Sentencia AP-300-18 — Registro 9324
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación de querellados, confirmó resolución que consideró resolver la excepción de extinción de la acción penal al momento de dictar sentencia; además declaró ha lugar parcialmente recurso de apelación de querellante y dispuso que se continuara la querella por posible participación en delito de fraude continuado contra personas jurídicas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la Sala de lo Constitucional en reiterados precedentes, se ha pronunciado en cuanto a la aplicación del artículo 46 del Código Procesal Penal[1], referente a las excepciones oponibles en el proceso penal, como ser la falta de acción y la falta de tipicidad y/o materia justiciable, esta última afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción es común. La Sala ha sido enfática en afirmar que la falta de tipicidad o inexistencia del delito no es una excepción oponible, sino que es un extremo de fondo que deberá ser dilucidado en el juicio oral y público; la falta de acción en cambio se refiere a cuestiones procesales y no de fondo..."..."esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República..."..."esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce..."..."este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes..."..."esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República..."..."este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por los recurrentes, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a los quejosos..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46, numeral 1 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil dieciocho. VISTOS: los recursos de amparo interpuestos por: 1) El Abogado MARCO ANTONIO CÁLIX MOLINA a favor del señor JORGE ALBERTO ALVARADO LÓPEZ, registrado en este Tribunal bajo el No. 300-18; y 2) el Abogado NICOLAS GARCIA SORTO a favor del señor ROBERTO BUESO ARAUJO, registrado en este Tribunal bajo el No. 348-18, ambos contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por la SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el catorce de junio de dos mil diecisiete; con relación a la querella que por el delito de FRAUDE CONTINUADO interpuso el señor JESÚS FUAD HASBUN TOUCHE, en su condición de representante de la sociedad mercantil denominada AVANTI INVERSIONES HOTELES, S.A. DE C.V., contra los señores ALVARO MORALES PATIÑO, como representante legal de BANCO DAVIVIENDA, HONDURAS, S.A.; JUAN TORREBIARTE LANTZENDORFFER, como representante legal de BANCO DEL PAIS, S.A.; y LUIS NAPOLEÓN LARACH LARACH, como representante legal de DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. (DEINSA); ampliada contra los señores JORGE ALBERTO ALVARADO LÓPEZ, como representante legal de BANCO DAVIVIENDA (HONDURAS), S.A.; ROBERTO BUESO ARAUJO, como representante como representante legal de BANCO DEL PAIS, S.A.; y NAPOLEÓN JUAN LARACH JAMIS, como representante legal de DESARROLLOS INMOBILIARIOS, S.A. DE C.V. (DEINSA). CONSIDERANDO: Que el recurrente abogado MARCO ANTONIO CÁLIX MOLINA, en su escrito de interposición del presente amparo estima, que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, que confirma la resolución decretada por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el catorce de junio de dos mil diecisiete, es violatoria de los derechos de defensa y debido proceso contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República, al haberse ordenado la continuación del proceso contra el señor Jorge Alberto Alvarado López por el delito de Fraude Continuado en perjuicio del querellante, sin que éste haya realizado una infracción penal que lo responsabilice, ya que su conducta no se subsume en ninguno de los elementos objetivos ni subjetivos del tipo penal, ya que el señor Alvarado López realizó acciones de recuperación de créditos al representar legalmente al Banco Grupo El Ahorro Hondureño, S.A. (BGA) al recibir de Desarrollos Inmobiliarios, S.A. (DEINSA), el monto del derecho de crédito con sus respectivos intereses que tenía a su cargo Inversiones Hoteles Avanti, S.A., causado por el financiamiento que le concedió para la ejecución del proyecto de construcción de un hotel y su equipamiento, no habiéndose enriquecido con el pago que legalmente recibió de DEINSA por cuenta de la deudora Inversiones Hoteles Avanti, S.A.. Asimismo, debió el Tribunal de Segunda instancia estimar las excepciones de Falta de Acción, por no haberse debido promover la querella y extinción de la acción penal, por prescripción; en cuanto a la primera, no se podía interponer la querella sin acreditar simultáneamente la existencia del daño económico que sufrió por el delito, y en cuanto a la segunda, ya se encontraba extinguida la acción penal. CONSIDERANDO: Que el recurrente abogado NICOLÁS GARCÍA SORTO, en su escrito de interposición del presente amparo estima, que la resolución dictada por el Ad-Quem en fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, que confirma la resolución decretada por la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el catorce de junio de dos mil diecisiete, es violatoria del derecho al debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República al no motivar adecuadamente la misma, pues la participación del señor Roberto Bueso Araujo como representante legal del Banco del País, S.A. (Banpaís), en los actos objeto de enjuiciamiento son meramente mercantiles y bancarios, pues Banpaís únicamente sirvió de aval a la sociedad Desarrollos Inmobiliarios, S.A. (DEINSA), por el préstamo que recibió de los bancos Bancahorro y Bancahsa, para la venta de un inmueble que hizo el señor Hasbun Touche a DEINSA por el bien que había dado en hipoteca a los referidos bancos por un préstamo otorgado y que se encontraba en mora en el pago de las obligaciones contraídas, haciendo caso omiso la Corte de la prueba aportada al proceso, quien debió respetar lo pactado entre las partes. Alega el recurrente, que no existe ningún indicio racional de la comisión del delito de Fraude y mucho menos continuado de su representado, pues los hechos a él imputados fueron pactados y consentidos por las partes. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, cual es la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-Quem: a) estimó procedente declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por los abogados querellados Marco Antonio Calix Molina y Juan Sánchez Cantillano, en consecuencia confirmó la resolución dictada por el A-Quo en la que resolvió dirimir a sentencia (una vez realizado el juicio oral y público) la resolución de la excepción de la extinción de la acción penal, al considerar que por complejidad o por estar íntimamente o estrechamente relacionada con el fondo del asunto o con aspectos de la tipicidad de los hechos imputados, era necesario diferirla para que se resolviera hasta el momento de dictar sentencia, de lo contrario se provocaría que el juez se pronunciara sobre aspectos propios de la valoración de los hechos, tipicidad y los posibles concursos de delitos antes del momento procesal previsto para ello (deliberación y fallo), afectando con ello el debido proceso; y b) estimó declarar ha lugar parcialmente el recurso de apelación promovido por la abogada querellante Claudia Delia Maldonado Arriaga, en consecuencia dispuso que se continuara la sustanciación de la querella contra los señores Jorge Alberto Alvarado López y Roberto Bueso Araujo, por su posible participación en el delito de fraude continuado por el cual se les acusó, pues de los antecedentes apreció que ostentaban en el momento que sucedieron los hechos acusados, la representación como presidentes ejecutivos o representantes legales del Banco Grupo El Ahorro Hondureño, S.A. (BGA) y del Banco del País (BANPAIS) respectivamente, además firmaron el contrato de compraventa contenido en el Instrumento Público No. 134 mediante el cual según la querella se lesionó el bien jurídico tutelado, constando además que el señor Roberto Bueso Araujo también fue parte del Consejo de Administración como Primer Consejero nombrado por la Asamblea General de Accionistas de la sociedad Desarrollos Inmobiliarios, S.A. (DEINSA) y posteriormente como Comisario Social de dicha Asamblea General. CONSIDERANDO: Que el Código Procesal Penal en su artículo 320 dispone, que el Tribunal resolverá lo relativo a la competencia del órgano judicial, la recusación de alguno de sus miembros, las excepciones, las causas de nulidad o la exclusión de medios de prueba por causa de su ilicitud, en el mismo acto en que sean planteadas o se reservarán para resolver todas o alguna de ellas en la sentencia que dicte en el proceso. CONSIDERANDO: Que la Sala de lo Constitucional en reiterados precedentes, se ha pronunciado en cuanto a la aplicación del artículo 46 del Código Procesal Penal[1], referente a las excepciones oponibles en el proceso penal, como ser la falta de acción y la falta de tipicidad y/o materia justiciable, esta última afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción es común. La Sala ha sido enfática en afirmar que la falta de tipicidad o inexistencia del delito no es una excepción oponible, sino que es un extremo de fondo que deberá ser dilucidado en el juicio oral y público; la falta de acción en cambio se refiere a cuestiones procesales y no de fondo. CONSIDERANDO: Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que esta Sala aprecia consecuentemente, que el Ad-Quem, no ha hecho sino aplicar el ordenamiento jurídico vigente y ajustable al asunto que resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO: Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de petición, defensa y el debido proceso al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que esta Sala no advierte que con la resolución impugnada se violente, lesione o se atente contra la garantía del debido proceso o contra los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos. El conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, resulta oportuno cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones, propias de instancia, corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el Juez o Tribunal rechazará la demanda de amparo que fuere improcedente y sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal advierte, de las cuestiones planteadas por los recurrentes, que éstas resultan ser alegaciones de mera legalidad, propias de la instancia procesal ordinaria que resolvió el asunto que nos ocupa, no pudiendo discernirse de sus planteamientos que se haya vulnerado garantía constitucional alguna y siendo que el presente asunto correspondía ser conocido y resuelto por la justicia ordinaria como queda dicho, lo cual ha hecho sin que haya mediado arbitrariedad, desafuero o trasgresión alguna a derechos constitucionales corresponde, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), procede sobreseer el recurso de mérito, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a los quejosos. POR TANTO: LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los Artículos 92, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª., y 316 de la Constitución de la República; 46 y 320 del Código Procesal Penal; 5, 7, 46 numeral 1) y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER los Recursos de Amparo interpuestos por los Abogados MARCO ANTONIO CÁLIX MOLINA a favor del señor JORGE ALBERTO ALVARADO LÓPEZ, y NICOLAS GARCIA SORTO a favor del señor ROBERTO BUESO ARAUJO, ambos contra la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, en virtud de haberse advertido la concurrencia de la causal de inadmisibilidad establecida en el artículo 46 numeral 1º de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda vez que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a los quejosos; Y MANDA: Que una vez firme la presente resolución, se proceda a devolver los antecedentes al lugar de su procedencia con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes y en definitiva se archiven las presentes diligencias. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha treinta de julio del año dos dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo los números SCO-0300 y 0348=2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Conforme las sentencias recaídas en los Amparos AP 225-08, AP 726=07, AP 1103-2015 y AP 1001-2013.