Sentencia AP-256-18 — Registro 8918
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación interpuesto por recurrente y con lugar parcialmente recurso de apelación interpuesto por defensores de acusados; revocó auto de formal procesamiento y dictó sobreseimiento provisional a favor de imputados por suponerlos responsables del delito de asesinato en grado de participación de cómplice en perjuicio de ofendido, por considerar que no ejecutaron un acto de cooperación necesaria en la realización del delito
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."esta Sala aprecia que en toda su extensión la resolución dictada por el Ad quem, descansa sobre los pilares del razonamiento lógico, la congruencia, y motivación jurídica suficiente, para dar respuesta a las peticiones planteadas tanto por el Ministerio Público como por la Defensa de los acusados. El Tribunal de alzada en el estudio exhaustivo de los antecedentes, deja establecido de manera clara, precisa, y sin lugar a dudas los elementos que estructuran las figuras de la coautoría y la complicidad en un hecho delictivo..."..."En cuanto a la inobservancia de las reglas de la sana crítica invocada por la recurrente, esta Sala aprecia, que en el estudio realizado por el Ad quem a los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial, aplica las referidas reglas de la Sana Crítica, a los medios de prueba aportados por las partes, considerados como el mínimum probatorio del Ministerio Público para sustentar el Requerimiento fiscal; efectivamente, el Capítulo IV De La Audiencia Inicial, artículo 294 Cuarto Párrafo del código Procesal Penal..."..."Sin embargo el Ad quem después del estudio y valoración del acervo probatorio, conforme las reglas de la sana crítica, ofertado por el ente acusador, encuentra que efectivamente ha ocurrido un hecho delictivo mediante el cual perdió la vida un ser humano (y del que se tiene conocimiento quien es su autor directo y material del hecho, persona distinta a los acusados), en ese orden de ideas el Ad quem señala la falta de indicio racional en cuanto a la probabilidad de participación de los acusados a titulo ya sea de cómplice o de coautores, manteniendo que las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvieron y además existe la posibilidad que a futuro el Ente fiscal pueda aportar otras pruebas que puedan cambiar la situación jurídica del caso,..."..."Observando esta Sala que la resolución del Tribunal de alzada, ha respetado los requisitos, exigencias y solemnidades prescrita en la ley, por lo que no se aprecia vulneración del Debido Proceso, como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial..."..."Analizada la sentencia dictada por el Ad quem se aprecia los fundamentos y razonamientos expuestos, por todo ello esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle en fecha quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), que resolvió un recurso de Apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en fecha seis (06) de junio de dos mil diecisiete (2017), con relación a la causa instruida contra los señores WILMER ALEXY FLORES, NIXON YOVANY FLORES HERRERA, HECTOR STANLY FLORES HERRERA Y RONY ALEXI FLORES HERRERA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE PARTICIPACION DE COMPLICE, en perjuicio del señor DUBLAN ROBERTO DIAZ OSORIO.- Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós (22) de abril del año dos mil diecisiete (2017), compareció ante el Juzgado de Letras Segundo Departamental de Choluteca, la Abogada KEYSI YADIRA ARCHAGA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores WILMER ALEXY FLORES, NIXON YOVANY FLORES HERRERA, HECTOR STANLY FLORES HERRERA Y RONY ALEXI FLORES HERRERA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE PARTICIPACION DE COMPLICE, en perjuicio de DUBLAN ROBERTO DIAZ OSORTO.- (Folios 1 al 4 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha seis (06) de junio del año dos mil diecisiete (2017), el Juzgado instructor, “RESUELVE: 1) DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra de los imputados WILMER ALEXY FLORES, NIXON YOVANY FLORES HERRERA, HECTOR STANLY FLORES HERRERA Y RONY ALEXI FLORES HERRERA, a quienes se les acusa como Responsables del Delito de ASESINATO EN SU GRADO DE PARTICIPACION DE COMPLICE en perjuicio de DUBLAN ROBERTO DIAZ OSORIO, 2.- Decretar la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA POR EL TERMINO DE DOS AÑOS.- 3) Líbrese atento oficio al Centro Penal para su debida guarda y custodia Asimismo a la Juez de Ejecución para la vigilancia de dicha medida… ” (Folios 104 al 11 de la pieza del Juzgado). 3) Que conociendo de los recursos de apelación interpuestos por la Abogada KEYSI YADIRA ARCHAGA, actuando en su condición antes indicada y por los Abogados NELSON DAVID GUZMAN SALGADO Y MARCELINO GARCIA, en su condición de Apoderados Legales de los señores WILMER ALEXY FLORES, NIXON YOVANY FLORES HERRERA, HECTOR STANLY FLORES HERRERA Y RONY ALEXI FLORES HERRERA, la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, dictó sentencia en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), en la cual: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la Abogada KEYSI YADIRA ARCHAGA en su condición de Agente fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha seis (06) de junio del
año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, en la causa penal que se sigue contra los señores WILMER ALEXY FLORES, NIXON YOVANY FLORES HERRERA, HECTOR STANLY FLORES HERRERA Y RONY ALEXI FLORES HERRERA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE PARTICIPACION DE COMPLICE, en perjuicio de DUBLAN ROBERTO DIAZ OSORTO.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por los Abogados NELSON DAVID GUZMAN SALGADO Y MARCELINO GARCIA, en su condición de Defensores Privados de los imputados, contra la resolución seis (06) de junio del año dos mil diecisiete (2017) dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca en la causa Penal que se le sigue a los señores WILMER ALEXY FLORES, NIXON YOVANY FLORES HERRERA, HECTOR STANLY FLORES HERRERA Y RONY ALEXI FLORES HERRERA, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE PARTICIPACION DE COMPLICE, en perjuicio de DUBLAN ROBERTO DIAZ OSORTO.- TERCERO: REVOCA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, debiendo dictarse a favor de los imputados SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL. … ” (Folios 07 al 15 de la segunda Pieza de los antecedentes). 4) Que la recurrente Abogada SUSSY G COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha veintiuno (21) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha quince (15) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha quince de diciembre del año dos mil diecisiete, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y CON LUGAR parcialmente el recurso de apelación interpuesto por los apoderados defensores de los acusados; Revocando la resolución de fecha seis (06) de junio del año dos mil diecisiete (2017), emitida por el Juzgado de Letras Sección Judicial de Choluteca, Departamento de Choluteca, y dicta Sobreseimiento Provisional a favor de los encausados WILMER ALEXIS FLORES, NIXON YOVANY FLORES, HECTOR STANLEY FLORES Y RONY ALEXIS FLORES, por suponerlos responsables del delito de ASESINATO EN SU GRADO DE PARTICIPACIÓN DE COMPLICES en perjuicio del señor DUBLAN ROBERTO DIAZ OSORTO. CONSIDERANDO:(4) Que el recurrente manifiesta que los hechos que motivan la presentación del recurso de amparo, es la resolución dictada por el Ad quem que violenta el Derecho al Debido Proceso contenido en el artículo 90 constitucional relacionado con los artículos 141, 202 y 338 del Código Procesal penal, en cuanto a la motivación de la resoluciones judiciales y la valoración de la prueba, por razones fácticas y jurídicas que desarrolla de la siguiente manera: “Que la motivación externada por el Ad quem no respeta el principio de coherencia que manda la norma penal que requiere que un fallo debe ser armónico y congruente en cada una de sus partes, señalando que el razonamiento del Tribunal de alzada es contradictorio porque otorgó valor probatorio a las declaraciones rendidas por los testigos protegidos “Z-10 y Z-11” junto con otros medios de prueba de cargo para acreditar la plena de haberse cometido el delito de asesinato, sin embargo en líneas posteriores refuta esas mismas declaraciones testifícales al señalar que la declaración del testigo Z-10, es contradictoria, señalando la recurrente que existe una apreciación distinta a lo expresado por el testigo protegido “Z-10” quien al manifestar “ellos no estaban allí, al momento llegaron,” no es que se contradicen si los señores FREDIS YOBANNY FLORES, WILMER ALEXIS FLORES, NIXON YOVANY FLORES, HECTOR STANLEY FLORES Y RONY ALEXIS FLORES, estaban o no en el lugar de los hechos, como lo aprecia la alzada, sino por el contrario aclara que los encausados acababan de llegar al lugar esperando que Douglas saliera de la iglesia para causarle su muerte, y con ello en mira se ubicaron en ambas puertas de la iglesia, señalando que la declaración del testigo “Z-10” es ratificada por el testigo “Z-11”, quien manifestó que el señor Fredis Yobanny Flores era acompañado por cuatro personas armadas, señalando que no queda duda que se refiere a los encausados. Aprecia la recurrente que la declaración del testigo “Z-10”no es contradictoria ni poco creíble, pero revela el juicio contradictorio expresado por el Ad quem en la resolución impugnada”. CONSIDERANDO: (5) Que la impetrante manifiesta que el Tribunal de alzada no consideró el mínimum probatorio que el ente acusador produjo en la audiencia inicial, inobservando las reglas de la sana crítica previstas en la norma procesal penal, al afirmar que de las declaraciones de los testigos protegidos “Z-10 y Z-11” únicamente ubican a los imputados como personas que acompañaban al señor Fredis Yobanny Flores, quien fue el que disparó en dos ocasiones al occiso, sin ningún tipo de ayuda o de cooperación, en el momento en que el occiso salía de la iglesia. Exponiendo la Corte impugnada que no observa que los imputados hayan ejecutado un acto de cooperación necesaria o intervenido de algún modo en la realización del delito…. Razonamiento que la recurrente considera que no es congruente con lo narrado por los testigos y no responde a la valoración en forma conjunta y armónica de toda la prueba de cargo ofertada. Expone la impetrante que no puede desconocerse el grado de participación de los acusados en el hecho delictivo ya que su intervención no fue de simples acompañantes, bastará leer con detenimiento las declaraciones de los testigos “Z -10 y Z-11”, para deducir a la luz de la lógica y la experiencia común, (como bien lo señala el Ad quem) que al tratarse de un lugar público, como lo es una iglesia evangélica que esta concurrida por un sin número de personas, no cabe duda que la presencia de los imputados afuera de la iglesia ubicados a cada lado de la puerta de salida y portando armas de fuego, era cumpliendo una función de significancia esencial, no solo de intimidar a los feligreses que se encontraban en el lugar, sino también de asegurar que se produjera el resultado típico, así lo manifestaron los testigos de cargo al señalar que los imputados se ubicaron en varios puntos de la iglesia esperando a que Douglas abandonara el lugar y que por donde saliera lo iban a asesinar, manifiesta que el Testigo “Z-11” insistió al declarar que cuando Douglas salió por la puerta principal Yobanny lo agarró del cuello y le disparó, él quiso salir por la otra puerta y se regresó porque lo estaban esperando. CONSIDERANDO: (6) Que la recurrente considera que el elemento subjetivo de la coautoría se desprende del hecho declarado por el testigo “Z-10” quien manifestó que el problema era con RONY y él inculca a su papá Freddy Yobanny y los otros, de allí que el parentesco que une a los encausados los motivó a tomar una decisión conjunta (elemento subjetivo de la coautoría), de matar al señor Dublan Roberto Díaz Osorto, lo cual se concretó cuando todos llegaron armados a donde estaba Douglas, ubicándose en sitios estratégicos y esperar hasta que saliera de la iglesia y una vez cometido el hecho salieron todos huyendo del lugar (dominio funcional del hecho). Por todo ello la recurrente considera que se ha vulnerado la garantía constitucional del Debido Proceso preceptuada en el artículo 90 constitucional, siendo la Sala Constitucional la que debe salvaguardar los derechos fundamentales, debiendo examinar el razonamiento lógico del Ad quem, quien no efectuó un estudio exhaustivo de los medios de prueba de cargo y por ende no hay una correcta valoración de la prueba de acuerdo a la Sana Critica que demanda el Debido Proceso, además reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera administración de justicia, entre ellos el derecho a la debida motivación. CONSIDERANDO:(7) Que la Corte de Apelaciones expone de manera detallada los Actos Procesales y el desarrollo de los agravios y contestación de estos invocados por las partes en el recurso de apelación conocido. En la parte conducente del numeral NOVENO (F. 12 pieza de amparo) en relación a la participación de los acusados en la ejecución del hecho bien a título de cómplices o a título de coautores manifiesta: “La complicidad de conformidad con el artículo 33 del Código Penal en su párrafo primero, son aquellos que no hallándose comprendidos en el artículo anterior (es decir en condición de autores), cooperan en la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos”…. Señala que en el presente caso después de analizar la prueba toral a la que se ha hecho referencia de los testimonios de los Testigos Protegidos “Z-10 y Z-11”, las que obran a folio del 52 al 55, de la primera pieza de autos, la Corte no observa que los imputados hayan hecho algún tipo de facilitación en la ejecución del hecho, al observar que si bien se señala que los imputados andaban juntos con el señor FREDI YOBANNY FLORES, quien fue la persona según dichas declaraciones agarró del cuello al occiso y le infirió dos (2) disparos en el momento en que este salía de una iglesia evangélica”. Observa la Corte que el señor FREDI YOBANNY FLORES ejecutó el hecho sin ningún elemento que pueda caracterizar algún tipo de cooperación, ya sea en forma anterior al acto o de manera simultánea, ya que estos eran únicamente acompañantes, hace referencia a la declaración del testigo protegido “Z-10” quien dijo que los acompañantes estaban al otro lado de la iglesia y que por donde saliera el occiso lo iban a asesinar, señala que dicha “versión es contradictoria pues, después estableció que estas personas no estaban allí , sino que llegaron al momento. Deja establecido el Ad quem que una conducta para ser considera como complicidad debe ser de tal manera causal, que realmente haya acelerado, asegurado o facilitado la ejecución del hecho o intensificado el resultado, dichos elementos no se encuentran presentes en la conducta ejecutada por los imputados. Por todo ello el Ad quem concluyó que no existe la participación de estos (los acusados) en el delito de ASESINATO EN SU GRADO DEN COMPLICIDAD. CONSIDERANDO: (8) Que el Ad quem en la resolución impugnada explica que el Ente Fiscal alega que la participación en que incurrieron los imputados es, en el de co-autores del delito de asesinato, al respecto hace mención a la obra de Derecho Penal, Parte General” Quinta Edición página 451 al 453 y dice: “La coautoría es la realización conjunta de un delito por varias personas que colaboran consiente y voluntariamente. La coautoría es una especie de conspiración llevada a la práctica y se diferencia de esta figura precisamente en que el coautor interviene de algún modo en la realización del delito, lo que por definición no sucede en la conspiración. En la coautoría se requiere una cooperación necesaria la cual es de tal entidad que puede afirmarse que el sujeto que la presta también domina el hecho (dominio funcional). Señala que de la declaración de los Testigos “Z-10” y Z-11” no se observa que los imputados hayan ejecutado un acto de cooperación necesaria interviniendo de algún modo en la realización del delito ya que como se señala en el artículo 32 de la legislación penal, la cooperación a que se refiere dicha norma en la ejecución del hecho no es una cooperación cualquiera sino que es un requisito indispensable que estos hayan ejecutado un acto sin el cual la realización del hecho no se hubiera efectuado, lo cual no lo observa en Ad quem en el presente caso. Concluye el Ad quem que no aprecian que los imputados hayan participado a título de cómplice ni como coautores del delito de asesinato. En consecuencia Revocó la Resolución impugnada y dictó sobreseimiento provisional a favor de los imputados. CONSIDERANDO: (9) Que en resumen, los motivos por los que la recurrente considera que el ad quem al dictar su resolución ha quebrantado el derecho al Debido Proceso, es en cuanto a la motivación de la resoluciones judiciales y la valoración de la prueba, además no respeta el principio de coherencia que manda la norma penal que requiere que un fallo debe ser armónico y congruente en cada una de sus partes, no consideró el mínimum probatorio que el ente acusador produjo en la audiencia inicial, inobservando las reglas de la sana crítica previstas en la norma procesal penal. Al respecto, del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida, esta Sala aprecia que en toda su extensión la resolución dictada por el Ad quem, descansa sobre los pilares del razonamiento lógico, la congruencia, y motivación jurídica suficiente, para dar respuesta a las peticiones planteadas tanto por el Ministerio Público como por la Defensa de los acusados. El Tribunal de alzada en el estudio exhaustivo de los antecedentes, deja establecido de manera clara, precisa, y sin lugar a dudas los elementos que estructuran las figuras de la coautoría y la complicidad en un hecho delictivo. CONDSIDERANDO: (10) Que la Sana Crítica de acuerdo a la doctrina es aquella que nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconseja la razón y el criterio racional, puesto en juicio, entendida como la operación intelectual que realiza el Juez con el objeto de apreciar de manera correcta las pruebas evacuadas y sometidas al contradictorio, apreciación objetiva y debidamente razonada. En cuanto a la inobservancia de las reglas de la sana crítica invocada por la recurrente, esta Sala aprecia, que en el estudio realizado por el Ad quem a los medios de prueba evacuados en la audiencia inicial, aplica las referidas reglas de la Sana Crítica, a los medios de prueba aportados por las partes, considerados como el mínimum probatorio del Ministerio Público para sustentar el Requerimiento fiscal; efectivamente, el Capítulo IV De La Audiencia Inicial, artículo 294 Cuarto Párrafo del código Procesal Penal, dispone que en "esta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria, con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. Sin embargo el Ad quem después del estudio y valoración del acervo probatorio, conforme las reglas de la sana crítica, ofertado por el ente acusador, encuentra que efectivamente ha ocurrido un hecho delictivo mediante el cual perdió la vida un ser humano (y del que se tiene conocimiento quien es su autor directo y material del hecho, persona distinta a los acusados), en ese orden de ideas el Ad quem señala la falta de indicio racional en cuanto a la probabilidad de participación de los acusados a titulo ya sea de cómplice o de coautores, manteniendo que las pruebas presentadas dan margen para sospechar que si la tuvieron y además existe la posibilidad que a futuro el Ente fiscal pueda aportar otras pruebas que puedan cambiar la situación jurídica del caso, tal como lo establece el artículo 295 de la ley adjetiva en cuanto al Sobreseimiento provisional. Observando esta Sala que la resolución del Tribunal de alzada, ha respetado los requisitos, exigencias y solemnidades prescrita en la ley, por lo que no se aprecia vulneración del Debido Proceso, como el conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. CONSIDERNANDO: (11) Que esta Sala de lo Constitucional ha estudiado desde una perspectiva constitucional los hechos que han provocado la búsqueda de amparo. Analizada la sentencia dictada por el Ad quem se aprecia los fundamentos y razonamientos expuestos, por todo ello esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 95 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional; Artículo 8.4 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1, 14.7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGANDO El RECURSO DE AMPARO interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Choluteca y Valle, en fecha quince de diciembre del año dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil diecinueve, certificación del fallo de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0256=2018.
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CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL