Sentencia AP-337-17 — Registro 8427
Resumen
Reformó la resolución dictada por el A-quo,en audiencia inicial que dicto auto de formal procesamiento por el delito de Homicidio Preterintencional y lo reformo al delito de Homicidio ,confirmando el Sobreseimiento Definitivo por el delito de Abuso de Autoridad interpuestos por la Defensa y el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"(9): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en su resolución de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis, al declarar Parcialmente Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el A-quo en Audiencia Inicial, que decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio Preterintencional y Sobreseimiento Definitivo por el delito de Abuso de Autoridad, cumple con esa exigencia.- CONSIDERANDO (10): Que de los argumentos expuestos por la recurrente ésta señala que la motivación expuesta por la Alzada se presenta incongruente, en cuanto en la valoración correspondiente apreció el elemento del dolo en el delito de Homicidio, elemento que no observó en el delito de Abuso de Autoridad; la impetrante hace énfasis en el numeral sexto, intitulado “MOTIVACIÓN”, de la resolución que impugna, desarrollando la Alzada en el relacionado acápite una motivación lo suficientemente amplia a efecto de exteriorizar la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, exigencia que es de amplia jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido debidamente observada por la Corte de Apelaciones recurrida. De la lectura de la acción constitucional impetrada, este Alto Tribunal advierte que la recurrente expone en sus argumentos que: (Sic) “la resolución emitida por el Tribunal de Alzada no contiene una motivación suficiente y coherente”, argumento que no es de recibo por este Alto Tribunal, pues la resolución se muestra lo suficientemente motivada y coherente en respuesta a los agravios externados por el ente acusador, el que la respuesta no sea conforme a las pretensiones de la recurrente no es indicativo de vulneración del principio al debido proceso.- CONSIDERANDO (11): Que vista y analizada la resolución que se recurre, podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, no ha vulnerado en perjuicio de su representado el Estado de Honduras, el derecho constitucional invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala de lo Constitucional, pues la recurrente cuestiona que la resolución no contiene una motivación suficiente y coherente; no obstante a ello en la resolución impugnada se han observado los requisitos esenciales en cuanto a la motivación de las resoluciones que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunado a ello la impetrante centra sus argumentos en la falta de observación del elemento del dolo en la comisión del delito de Abuso de Autoridad, cuestiones que son propias de resolver en los Juzgados y Tribunales de instancia, como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, debiendo únicamente intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de protección de derechos humanos y fundamentales, ratificados por Honduras, lo cual no ocurre en el caso sub júdice.- CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro está que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, como corolario de lo anterior el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que resolvió los recursos de apelación interpuestos por la Defensa y el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a la causa instruida contra la señora CAROLINA YAMILETH AGUILAR VELASQUEZ, por suponerla responsable a título de autor, de la comisión de los delitos de HOMICIDIO y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio del señor DARWIN RAMON GARCIA SILVA y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se ha quebrantado el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN la Abogada WENDY REYES, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora CAROLINA YAMILETH AGUILAR VELASQUEZ, por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del ciudadano DARWIN RAMON GARCIA SILVA. (Folios del 1 al 05 de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 2) Que seguido el trámite correspondiente el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en audiencia inicial celebrada en fecha veintinueve de julio del año dos mil dieciséis resolvió: (Sic) “1.-) Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra de CAROLINA YAMILETH AGUILAR VELASQUEZ por suponerla responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL en perjuicio de DARWIN RAMON GARCIA SILVA. 2.-) Decretar Sobreseimiento definitivo a CAROLINA YAMILETH AGUILAR VELASQUEZ, por suponerla responsable de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. TERCERO: Imponer a CAROLINA YAMILETH AGUILAR VELASQUEZ, la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se enviará la nota correspondiente al Director Nacional de Unidades Especiales de la Policía Nacional Preventiva, a fin de que tenga conocimiento de la situación jurídica de la imputada y ordene la custodia de la imputada mencionada, ordenando se le extienda la carta de Libertad definitiva por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD….” (Folios del 19 al 30 de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 3) Que en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), resolviendo los recursos de apelación interpuestos por la Defensa y el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el A-quo en Audiencia Inicial, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, por Unanimidad de Votos resolvió: (Sic) “1) Declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico Abogado, Germán David Reyes Pavón.- 2.- REFORMAR el auto de formal procesamiento decretado contra Carolina Yamileth Aguilar Velásquez a Homicidio.- 3.- NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada Abogada Yesica Patricia Zavala Fuentes….” (Folios del 120 al 128fv de la pieza Antecedentes de primera instancia).- 4) Que la recurrente abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), manifestando que dicha resolución es violatoria a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha diez (10) de enero del presente año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, misma que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y declara NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada de la encausada contra la resolución que ha quedado relacionada en los antecedentes de este libelo, reformando la resolución dictada por el a-quo, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil dieciséis (2016), del delito de Homicidio Preterintencional al delito de Homicidio y confirma el Sobreseimiento Definitivo por el delito de Abuso de Autoridad.- CONSIDERANDO (4): Que, en la acción constitucional impetrada, la recurrente muestra su descontento con la resolución dictada por el Ad-quem, al confirmar éste, el Sobreseimiento Definitivo dictado por el A-quo en Audiencia Inicial, a favor de la encausada Carolina Yamileth Aguilar Velásquez. Arguye la impetrante que de la lectura de la sentencia recurrida específicamente el numeral sexto, se aprecia la contradicción externada por el Ad-quem en la argumentación de la motivación de la misma y que ello constituye vulneración al debido proceso. En sustento de su tesis, la recurrente dice que resulta contradictorio señalar por un lado que de la valoración correspondiente se acreditó de manera plena la comisión del delito de Homicidio, el cual requiere de dolo al momento de causar la muerte del señor Darwin Ramón García Silva y por otro lado, no aprecio ese mismo dolo que se requirió cuando la encausada, en su accionar de proteger a una mujer que supuestamente estaba siendo agredida, se abstuvo de cumplir algunos principios de actuación regulados en la ley, excediéndose en el uso de la fuerza al momento de requerir al occiso, quien no portaba ninguna arma de fuego, ni representaba un grave peligro para su vida, ya que se encontraba sentado dentro del vehículo.- CONSIDERANDO (5): Que la impetrante sostiene, que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, bajo razonamientos contradictorios, pues se pronuncia y decide aplicando argumentos excluyentes entre si, como considerar que la señora Carolina Yamileth Aguilar Velásquez incurrió en el tipo penal de Homicidio y al mismo tiempo indicar que en la ejecución de este acto reprochable no hubo dolo en su excesivo uso de poder; lo que en definitiva constituye una flagrante violación al derecho debido proceso, mismos que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, y como se ha dicho la resolución emitida por el Tribunal de Alzada no contiene una motivación suficiente y coherente en relación a la normativa citada.- CONSIDERANDO (6): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” y lo establecido por el artículo 92 constitucional “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice.” La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.- CONSIDERANDO (7): Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (8): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[1], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[2]. Sin embargo también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[3]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[4], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[5]- CONSIDERANDO (9): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en su resolución de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis, al declarar Parcialmente Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el A-quo en Audiencia Inicial, que decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio Preterintencional y Sobreseimiento Definitivo por el delito de Abuso de Autoridad, cumple con esa exigencia.- CONSIDERANDO (10): Que de los argumentos expuestos por la recurrente ésta señala que la motivación expuesta por la Alzada se presenta incongruente, en cuanto en la valoración correspondiente apreció el elemento del dolo en el delito de Homicidio, elemento que no observó en el delito de Abuso de Autoridad; la impetrante hace énfasis en el numeral sexto, intitulado “MOTIVACIÓN”, de la resolución que impugna, desarrollando la Alzada en el relacionado acápite una motivación lo suficientemente amplia a efecto de exteriorizar la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, exigencia que es de amplia jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido debidamente observada por la Corte de Apelaciones recurrida. De la lectura de la acción constitucional impetrada, este Alto Tribunal advierte que la recurrente expone en sus argumentos que: (Sic) “la resolución emitida por el Tribunal de Alzada no contiene una motivación suficiente y coherente”, argumento que no es de recibo por este Alto Tribunal, pues la resolución se muestra lo suficientemente motivada y coherente en respuesta a los agravios externados por el ente acusador, el que la respuesta no sea conforme a las pretensiones de la recurrente no es indicativo de vulneración del principio al debido proceso.- CONSIDERANDO (11): Que vista y analizada la resolución que se recurre, podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, no ha vulnerado en perjuicio de su representado el Estado de Honduras, el derecho constitucional invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala de lo Constitucional, pues la recurrente cuestiona que la resolución no contiene una motivación suficiente y coherente; no obstante a ello en la resolución impugnada se han observado los requisitos esenciales en cuanto a la motivación de las resoluciones que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunado a ello la impetrante centra sus argumentos en la falta de observación del elemento del dolo en la comisión del delito de Abuso de Autoridad, cuestiones que son propias de resolver en los Juzgados y Tribunales de instancia, como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, debiendo únicamente intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de protección de derechos humanos y fundamentales, ratificados por Honduras, lo cual no ocurre en el caso sub júdice.- CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro está que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, como corolario de lo anterior el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha VEINTITRÉS (23) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. - NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0337-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta y uno de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), que resolvió los recursos de apelación interpuestos por la Defensa y el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en relación a la causa instruida contra la señora CAROLINA YAMILETH AGUILAR VELASQUEZ, por suponerla responsable a título de autor, de la comisión de los delitos de HOMICIDIO y ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio del señor DARWIN RAMON GARCIA SILVA y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se ha quebrantado el derecho al debido proceso, contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiséis (26) de julio del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN la Abogada WENDY REYES, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Publico, presentando Requerimiento Fiscal contra la señora CAROLINA YAMILETH AGUILAR VELASQUEZ, por suponerla responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del ciudadano DARWIN RAMON GARCIA SILVA. (Folios del 1 al 05 de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 2) Que seguido el trámite correspondiente el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en audiencia inicial celebrada en fecha veintinueve de julio del año dos mil dieciséis resolvió: (Sic) “1.-) Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, en contra de CAROLINA YAMILETH AGUILAR VELASQUEZ por suponerla responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL en perjuicio de DARWIN RAMON GARCIA SILVA. 2.-) Decretar Sobreseimiento definitivo a CAROLINA YAMILETH AGUILAR VELASQUEZ, por suponerla responsable de la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD en perjuicio de LA ADMINISTRACION PUBLICA. TERCERO: Imponer a CAROLINA YAMILETH AGUILAR VELASQUEZ, la medida cautelar de prisión preventiva, para lo cual se enviará la nota correspondiente al Director Nacional de Unidades Especiales de la Policía Nacional Preventiva, a fin de que tenga conocimiento de la situación jurídica de la imputada y ordene la custodia de la imputada mencionada, ordenando se le extienda la carta de Libertad definitiva por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD….” (Folios del 19 al 30 de la pieza de antecedentes de primera instancia)- 3) Que en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), resolviendo los recursos de apelación interpuestos por la Defensa y el Ministerio Público, contra la resolución dictada por el A-quo en Audiencia Inicial, la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, por Unanimidad de Votos resolvió: (Sic) “1) Declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Publico Abogado, Germán David Reyes Pavón.- 2.- REFORMAR el auto de formal procesamiento decretado contra Carolina Yamileth Aguilar Velásquez a Homicidio.- 3.- NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada Abogada Yesica Patricia Zavala Fuentes….” (Folios del 120 al 128fv de la pieza Antecedentes de primera instancia).- 4) Que la recurrente abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha tres (03) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintitrés (23) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), manifestando que dicha resolución es violatoria a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha diez (10) de enero del presente año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, misma que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, por la cual se declara HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público y declara NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada de la encausada contra la resolución que ha quedado relacionada en los antecedentes de este libelo, reformando la resolución dictada por el a-quo, en fecha veintinueve (29) de julio del año dos mil dieciséis (2016), del delito de Homicidio Preterintencional al delito de Homicidio y confirma el Sobreseimiento Definitivo por el delito de Abuso de Autoridad.- CONSIDERANDO (4): Que, en la acción constitucional impetrada, la recurrente muestra su descontento con la resolución dictada por el Ad-quem, al confirmar éste, el Sobreseimiento Definitivo dictado por el A-quo en Audiencia Inicial, a favor de la encausada Carolina Yamileth Aguilar Velásquez. Arguye la impetrante que de la lectura de la sentencia recurrida específicamente el numeral sexto, se aprecia la contradicción externada por el Ad-quem en la argumentación de la motivación de la misma y que ello constituye vulneración al debido proceso. En sustento de su tesis, la recurrente dice que resulta contradictorio señalar por un lado que de la valoración correspondiente se acreditó de manera plena la comisión del delito de Homicidio, el cual requiere de dolo al momento de causar la muerte del señor Darwin Ramón García Silva y por otro lado, no aprecio ese mismo dolo que se requirió cuando la encausada, en su accionar de proteger a una mujer que supuestamente estaba siendo agredida, se abstuvo de cumplir algunos principios de actuación regulados en la ley, excediéndose en el uso de la fuerza al momento de requerir al occiso, quien no portaba ninguna arma de fuego, ni representaba un grave peligro para su vida, ya que se encontraba sentado dentro del vehículo.- CONSIDERANDO (5): Que la impetrante sostiene, que la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, bajo razonamientos contradictorios, pues se pronuncia y decide aplicando argumentos excluyentes entre si, como considerar que la señora Carolina Yamileth Aguilar Velásquez incurrió en el tipo penal de Homicidio y al mismo tiempo indicar que en la ejecución de este acto reprochable no hubo dolo en su excesivo uso de poder; lo que en definitiva constituye una flagrante violación al derecho debido proceso, mismos que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, y como se ha dicho la resolución emitida por el Tribunal de Alzada no contiene una motivación suficiente y coherente en relación a la normativa citada.- CONSIDERANDO (6): Que con arreglo a lo prescrito por el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece…” y lo establecido por el artículo 92 constitucional “Solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice.” La garantía genérica del debido proceso se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc.- CONSIDERANDO (7): Que la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un auto de prisión, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (8): Que en relación a la motivación de las resoluciones judiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”[6], y que “la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que estas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores”[7]. Sin embargo también aclaró que “el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión”[8]. La motivación de las resoluciones a criterio de Carrillo Vinader[9], cumple los siguientes fines: a) Evidencia la sumisión de los Jueces y Tribunales al ordenamiento jurídico. Al Poder Judicial se le reconoce el ejercicio de un poder esencial en la comunidad, el de juzgar, pero no puede hacerlo arbitrariamente, caprichosamente, sino que ha de actuar con total sometimiento a las leyes que son expresión de la voluntad colectiva; b) El poner de relieve los fundamentos de la decisión, su justicia o, al menos, su adecuación al Derecho; y c) Cumple una función meramente instrumental, al facilitar el control de las decisiones judiciales por los Tribunales revisores. Es así que entiende esta Sala de lo Constitucional que: “la necesidad de motivar las resoluciones judiciales no exige una agotadora exposición de argumentos y razones, siendo admisible una fundamentación escueta, siempre que de la misma se desprenda que la decisión judicial responde a una interpretación del derecho o de las pruebas que es ajena a toda arbitrariedad”[10]- CONSIDERANDO (9): Que uno de los derechos fundamentales comprendidos dentro de la garantía genérica del debido proceso, es el que tienen las partes a obtener una respuesta suficientemente motivada a sus pretensiones, en este caso, es de capital importancia establecer si el razonamiento externado por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en su resolución de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis, al declarar Parcialmente Ha Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el A-quo en Audiencia Inicial, que decreta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Homicidio Preterintencional y Sobreseimiento Definitivo por el delito de Abuso de Autoridad, cumple con esa exigencia.- CONSIDERANDO (10): Que de los argumentos expuestos por la recurrente ésta señala que la motivación expuesta por la Alzada se presenta incongruente, en cuanto en la valoración correspondiente apreció el elemento del dolo en el delito de Homicidio, elemento que no observó en el delito de Abuso de Autoridad; la impetrante hace énfasis en el numeral sexto, intitulado “MOTIVACIÓN”, de la resolución que impugna, desarrollando la Alzada en el relacionado acápite una motivación lo suficientemente amplia a efecto de exteriorizar la justificación razonada que permite llegar a una conclusión, exigencia que es de amplia jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha sido debidamente observada por la Corte de Apelaciones recurrida. De la lectura de la acción constitucional impetrada, este Alto Tribunal advierte que la recurrente expone en sus argumentos que: (Sic) “la resolución emitida por el Tribunal de Alzada no contiene una motivación suficiente y coherente”, argumento que no es de recibo por este Alto Tribunal, pues la resolución se muestra lo suficientemente motivada y coherente en respuesta a los agravios externados por el ente acusador, el que la respuesta no sea conforme a las pretensiones de la recurrente no es indicativo de vulneración del principio al debido proceso.- CONSIDERANDO (11): Que vista y analizada la resolución que se recurre, podemos afirmar, que en la motivación externada por el Tribunal ad-quem al declarar Ha Lugar Parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, no ha vulnerado en perjuicio de su representado el Estado de Honduras, el derecho constitucional invocado. Conclusión a la que arriba esta Sala de lo Constitucional, pues la recurrente cuestiona que la resolución no contiene una motivación suficiente y coherente; no obstante a ello en la resolución impugnada se han observado los requisitos esenciales en cuanto a la motivación de las resoluciones que exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunado a ello la impetrante centra sus argumentos en la falta de observación del elemento del dolo en la comisión del delito de Abuso de Autoridad, cuestiones que son propias de resolver en los Juzgados y Tribunales de instancia, como lo ha expresado este Alto Tribunal en reiteradas sentencias, debiendo únicamente intervenir cuando se observe que en el acto recurrido se han vulnerado derechos y garantías reconocidas en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de protección de derechos humanos y fundamentales, ratificados por Honduras, lo cual no ocurre en el caso sub júdice.- CONSIDERANDO (12): Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde en un recurso de amparo el pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro está que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que en el caso de autos no ha sucedido, como corolario de lo anterior el recurso de amparo interpuesto debe ser DENEGADO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 82, 90, 92, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCÍA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución de fecha VEINTITRÉS (23) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS, emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa. - NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha treinta y uno (31) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0337-2017.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[2] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[3] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[4] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[5] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.
[6] Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107.
[7] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 78.
[8] Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90.
[9] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 243 y 244.
[10] Palacios Mejía, José María y Fernández Entralgo, Jesús (Coordinadores). Código Procesal Penal Comentado Honduras. Agencia Española de Cooperación Internacional, Tegucigalpa, Honduras. Septiembre de 2000, LITOCOM, S. de R. L. de C. V. Pág. 249.