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Sentencia AP-261-18 — Registro 10191

Resumen

Acto recurrido que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el juzgado de ejecucion, con relación a la causa instruida contra el señor Arnol Vivian Cortez Rodriguez, por suponerlo responsable del delito de complicidad de homicidio simple, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..." ..." Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, que declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE EJECUCION DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN; en fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor ARNOL VIVIAN CORTEZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de COMPLICIDAD DE HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio del señor ALEX ABIDAN SANCHEZ FUNEZ. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual resolvió declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Esly Karina Domínguez Sánchez; y revoca la resolución de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por el JUZGADO DE EJECUCION DE LA SECCION JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, a favor del señor ARNOL VIVIAN CORTEZ RODRIGUEZ, estimando el recurrente es que lo que la resolución del Ad-Quem indica como falta de claridad, requiere de una interpretación in bonan partem, aludiendo que si los delitos prescriben, deben de prescribir los registros de antecedentes, respecto al apartado del artículo del Reglamento de la Unidad de Antecedentes Penales, que preceptúa que el registro se mantendrá por un “tiempo razonable”, sin dar un tiempo; por lo que la Alzada indica que aplicará el término de la reincidencia de 5 años, y siendo que la pena que se empleó para denegar el beneficio de libertad condicional, ha sido impuesto hacía más de cinco años, la Corte extinguió el registro. CONSIDERANDO: Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente estima como violentado los Artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en su resolución de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho, que resolvió declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Esly Karina Domínguez Sánchez; y revoca la resolución de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete a favor del señor Arnol Vivian Cortez Rodríguez; argumenta el mismo exponiendo que la redacción del artículo 19 del Reglamento de la Unidad de Antecedentes Penales no es clara y precisa y que da lugar a varias interpretaciones, ya que, por una parte podría interpretarse para efectos internos del este Poder del Estado, en el entendido que servirá para mantener un control de los beneficios que las leyes otorgan a las personas que han incurrido en la comisión de los delitos, o sea, mantener un registro de los antecedentes penales que se hayan extinguido, y por otra, si esa extinción favorece al solicitante únicamente para efectos de reinserción social. Es por ello, que hacen la aplicación del principio indubio pro reo, ya que existe una oscuridad en la ley, y ante los pasajes oscuros de la ley o las contradicciones de la ley penal, se interpretaran de modo que más favorezca a la persona imputada. Todo ello tomando en cuenta la aplicación de dicho principio en consonancia con el de analogía IN BONAN PARTEM, tomando en cuenta que si las acciones, los derechos, los delitos y sus consecuencias prescriben ¿Por qué razón un antecedente deberá estigmatizar a una persona durante su existencia? Partiendo de esta concepción, el Tribunal de Alzada considera que ya extinto un antecedente penal, no puede ni debe tomarse más en consideración, pues si la ley no hacer distinción una interpretación teleológica o finalista, es que esta exención es para fines de empleo, celebración de actos y contratos, para fines jurídicos etc. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que declaró ha lugar el recurso de apelación y revocó la resolución de fecha uno de diciembre de dos mil diecisiete, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha diecinueve de enero de dos mil dieciocho; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los cinco días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la resolución de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número 0261-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.