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Sentencia AP-297-18 — Registro 10428

Resumen

Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo contra acto omitido del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Siguatepeque, Comayagua, de redacción y lectura de sentencia en el proceso penal contra varios imputados por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos, tortura y homicidio; y decretó sentencia condenatoria contra otros imputados por suponerlos responsables del delito de vejámenes en perjuicio de ofendido; además se le ordenó al Tribunal cumplir con el acto omitido; Además, consideró que la actitud omisiva conduce a la violación de un “plazo razonable”, conduce a las partes a la incertidumbre jurídica del asunto penal sometido a proceso

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”El Tribunal Ad-Quem resolvió dicho recurso de Amparo, mediante sentencia de fecha seis (6) de abril de dos mil dieciocho (2018), consignando en su considerando penúltimo; “Que ante la demora del Tribunal en la emisión de la sentencia sin justificación legal alguna, como las que resultan permisibles en ley, considera esta Corte que la actitud omisiva del Tribunal de Sentencia amparado, conduce a la violación de un “plazo Razonable”, ya que esta actitud omisiva del Tribunal, conduce a las partes a la incertidumbre jurídica, sin posibilidad certera de finalización del asunto penal sometido a proceso,…”…”a criterio de esta Corte, la demora del Tribunal de Sentencia en la redacción y lectura de la sentencia, genera además de violaciones al debido proceso también de derecho a la Tutela Judicial efectiva por la imposibilidad real generara al ente acusador y a las demás partes para poder recurrir el fallo dictado por el tribunal, generando la infracción al artículo 8.2 h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos…”…”el numeral 3 del artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en la acción de estudio, señala que corresponde entonces la determinación de la conducta a cumplir por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, una vez firme la presente sentencia y devueltos que hayan sido los antecedentes al Tribunal donde debe ejecutarse la misma…”…”esta Sala tiene claridad en que lo procedente es la confirmación del fallo emitido en cuanto el fondo de la misma que OTORGA EL AMPARO, y reforma la misma, únicamente en lo relativo a la conducta a cumplir.…”(La conducta a cumplir por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, es la siguiente: El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en aplicación del párrafo 2°, del Articulo 64 e la Ley Sobre Justicia Constitucional, procederá a la redacción inmediata de la sentencia, y citará a las partes a audiencia de notificación de la misma dentro del término establecido en la ley procesal penal.)

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto de dos mil Dieciocho. VISTA: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha seis de abril de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, que otorgó el recurso de amparo presentado por el Fiscal del Ministerio Público, Abogado JACOBO SANTOS ESPINAL a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra el acto omitido del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, consistente en la no redacción y lectura de sentencia, relacionados a la causa instruida contra los señores NAZIR LÓPEZ ORELLANA, ALFREDO PEREZ LÓPEZ, Y HÉCTOR ELVIR COREA LÓPEZ, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, TORTURA Y HOMICIDIO; asimismo contra CARLOS FRANCISCO VERDE, CARLOS ROBERTO PALMA TURCIOS, y MONICO AGUIRRE URQUIA; por la comisión del delito de VEJÁMENES en perjuicio de MARIO ORLANDO SEQUEIRA CANALES. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 80 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, compareció ante la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, el Abogado JACOBO SANTOS ESPINAL en su condición de Fiscal del Ministerio Público interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra actuaciones del Tribunal de Sentencia de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, consistente en la omisión de redacción y lectura de sentencia, en virtud de haberse celebrado Juicio Oral y Público en fecha doce (12) de junio del dos mil diecisiete (2017), dando a conocer el fallo el día viernes veintiocho (28) de julio de dos mil diecisiete (2017), decretando Sentencia Absolutoria contra los ciudadanos Nazir López Orellana, Alfredo Pérez López, Edwin Hernández del Cid, Edgardo David Salgado Nieto, Héctor Elvir Corea López, por suponerlos responsables de los delitos Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, Tortura y Homicidio y decretando sentencia condenatoria contra los ciudadanos Carlos Francisco Verde, Carlos Roberto Palma Turcios y Mónico Aguirre Urquia por suponerlos responsables del delito de Vejámenes en perjuicio de Mario Orlando Sequeira Canales[1], sin que (Sic) “hasta la fecha ocho (8) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), no se a emitido la Sentencia Absolutoria y la sentencia Condenatoria a las partes procesales”[2]. Por lo que considera el recurrente que dichas actuaciones vulneran derechos constitucionales consagrados en los artículos 80 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República. (Folio 1-7 de la pieza del Ad-quem). 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha seis (6) de abril de dos mil dieciocho (2018), emitió sentencia, mediante la cual falló: “Primero: Otorgando la Acción de Amparo, interpuesta por el Abogado Jacobo Santos Espinal, mayor de edad, con certificado de colegiación numero 9,556 accionando en su condición de Fiscal Especial de Derechos Humanos, contra el acto (Sic)“omitivo”, del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, de redacción y lectura de sentencia, en el proceso penal seguido a los ciudadanos Nazir López Orellana, Alfredo Pérez López, Edwin Hernández del Cid, Edgardo David Salgado Nieto, Héctor Elvir Corea López, por suponerlos responsables de los delitos Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios, Tortura, Homicidio; Carlos Francisco Verde, Carlos Roberto Palma Turcios y Mónico Aguirre Urquía por suponerles responsables del delito de Vejámenes, en perjuicio de Mario Orlando Sequeira Canales.- En consecuencia se ordena al Tribunal cumplir con el acto omitido, el cual consiste en la redacción y notificación de la sentencia en el término de cinco (5) días, para lo cual debe el Presidente del Tribunal citar a las partes a audiencia de notificación de sentencia, término que empezará a contar desde el día siguiente a la notificación del Tribunal amparado, de la sentencia emitida por esta Corte de la presente acción de amparo…” (Folios 20-25 de la pieza del Ad-quem).3) Que en fecha once de abril de dos mil dieciocho, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada u otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer, teniendo por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. -CONSIDERANDO (2): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los Recursos de Amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-CONSIDERANDO (3): Que se conoce en consulta la sentencia de fecha seis de abril del año dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, mediante la cual OTORGO EL AMPARO reclamado por el abogado Jacobo Santos Espinal, contra el ACTO OMITIVO, del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, de redacción y lectura de sentencia en el proceso penal seguido a los ciudadanos Nazir López Orellana, Alfredo Pérez López, Edwin Hernández del Cid, Edgardo David Salgado Nieto, Héctor Elvir Corea López, por suponerlos responsables de los delitos Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos, Tortura y Homicidio y decretando sentencia condenatoria contra los ciudadanos Carlos Francisco Verde, Carlos Roberto Palma Turcios y Mónico Aguirre Urquia por suponerlos responsables del delito de Vejámenes en perjuicio de Mario Orlando Sequeira Canales[3], CONSIDERANDO (4): El Tribunal Ad-Quem resolvió dicho recurso de Amparo, mediante sentencia de fecha seis (6) de abril de dos mil dieciocho (2018), consignando en su considerando penúltimo; “Que ante la demora del Tribunal en la emisión de la sentencia sin justificación legal alguna, como las que resultan permisibles en ley, considera esta Corte que la actitud omisiva del Tribunal de Sentencia amparado, conduce a la violación de un “plazo Razonable”, ya que esta actitud omisiva del Tribunal, conduce a las partes a la incertidumbre jurídica, sin posibilidad certera de finalización del asunto penal sometido a proceso, y en ese sentido citamos algunos fragmentos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana Sobre Derechos Humanos, contra el Estado de Honduras en el Caso López Álvarez Vs Honduras, y establece “Reconocimiento que el “plazo Razonable” no es un concepto de sencilla definición, el Tribunal ha señalado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable”, ya que una demora prolongada o la falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por si misma, una violación de garantías judiciales”…los procesos a que dan origen las acciones que interpone una persona “no son recursos rápidos y simples que deben resolverse en días y sin mayor trámite. Por el contrario, el plazo que se da al estado para concluir los procesos se contara probablemente no en días ni en meses, sino que a menudo en años, ya que se requiere tiempo para que se resuelva en un juicio un asunto de fondo, ya sea de carácter penal o de carácter civil, porque hay que darle a las partes la posibilidad, inter- alia, de buscar pruebas, presentadas a juicio, objetar las del contrario y hay que darle al tribunal la posibilidad de ponderar todo ese cuidado, de ahí que el plazo debe de ser razonable lo que significa que no debe de ser demasiado largo, pero tampoco demasiado corto… La Corte ha establecido que la determinación de la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolló un proceso debe de considerar cuatro elementos, en la misma línea de la jurisprudencia del tribunal Europeo en el Caso Motta y Ruiz Mateos Vs Spain, a)la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado, c) la conducta de las autoridades judiciales y d) la afectación generada por la duración del procedimiento en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, Cabe mencionar que en la valoración del plazo razonable, la Corte observa también la legislación nacional sobre la materia. En cuanto a la complejidad del asunto, la Corte ha tenido diversos criterios para determinarla. Entre ellos “La extensión de las investigaciones y la amplitud de las pruebas, el número importante de incidentes e instancias, la propia complejidad de la prueba y la pluralidad de sujetos procesales….Respecto a la actividad procesal del interesado, de acuerdo con la Corte, se deben evaluar los “comportamientos que por acción u omisión incidieron en la prolongación de la actuación judicial interna” a fin de verificar si del expediente de la Corte se desprende que las presuntas víctimas o sus familiares hayan entorpecido o demorado los procesos judiciales. Citando la jurisprudencia del Tribunal Europeo en los Casos Guichon vs France Stoidis vs Grecee y Glasser vs The United Kingdom, la Corte señalo que “si la conducta procesal del propio interesado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prologar indebidamente la duración del proceso, definitivamente ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza del estado una violación de la norma sobre el plazo razonable”… Respecto a la conducta de las autoridades judiciales, se evalúan comportamientos que por acción u omisión afectan la prolongación de la actuación judicial interna, en lo que concierne a las autoridades judiciales, así como todos aquellos procesos o procedimientos no judiciales que de manera alguna inciden en la causa… Y finalmente se refiere del fallo lo que concierne a la afectación generada por la duración del proceso en la situación jurídica de la persona involucrada en el mismo, el Tribunal ha señalado que “si el paso del tiempo índice de manera relevante en la situación jurídica del individuo, resultara necesario que el procedimiento corra con más diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve”. Para ello, se deberá tomar en consideración, entre otros elementos, la materia objeto de controversia. De esta manera, no se respetan las exigencias del plazo razonable cuando no se tienen en cuenta los derechos e intereses en juego en el proceso, o las afecciones significativas, irreversibles e irremediables que el retraso de la decisión judicial pueden generar en la situación jurídica y los derechos de las personas involucradas…”; a criterio de esta Corte, la demora del Tribunal de Sentencia en la redacción y lectura de la sentencia, genera además de violaciones al debido proceso también de derecho a la Tutela Judicial efectiva por la imposibilidad real generara al ente acusador y a las demás partes para poder recurrir el fallo dictado por el tribunal, generando la infracción al artículo 8.2 h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.”. CONSIDERANDO (5): Que los artículos Constitucionales 16 y 18, en síntesis determinan, que los tratados celebrados con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno.- Y que en caso de conflicto entre el tratado o convención y la ley, prevalecerá el primero.- Además de lo señalado la Ley Sobre Justicia Constitucional en cuanto a las Reglas de Interpretación de las disposiciones de esta ley, establece en el artículo 2, párrafo segundo establece: “Se interpretaran y aplicaran de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la republica de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales.”.CONSIDERANDO (6): Que uno de los efectos de la justicia constitucional, es el cumplimiento imperativo de las disposiciones ordenadas, una vez que se ha declarado admisible la acción. En ese sentido, el numeral 3 del artículo 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en la acción de estudio, señala que corresponde entonces la determinación de la conducta a cumplir por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, una vez firme la presente sentencia y devueltos que hayan sido los antecedentes al Tribunal donde debe ejecutarse la misma.CONSIDERANDO (7): Que, con la argumentación ofrecida, esta Sala tiene claridad en que lo procedente es la confirmación del fallo emitido en cuanto el fondo de la misma que OTORGA EL AMPARO, y reforma la misma, únicamente en lo relativo a la conducta a cumplir.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 1, 80, 82, 90 párrafo primero, 183 numeral 1 y 303 de la Constitución de la República; artículos 1, 2, 3, 4, 10 numeral 2 letra a), 41 numeral 1, 45, 47, 51, 52, 54, 56 y 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: PRIMERO: CONFIRMANDO en el fondo la sentencia de fecha seis (6) de abril del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua que OTORGA el Amparo.- SEGUNDO: La conducta a cumplir por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Comayagua, es la siguiente: El Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, en aplicación del párrafo 2°, del Articulo 64 e la Ley Sobre Justicia Constitucional, procederá a la redacción inmediata de la sentencia, y citará a las partes a audiencia de notificación de la misma dentro del término establecido en la ley procesal penal. Y MANDA: Que con certificación del presente Fallo, se devuelvan los antecedentes a la Autoridad recurrida para los efectos legales consiguientes.- Redactó el magistrado SERRANO VILLANUEVA.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-297-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver título “resolución contra la cual se plantea la necesidad de amparo. del escrito de interposición del recurso.p.2

[2] Ver relación de hechos de la interposición del amparo, numeral tercero.p.3

[3] Ver titulo “resolución contra la cual se plantea la necesidad de amparo. del escrito de interposición del recurso.p.2