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Sentencia AP-30-17 — Registro 7814

Resumen

Resolución que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que declara sobreseimiento provisional con relación a la causa instruida contra el señor imputado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"(7): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO:(8) Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado, el Debido Proceso y demás Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO(9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.- CONSIDERANDO(10): Que el numeral 1) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad, tal y como acontece en el caso subjúdice”."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; con relación a la causa instruida contra el señor AUGUST HENRY TABONY, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; la Abogada LESLY PATRICIA RODRIGUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor AUGUST HENRY TABONY, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que en fecha once de enero del año dos mil dieciséis, en la cual el Juzgado de Letras citado dictó sentencia en la cual, DECRETÓ: 1. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor del imputado AUGUST HENRY TABONY, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2.- Revocar la medida cautelar de Detención Judicial decretada en Audiencia de Declaración de Imputado, que se extienda Carta de Libertad Provisional a favor del imputado AUGUST HENRY TABONY, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 18 al 26 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: 1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2) CONFIRMAR la resolución apelado. (Folios del 819 al 822 la primera pieza de antecedentes).- 4) La recurrente Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de enero de dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, esta Sala tuvo por formalizada la acción de Amparo y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico.- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; con relación a la causa instruida contra el señor AUGUST HENRY TABONY, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo (F. 39 pieza de amparo), expone como quebrantado el Derecho al Debido Proceso, el cual establece que: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” Asimismo, considera vulnerado el Principio de Legalidad contemplado en el artículo 321 de la Constitución de la República, que señala:” Los servidores del Estado no tiene mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, por las razones fácticas y jurídicas que procede a exponer: “Se desprende de la motivación establecida por el A-quo y el A-quem, que a su juicio el Apoderado defensor del acusado, comprobó que el señor August Henry Tabony posee en Honduras y Belice, sociedades legalmente constituidas, así como que ha cumplido con sus obligaciones tributarias, pero esto no lo exime de cometer el delito de lavado de activos, sobre todo tomando en consideración que la documentación de descargo, no aporta información financiera y contable confiable, en cuanto al volumen de ventas; además que el sentenciador, no esta considerando, que si se trata de un comerciante que viaja con cierta frecuencia al exterior, las máximas de la experiencia nos conduce a afirmar que conoce los procedimientos legales para la movilización de activos (dinero) que exceda de Diez Mil dólares; tampoco puede servir de fundamento a este actuar, el hecho que banco LAFISE, no reciba billetes de veinte dólares o dañados, tal y como lo argumentó la defensa, lo relevante es que el imputado no declaró la suma de dinero que llevaba consigo, tratando de pasarlo inadvertido y para ello lo ocultó entre libros, evidenciando que su intención era trasladar dicha cantidad de dinero, sin el conocimiento de las autoridades competentes, sumado al hecho que no se acreditó fehacientemente una justificación económica del porque portaba la cantidad de Dieciséis Mil Cuatrocientos Noventa dólares americanos, por lo que consideramos que con los medios de prueba evacuados durante la audiencia inicial, se cumple a cabalidad los requisitos establecidos en el articulo 297 del Código Procesal Penal, para el dictado del auto de formal procesamiento, al existir plena prueba de la comisión del delito y la convicción de que el imputado ha practicado como autor directo del mismo”.- CONSIDERANDO: (5) Continúa manifestando la impetrante “Que en la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, se valoró la prueba ofertada y evacuada en audiencia inicial, en desapego a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o de la sana critica, ello conlleva la obligación, de razonar el resultado probatorio en la resolución, debiendo expresar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos, justificando según las reglas de la sana critica el valor que se haya dado a las practicas en el caso de autos en la audiencia inicial, y en su caso el razonamiento utilizado para obtener conclusiones, tal y como lo establece el artículo 202 del Código Procesal Penal. De ahí, que la incumplir lo dispuesto en la norma supra referida, se violenta el derecho Debido Proceso, el cual se ve materializado en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva, es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tiene las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa para el correcto juzgamiento. Siendo su finalidad lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas sean públicas o privadas.”- CONSIDERANDO: (6) Sigue exponiendo la recurrente, que “Asimismo se vulnera el principio de Legalidad, o primacía de la ley que es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder publico debería de estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Por está razón se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica. Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el Poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que impone al Juez a emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, o interpretación personal sin tomar en cuanta la norma, el hecho, la prueba y el derecho aplicar, que si bien el Juez tiene la facultad de interpretar la ley, esta debe de ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma. Finalmente, la amparista hace alusión a una sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (7): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO:(8) Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado, el Debido Proceso y demás Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO(9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.- CONSIDERANDO(10): Que el numeral 1) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad, tal y como acontece en el caso subjúdice”.- POR TANTO: La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª,y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 137 y 257 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 1, 49 No.3 50, 54 y 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0030-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; con relación a la causa instruida contra el señor AUGUST HENRY TABONY, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; la Abogada LESLY PATRICIA RODRIGUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor AUGUST HENRY TABONY, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Que en fecha once de enero del año dos mil dieciséis, en la cual el Juzgado de Letras citado dictó sentencia en la cual, DECRETÓ: 1. SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor del imputado AUGUST HENRY TABONY, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2.- Revocar la medida cautelar de Detención Judicial decretada en Audiencia de Declaración de Imputado, que se extienda Carta de Libertad Provisional a favor del imputado AUGUST HENRY TABONY, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios del 18 al 26 de la primera pieza de antecedentes).- 3) Que en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: 1) Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2) CONFIRMAR la resolución apelado. (Folios del 819 al 822 la primera pieza de antecedentes).- 4) La recurrente Abogada KARLA MARIA ARITA MENDOZA, compareció ante este Tribunal, en fecha doce de enero de dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha catorce de septiembre del año dos mil diecisiete, esta Sala tuvo por formalizada la acción de Amparo y ordenó seguir con el procedimiento, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el articulo 37 de la Ley del Ministerio Publico.- CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de agosto de dos mil dieciséis, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal; con relación a la causa instruida contra el señor AUGUST HENRY TABONY, por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO: (4) Que la recurrente en la formalización de la acción de amparo (F. 39 pieza de amparo), expone como quebrantado el Derecho al Debido Proceso, el cual establece que: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” Asimismo, considera vulnerado el Principio de Legalidad contemplado en el artículo 321 de la Constitución de la República, que señala:” Los servidores del Estado no tiene mas facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, por las razones fácticas y jurídicas que procede a exponer: “Se desprende de la motivación establecida por el A-quo y el A-quem, que a su juicio el Apoderado defensor del acusado, comprobó que el señor August Henry Tabony posee en Honduras y Belice, sociedades legalmente constituidas, así como que ha cumplido con sus obligaciones tributarias, pero esto no lo exime de cometer el delito de lavado de activos, sobre todo tomando en consideración que la documentación de descargo, no aporta información financiera y contable confiable, en cuanto al volumen de ventas; además que el sentenciador, no esta considerando, que si se trata de un comerciante que viaja con cierta frecuencia al exterior, las máximas de la experiencia nos conduce a afirmar que conoce los procedimientos legales para la movilización de activos (dinero) que exceda de Diez Mil dólares; tampoco puede servir de fundamento a este actuar, el hecho que banco LAFISE, no reciba billetes de veinte dólares o dañados, tal y como lo argumentó la defensa, lo relevante es que el imputado no declaró la suma de dinero que llevaba consigo, tratando de pasarlo inadvertido y para ello lo ocultó entre libros, evidenciando que su intención era trasladar dicha cantidad de dinero, sin el conocimiento de las autoridades competentes, sumado al hecho que no se acreditó fehacientemente una justificación económica del porque portaba la cantidad de Dieciséis Mil Cuatrocientos Noventa dólares americanos, por lo que consideramos que con los medios de prueba evacuados durante la audiencia inicial, se cumple a cabalidad los requisitos establecidos en el articulo 297 del Código Procesal Penal, para el dictado del auto de formal procesamiento, al existir plena prueba de la comisión del delito y la convicción de que el imputado ha practicado como autor directo del mismo”.- CONSIDERANDO: (5) Continúa manifestando la impetrante “Que en la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, se valoró la prueba ofertada y evacuada en audiencia inicial, en desapego a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o de la sana critica, ello conlleva la obligación, de razonar el resultado probatorio en la resolución, debiendo expresar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos, justificando según las reglas de la sana critica el valor que se haya dado a las practicas en el caso de autos en la audiencia inicial, y en su caso el razonamiento utilizado para obtener conclusiones, tal y como lo establece el artículo 202 del Código Procesal Penal. De ahí, que la incumplir lo dispuesto en la norma supra referida, se violenta el derecho Debido Proceso, el cual se ve materializado en aquellas garantías mínimas e ineludibles que permiten el resultado justo, equitativo e imparcial en un proceso, lo que se conoce como la tutela jurisdiccional efectiva, es un reconocimiento al derecho a la igualdad que tiene las partes y el órgano jurisdiccional de utilizar la ley para su defensa para el correcto juzgamiento. Siendo su finalidad lograr el máximo respeto de los derechos fundamentales de la persona que afronta un proceso. A través de él, se logra la plena satisfacción de los intereses individuales de las partes y permite una adecuada justicia social. Como derecho, el debido proceso no admite excepciones y corresponde a todo tipo de causas sean públicas o privadas.”- CONSIDERANDO: (6) Sigue exponiendo la recurrente, que “Asimismo se vulnera el principio de Legalidad, o primacía de la ley que es un principio fundamental conforme al cual todo ejercicio del poder publico debería de estar sometido a la voluntad de la ley y de su jurisdicción y no a la voluntad de las personas. Por está razón se dice que el principio de legalidad establece la seguridad jurídica. Se podría decir que el principio de legalidad es la regla de oro del derecho público y en tal carácter actúa como parámetro para decir que un Estado es un Estado de Derecho, pues en el Poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que impone al Juez a emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, o interpretación personal sin tomar en cuanta la norma, el hecho, la prueba y el derecho aplicar, que si bien el Juez tiene la facultad de interpretar la ley, esta debe de ser orientada a la búsqueda del verdadero sentido de la norma. Finalmente, la amparista hace alusión a una sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional.- CONSIDERANDO (7): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO:(8) Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado, el Debido Proceso y demás Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO(9): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.- CONSIDERANDO(10): Que el numeral 1) y el ultimo párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad, tal y como acontece en el caso subjúdice”.- POR TANTO: La Sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª,y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 137 y 257 de la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 1, 49 No.3 50, 54 y 119 de la Ley sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, RESUELVE: SOBRESEER el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0030-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional