de DONIS MARLEN MEJIA CACERES, LILIANA CELESTE MEJIA MEJIA y KATHERINE NASZARY CACERES MEJIA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÀN, en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil diecisiete (2017), que declaró estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copàn, departamento de Copàn, en fecha veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra las señoras DONIS MARLEN MEJIA, conocida también como DONIS MARLEN MEJIA CACERES, LILIANA CELESTE MEJIA MEJIA y KATHERINE NASZARY CACERES MEJIA, por suponerlas responsables a título de autor, de los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA, DAÑOS y HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de la señora XIOMARA JACKELINE ESCALANTE TORRES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representadas el debido proceso establecido en el artículo 90 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha quince de febrero del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copàn, departamento de Copàn, la Abogada VIVIAN MARCELINA ESCOBAR ERAZO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra las señoras DONIS MARLEN MEJIA, conocida también como DONIS MARLEN MEJIA CACERES, LILIANA CELESTE MEJIA MEJIA y KATHERINE NASZARY CACERES MEJIA, por suponerlas responsables a título de autor, de los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA, DAÑOS y HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de la señora XIOMARA JACKELINE ESCALANTE TORRES.- 2) Que en fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, en la Audiencia Inicial celebrada, el Juzgado de Letras citado resolvió: (Sic) “1) desestimar la petición del Ministerio Publico en dictar Auto De Formal Procesamiento por el delito de Daños, en perjuicio de Xiomara Jackeline Escalante Torres. 2) Se desestima la petición de la defensa en dictar Sobreseimiento Provisional por el delito de Allanamiento De Morada a favor de las encausadas. 3) Se declara a lugar la petición del Ministerio Publico en dictar Auto de Formal Procesamiento en contra de las señoras Donis Marlen Mejia conocida como Donis Marlen Mejia Cáceres, Liliana Celeste Mejia Mejia y Katherine Naszary Caceres Mejia, por el delito de Allanamiento De Morada tipificado en el artículo 202 del Código procesal penal. 4) Se decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Lesiones en contra de las encausadas, en perjuicio de Xiomara Jackeline Escalante Torres. 5) Se dicta Sobreseimiento Definitivo a favor de las encausadas por el delito de Daños en perjuicio de Xiomara Jackeline Escalante Torres, 6) Decretándosele las medidas cautelares establecidas en el articulo 173 numerales 6, 7, 8 y 9 del Código Procesal Penal….” (Folios del 19 al 29 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3) Que en fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, conociendo del Recurso de Apelación, interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, resolvió: (Sic) “PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMETE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Karol Vanesa Zaldivar Nuñez, en representación del Ministerio Público; SEGUNDO: REVOCAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, decretado contra las encausadas por el delito de LESIONES; TERCERO: Que el A-quo, proceda conforme a los parámetros de esta sentencia, debiendo dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de las encausadas por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA; CUARTO: CONFIRMAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por el delito de DAÑOS; QUINTO: Que el A quo se pronuncie en cuanto a las medidas tutelares a imponer a las encausadas, tomando como parámetros la jurisprudencia de esta Corte en relación a los delitos tentados….” (Folios del 04 al 08 de la pieza de antecedentes de Alzada).- 4) El recurrente Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor de las señoras DONIS MARLEN MEJIA CACERES, LILIANA CELESTE MEJIA MEJIA y KATHERINE NASZARY CACERES MEJIA, por considerar que la resolución dictada por la Alzada en fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete y que se deja relacionada en el acápite que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado el recurso de mérito, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del despacho conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico, por ser parte en el asunto sometido a estudio ante este Alto Tribunal.- CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].”- CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en el proceso incoado en contra de las señoras DONIS MARLEN MEJIA CACERES, LILIANA CELESTE MEJIA MEJIA y KATHERINE NASZARY CACERES MEJIA, a quienes se les presentó Requerimiento Fiscal, por suponerlas responsables de la comisión de los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA, DAÑOS y HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de la señora XIOMARA JACKELINE ESCALANTE TORRES, resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió ESTIMAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia Revoca el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo por el delito de Lesiones y ordena se dicte Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa en contra de las encausadas.- CONSIDERANDO(3): Que en la exposición de la acción de amparo promovida, el recurrente expone todo lo que se refiere a los antecedentes del hecho, que dio lugar a la presentación del Requerimiento Fiscal ante el órgano jurisdiccional correspondiente, así como los hechos relevantes sobre las razones en que fundamenta la interposición de la presente acción constitucional, entre las que menciona fundamentalmente lo relativo a la prueba que fue ofertada y evacuada en audiencia inicial, relacionando con mayor relevancia el testimonio de la ofendida señora Xiomara Jackeline Escalante Torres y el testimonio del señor Jorge Alberto Mejía, éste último compañero de hogar de la ofendida; argumentando el impetrante que de la propia ofendida se deja al descubierto que una de las imputadas es hija de su compañero de hogar y otra de ella es la ex compañera de hogar, pero que legalmente es su esposa, tal como se probo en la audiencia inicial, lo que es indicativo que lo que se dio es una disputa por el señor Jorge Alberto Mejía.- CONSIDERANDO(4): Que el recurrente sostiene que ante las pruebas aportadas tanto por el ente acusador, como por la defensa, la Juez A-quo, considero que no existen elementos para dictar un auto de formal procesamiento en contra de las imputadas por el delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, decretándolo por el delito de Lesiones, lo cual considera que es lo justo y aplicable de acuerdo al debido proceso, pues de calificar los hechos por Tentativa de Homicidio es apartarse del debido proceso; arguye el pedidor de Amparo, que el ente acusador no estando conforme con el calificativo de Lesiones, recurrió la resolución del A-quo, alegando como agravio que en la audiencia inicial, acreditó los requisitos para dictar el Auto de Formal procesamiento por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, cosa que no es así, según se ha detallado las pruebas evacuadas en la vista inicial; concluye el impetrante que se viola el debido proceso al calificar un delito que no se ha acreditado, lo cual no esta acorde a los requisitos del Articulo 92 constitucional, como el 297 del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO(5): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad recurrida, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio de las procesadas el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República y el precepto 92 de la misma norma constitucional; así tenemos que en su orden establecen: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; y, “Sólo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice.”. En ese orden de ideas respectivamente, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. En el segundo de los casos la disposición constitucional antes relacionada, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento solo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito.- CONSIDERANDO(6): Que continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no el debido proceso, es menester relacionar que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; asimismo los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto de proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio aunque no se encuentre expresamente regulado en el Código Procesal Penal, siempre y cuando sean objetivamente confiables. En ese orden de ideas el artículo 202 del Código Procesal Penal, determina: “Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.”, de la lectura de la citada norma procesal penal se desprende que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[3] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”.- CONSIDERANDO(7): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de procesamiento contra el imputado o imputados (as); tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye.- CONSIDERANDO(8): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado o imputados (as) en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales estatuidos en la Constitución de la República. El recurrente promueve amparo contra la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, quien revoca el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo por el delito de Lesiones, en consciencia ordena al A-quo dicte Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa; argumentando el impetrante que se vulnera el debido proceso al calificar un delito que no se ha acreditado; por ello, es importante entonces recordar lo establecido en el Artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto a que la tarea de determinar si procede o no decretar Auto de Prisión, corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia; sin olvidar que la finalidad de los medios de prueba, es el establecimiento de la verdad de los hechos, pudiendo estos últimos ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean objetivamente confiables; tal confiablidad y credibilidad le corresponde concederla a los tribunales de instancias, a quienes les compete el resolver las pretensiones expuestas por las partes, sobre los asuntos que son llevados a los tribunales.- CONSIDERANDO(9): Que como corolario de lo anterior, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones plasmadas por el recurrente en la acción constitucional de amparo impetrada, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil diecisiete (2017), se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a estimar parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y ordena al A-quo dictar Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa.- CONSIDERANDO(10): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al estimar parcialmente el Recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez revocar el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo, no ha vulnerado en perjuicio de las encausadas los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para decretar Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa y por ello ha revocado el auto de formal procesamiento en contra de las encausadas.- CONSIDERANDO(11): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de las encausadas para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la etapa procesal en la que se ha dictado el auto de procesamiento recurrido, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad de las procesadas, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquéllas han podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro esta que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor de las señoras DONIS MARLEN MEJIA CACERES, LILIANA CELESTE MEJIA MEJIA y KATHERINE NASZARY CACERES MEJIA, contra la resolución de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-

Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0349-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, s los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor de DONIS MARLEN MEJIA CACERES, LILIANA CELESTE MEJIA MEJIA y KATHERINE NASZARY CACERES MEJIA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÀN, en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil diecisiete (2017), que declaró estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copàn, departamento de Copàn, en fecha veinte (20) de febrero de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra las señoras DONIS MARLEN MEJIA, conocida también como DONIS MARLEN MEJIA CACERES, LILIANA CELESTE MEJIA MEJIA y KATHERINE NASZARY CACERES MEJIA, por suponerlas responsables a título de autor, de los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA, DAÑOS y HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de la señora XIOMARA JACKELINE ESCALANTE TORRES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representadas el debido proceso establecido en el artículo 90 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha quince de febrero del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copàn, departamento de Copàn, la Abogada VIVIAN MARCELINA ESCOBAR ERAZO, actuando en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra las señoras DONIS MARLEN MEJIA, conocida también como DONIS MARLEN MEJIA CACERES, LILIANA CELESTE MEJIA MEJIA y KATHERINE NASZARY CACERES MEJIA, por suponerlas responsables a título de autor, de los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA, DAÑOS y HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA en perjuicio de la señora XIOMARA JACKELINE ESCALANTE TORRES.- 2) Que en fecha veinte de febrero del año dos mil diecisiete, en la Audiencia Inicial celebrada, el Juzgado de Letras citado resolvió: (Sic) “1) desestimar la petición del Ministerio Publico en dictar Auto De Formal Procesamiento por el delito de Daños, en perjuicio de Xiomara Jackeline Escalante Torres. 2) Se desestima la petición de la defensa en dictar Sobreseimiento Provisional por el delito de Allanamiento De Morada a favor de las encausadas. 3) Se declara a lugar la petición del Ministerio Publico en dictar Auto de Formal Procesamiento en contra de las señoras Donis Marlen Mejia conocida como Donis Marlen Mejia Cáceres, Liliana Celeste Mejia Mejia y Katherine Naszary Caceres Mejia, por el delito de Allanamiento De Morada tipificado en el artículo 202 del Código procesal penal. 4) Se decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Lesiones en contra de las encausadas, en perjuicio de Xiomara Jackeline Escalante Torres. 5) Se dicta Sobreseimiento Definitivo a favor de las encausadas por el delito de Daños en perjuicio de Xiomara Jackeline Escalante Torres, 6) Decretándosele las medidas cautelares establecidas en el articulo 173 numerales 6, 7, 8 y 9 del Código Procesal Penal….” (Folios del 19 al 29 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3) Que en fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, conociendo del Recurso de Apelación, interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, resolvió: (Sic) “PRIMERO: ESTIMAR PARCIALMETE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Karol Vanesa Zaldivar Nuñez, en representación del Ministerio Público; SEGUNDO: REVOCAR EL AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, decretado contra las encausadas por el delito de LESIONES; TERCERO: Que el A-quo, proceda conforme a los parámetros de esta sentencia, debiendo dictar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de las encausadas por el delito de HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA; CUARTO: CONFIRMAR EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO por el delito de DAÑOS; QUINTO: Que el A quo se pronuncie en cuanto a las medidas tutelares a imponer a las encausadas, tomando como parámetros la jurisprudencia de esta Corte en relación a los delitos tentados….” (Folios del 04 al 08 de la pieza de antecedentes de Alzada).- 4) El recurrente Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor de las señoras DONIS MARLEN MEJIA CACERES, LILIANA CELESTE MEJIA MEJIA y KATHERINE NASZARY CACERES MEJIA, por considerar que la resolución dictada por la Alzada en fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete y que se deja relacionada en el acápite que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, esta Sala de lo Constitucional tuvo por formalizado el recurso de mérito, omitiendo la vista de los antecedentes al Fiscal del despacho conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico, por ser parte en el asunto sometido a estudio ante este Alto Tribunal.- CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[4]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[5].”- CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en el proceso incoado en contra de las señoras DONIS MARLEN MEJIA CACERES, LILIANA CELESTE MEJIA MEJIA y KATHERINE NASZARY CACERES MEJIA, a quienes se les presentó Requerimiento Fiscal, por suponerlas responsables de la comisión de los delitos de ALLANAMIENTO DE MORADA, DAÑOS y HOMICIDIO EN SU GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA, en perjuicio de la señora XIOMARA JACKELINE ESCALANTE TORRES, resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió ESTIMAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia Revoca el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo por el delito de Lesiones y ordena se dicte Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa en contra de las encausadas.- CONSIDERANDO(3): Que en la exposición de la acción de amparo promovida, el recurrente expone todo lo que se refiere a los antecedentes del hecho, que dio lugar a la presentación del Requerimiento Fiscal ante el órgano jurisdiccional correspondiente, así como los hechos relevantes sobre las razones en que fundamenta la interposición de la presente acción constitucional, entre las que menciona fundamentalmente lo relativo a la prueba que fue ofertada y evacuada en audiencia inicial, relacionando con mayor relevancia el testimonio de la ofendida señora Xiomara Jackeline Escalante Torres y el testimonio del señor Jorge Alberto Mejía, éste último compañero de hogar de la ofendida; argumentando el impetrante que de la propia ofendida se deja al descubierto que una de las imputadas es hija de su compañero de hogar y otra de ella es la ex compañera de hogar, pero que legalmente es su esposa, tal como se probo en la audiencia inicial, lo que es indicativo que lo que se dio es una disputa por el señor Jorge Alberto Mejía.- CONSIDERANDO(4): Que el recurrente sostiene que ante las pruebas aportadas tanto por el ente acusador, como por la defensa, la Juez A-quo, considero que no existen elementos para dictar un auto de formal procesamiento en contra de las imputadas por el delito de Homicidio en su grado de Ejecución de Tentativa, decretándolo por el delito de Lesiones, lo cual considera que es lo justo y aplicable de acuerdo al debido proceso, pues de calificar los hechos por Tentativa de Homicidio es apartarse del debido proceso; arguye el pedidor de Amparo, que el ente acusador no estando conforme con el calificativo de Lesiones, recurrió la resolución del A-quo, alegando como agravio que en la audiencia inicial, acreditó los requisitos para dictar el Auto de Formal procesamiento por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa, cosa que no es así, según se ha detallado las pruebas evacuadas en la vista inicial; concluye el impetrante que se viola el debido proceso al calificar un delito que no se ha acreditado, lo cual no esta acorde a los requisitos del Articulo 92 constitucional, como el 297 del Código Procesal Penal.- CONSIDERANDO(5): Que el recurso de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad recurrida, viola garantías o derechos fundamentales, por lo que en el caso de autos, es menester determinar si la decisión del Tribunal de Alzada vulnera en perjuicio de las procesadas el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República y el precepto 92 de la misma norma constitucional; así tenemos que en su orden establecen: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…”; y, “Sólo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice.”. En ese orden de ideas respectivamente, entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso en materia criminal se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad en la dinámica del proceso. Dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales. En el segundo de los casos la disposición constitucional antes relacionada, nos lleva a concluir que el auto de formal procesamiento solo podrá decretarse cuando concurran dos requisitos: la existencia de evidencia probatoria de haberse cometido un delito, y además indicios racionales de quien ha podido ser su autor o cómplice; ahora bien en armonía y en desarrollo del precepto constitucional antes citado, el artículo 297 del Código Procesal Penal señala en su numeral primero que el juzgador para decretar el auto de prisión, considerará como plena prueba de haberse cometido el delito, la concurrencia de todos los elementos de su tipificación y estimara como indicio racional todo hecho, acto o circunstancia que le sirva para adquirir la convicción de que el imputado ha participado en la comisión del delito.- CONSIDERANDO(6): Que continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no el debido proceso, es menester relacionar que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; asimismo los hechos y circunstancias relacionados con el delito objeto de proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio aunque no se encuentre expresamente regulado en el Código Procesal Penal, siempre y cuando sean objetivamente confiables. En ese orden de ideas el artículo 202 del Código Procesal Penal, determina: “Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.”, de la lectura de la citada norma procesal penal se desprende que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[6] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”.- CONSIDERANDO(7): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de procesamiento contra el imputado o imputados (as); tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye.- CONSIDERANDO(8): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado o imputados (as) en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales estatuidos en la Constitución de la República. El recurrente promueve amparo contra la resolución dictada por el Tribunal de Alzada, quien revoca el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo por el delito de Lesiones, en consciencia ordena al A-quo dicte Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa; argumentando el impetrante que se vulnera el debido proceso al calificar un delito que no se ha acreditado; por ello, es importante entonces recordar lo establecido en el Artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto a que la tarea de determinar si procede o no decretar Auto de Prisión, corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia; sin olvidar que la finalidad de los medios de prueba, es el establecimiento de la verdad de los hechos, pudiendo estos últimos ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean objetivamente confiables; tal confiablidad y credibilidad le corresponde concederla a los tribunales de instancias, a quienes les compete el resolver las pretensiones expuestas por las partes, sobre los asuntos que son llevados a los tribunales.- CONSIDERANDO(9): Que como corolario de lo anterior, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones plasmadas por el recurrente en la acción constitucional de amparo impetrada, este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer como se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil diecisiete (2017), se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a estimar parcialmente el recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y ordena al A-quo dictar Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa.- CONSIDERANDO(10): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal Ad-quem al estimar parcialmente el Recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, y a su vez revocar el Auto de Formal Procesamiento dictado por el A-quo, no ha vulnerado en perjuicio de las encausadas los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes para decretar Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio en su grado de ejecución de tentativa y por ello ha revocado el auto de formal procesamiento en contra de las encausadas.- CONSIDERANDO(11): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO, sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de las encausadas para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, habida cuenta que en la etapa procesal en la que se ha dictado el auto de procesamiento recurrido, no se exige un estado anímico de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad de las procesadas, sino que la constatación de que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquéllas han podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito. En ese orden de ideas esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro esta que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de autos no ha sucedido. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor de las señoras DONIS MARLEN MEJIA CACERES, LILIANA CELESTE MEJIA MEJIA y KATHERINE NASZARY CACERES MEJIA, contra la resolución de fecha diecisiete (17) de abril del año dos mil diecisiete (2017), emitida por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE.-

Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha catorce (14) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0349-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional

[1] Articulo 183 de la Constitución de la República.

[2] Articulo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.

[4] Articulo 183 de la Constitución de la República.

[5] Articulo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[6] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.