Sentencia AP-227-17 — Registro 8917
Resumen
Sentencia desestimó recurso de apelación y confirmó sobreseimiento definitivo a favor de imputado por delito de almacenamiento de municiones de armas prohibidas en perjuicio de la segudidad interior del Estado de Honduras
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."se observa que la cuestión principal por la que se recurre en amparo, es ante la confirmatoria por parte del Tribunal Ad-quem de la resolución emitida por el A-quo, en cuanto a que se confirma el sobreseimiento definitivo ; la recurrente manifiesta su descontento con la resolución emitida, al estimar que no se valoró en forma conjunta y armónica la prueba producida en audiencia inicial, así como que se violento el debido proceso, ya que se observa a criterio del ente fiscal que la motivación realizada por el Ad-Quem no respeta los principios de Coherencia, para arribar a la conclusión de confirmar el sobreseimiento definitivo..."..."esta Sala de lo Constitucional advierte que la impetrante muestra su disconformidad con la resolución impugnada, al confirmar el Tribunal de Alzada la resolución emitida por el A-quo, que decreta Sobreseimiento definitivo a favor del encausado por el delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE ARMAS PROHIBIDAS, según el Requerimiento Fiscal presentado y confirma el dictado de un Sobreseimiento Definitivo..."..."la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copan, en fecha 17 de enero del año, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica que aduce la recurrente como vulneradas, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo..."..."la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar o no, un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice..."..."al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, doce de diciembre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha diecisiete de enero dos mil diecisiete, que desestimó un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, departamento de Copán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE, por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE ARMAS PROHIBIDA Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 90 304 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de La Entrada, departamento de Copán, la Abogada MARLEN JANET RODRIGUEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE, por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE ARMAS PROHIBIDA Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras citado, RESUELVE: 1.-Decretar un AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en el proceso que se instruye al señor JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE Y A LA SEÑORA SONIA YADIRA BUSTAMANTE MONCADA por el delito TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEHO COMERCIAL en perjuicio LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, se impone la medida cautelar de presentación obligatoria a este Juzgado cada quincena, líbrese atento oficio a la Policía Nacional de esta ciudad para que pongan en libertad al señor JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE, consecuentemente sin lugar a lo solicitado por parte de la represente fiscal, en cuanto a que se decrete auto de formal procesal en contra de JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE, por el delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE ARMAS PROHIBIDAS, asimismo con lugar lo solicitado por parte de defensa, del señor JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE en cuanto a que dicte un sobreseimiento definitivo. En cuanto al delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE ARMAS PROHIBIDAS Y sin lugar a lo solicitado por parte de la defensa la señora SONIA YADIRA BUSTAMANTE MONCADA en cuanto a que se dicte un sobreseimiento provisional….” (Folios del 37 al 53 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación presentado contra la resolución de fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por el A-quo, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, emitió resolución en fecha diecisiete de enero de dos mil dieciséis, mediante la cual: RESUELVE: PRIMERO: DESESTIMA el recurso de apelación; SEGUNDO: CONFIRMA la resolución impugnada. (Folios del 04 al 09 de la segunda pieza de antecedentes). 4) La recurrente Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, compareció ante este Tribunal, en fecha diecisiete de diciembre del año dos mil dieciséis, reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha diecisiete de enero dos mil diecisiete, es violatoria de lo dispuesto en los 90 304 Y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha dieciocho de enero del año dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo establece el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. CONSIDERANDO (1):Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir constituye una garantía de restitución de un derecho frente a una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. Que la garantía de amparo constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[1], en relación con el artículo 25 de la misma convención[2] y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos humanos[3]. CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen según resolución de fecha 17 de enero del 2017, emitido por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, mediante el cual se declaro No ha Lugar el recurso de apelación interpuesto por el ministerio público, contra la resolución de fecha 23 de noviembre de 2016, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nueva Arcadia, La Entrada, departamento de Copan, que confirmo el sobreseimiento definitivo decretado a favor de los señores JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE, por el delito de Almacenamiento de Municiones de Armas Prohibidas, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (3): establece el amparista que en fecha 18 de Noviembre del año 2016 el ministerio publico presento ante el Juzgado de Letras Seccional de Nueva Arcadia, La Entrada, Departamento de Copan, presentando requerimiento fiscal contra los señores JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE, por suponerlo responsable de los delitos de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego Comercial y Almacenamiento de Municiones de Armas Prohibidas, y contra SONIA YADIRA BUSTAMANTE MONCADA, por suponerla responsable del delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. En fecha 23 de noviembre del año 2016, el referido Juzgado de Letras, en audiencia Inicial decreto Auto de Formal Procesamiento contra los señores JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE y SONIA YADIRA BUSTAMANTE MONCADA, por el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego Comercial, en perjuicio de la seguridad interior del estado de Honduras; y Sobreseimiento definitivo a favor de los señores JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE, por el delito de Almacenamiento de Municiones de Arma Prohibida. CONSIDERANDO (4): el ministerio publico considera que la resolución decretada por el tribunal de alzada, al confirmar el sobreseimiento definitivo decretado a favor del encausado, quebranto los derechos constitucionales del debido proceso y legalidad, contenidos en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República, en virtud de las razones fácticas y jurídicas que se explicaran a continuación: PRIMERO: que de la lectura de la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, la fiscalía observa que la motivación externada por el Ad-Quem no respeta el principio de coherencia que exige la norma procesal pena, con arreglo al cual el contenido de un fallo debe ser armónico y congruente en cada una de sus partes, al resultar contradictorio que el Ad-Quem decrete auto de formal procesamiento contra el señor JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE, por el delito de tenencia legal de arma de Fuego Comercial, pero dicte un sobreseimiento definitivo a favor del mismo encausado, por el delito de Almacenamiento de Municiones de Armas, cuando ambos tipos penales se encuentran contenidos en el articulo 332-B del Código Penal, el cual sanciona: “quien sin permiso de la autoridad competente, posea armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas…”, tal como ocurre en el caso de autos, donde el señor JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE fue encontrado en posesión de una arma de fuego, tipo rifle, calibre 223, sin contar con el permiso de la autoridad competente, de ahí, que al encontrarse en tenencia ilegal del arma de fuego, también se halla en tenencia ilegal de las municiones(56 cartuchos si percutir, pertenecientes al calibre 5.566 mm/ .223) encontradas en la vivienda del imputado, las cuales corresponden al arma en cuya posesión estaba y sobre la cual se le decreto auto de formal procesamiento. Así las cosas, resulta evidente el juicio contradictorio expresado por el Ad-quem, al reconocer por un lado la ilegalidad de la tenencia de armas de fuego, pero no la ilegalidad de sus municiones, por estimar que la intención autentica del legislador de penalizar la tenencia de armas de fuego sin permiso de autoridad competente se hace extensiva a sus municiones, ya que el funcionamiento operativo de ambos constituye el peligro del bien jurídico que esta tipología de delitos busca proteger. En tal sentido, siendo que la resolución recurrida se limita a valorar únicamente la cantidad y el lugar de la munición encontrada, desconociendo el ordenamiento jurídico aplicado al caso sub judice, se incurre en una vulneración a la garantía constitucional del debido proceso y el principio de legalidad……. CONSIDERANDO (5): considera el ministerio publico que la resolución impetrada no contiene un razonamiento apegado a derecho, por lo que si bien , el ministerio publico expreso agravios respecto al delito de Almacenamiento de Municiones de Arma Prohibida que le imputo al señor JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE, no menos cierto es, que el sistema acusatorio actual esta imputación sirve para determinar los alcances de a imputación en la cual debe de contenerse la relación circunstanciada del hecho y el contenido de la acusación pero la calificación jurídica de las pretensiones le corresponde al órgano Jurisdiccional conforme al principio Iura Novit Curia, ya que el tribunal aprecia los hechos, los califica jurídicamente y aplica en consecuencia la norma que considera adecuada, sin quedar vinculado por las alegaciones jurídicas de las partes en la elección de la norma de derecho aplicable al caso, que en todo caso resulta ser de carácter provisional. Como bien lo señala la sala de lo penal el juzgador está en la facultad de variar la calificación de los hechos diferente al solicitado por el ente acusador, debiendo dentro del contexto de la misma determinar el cuadro factico o reconstrucción histórica, lo que hará conforme a la valoración de los elementos probatorios evacuados en la audiencia, pudiendo dentro de este contexto y en el ejercicio de la función jurisdiccional calificar los hechos imputados en la acusación (ver sentencia de casación penal N. CP 1009-204 de fecha 6 de enero del 2005), manifiesta el ministerio publico que el tribunal de alzada está facultado a recalificar el delito por no presentar una modificación a los hechos que sirvieron de base al ente acusador para enmarcar la acción delictiva imputada al encausado, por ende si a criterio del Ad-quem no existe la figura delictiva de almacenamiento de munición prohibida por el lugar donde fueron encontradas la municiones (las gavetas de los muebles y gavetero)no se puede desconocer la posesión de las mismas por parte del imputado y siendo que a su criterio dicha munición es comercial, debió emitir el correspondiente auto de formal procesamiento recalificando los hechos, considerando que se trata de figuras delictivas homogéneas, en resguardo del mismo bien jurídico, atendiendo asimismo que la calificación jurídica de los hechos es de carácter provisional, en tanto no se dicte la respectiva sentencia definitiva, tal como lo ha reiterado esta Honorable Sala de lo Constitucional en sentencia de Amaro n. 0232-2015 de fecha 24 de Octubre del 2016. CONSIDERANDO (6): El Ministerio Público, por las razones antes expuestas y atendiendo a lo reiterado por esta Sala , en cuanto a que el Juez Constitucional Ha de intervenir cuando, en la Valoración de los elementos probatorios en orden a decretar un auto de formal procesamiento, se han quebrantado las formas esenciales del debido proceso, tal como ocurre en el caso de autos; El Ministerio Publico estima Procedente someter a criterio de la Justicia Constitucional la resolución emitida por el Ad-quem, por considerar que de lo actuado por la alzada resulta una flagrante violación al derecho de la tutela judicial efectiva por no garantizarse el debido proceso , específicamente el principio de legalidad, mismo que reclama que la conclusión por sentencia de todo proceso debe de respetar al menos ciertos principios constitucionales vinculados a una verdadera impartición de justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación y aplicar las leyes al caso en concreto, sin embargo como se a dicho, la resolución emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, se baso en razonamientos contradictorios y no fundados en derecho. CONSIDERANDO (7):Que después del examen de los autos, que conforman las piezas sometidas a estudio por esta Sala de lo Constitucional, se observa que la cuestión principal por la que se recurre en amparo, es ante la confirmatoria por parte del Tribunal Ad-quem de la resolución emitida por el A-quo, en cuanto a que se confirma el sobreseimiento definitivo ; la recurrente manifiesta su descontento con la resolución emitida, al estimar que no se valoró en forma conjunta y armónica la prueba producida en audiencia inicial, así como que se violento el debido proceso, ya que se observa a criterio del ente fiscal que la motivación realizada por el Ad-Quem no respeta los principios de Coherencia, para arribar a la conclusión de confirmar el sobreseimiento definitivo. CONSIDERANDO (8): Que es importante para esta Sala de lo Constitucional lo establecido en el párrafo tercero del artículo 141, 198 y 202 todos ellos del Código Procesal Penal, que la recurrente arguye inobservados por el Ad-quem, vulnerando con ello las reglas de la sana crítica, en su orden los preceptos apuntados señalan: “…La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido…”; artículo 198 “Finalidad de los Medios de Prueba. La finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código.”; artículo 202 dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. CONSIDERANDO (9): Que del examen de la resolución impugnada, el Tribunal Ad-quem fundamenta inter alia, la decisión adoptada y haciendo un estudio profundo a los hechos, así como la valoración conjunta de los medios de prueba haciendo el uso correcto a la sana critica y la motivación por la cual a criterio de el A-quem concluye que en los hechos relatados en el requerimiento fiscal y en audiencia inicial y como parte de los agravios, el acusado el señor JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE ARMAS PROHIBIDA Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, conclusión esta que realiza el Ad-quem luego de un estudio profundo y minucioso a los medios de prueba y a los agravios formulados por el ente fiscal. Así mismo establece en su resolución el Ad-quem que es procedente confirmar el sobreseimiento definitivo a favor del acusado, resolución que no transgrede el principio de competencia recursiva (Tantum Devolutum Quantum Apellatum), pues ha siso el sobreseimiento definitivo el objeto del recurso devolutivo, la cual tras ser revisado por este tribunal, ha encontrado que el mismo reúne los requisitos exigidos por a ley ya que han sido pronunciados los razonamientos en los que se fundamente para la confirmatoria del mismo, con lo cual tampoco existe transgresión a la prohibición de reforma peyorativa (Non Reformatio In Peius) pues la situación jurídica del señor JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE, en relación al proceso penal no se ve agravada.
Así mismo considera que los hechos contenidos en el requerimiento fiscal han sido acreditados en la audiencia inicial y que precisamente en base a esos hechos es que es procedente el sobreseimiento definitivo en base al artículo 296.1 del Código Procesal Penal, pues al hacer el análisis de la acusación del ente fiscal el mismo no cumplió los requisitos para acreditar la participación del hoy encausado en el delito imputado ya que tanto en primera instancia como en segunda instancia el ente acusador venia sosteniendo la misma tesis sobre la existencia del delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE ARMAS PROHIBIDAS, y en el presente recurso el ente fisca hace alegatos de instancia que debió haber hecho en todo caso y como último recurso en el recurso de reposición del fallo emitido por la Corte de Apelaciones y no ante esta instancia extraordinaria. CONSIDERANDO (10): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso; dentro de esta garantía deben incluirse, entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, de tal manera que el texto constitucional exige para un debido proceso, que el Juez o Tribunal competente para el conocimiento de un determinado asunto ejerza sus funciones con apego a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; estima la recurrente que se ha vulnerado el debido proceso y el derecho de defensa, al no valorarse en conjunto y en forma armónica la prueba producida por el ente fiscal y por considerar la recurrente que la motivación del Ad- quem es incoherente, para arribar el Ad-quem a la conclusión de confirmar el Sobreseimiento definitivo dictado por el A-quo. CONSIDERANDO (11): Que esta Sala de lo Constitucional advierte que la impetrante muestra su disconformidad con la resolución impugnada, al confirmar el Tribunal de Alzada la resolución emitida por el A-quo, que decreta Sobreseimiento definitivo a favor del encausado por el delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE ARMAS PROHIBIDAS, según el Requerimiento Fiscal presentado y confirma el dictado de un Sobreseimiento Definitivo. En ese orden de ideas es menester entonces señalar que al ente acusador –Ministerio Público- se le dio la oportunidad de ofertar los elementos de prueba que tenia disponibles para la Audiencia Inicial, la que se desarrollará conforme a lo dispuesto en el artículo 294 del Código Procesal Penal, en relación al artículo 82 constitucional; en tal sentido el derecho a la defensa se manifiesta en el acceso a los tribunales para ejercitar las acciones en la forma que señalan las leyes; indicando el artículo 294 ut supra, que la parte que pretenda producir prueba, se hará cargo de su presentación en la audiencia y el Juez únicamente resolverá con la prueba que se incorpore y con los testigos que se hallen presentes. CONSIDERANDO (12): Que continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no el debido proceso, el artículo 202 dispone: “Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”; la mencionada norma procesal preceptúa que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento, en palabras de Diego Diez[4] “Lo que viene a consagrar en este precepto es el principio de libre valoración de la prueba; libertad de valoración cuyo norte han de ser las reglas de la sana crítica que en definitiva nos ponen en el terreno del sentido común guiado por la experiencia profesional. No significa, por tanto libre arbitrio, ni posibilidad de dar entrada a la “ciencia privada”,…”. CONSIDERANDO (13): Que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada en una audiencia, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copan, en fecha 17 de enero del año, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica que aduce la recurrente como vulneradas, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo. CONSIDERANDO (14): Que para finalizar es importante reiterar que, la Sala de lo Constitucional no tiene dentro de la esfera de sus atribuciones, potestad de pronunciarse sobre la valoración de medios de prueba evacuados en una audiencia, ya que dicha función jurisdiccional es exclusiva de los Jueces de Instancia. Compete a la Sala de lo Constitucional, como se ha manifestado en otras sentencias, pronunciarse sobre cuestiones de mera constitucionalidad, lo que no sucede en el caso que nos ocupa. Se debe señalar que la recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso y defensa, trasgresiones que no se observan, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchada a la recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar medios de pruebas, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. CONSIDERANDO(15): Que asimismo la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar o no, un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito al imputado en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República, circunstancias que a criterio de esta Sala no concurren en el caso sub júdice. CONSIDERANDO (16): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 90, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13, 141, 202, 294 y 296 del Código Procesal Penal. FALLA: Denegando el amparo interpuesto por la Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, a favor del estado de Honduras, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEPARTAMENTO DE COPÁN, en fecha diecisiete de enero dos mil diecisiete, que desestimó un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Nueva Arcadia, La Entrada, departamento de Copán, en fecha veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, con relación a la causa instruida contra el señor JESUS ALEJANDRO DUBON BUSTAMANTE, por suponerlo responsable del delito de ALMACENAMIENTO DE MUNICIONES DE ARMAS PROHIBIDA Y TENENCIA ILEGAL DE ARMAS COMERCIALES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. - Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, certificación de la sentencia de fecha doce de diciembre del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado bajo los números SCO-0227=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.”
[2] Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.”
[3] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley”
[4] de Diego Diez, Luis Alfredo. Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los medios de prueba. LITOCOM, S de RL de CV, Tegucigalpa, Honduras. Agosto de 2001. Pág. 25.