Sentencia AP-240-18 — Registro 7819
Resumen
Denegatoria de acción de amparo en relación con la causa instruida en contra de imputada por suponerla responsable del delito de Maltrato por transgresión y la denegatoria de solicitud de autorización para realizar evaluación psicológica y social al video y grabación de declaración testifical de menor victima a través de la cámara de Gessel,argumentando impetrante que con dicha denegatoria se esta poniendo en peligro la integridad de menor y su revictimizaciòn al acceder La jueza al peritaje, pero sin el auxilio de la cámara
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."7): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria. La Sala observa que en fecha veinte de julio de dos mil diecisiete el niño Jatsiel Isai Martínez fue entrevistado en la cámara de Gessell, encontrándose presentes la jueza Marta Elena Tróchez, la licenciada en Psicología Luz Dueñas, el defensor Franklin Arauz, la fiscal Cindy Fernández y el técnico encargado de la cámara Odair Gotay. De igual manera consta en autos que en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho la fiscalía presentó escrito solicitando el nombramiento y juramentación de peritos y la autorización para la reproducción de audio y video de prueba anticipada por medio de cámara de Gessell, petición que fue rechazada mediante resolución de fecha veintidós de enero del presente año mediante, la cual fue impugnada por la garantía constitucional de amparo que se encuentra bajo estudio. Por otra parte, la Sala toma en cuenta que la fiscalía en el recurso de reposición argumenta que las pericias las ha solicitado de esa manera para evitar la revictimización del niño, evitándole la molestia de comparecer varias veces en el proceso relatando una y otra vez hechos que le resultan lastimosos. Con toda la información que se encuentra en los antecedentes y los argumentos de una y otra parte rendidos en el marco de esta garantía, la Sala de lo Constitucional determina que lo resuelto por la honorable corte de apelaciones es correcto, por cuanto el censor no argumenta ni acredita el peligro a la vida del niño en mención, como tampoco explica de qué manera se produce la indefensión o la violación al debido proceso. Razón suficiente para denegar la garantía constitucional de amparo, tal como lo ha hecho la corte de apelaciones. Resulta loable que el Ministerio Público por medio de sus fiscales sean celosos y bien intencionados con dar cumplimiento al principio de no revictimización; sin embargo, en el caso concreto se estiman correctos los argumentos esgrimidos por el tribunal de alzada. Por todo lo cual procede la confirmatoria de la sentencia que se conoce en revisión obligatoria"
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del distrito central, dieciséis de agosto del dos mil dieciocho.- VISTA: En consulta obligatoria las diligencias que contienen la sentencia dictada el siete de marzo de dos mil dieciocho, por la honorable CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, mediante la cual denegó la garantía constitucional de amparo presentada por el abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTÍNEZ URBINA a favor del niño JATSIEL ISAI MARTÍNEZ ROJAS, en contra de la resolución dictada en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho por el honorable JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en relación con la causa instruida en contra de la ciudadana KARLA ADALGIZA ROJAS MAZIER, por suponerla responsable del delito de MALTRATO POR TRASGRESIÓN, en perjuicio del niño JATSIEL ISAI MARTÍNEZ ROJAS. Estimando el amparista que el acto reclamado, es violatorio de lo dispuesto en los artículos 65, 82, 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. En fecha veintiuno de junio del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, el abogado TOMÁS MATUTE GARCÍA, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, en contra de la señora KARLA ADALGIZA ROJAS MAZIER, por suponerla responsable del delito de MALTRATO POR TRASGRESIÓN, en perjuicio del niño JATSIEL ISAI MARTÍNEZ ROJAS. (Folios 1–10 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2. En fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, el citado juzgado dictó auto resolutivo, en el que resolvió: “… que se DECLARA NO HA LUGAR la autorización para realizar evaluación psicológica y social al video y grabación de la declaración testifical del ofendido y a través de la cámara de Gessel por lo anteriormente expuesto.” (Folios 42-43 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3. El abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTÍNEZ URBINA, compareció ante la honorable Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba departamento de Atlántida, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor del niño JATSIEL ISAI MARTÍNEZ ROJAS, en contra de la resolución dictada en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho por el honorable JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 65, 82, 90 de la Constitución de la República.- 4. En fecha siete de marzo de dos mil dieciocho la honorable Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, falla: “PRIMERO: DENEGAR la acción de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTÍNEZ, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público contra la resolución dictada por la señora juez de letras de esta sección judicial (Penal) doña ALICIA URRUTIA en fecha veintidós de enero del dos mil dieciocho. SEGUNDO…” (Folios 19–20 al de la pieza de Corte de Apelaciones).- 5. En fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, este alto tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando violación de los derechos a la vida, de defensa y debido proceso legal, contenidos en los artículos 65, 82 y 90 de la Constitución de la República. El impetrante en su condición de fiscal comparece formalizando garantía de amparo a favor del niño Jatsiel Isai Martínez Rojas porque considera que la resolución de fecha veintidós de enero del presente año, dictada por el honorable Juzgado de Letras de la Sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, afecta sus derechos humanos a la vida, defensa y debido proceso legal, contenidos en la Constitución de la República. El censor expresa que con la resolución impugnada la honorable juez decidió declarar sin lugar la solicitud del Ministerio Público consistente en juramentar a los peritos en la causa instruida en contra de la ciudadana Karla Adalgiza Rojas Mazier por considerarla responsable del delito de maltrato por trasgresión en perjuicio del niño ya mencionado. El fiscal reclama que había solicitado que las licenciadas Keyla Marinela Matute y Liana Zelada se juramentaran con las formalidades de ley, para que practicaran al ofendido una evaluación sicológica y de trabajo social respectivamente con la ayuda de la cámara de Gessel, esto a efecto de evitar su re victimización. La jueza entonces accedió al peritaje, pero sin el auxilio de la cámara mencionada, vulnerando con ello los derechos constitucionales invocados. Con dicha decisión, expresa la fiscal, la jueza estaría desprotegiendo al niño al provocar que otra vez vuelva a narrar hechos traumáticos, tanto a la sicóloga como a la trabajadora social. Extremo que podría evitarse de acceder a lo solicitado y permitir el uso de dicho recurso. Asimismo, el fiscal señala que nuestra legislación ahora permite el uso de la cámara de Gessel para casos como el de mérito para evitar la revictimización. Siendo por tanto el uso de este recurso de obligatorio cumplimiento, A efecto de ilustrar su petición, el fiscal menciona que nuestro país mediante el Decreto legislativo No. 108-2003 de fecha veintidós de julio de dos mil tres, admitió como parte de su derecho interno la Convención de Palermo, la cual obliga a los Estados partes a adoptar medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de manera eficaz a los testigos, entre otros participantes en el proceso penal; por lo tanto opina que la decisión que se impugna quita la protección a la víctima en riesgo, exponiendo además su vida. Por otra parte, señala que ha sido costumbre de algunos jueces de la ciudad de La Ceiba no utilizar en casos como este la cámara de Gessel.- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la resolución impugnada, dictada por el honorable Juzgado de Letras de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida. La resolución impugnada dictada por el juez a quo se motiva en que el Código Procesal Penal establece que la finalidad de los medios de prueba es el esclarecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias. Señala además que en la investigación se practicarán todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que permitan establecer el grado de responsabilidad. Dispone además que, durante la etapa preparatoria, el fiscal o el juez con conocimiento de las partes, seleccionen en su caso a los peritos fijando con precisión los temas de la pericia y el plazo para la presentación de los dictámenes. Estima improcedente la petición de las pericias, sicológica y económica de la ofendida haciendo uso de video y grabación del testimonio rendido en la cámara de Gessel, ya que los sicólogos como los sociales deben realizar pruebas de manera personal, reiterando que no podría hacerlo si el perito no se encuentra presente, tampoco podría ver el entorno familiar en que ha vivido en este caso la ofendida.- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Resumen de la argumentación de la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió denegar por unanimidad de votos el amparo de mérito, en virtud de las razones que a continuación se exponen. Señala la honorable corte de apelaciones que el amparista no especifica concretamente como la resolución impugnada pone en peligro la vida del niño Jatsiel Isaí Martínez Rojas; o bien de qué manera se le violenta el derecho de defensa y en su caso el debido proceso legal. Refiriéndose a las pericias sicológicas y sociales solicitadas por el Ministerio Público, observa que se piden de manera que se llevan a cabo por las peritas, viendo y observando el video tomado del testimonio rendido por la supuesta ofendida. Esto para el tribunal de alzada no resulta idóneo para determinar el estado emocional, personalidad y secuelas o traumas causados por los hechos supuestamente violentados, pues se entiende que el estudio sicológico debe realizarse utilizando herramientas tales como la entrevista, observación conductual, aplicación de pruebas o test o cualquier otro instrumento para lo cual necesariamente debe existir una interacción ente el evaluador y el evaluado. Explica que por ello no le parece congruente realizar esta pericia tal como lo ha pedido el fiscal, por medio de la observación de un video. Para la corte, es posible hacer la observación en la evaluación psicológica utilizando medios electrónicos o visuales, pero para ello debe estructurarse un laboratorio o escenario con aquellos fines exclusivos; y en el caso que nos ocupa la petición no se refiere a este método. De acuerdo a lo expuesto la corte de apelaciones considera que en este caso no existe riesgo de revictimización al niño si la entrevista o evaluación se realiza en un espacio agradable o acogedor, que no le cause temor, en ese mismo orden de ideas las preguntas deben ser apropiadas, que no sean inducidas, sesgadas y que los métodos para determinar su personalidad o secuelas de hechos traumáticos no sean agresivos ni invasivos. Refiriéndose a la evaluación social del niño, no estima que la propuesta de la fiscalía sea adecuada porque la cámara de Gessell no crea las condiciones ni el entorno social en que ésta vive y se desenvuelve. Para este tipo de estudio el profesional debe desplazarse al lugar donde habita la persona evaluada para así determinar las condiciones de vida y los peligros que enfrenta en su entorno. Asimismo, la verificación de su asistencia a la escuela, su rendimiento, su acceso a salud o asistencia médica, etcétera. Nada de esto puede determinarse con un video. Por todo ello la corte decide denegar la garantía constitucional de mérito.- CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria. La Sala observa que en fecha veinte de julio de dos mil diecisiete el niño Jatsiel Isai Martínez fue entrevistado en la cámara de Gessell, encontrándose presentes la jueza Marta Elena Tróchez, la licenciada en Psicología Luz Dueñas, el defensor Franklin Arauz, la fiscal Cindy Fernández y el técnico encargado de la cámara Odair Gotay. De igual manera consta en autos que en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho la fiscalía presentó escrito solicitando el nombramiento y juramentación de peritos y la autorización para la reproducción de audio y video de prueba anticipada por medio de cámara de Gessell, petición que fue rechazada mediante resolución de fecha veintidós de enero del presente año mediante, la cual fue impugnada por la garantía constitucional de amparo que se encuentra bajo estudio. Por otra parte, la Sala toma en cuenta que la fiscalía en el recurso de reposición argumenta que las pericias las ha solicitado de esa manera para evitar la revictimización del niño, evitándole la molestia de comparecer varias veces en el proceso relatando una y otra vez hechos que le resultan lastimosos. Con toda la información que se encuentra en los antecedentes y los argumentos de una y otra parte rendidos en el marco de esta garantía, la Sala de lo Constitucional determina que lo resuelto por la honorable corte de apelaciones es correcto, por cuanto el censor no argumenta ni acredita el peligro a la vida del niño en mención, como tampoco explica de qué manera se produce la indefensión o la violación al debido proceso. Razón suficiente para denegar la garantía constitucional de amparo, tal como lo ha hecho la corte de apelaciones. Resulta loable que el Ministerio Público por medio de sus fiscales sean celosos y bien intencionados con dar cumplimiento al principio de no revictimización; sin embargo, en el caso concreto se estiman correctos los argumentos esgrimidos por el tribunal de alzada. Por todo lo cual procede la confirmatoria de la sentencia que se conoce en revisión obligatoria.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 89, 90, 103, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho proferida por la honorable Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual se denegó la garantía de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTÍNEZ URBINA, a favor del niño JATSIEL ISAI MARTÍNEZ ROJAS, en contra de la resolución de fecha veintidós de enero del año en curso, proferida por el honorable Juzgado de Letras se la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida. Actuaciones judiciales en relación con la causa instruida en contra de la ciudadana KARLA ADALGIZA ROJAS MAZIER, por suponerla responsable del delito de MALTRATO POR TRASGRESIÓN, en perjuicio del niño JATSIEL ISAI MARTÍNEZ ROJAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0240-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, municipio del distrito central, dieciséis de agosto del dos mil dieciocho.- VISTA: En consulta obligatoria las diligencias que contienen la sentencia dictada el siete de marzo de dos mil dieciocho, por la honorable CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, mediante la cual denegó la garantía constitucional de amparo presentada por el abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTÍNEZ URBINA a favor del niño JATSIEL ISAI MARTÍNEZ ROJAS, en contra de la resolución dictada en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho por el honorable JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en relación con la causa instruida en contra de la ciudadana KARLA ADALGIZA ROJAS MAZIER, por suponerla responsable del delito de MALTRATO POR TRASGRESIÓN, en perjuicio del niño JATSIEL ISAI MARTÍNEZ ROJAS. Estimando el amparista que el acto reclamado, es violatorio de lo dispuesto en los artículos 65, 82, 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES PROCESALES.- 1. En fecha veintiuno de junio del año dos mil diecisiete, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de la Ceiba, departamento de Atlántida, el abogado TOMÁS MATUTE GARCÍA, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, en contra de la señora KARLA ADALGIZA ROJAS MAZIER, por suponerla responsable del delito de MALTRATO POR TRASGRESIÓN, en perjuicio del niño JATSIEL ISAI MARTÍNEZ ROJAS. (Folios 1–10 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 2. En fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, el citado juzgado dictó auto resolutivo, en el que resolvió: “… que se DECLARA NO HA LUGAR la autorización para realizar evaluación psicológica y social al video y grabación de la declaración testifical del ofendido y a través de la cámara de Gessel por lo anteriormente expuesto.” (Folios 42-43 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- 3. El abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTÍNEZ URBINA, compareció ante la honorable Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba departamento de Atlántida, interponiendo garantía constitucional de amparo a favor del niño JATSIEL ISAI MARTÍNEZ ROJAS, en contra de la resolución dictada en fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho por el honorable JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, por considerar que la misma atenta contra los derechos contemplados en los artículos 65, 82, 90 de la Constitución de la República.- 4. En fecha siete de marzo de dos mil dieciocho la honorable Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, falla: “PRIMERO: DENEGAR la acción de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTÍNEZ, actuando en su condición de fiscal del Ministerio Público contra la resolución dictada por la señora juez de letras de esta sección judicial (Penal) doña ALICIA URRUTIA en fecha veintidós de enero del dos mil dieciocho. SEGUNDO…” (Folios 19–20 al de la pieza de Corte de Apelaciones).- 5. En fecha dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, este alto tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene la garantía constitucional de amparo, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO UNO (1). Sobre la garantía constitucional de amparo. De conformidad con el artículo 183 de la Constitución, la acción de amparo es una garantía constitucional, por la que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para los siguientes supuestos: a) que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; o b) para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental.- CONSIDERANDO DOS (2). Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[4], en relación con el artículo 25 de la misma convención[5] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[6].- CONSIDERANDO NÚMERO TRES (3): Sobre la consulta obligatoria ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Este alto tribunal de justicia conoce en consulta obligatoria la presente garantía de amparo en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Dicha disposición legal manda que se remitan a este alto tribunal las sentencias de amparo que dicten las cortes de apelaciones por la violación de los derechos fundamentales que fueran cometidas por jueces de letras departamentales o seccionales, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz en los casos de jurisdicción preventiva; asimismo los empleados departamentales o seccionales del orden político administrativo o militar. En el último párrafo del artículo 68 mencionado se dispone la irrecurribilidad de las sentencias dictadas en consulta obligatoria.- CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO (4): Resumen sobre los alegatos de la garantista denunciando violación de los derechos a la vida, de defensa y debido proceso legal, contenidos en los artículos 65, 82 y 90 de la Constitución de la República. El impetrante en su condición de fiscal comparece formalizando garantía de amparo a favor del niño Jatsiel Isai Martínez Rojas porque considera que la resolución de fecha veintidós de enero del presente año, dictada por el honorable Juzgado de Letras de la Sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, afecta sus derechos humanos a la vida, defensa y debido proceso legal, contenidos en la Constitución de la República. El censor expresa que con la resolución impugnada la honorable juez decidió declarar sin lugar la solicitud del Ministerio Público consistente en juramentar a los peritos en la causa instruida en contra de la ciudadana Karla Adalgiza Rojas Mazier por considerarla responsable del delito de maltrato por trasgresión en perjuicio del niño ya mencionado. El fiscal reclama que había solicitado que las licenciadas Keyla Marinela Matute y Liana Zelada se juramentaran con las formalidades de ley, para que practicaran al ofendido una evaluación sicológica y de trabajo social respectivamente con la ayuda de la cámara de Gessel, esto a efecto de evitar su re victimización. La jueza entonces accedió al peritaje, pero sin el auxilio de la cámara mencionada, vulnerando con ello los derechos constitucionales invocados. Con dicha decisión, expresa la fiscal, la jueza estaría desprotegiendo al niño al provocar que otra vez vuelva a narrar hechos traumáticos, tanto a la sicóloga como a la trabajadora social. Extremo que podría evitarse de acceder a lo solicitado y permitir el uso de dicho recurso. Asimismo, el fiscal señala que nuestra legislación ahora permite el uso de la cámara de Gessel para casos como el de mérito para evitar la revictimización. Siendo por tanto el uso de este recurso de obligatorio cumplimiento, A efecto de ilustrar su petición, el fiscal menciona que nuestro país mediante el Decreto legislativo No. 108-2003 de fecha veintidós de julio de dos mil tres, admitió como parte de su derecho interno la Convención de Palermo, la cual obliga a los Estados partes a adoptar medidas apropiadas dentro de sus posibilidades para proteger de manera eficaz a los testigos, entre otros participantes en el proceso penal; por lo tanto opina que la decisión que se impugna quita la protección a la víctima en riesgo, exponiendo además su vida. Por otra parte, señala que ha sido costumbre de algunos jueces de la ciudad de La Ceiba no utilizar en casos como este la cámara de Gessel.- CONSIDERANDO NÚMERO CINCO (5): Resumen de la resolución impugnada, dictada por el honorable Juzgado de Letras de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida. La resolución impugnada dictada por el juez a quo se motiva en que el Código Procesal Penal establece que la finalidad de los medios de prueba es el esclarecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias. Señala además que en la investigación se practicarán todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible tomando en cuenta las circunstancias que permitan establecer el grado de responsabilidad. Dispone además que, durante la etapa preparatoria, el fiscal o el juez con conocimiento de las partes, seleccionen en su caso a los peritos fijando con precisión los temas de la pericia y el plazo para la presentación de los dictámenes. Estima improcedente la petición de las pericias, sicológica y económica de la ofendida haciendo uso de video y grabación del testimonio rendido en la cámara de Gessel, ya que los sicólogos como los sociales deben realizar pruebas de manera personal, reiterando que no podría hacerlo si el perito no se encuentra presente, tampoco podría ver el entorno familiar en que ha vivido en este caso la ofendida.- CONSIDERANDO NÚMERO SEIS (6): Resumen de la argumentación de la Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, que sirvió de base para su decisión de denegar la presente garantía constitucional de amparo. El tribunal de alzada decidió denegar por unanimidad de votos el amparo de mérito, en virtud de las razones que a continuación se exponen. Señala la honorable corte de apelaciones que el amparista no especifica concretamente como la resolución impugnada pone en peligro la vida del niño Jatsiel Isaí Martínez Rojas; o bien de qué manera se le violenta el derecho de defensa y en su caso el debido proceso legal. Refiriéndose a las pericias sicológicas y sociales solicitadas por el Ministerio Público, observa que se piden de manera que se llevan a cabo por las peritas, viendo y observando el video tomado del testimonio rendido por la supuesta ofendida. Esto para el tribunal de alzada no resulta idóneo para determinar el estado emocional, personalidad y secuelas o traumas causados por los hechos supuestamente violentados, pues se entiende que el estudio sicológico debe realizarse utilizando herramientas tales como la entrevista, observación conductual, aplicación de pruebas o test o cualquier otro instrumento para lo cual necesariamente debe existir una interacción ente el evaluador y el evaluado. Explica que por ello no le parece congruente realizar esta pericia tal como lo ha pedido el fiscal, por medio de la observación de un video. Para la corte, es posible hacer la observación en la evaluación psicológica utilizando medios electrónicos o visuales, pero para ello debe estructurarse un laboratorio o escenario con aquellos fines exclusivos; y en el caso que nos ocupa la petición no se refiere a este método. De acuerdo a lo expuesto la corte de apelaciones considera que en este caso no existe riesgo de revictimización al niño si la entrevista o evaluación se realiza en un espacio agradable o acogedor, que no le cause temor, en ese mismo orden de ideas las preguntas deben ser apropiadas, que no sean inducidas, sesgadas y que los métodos para determinar su personalidad o secuelas de hechos traumáticos no sean agresivos ni invasivos. Refiriéndose a la evaluación social del niño, no estima que la propuesta de la fiscalía sea adecuada porque la cámara de Gessell no crea las condiciones ni el entorno social en que ésta vive y se desenvuelve. Para este tipo de estudio el profesional debe desplazarse al lugar donde habita la persona evaluada para así determinar las condiciones de vida y los peligros que enfrenta en su entorno. Asimismo, la verificación de su asistencia a la escuela, su rendimiento, su acceso a salud o asistencia médica, etcétera. Nada de esto puede determinarse con un video. Por todo ello la corte decide denegar la garantía constitucional de mérito.- CONSIDERANDO NÚMERO SIETE (7): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional en consulta obligatoria. La Sala de lo Constitucional al hacer su examen de las presentes diligencias estima que la sentencia de amparo venida en consulta se encuentra arreglada a derecho y procede en consecuencia su confirmatoria. La Sala observa que en fecha veinte de julio de dos mil diecisiete el niño Jatsiel Isai Martínez fue entrevistado en la cámara de Gessell, encontrándose presentes la jueza Marta Elena Tróchez, la licenciada en Psicología Luz Dueñas, el defensor Franklin Arauz, la fiscal Cindy Fernández y el técnico encargado de la cámara Odair Gotay. De igual manera consta en autos que en fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho la fiscalía presentó escrito solicitando el nombramiento y juramentación de peritos y la autorización para la reproducción de audio y video de prueba anticipada por medio de cámara de Gessell, petición que fue rechazada mediante resolución de fecha veintidós de enero del presente año mediante, la cual fue impugnada por la garantía constitucional de amparo que se encuentra bajo estudio. Por otra parte, la Sala toma en cuenta que la fiscalía en el recurso de reposición argumenta que las pericias las ha solicitado de esa manera para evitar la revictimización del niño, evitándole la molestia de comparecer varias veces en el proceso relatando una y otra vez hechos que le resultan lastimosos. Con toda la información que se encuentra en los antecedentes y los argumentos de una y otra parte rendidos en el marco de esta garantía, la Sala de lo Constitucional determina que lo resuelto por la honorable corte de apelaciones es correcto, por cuanto el censor no argumenta ni acredita el peligro a la vida del niño en mención, como tampoco explica de qué manera se produce la indefensión o la violación al debido proceso. Razón suficiente para denegar la garantía constitucional de amparo, tal como lo ha hecho la corte de apelaciones. Resulta loable que el Ministerio Público por medio de sus fiscales sean celosos y bien intencionados con dar cumplimiento al principio de no revictimización; sin embargo, en el caso concreto se estiman correctos los argumentos esgrimidos por el tribunal de alzada. Por todo lo cual procede la confirmatoria de la sentencia que se conoce en revisión obligatoria.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos 82, 89, 90, 103, 303 reformado, 304 reformado, 313 No.5 reformado, 316 reformado y 319 reformado de la Constitución de la República; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional: FALLA: CONFIRMANDO en consulta obligatoria la sentencia de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho proferida por la honorable Corte Primera de Apelaciones de la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual se denegó la garantía de amparo interpuesta por el abogado JOSÉ DAGOBERTO MARTÍNEZ URBINA, a favor del niño JATSIEL ISAI MARTÍNEZ ROJAS, en contra de la resolución de fecha veintidós de enero del año en curso, proferida por el honorable Juzgado de Letras se la sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida. Actuaciones judiciales en relación con la causa instruida en contra de la ciudadana KARLA ADALGIZA ROJAS MAZIER, por suponerla responsable del delito de MALTRATO POR TRASGRESIÓN, en perjuicio del niño JATSIEL ISAI MARTÍNEZ ROJAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Sentencia de fecha dieciséis (16) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta, registrado en este Tribunal bajo el número 0240-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[5] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[6] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”