Sentencia AP-273-18 — Registro 7636
Resumen
Resolución resolvió recurso de apelación contra auto dictado por juzgado de primera instancia con relación a causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de violencia intrafamiliar en perjuicio de víctima y por delito de maltrato de transgresión en perjuicio de dos víctimas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, estableciendo con cuales de los medios de prueba evacuados, logró determinar la concurrencia de cada uno de los elementos de la tipificación legal de los tipos penales por los que se acusa al imputado, refiriendo además sobre los indicios racionales de que el acusado ha tenido participación en los mismos, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó la Autoridad reclamada..."..."este alto Tribunal encuentra que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniegan las garantías constitucionales, toda vez que con el acto reclamado se han respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable..."..."ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."ésta Sala de Constitucional le indica al solicitante que no le es posible emitir pronunciamiento sobre diferentes circunstancias que ha expuesto en la presente acción, en virtud de que revisados los antecedentes así como el acto reclamado en amparo, se aprecia que las mismas fueron decididas en resoluciones distintas a la denunciada y que el recurrente no ha objetado éstas conforme a la ley, por ende, al no haberse agotado todos los recursos y medios ordinarios de defensa que le asisten al quejoso, sobre tales asuntos cuyo cumplimiento reclama no alcanzan a tener un carácter definitivo que justifiquen en todo caso el inicio de un juicio de garantías..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo del año dos mil dieciocho.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAÚL ROLANDO SUAZO BARILLA, a favor del señor CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de junio del año dos mil diecisiete, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diez (10) de enero del año dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, por suponerlo responsable del delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en perjuicio de la señora MELISSA NINOSKA BANEGAS RODRIGUEZ, y por el delito de MALTRATO POR TRANSGRESIÓN en perjuicio de FABIÁN ALEJANDRO VALLADARES BANEGAS y MÓNICA ISABEL PADILLA BANEGAS.- CONSIDERANDO: Que conforme se desprende de las diligencias remitidas a esta Sala, el reclamante expone en el escrito de interposición del recurso de amparo que la prueba que fue propuesta a favor de su representado no fue valorada así como que la Alzada agravó la situación del acusado al resolver según lo refiere el peticionario con lo expuesto por la acusación privada y no con la resolución del A-quo por no existir el acta de la audiencia inicial en las diligencias.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción se establece que el impetrante estima que con el acto reclamado se han quebrantado las declaraciones contenidas en los artículos 63, 70, 76 y los derechos enmarcados en los artículos 80, 82, 89, 90, 95 entre otros de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, estableciendo con cuales de los medios de prueba evacuados, logró determinar la concurrencia de cada uno de los elementos de la tipificación legal de los tipos penales por los que se acusa al imputado, refiriendo además sobre los indicios racionales de que el acusado ha tenido participación en los mismos, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó la Autoridad reclamada.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal encuentra que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniegan las garantías constitucionales, toda vez que con el acto reclamado se han respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que ésta Sala de Constitucional le indica al solicitante que no le es posible emitir pronunciamiento sobre diferentes circunstancias que ha expuesto en la presente acción, en virtud de que revisados los antecedentes así como el acto reclamado en amparo, se aprecia que las mismas fueron decididas en resoluciones distintas a la denunciada y que el recurrente no ha objetado éstas conforme a la ley, por ende, al no haberse agotado todos los recursos y medios ordinarios de defensa que le asisten al quejoso, sobre tales asuntos cuyo cumplimiento reclama no alcanzan a tener un carácter definitivo que justifiquen en todo caso el inicio de un juicio de garantías.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAÚL ROLANDO SUAZO BARILLA, a favor del señor CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de junio del año dos mil diecisiete; toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0273-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de mayo del año dos mil dieciocho.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAÚL ROLANDO SUAZO BARILLA, a favor del señor CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de junio del año dos mil diecisiete, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, de fecha diez (10) de enero del año dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, por suponerlo responsable del delito de VIOLENCIA INTRAFAMILIAR en perjuicio de la señora MELISSA NINOSKA BANEGAS RODRIGUEZ, y por el delito de MALTRATO POR TRANSGRESIÓN en perjuicio de FABIÁN ALEJANDRO VALLADARES BANEGAS y MÓNICA ISABEL PADILLA BANEGAS.- CONSIDERANDO: Que conforme se desprende de las diligencias remitidas a esta Sala, el reclamante expone en el escrito de interposición del recurso de amparo que la prueba que fue propuesta a favor de su representado no fue valorada así como que la Alzada agravó la situación del acusado al resolver según lo refiere el peticionario con lo expuesto por la acusación privada y no con la resolución del A-quo por no existir el acta de la audiencia inicial en las diligencias.- CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción se establece que el impetrante estima que con el acto reclamado se han quebrantado las declaraciones contenidas en los artículos 63, 70, 76 y los derechos enmarcados en los artículos 80, 82, 89, 90, 95 entre otros de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO: Que del análisis de la resolución reclamada se aprecia que la Alzada fundamentó y motivó adecuadamente su decisión acorde a la ley, estableciendo con cuales de los medios de prueba evacuados, logró determinar la concurrencia de cada uno de los elementos de la tipificación legal de los tipos penales por los que se acusa al imputado, refiriendo además sobre los indicios racionales de que el acusado ha tenido participación en los mismos, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico en que concluyó la Autoridad reclamada.- CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal encuentra que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniegan las garantías constitucionales, toda vez que con el acto reclamado se han respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que ésta Sala de Constitucional le indica al solicitante que no le es posible emitir pronunciamiento sobre diferentes circunstancias que ha expuesto en la presente acción, en virtud de que revisados los antecedentes así como el acto reclamado en amparo, se aprecia que las mismas fueron decididas en resoluciones distintas a la denunciada y que el recurrente no ha objetado éstas conforme a la ley, por ende, al no haberse agotado todos los recursos y medios ordinarios de defensa que le asisten al quejoso, sobre tales asuntos cuyo cumplimiento reclama no alcanzan a tener un carácter definitivo que justifiquen en todo caso el inicio de un juicio de garantías.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento declarar inadmisible el recurso de merito y sobreseer, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RAÚL ROLANDO SUAZO BARILLA, a favor del señor CARLOS ALBERTO PADILLA VELASCO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de junio del año dos mil diecisiete; toda vez que la autoridad denunciada se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como ya ha sido relacionado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha nueve (9) de mayo del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0273-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional