Sentencia AP-260-18 — Registro 10337
Resumen
Sentencia en consulta otorgó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por juzgado de primera instancia que declaró sin lugar la evacuación como prueba anticipada en causa contra imputados por suponerlos responsables del delito de asesinato en perjuicio de víctima; en apelación se concluyó que denegatoria de recibir prueba de reconocimiento en rueda y reconocimiento fotográfico que pudiera hacer el testigo protegido se emitió sin motivación alguna
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta sala de lo constitucional aprecia y coincide con lo expresado por la Corte de Apelaciones de lo Penal, de Francisco Morazán, en el sentido de que la denegatoria por parte del A-quo de recibir la prueba del reconocimiento en rueda y reconocimiento fotográfico que pudiera hacer el testigo protegido y que fuere denegada por el A-quo sin motivación alguna, por lo cual no establece las razones de derecho por las cuales rechazo la prueba permitida por la norma procesal como una de las diligencias probatorias que se enmarcan en el artículo 253 la cual es permitida como medio de prueba en nuestra norma procesal como diligencia probatoria y no como una diligencia policial tal y como lo esgrime la resolución recurrida, en tal sentido la falta de motivación en la denegatoria o inadmisibilidad en el auto recurrido efectivamente vulnera el derecho constitucional de defensa, debido proceso y violenta el derecho a una tutela judicial efectiva..."..."la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 316 (Rango Constitucional)
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8, 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 69 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de agosto del año dos mil dieciocho. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que otorgó el recurso de amparo presentado por la Fiscal del Ministerio Público, Abogada LESLIE PAMELA CRUZ NUÑEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra los señores LUIS ALBERTO MEDINA LÓPEZ ALIAS “LUILLI”, ROBERTO ELISEO OCHOA PINEDA, LEONARDO FAVIO ACOSTA SÁNCHEZ, RANDY JONATHAN VERDE MARTÍNEZ Y OSCAR EDUARDO ÁVILA DORMES ALIAS “OSCARITO”, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO en perjuicio de DENIS OMAR RAUDALES RODRIGUEZ. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los derechos consagrados en los artículos 60, 80, 82, 90,321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1)Que en fecha diez de octubre de dos mil diecisiete, compareció ante la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, la Abogada LESLIE PAMELA CRUZ NUÑEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público interponiendo recurso de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciséis, la representante del Ministerio Público de la cual ya se ha hecho referencia, en la cual, solicitó al Juzgado como prueba anticipada la declaración testifical, asimismo, la evacuación del medio de prueba de reconocimiento en rueda y prueba de reconocimiento fotográfica, donde el referido juzgado en esa misma fecha resolvió: “1) Tener por admitido el presente escrito presentado por la Abogada Leslie Pamela Cruz Nuñez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público.-2) Declarar sin lugar el reconocimiento en rueda solicitado por improcedente.-3) Señálese audiencia de declaración de testigo protegido, con las formalidades de prueba anticipada para el día viernes veinticinco de noviembre del años dos mil dieciséis…”.Argumentos éstos que considera la recurrente vulneran derechos constitucionales consagrados en los artículos 60, 80, 82, 90,321 de la Constitución de la República. (Folio 1-5 de la pieza del A-quo/1-7 de la pieza del Ad-quem) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, emitió la sentencia mediante la cual falló: “Otorgando el recurso de amparo del cual se ha hecho mérito e interpuesto por la fiscal del Ministerio Público Leslie Pamela Cruz Nuñez a favor del Estado de Honduras…” (Folios 31-32 de la pieza del Ad-quem). 3) Que en fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO UNO (1): Que al tenor de lo que dispone el Artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de su Sala Constitucional, el conocimiento del trámite de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta por supuesta violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por Jueces de Letras, contemplada en el Artículo 10 numeral 2 literal a) de la misma ley. CONSIDERANDO DOS (2): Que se conoce en consulta obligatoria la sentencia de fecha emitida en fecha 28 de febrero del 2018 emitida por la Corte de Apelaciones De Lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en el recurso de Amparo interpuesto por la Abogada LESLIE PAMELA CRUZ NUÑEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha 21 de noviembre del año 2016 emitida por el juzgado de letras penal de Tegucigalpa en la causa que se instruye contra los señores LUIS ALBERTO MEDINA LÓPEZ ALIAS “LUILLI”, ROBERTO ELISEO OCHOA PINEDA, LEONARDO FAVIO ACOSTA SÁNCHEZ, RANDY JONATHAN VERDE MARTÍNEZ Y OSCAR EDUARDO ÁVILA DORMES ALIAS “OSCARITO”, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO en perjuicio de DENIS OMAR RAUDALES RODRIGUEZ. CONSIDERANDO TRES (3): Que la amparista sustento su recurso de amparo ante la Corte De Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, manifestando básicamente que la resolución emitida por el Juzgado de letras de lo penal, de la sección judicial de Tegucigalpa, denegó y declaro sin lugar la petición presentada para la evacuación de los medios de prueba consistentes en reconocimiento enrueda y reconocimiento fotográfico peticionados con las formalidades de prueba anticipada en la solicitud de diligencias prejudiciales registradas bajo número 3128-2016; negativa que violenta el derecho a la defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República, pues no se pronunció sobre un medio de prueba propuesto como lo es el reconocimiento fotográfico e inadmitió el reconocimiento en rueda dejando en indefensión la acusación; así mismo violentando el debido proceso dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República, ya que el juez sin motivación alguna rechazo el medio de prueba propuesto contraviniendo lo establecido en el artículo 141 del Código Procesal Penal, así como la libertad probatoria que debe de imperar en el proceso al tenor del artículo 199 del mismo cuerpo legal, así mismo se considera violentado el principio de legalidad comprendido en el artículo 321 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que del estudio del fallo venido en consulta, esta sala de lo constitucional aprecia y coincide con lo expresado por la Corte de Apelaciones de lo Penal, de Francisco Morazán, en el sentido de que la denegatoria por parte del A-quo de recibir la prueba del reconocimiento en rueda y reconocimiento fotográfico que pudiera hacer el testigo protegido y que fuere denegada por el A-quo sin motivación alguna, por lo cual no establece las razones de derecho por las cuales rechazo la prueba permitida por la norma procesal como una de las diligencias probatorias que se enmarcan en el artículo 253 la cual es permitida como medio de prueba en nuestra norma procesal como diligencia probatoria y no como una diligencia policial tal y como lo esgrime la resolución recurrida, en tal sentido la falta de motivación en la denegatoria o inadmisibilidad en el auto recurrido efectivamente vulnera el derecho constitucional de defensa, debido proceso y violenta el derecho a una tutela judicial efectiva. CONSIDERANDO CINCO (5): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la prueba es un instrumento dentro de un proceso penal, en el que las partes en el juicio oral y contradictorio, enfrentan hipótesis fácticas con clasificaciones jurídicas, sujetas a verificación y que constituyen elementos de sus teorías del caso. Los procedimientos legales para acreditar los hechos son los medios de prueba. Para el autor Jermias Bentham señala que se entiende por prueba un hecho que se da por supuesto verdadero y que se considera como tal, debiendo servir de motivo de credibilidad acerca de la existencia o no existencia de un hecho. Para el autor Levene ve a la prueba como el conjunto de actividades destinadas a obtener el cerciora miento judicial acerca de los elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a proceso. Aquí se conceptúa la prueba en cuando a su finalidad, esto es que el juez decida sobre la controversia sometida a su conocimiento. Entonces tiene sentido la definición de probar, que según Roxin significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho de modo que la prueba es todo aquello que puede servir al descubrimiento de la verdad acerca de los hechos que en el proceso son investigados y respecto de los cuales se pretende actuar la ley sustantiva. En una definición más genérica e instrumental, se considera a la prueba penal como el conjunto de actos procesales, cumplidos con el auxilio de los medios previstos o implícitamente autorizados por la ley, y encaminados a generar la convicción judicial acerca de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad, de los hechos sobre los cuales versa la imputación, esto es, de las proposiciones fácticas que sustentan los cargos contra el imputado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la resolución venida en consulta contiene la motivación suficiente, cumpliendo con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetando el derecho de defensa y el debido proceso, asegurando los derechos y garantías constitucionales de los impetrantes, existiendo violación al derecho del Debido Proceso; por lo que procede confirmar la sentencia de amparo venida en consulta. PARTE DISPOSITIVA O FALLO. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en aplicación de los artículos: 1, 59, 82,90 párrafo primero, 119, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, numeral 2, 5, 10 numeral 2 literal a), 41, 45, 46 numerales 1 y 5, 65, 68 y 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 8, 10 Declaración Universal sobre Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia dictada en fecha veintiocho (28) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que otorgo el recurso de amparo interpuesto por la Abogada LESLIE PAMELA CRUZ NUÑEZ a favor del ESTADO DE HONDURAS, por estimarse por parte de esta Sala que la sentencia venida en consulta es conforme a derecho. Y MANDA Que con la certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la magistrada REINA AUXILIADORA HERCULEZ ROSA.-NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-0260-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL