Sentencia AP-346-18 — Registro 10429
Resumen
Sentencia en consulta denegó recurso de amparo a favor de recurrente contra auto dictado por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, que inadmitió setenta y ocho medios de prueba documentales y periciales propuestos por recurrente, en causa contra varios imputados por suponerlos responsables de delitos de asesinato y asociación ilícita en perjuicio de varios ciudadanos y de la seguridad interior del Estado de Honduras; la decisión de la corte de apelaciones descansa en que los alegatos de recurrente no corresponden al ámbito de la garantía constitucional de amparo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…”Señala la honorable corte de apelaciones que la decisión de no admitir los setenta y ocho medios de prueba presentados por el Ministerio Público, se hizo de conformidad a lo que dispone el artículo 317 del Código Procesal Penal, lo que a su juicio corresponde al debido proceso y a la garantía del derecho de defensa. Asimismo, señala que las alegaciones de las censoras para fundamentar la acción de amparo, son propias de la instancia procesal ordinaria a que ya han sido sometidos, por lo que se enmarcan en el procedimiento regulado por la ley. Por otra parte, para la Corte de apelaciones la decisión de admisión de prueba corresponde a la decisión de la jurisdicción ordinaria porque se hace de conformidad con la legislación secundaria relativa a las causas que orientan la decisión de exclusión de los medios de prueba…”…”La Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias, comparte la decisión de haber denegado la garantía de amparo; sin embargo, estima que la fundamentación debe ser reformada, tomando en cuenta algunos elementos que deben ser aclarados y otros que no fueron abordados en la sentencia venida en consulta obligatoria. La Sala observa que básicamente el fundamento principal que sustenta la decisión de la corte de apelaciones descansa sobre la idea de que los alegatos de las fiscales no corresponden al ámbito de la garantía constitucional de amparo, el cual es un argumento que este alto tribunal de justicia no comparte. El acto de admisión de pruebas, tiene sus propias reglas para garantizar el debido proceso, la defensa o el acceso a la justicia; y en ese sentido, su cumplimiento es materia de aplicación de la garantía de amparo. Por lo tanto, es en este sentido que ha de versar el análisis del presente asunto.En principio debe tomarse en cuenta que el propósito de la prueba, es convencer al juzgador sobre los hechos que se controvierten en el juicio. Es el juzgador a quien corresponde decidir, que prueba le ha de servir para resolver el conflicto. En resumen, las partes proponen y el juez decide. El juzgador decide en audiencia, donde las partes mediando la oralidad y la inmediación: exponen, alegan, aclaran y defienden las razones que tienen para solicitar la admisión de sus medios probatorios, y para que sean rechazados las de la parte contraria. El juzgador, por su parte, escucha y valora lo expresado por las partes y con ello toma una decisión en ese momento.Ese razonamiento que hace el juzgador, se hace entonces bajo el criterio personal y exclusivo, que resulta de preguntarse, si los medios de prueba que proponen las partes son los que necesita para dilucidar el asunto que se le confía. Debiendo para ello examinar su legalidad, idoneidad, utilidad, pertinencia y proporcionalidad. Ahora bien, la decisión de rechazo, no puede ser arbitrario, caprichoso o irracional. Está por tanto en la obligación de señalar la razón que tiene para tomar la decisión de no admitir un determinado medio de prueba. El hecho de que el señalamiento del rechazo, sea escueto, no significa que es carente de motivación. Tampoco significa que el rechazo de un medio de prueba, sea forzosamente una violación a los derechos de debido proceso, defensa o tutela judicial efectiva. El examen de estos asuntos es casuístico y varía según se presenten las circunstancias. Habiéndose aclarado antes, de que no es válida la razón para denegar la garantía constitucional de amparo, esgrimida por la corte de apelaciones; en virtud de que el examen de admisibilidad de medios de prueba, si puede en ciertos casos admitir impugnación desde el ámbito del amparo; es por ello que cabe señalar que en el presente caso habrá de establecerse si efectivamente la resolución que se impugna violenta los derechos constitucionales que fueron citados por las fiscales. En cuanto a la prueba número 158 consistente en peritos protegidos para analizar vinculación criminal o sea determinar las relaciones que existen entre los imputados, el tipo de estructura criminal a la que pertenecen, el tribunal de sentencia fue del parecer que dicho medio probatorio es desproporcional, indicando con ello que es del criterio de que esos mismos elementos es posible acreditarlos con otros medios probatorios ya presentados. Es decir, para dicho juzgador es una prueba redundante o superflua. De igual manera ocurre con los informes de la sección de dactiloscopia de la Dirección Nacional de Investigación Criminal para identificar a las víctimas asesinadas; y los perfiles penitenciarios de los imputados para acreditar la identificación de los imputados y sus alias. Con relación a las pruebas periciales 186, 187, 188, 189, 190 y 191 encaminadas a establecer el calibre de las armas de fuego, este alto tribunal de justicia observa que el rechazo fue motivado en que dichos medios de prueba son inútiles porque no hacen posible ningún examen de contraste, debido a que no se tienen armas para comparar e identificar. En otras palabras, el juzgador estima que no le resultan de importancia los extremos que la fiscalía pretende demostrar con estas pruebas. Este criterio es el mismo, que medió para no admitir la prueba documental con el número 25 que tenía por finalidad probatoria demostrar la identidad de una persona asesinada que no fue inscrita en el Registro Nacional de las Personas. En este caso el juzgador que dicho extremo no le resulta necesario para resolver el fondo del asunto y por tanto no le es de utilidad. De todo lo anterior, es posible verificar que el caso bajo estudio no reviste violación alguna de los derechos citados como infringidos por las impetrantes, debido a que al final, la Sala constata que efectivamente el juzgador ha tenido razones fácticas convincentes para no admitir los medios de prueba apuntados. Por otra parte, estima que, aunque no es abundante en dar razones para no admitir los medios de prueba de mérito; si existe claridad en los motivos para hacerlo, partiendo de las razones que las mismas garantistas dieron a conocer en el momento de la audiencia, y que repiten en el escrito de interposición de la presente garantía de amparo. De manera que una vez analizado el presente asunto se llega a la conclusión de que corresponde denegar la garantía de amparo bajo estudio; sin embargo, por razones diferentes a las sostenidas por la corte de apelaciones, debiéndose por tanto reformar la presente sentencia dictada en fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho venida en consulta obligatoria…”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez| de octubre de dos mil dieciocho. VISTA: En consulta obligatoria las diligencias que contienen la sentencia de fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciocho, dictada por la honorable Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, que denegó la garantía constitucional de amparo interpuesta por las abogadas KEYLA AGUIRRE y CLAUDIA FERRUFINO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en contra de la resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho dictada por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán que denegó el la garantía constitucional de amparo interpuesta en contra del auto dictado por la honorable Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; con relación a la causa instruida en contra de los señores HUGO FRANKLIN CÁLIX ÁVILA, JAVIER ANTONIO PINEDA, KAREN VANESSA ALFARO MEJÍA, RONY EDGARDO TORRES PÉREZ, JESÚS ARMANDO CHÉVEZ CRUZ, FRANKLIN JOEL CAMPOS ROMERO, BRAYAN ALBERTO ROMERO GARCÍA, BREAYAN LEONEL ORDOÑEZ CENTENO, WALTER ALEXANDER BETANCOURTH CRUZ y otros, por suponerlos responsables de los delitos de ASESINATO y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de los ciudadanos EVER NAHUM SILVA FLORES, MARVIN DAVID PINEDA, JESSY MARBELINA MURILLO HERNÁNDEZ, KEVIN GEOVANY ORTEGA NAVAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman las garantistas que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90, 303 y 323 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES PROCESALES. 1. En fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diecisiete, las abogadas KEYLA AGUIRRE y CLAUDIA FERRUFINO, comparecieron ante la honorable Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS; manifestando las recurrentes que, “en la audiencia de proposición de pruebas celebrada con relación a la causa penal. No se admitieron 78 medios de prueba propuestos por el Ministerio Público”. 2. En fecha veinticinco de enero del año dos mil dieciocho, seguido el trámite que al efecto determina la Ley sobre Justicia Constitucional, la honorable Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, FALLÓ: “DENEGANDO la garantía de amparo interpuesta por las abogadas KEYLA AGUIRRE y CLAUDIA FERRUFINO, por las razones que se dejan señaladas.” 3. En fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, este alto tribunal de justicia recibió para su consulta obligatoria, el expediente que contiene la garantía de amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO NUMERO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. CONSIDERANDO NUMERO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo, dispuesto para garantizar derechos fundamentales contenidos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria. CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos de las garantistas denunciando violación de los derechos de defensa y debido proceso legal, contenidos en los artículos 82, 90, en relación con los 303 y 323, todos de la Constitución de la República. Las impetrantes en su condición de fiscales comparecen formalizando garantía de amparo en contra de la resolución de fecha veintiocho de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional en materia penal del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual fueron inadmitidos unos setenta y ocho medios de pruebas documentales y periciales presentados por el Ministerio Público, conculcando de esta manera los derechos de debido proceso y defensa, contenidos respectivamente en los artículos 90 y 82 de la Constitución en relación con los artículos 322 y 323 también constitucionales. Al momento de argumentar el derecho al debido proceso legal, las impetrantes mencionan el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye además de acceder a la jurisdicción, el ser oído, el proponer y evacuar prueba; y, obtener una resolución fundada en derecho que verse sobre las pretensiones deducidas en juicio. Mencionando también que, todo lo anterior le es vinculante al juez quien debe procurar que todos los derechos mencionados sean garantizados durante el proceso. En el presente caso, mencionan que el Ministerio Público presentó medios de prueba para acreditar el asesinato de veintisiete personas, así como el delito de asociación ilícita. Con relación al derecho de defensa contenido en el artículo 82 constitucional, las impetrantes señalan que se ha cometido la violación alegada con la decisión de no admitir los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, violentando la libertad probatoria a que tiene derecho esa entidad del Estado, como parte en el juicio. De igual manera sostienen que dicho acto se produjo sin la debida fundamentación suficiente, al no justificar con base en ley, las razones fácticas y jurídicas de la decisión, cuando a juicio de las fiscales guardan relación con los hechos, de manera que son útiles, pertinentes y proporcionales para demostrar la comisión de los delitos imputados y la responsabilidad de los inculpados. Detallando sobre las razones para argüir que hubo violación a los derechos constitucionales citados, las fiscales presentan los reclamos siguientes: A. Se excluyó la prueba número 158 consistente en peritos protegidos para analizar la vinculación criminal, o sea determinar: las relaciones que existen entre los imputados, el tipo de estructura criminal a la que pertenecen, modo de operar para cometer asesinatos, funciones de los imputados dentro de la organización y su rango. B. Las pruebas periciales 186, 187, 188, 189, 190 y 191. Todas ellas para establecer el calibre de las armas de fuego con que se cometieron los asesinatos; salvo el último que tiene como objetivo determinar la trayectoria balística efectuada en el vehículo taxi número 5553 con placas AAL-1326, marca Toyota, modelo Tercel, color blanco; donde fueron asesinadas las jóvenes Liliana Lizzeth Reyes Ventura y Daynis Flores. Denuncian que dichas pruebas fueron declaradas inadmisibles por considerarse inútiles. Estimando las fiscales que debieron admitirse porque determinar el calibre y el tipo de arma utilizada, sirve para determinar la cantidad de personas que participaron en el hecho de acuerdo con los audios y las escuchas. C. Las pruebas periciales del 193 al 208, consistentes todas, en informes de la sección de dactiloscopia de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, a efecto de identificar cada una de las personas asesinadas. Reclaman que es importante la identidad de la víctima porque no es posible acusar a una persona por asesinato sin conocer a la víctima o la existencia de un móvil. D. Sobre la prueba documental con el número 25 reclaman que ésta consiste en una copia certificada de nota del dieciséis de septiembre de dos mil catorce, extendida por el Patronato de Mejoramiento de la Colonia Villeda Morales, mediante la cual se establece que la señora Brei Paola Sánchez no fue inscrita en el Registro Nacional de las Personas, no obstante, si es conocida con ese nombre en la comunidad donde fue asesinada. La finalidad probatoria es demostrar que dicha señora es la misma que aparece en audios. Señala que, si bien no aparece esta persona inscrita en el Registro Nacional de las Personas, es la persona que resultó asesinada por parte de los encausados Hugo Franklin Cálix alias Ángel, y Jesús Armando Chévez alias Chuy, como autores intelectuales y Macuto, Chino Rasta, Breayan Leonel Ordóñez Centeno alias Bellaco como autores materiales entre otros miembros de la mara 18. E. Los perfiles penitenciarios de los imputados para acreditar la identificación de los imputados y sus alias, los cuales se encuentran debidamente registrados, módulo a que pertenecen y tatuajes distintivos, los cuales fueron inadmitidos por considerarse desproporcionales. Sin embargo, consideran su importancia para identificarlos en las escuchas y audios. Por otra parte, para demostrar que sus tatuajes y distintivos pertenecen a la mara 18. CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la resolución impugnada, dictada por el honorable Tribunal de Sentencia con jurisdicción Nacional, sito en el departamento de Francisco Morazán. La resolución impugnada y que fue dictada por el tribunal de sentencia en fecha veintiocho de octubre de dos mil diecisiete, recae sobre la admisión de los medios de prueba introducidas al juicio por ambas partes. Según lo observado por este alto tribunal los medios de prueba que no fueron admitidos se refieren básicamente a los documentales siguientes: certificaciones de actas de nacimiento y defunción, porque se consideran inútiles, y porque el tribunal de sentencia estima que existen medios de prueba suficientes para identificar a las víctimas; las constancias de antecedentes penales y los padrones fotográficos porque se consideran inútiles; y los perfiles de los encausados, porque estima que debe prevalecer el derecho de presunción de inocencia. El tribunal de sentencia, aclara que existen otros medios de prueba que se repiten y por esa razón no fueron admitidos, verbigracia la que indica a quien pertenece un alias o sobrenombre, que vincula las pruebas numeradas con el 26 y el 137. CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Resumen de la argumentación de la Corte de Apelaciones Penal de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán, que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió denegar por unanimidad de votos el amparo de mérito, en virtud de las razones que a continuación se exponen. Señala la honorable corte de apelaciones que la decisión de no admitir los setenta y ocho medios de prueba presentados por el Ministerio Público, se hizo de conformidad a lo que dispone el artículo 317 del Código Procesal Penal, lo que a su juicio corresponde al debido proceso y a la garantía del derecho de defensa. Asimismo, señala que las alegaciones de las censoras para fundamentar la acción de amparo, son propias de la instancia procesal ordinaria a que ya han sido sometidos, por lo que se enmarcan en el procedimiento regulado por la ley. Por otra parte, para la Corte de apelaciones la decisión de admisión de prueba corresponde a la decisión de la jurisdicción ordinaria porque se hace de conformidad con la legislación secundaria relativa a las causas que orientan la decisión de exclusión de los medios de prueba. CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias, comparte la decisión de haber denegado la garantía de amparo; sin embargo, estima que la fundamentación debe ser reformada, tomando en cuenta algunos elementos que deben ser aclarados y otros que no fueron abordados en la sentencia venida en consulta obligatoria. La Sala observa que básicamente el fundamento principal que sustenta la decisión de la corte de apelaciones descansa sobre la idea de que los alegatos de las fiscales no corresponden al ámbito de la garantía constitucional de amparo, el cual es un argumento que este alto tribunal de justicia no comparte. El acto de admisión de pruebas, tiene sus propias reglas para garantizar el debido proceso, la defensa o el acceso a la justicia; y en ese sentido, su cumplimiento es materia de aplicación de la garantía de amparo. Por lo tanto, es en este sentido que ha de versar el análisis del presente asunto. En principio debe tomarse en cuenta que el propósito de la prueba, es convencer al juzgador sobre los hechos que se controvierten en el juicio. Es el juzgador a quien corresponde decidir, que prueba le ha de servir para resolver el conflicto. En resumen, las partes proponen y el juez decide. El juzgador decide en audiencia, donde las partes mediando la oralidad y la inmediación: exponen, alegan, aclaran y defienden las razones que tienen para solicitar la admisión de sus medios probatorios, y para que sean rechazados las de la parte contraria. El juzgador, por su parte, escucha y valora lo expresado por las partes y con ello toma una decisión en ese momento. Ese razonamiento que hace el juzgador, se hace entonces bajo el criterio personal y exclusivo, que resulta de preguntarse, si los medios de prueba que proponen las partes son los que necesita para dilucidar el asunto que se le confía. Debiendo para ello examinar su legalidad, idoneidad, utilidad, pertinencia y proporcionalidad. Ahora bien, la decisión de rechazo, no puede ser arbitrario, caprichoso o irracional. Está por tanto en la obligación de señalar la razón que tiene para tomar la decisión de no admitir un determinado medio de prueba. El hecho de que el señalamiento del rechazo, sea escueto, no significa que es carente de motivación. Tampoco significa que el rechazo de un medio de prueba, sea forzosamente una violación a los derechos de debido proceso, defensa o tutela judicial efectiva. El examen de estos asuntos es casuístico y varía según se presenten las circunstancias. Habiéndose aclarado antes, de que no es válida la razón para denegar la garantía constitucional de amparo, esgrimida por la corte de apelaciones; en virtud de que el examen de admisibilidad de medios de prueba, si puede en ciertos casos admitir impugnación desde el ámbito del amparo; es por ello que cabe señalar que en el presente caso habrá de establecerse si efectivamente la resolución que se impugna violenta los derechos constitucionales que fueron citados por las fiscales. En cuanto a la prueba número 158 consistente en peritos protegidos para analizar vinculación criminal o sea determinar las relaciones que existen entre los imputados, el tipo de estructura criminal a la que pertenecen, el tribunal de sentencia fue del parecer que dicho medio probatorio es desproporcional, indicando con ello que es del criterio de que esos mismos elementos es posible acreditarlos con otros medios probatorios ya presentados. Es decir, para dicho juzgador es una prueba redundante o superflua. De igual manera ocurre con los informes de la sección de dactiloscopia de la Dirección Nacional de Investigación Criminal para identificar a las víctimas asesinadas; y los perfiles penitenciarios de los imputados para acreditar la identificación de los imputados y sus alias. Con relación a las pruebas periciales 186, 187, 188, 189, 190 y 191 encaminadas a establecer el calibre de las armas de fuego, este alto tribunal de justicia observa que el rechazo fue motivado en que dichos medios de prueba son inútiles porque no hacen posible ningún examen de contraste, debido a que no se tienen armas para comparar e identificar. En otras palabras, el juzgador estima que no le resultan de importancia los extremos que la fiscalía pretende demostrar con estas pruebas. Este criterio es el mismo, que medió para no admitir la prueba documental con el número 25 que tenía por finalidad probatoria demostrar la identidad de una persona asesinada que no fue inscrita en el Registro Nacional de las Personas. En este caso el juzgador que dicho extremo no le resulta necesario para resolver el fondo del asunto y por tanto no le es de utilidad. De todo lo anterior, es posible verificar que el caso bajo estudio no reviste violación alguna de los derechos citados como infringidos por las impetrantes, debido a que al final, la Sala constata que efectivamente el juzgador ha tenido razones fácticas convincentes para no admitir los medios de prueba apuntados. Por otra parte, estima que, aunque no es abundante en dar razones para no admitir los medios de prueba de mérito; si existe claridad en los motivos para hacerlo, partiendo de las razones que las mismas garantistas dieron a conocer en el momento de la audiencia, y que repiten en el escrito de interposición de la presente garantía de amparo. De manera que una vez analizado el presente asunto se llega a la conclusión de que corresponde denegar la garantía de amparo bajo estudio; sin embargo, por razones diferentes a las sostenidas por la corte de apelaciones, debiéndose por tanto reformar la presente sentencia dictada en fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho venida en consulta obligatoria. PARTE DISPOSITIVA O FALLO POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 89, 90, 103, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: REFORMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho proferida por la honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de la sección judicial del departamento de Francisco Morazán. En consecuencia declara: 1. DENIÉGUESE la garantía constitucional de amparo interpuesta por las abogadas KEYLA AGUIRRE y CLAUDIA FERRUFINO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, en contra de las actuaciones de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; con relación a la causa instruida en contra de los señores HUGO FRANKLIN CÁLIX ÁVILA, JAVIER ANTONIO PINEDA, KAREN VANESSA ALFARO MEJÍA, RONY EDGARDO TORRES PÉREZ, JESÚS ARMANDO CHÉVEZ CRUZ, FRANKLIN JOEL CAMPOS ROMERO, BRAYAN ALBERTO ROMERO GARCÍA, BREAYAN LEONEL ORDOÑEZ CENTENO, WALTER ALEXANDER BETANCOURTH CRUZ y otros, por suponerlos responsables de los delitos de ASESINATO y ASOCIACIÓN ILÍCITA en perjuicio de los ciudadanos EVER NAHUM SILVA FLORES, MARVIN DAVID PINEDA, JESSY MARBELINA MURILLO HERNÁNDEZ, KEVIN GEOVANY ORTEGA NAVAS y LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0346-2018 .
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”