Sentencia AP-324-18 — Registro 7750
Resumen
Sentencia resuelve recurso de apelación contra auto dictado por juzgado de primera instancia con relación a causa contra recurrente por suponerlo resposable del delito de amenazas en perjuicio de ofendido
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."del análisis de las alegaciones en que basa los recurrentes su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de calificar y valorar la prueba que con arreglo a la sana critica se forma su convicción y razonamiento el juzgador para emitir su fallo respectivo, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley..."..."esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios que obliga al análisis de los elementos probatorios, con el fin de llegar a establecer si el hecho constituye o no delito, o en caso de serlo, si se subsume en el tipo penal por el que se acusa, son asuntos que no corresponden resolverse mediante la garantía de amparo, por ser actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales, en tal sentido son estas cuestiones de mera legalidad, a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo..."..."este alto Tribunal halla que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, y por tanto del fallo de la autoridad recurrida no se han encontrando las garantías constitucionales que se invocan como violadas, y por tanto esta dentro del marco legal aplicable..."..."ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento es procedente declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad; por lo que estima esta Sala que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 9 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintinueve de junio del año dos mil dieciocho.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados MARBIN ZAU SAUCEDO GALEANO y ELVA MARCELA DÍAZ MARTINEZ, a favor del señor EDWIN ADALID BENITEZ AGUILAR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de enero del año dos mil dieciocho, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de julio del año dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN ADALID BENITEZ AGUILAR; por suponerlo responsable del delito de AMENAZAS, en perjuicio del señor MIGUEL ESPINALES GALINDO.- CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa los recurrentes su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de calificar y valorar la prueba que con arreglo a la sana critica se forma su convicción y razonamiento el juzgador para emitir su fallo respectivo, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley.- CONSIDERANDO: Que la alegación en que los impetrantes basan su recurso, refieren que el Ad-quem no tomo en cuenta ni valoró las pruebas presentadas en audiencia inicial objetivamente. Esta Sala aprecia sin embargo que de los alegatos esgrimidos por los recurrentes fueron resueltos por el Ad-quem en el acto impugnado y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, estimando que este se dicto con todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que en respecto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios que obliga al análisis de los elementos probatorios, con el fin de llegar a establecer si el hecho constituye o no delito, o en caso de serlo, si se subsume en el tipo penal por el que se acusa, son asuntos que no corresponden resolverse mediante la garantía de amparo, por ser actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales, en tal sentido son estas cuestiones de mera legalidad, a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal halla que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, y por tanto del fallo de la autoridad recurrida no se han encontrando las garantías constitucionales que se invocan como violadas, y por tanto esta dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento es procedente declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad; por lo que estima esta Sala que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por los Abogados MARBIN ZAU SAUCEDO GALEANO y ELVA MARCELA DÍAZ MARTINEZ, a favor del señor EDWIN ADALID BENITEZ AGUILAR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de enero del año dos mil dieciocho; al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad; estimando además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0324-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M. D. C., veintinueve de junio del año dos mil dieciocho.- VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por los Abogados MARBIN ZAU SAUCEDO GALEANO y ELVA MARCELA DÍAZ MARTINEZ, a favor del señor EDWIN ADALID BENITEZ AGUILAR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de enero del año dos mil dieciocho, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha trece (13) de julio del año dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor EDWIN ADALID BENITEZ AGUILAR; por suponerlo responsable del delito de AMENAZAS, en perjuicio del señor MIGUEL ESPINALES GALINDO.- CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa los recurrentes su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de calificar y valorar la prueba que con arreglo a la sana critica se forma su convicción y razonamiento el juzgador para emitir su fallo respectivo, para lo cual estima esta Sala, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley.- CONSIDERANDO: Que la alegación en que los impetrantes basan su recurso, refieren que el Ad-quem no tomo en cuenta ni valoró las pruebas presentadas en audiencia inicial objetivamente. Esta Sala aprecia sin embargo que de los alegatos esgrimidos por los recurrentes fueron resueltos por el Ad-quem en el acto impugnado y por tanto no se le deniega una garantía constitucional, estimando que este se dicto con todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que en respecto a la independencia de los jueces y tribunales, esta Sala de lo Constitucional es y ha sido del criterio, que los asuntos de mera legalidad o alegatos propios de instancia, como lo es el resultado de la valoración subjetiva de los elementos aportados como prueba en los juicios que obliga al análisis de los elementos probatorios, con el fin de llegar a establecer si el hecho constituye o no delito, o en caso de serlo, si se subsume en el tipo penal por el que se acusa, son asuntos que no corresponden resolverse mediante la garantía de amparo, por ser actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales, en tal sentido son estas cuestiones de mera legalidad, a menos que esto constituya una infracción evidente a los preceptos constitucionales, infringiendo así los derechos fundamentales tutelados por la Constitución de la República a la parte que se considere agraviada, la cual debe señalar de manera puntual tal violación; situación que no se aprecia luego de efectuado el correspondiente estudio del escrito de interposición y del acto reclamado en amparo.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal halla que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, y por tanto del fallo de la autoridad recurrida no se han encontrando las garantías constitucionales que se invocan como violadas, y por tanto esta dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento es procedente declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad; por lo que estima esta Sala que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por los Abogados MARBIN ZAU SAUCEDO GALEANO y ELVA MARCELA DÍAZ MARTINEZ, a favor del señor EDWIN ADALID BENITEZ AGUILAR, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de enero del año dos mil dieciocho; al apreciar esta Sala que los recurrentes alegan una violación de mera legalidad; estimando además que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco (5) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veintinueve (29) de junio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0324-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional