Sentencia AP-212-16 — Registro 10185
Resumen
Acto recurrido que declaró sin lugar el recurso de apelación y confirmó el auto de formal procesamiento dictado por el a-quo; en la causa instruida contra el señor impetrante por suponerlo responsable del delito de robo agravado, dictado en su perjuicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que dicho lo anterior, es necesario dejar establecido que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación de los acusados en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia y corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente, en el cual tales estimaciones ya han sido determinadas conforme a ley. Como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas..." ..." Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes..." ..." Que, asimismo, la Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos de la garantista arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, ello en virtud de que la recurrente en amparo expone la vulneración del principio de igualdad ante la ley, trasgresión que no se observa, ya que tanto en primera como segunda instancia, el encausado ha sido oído en juicio..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de febrero de dos mil dieciocho.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada WALESKA GRISSEL CASTILLO, a favor del señor OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por La Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin lugar el recurso de apelación y confirmó el auto de formal procesamiento, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra el señor OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA EMPRESA DE TRANSPORTES DEL AGUILA .- Afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.1)Que en fecha diecinueve (19) de febrero del año dos mil catorce (2014), el Abogado ORLIN IVAN BARAHONA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, presentando ampliación de requerimiento Fiscal contra los señores HECTOR EFRAIN SALINAS FORTIN “ alias Güero” y OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, “ alias compita” por suponerlos responsables a título de Autor del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la sociedad mercantil denominada EMPRESA DE TRANSPORTE AGUILA. ( folios 201 al 203).- (Folios 1 al 4 de la pieza del Juzgado).2) Que en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil quince (2015), el Juzgado instructor “RESUELVE: 1) Tener por ratificado la ampliación del requerimiento fiscal presentado contra OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRABADO, en perjuicio de la EMPRESA DE TRANSPORTES EL AGUILA 2.-) Se admiten los medios de prueba propuestos por el Ministerio Público por considerar que son útiles y pertinentes para el esclarecimientos de la verdad de los cuales se encuentran agregados sus originales a la presentes diligencias 3.-)SIN LUGAR la solicitud de modificar el delito de ROBO AGRAVADO al delito de ENCUBRIMIENTO. 4.-) DECRETAR AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del señor OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de LA EMPRESA DE TRANSPORTES EL AGUILA, asimismo imponer al imputado OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, por el delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de la EMPRESA DE TRANSPORTE EL AGUILA, la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional MARCO AURELIO SOTO, Aldea de Tamara, FRANCISCO Morazán…” (Folios 309 al 312 de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016) la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua dicto sentencia en la cual FALLA:” PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado la defensa del acusado OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, a quien se le supone responsable del delito ROBO AGRAVADO, en perjuicio de LA EMPRESA DE TRANSPORTE EL ÁGUILA.- SEGUNDO: SE CONFIRMA LA RESOLUCION RECURRIDA…” (Folios 7 al 11 de la Pieza de Corte de Apelaciones)4) La recurrente Abogada WALESKA GRISSEL CASTILLO, compareció ante este Tribunal, en fecha once (11) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor del señor OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en el artículo 60 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO: Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO: Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO: Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, en fecha trece (13) de enero de del año dos mil dieciséis, que declaró “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el Recurso de Apelación que ha planteado la defensa del acusado OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, a quien se le supone responsable del delito ROBO AGRAVADO, en perjuicio de LA EMPRESA DE TRANSPORTE EL ÁGUILA.- SEGUNDO: SE CONFIRMA LA RESOLUCION RECURRIDA…”CONSIDERANDO : Que a la vista del presente caso para su estudio y fallo, la Sala de lo Constitucional, en tanto intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, incluyendo el control de convencionalidad; lo cual es la pauta jurisprudencial reconocida como garante jurisdiccional en los artículos 183 de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 7, 41 y 45, inter alia, de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO: Que el quejoso sostiene que en el proceso penal que se sigue, se ha causado la violación a los derechos constitucionales de su representada, en específico, el principio de igualdad, que garantiza la Constitución de la Republica, por los motivos que ha encuadrado así: ..3.- En el presente caso, se presentó requerimiento fiscal en contra de los ciudadanos Héctor Efraín Salinas Fortín y Osman Emin Martínez por los delitos de Robo de Vehículo y Robo Agravado.- A los dos ciudadanos se les dictó auto de formal procesamiento, no obstante, al Señor Héctor Efraín Salinas Fortín se le decretó un sobreseimiento provisional y al Señor Osman Emin Martínez, se le confirmó el auto de formal procesamiento (ambas resoluciones decretadas por la Corte de Apelaciones de Comayagua), valorando los mismos medios de prueba. - 4.- Los actos que justifican la presente acción de amparo están sostenidos entonces por estas dos resoluciones dictadas por la Corte de Apelaciones de Comayagua: una a favor de HECTOR EFRAIN SALINAS FORTIN, en la que la Corte de Apelaciones de Comayagua, en resolución de fecha veinte de mayo de dos mil catorce, decidió otorgar un sobreseimiento provisional, revocando el auto de formal procesamiento decretado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, dicha resolución se anexa a la presente acción de amparo como medio de prueba documental número uno, y otra en contra del señor OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, en la que la Corte de Apelaciones de Comayagua, en resolución de fecha trece de enero de dos mil dieciséis, decidió confirmar el auto de formal procesamiento decretado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua por el delito de Robo Agravado en su grado de cooperador necesario, dicha resolución se anexa a la presente acción de amparo como medio de prueba documental número dos. 5.- Puede apreciarse en la resolución decretada en contra mi representado Osman Emin Martínez Rodríguez, que la Corte de Apelaciones valoro los mismos medios de prueba que valoro al momento de otorgarle el sobreseimiento provisional al Señor Héctor Efraín Salinas Fortín, no obstante la Corte de Apelaciones estableció: “… Aunque la Corte se haya pronunciado sobre los elementos probatorios en resolución de fecha veinte de mayo del 2014 no le resulta vinculante más que los agravios que a que se ha referido el Recurrente, toda vez que este cuestiona la calificación jurídica de los hechos de la acusación….CONSIDERANDO : Que el Ad-Quem en su resolución describe los agravios invocados por el ente Acusador lo que origina la búsqueda de justicia constitucional y expone una relación detallada de los medios de prueba aportados por las partes en conflicto. El ordinal CUARTO de la motivación[1] señala de manera clara y precisa la parte de la resolución que provoca el accionar garantista de la parte acusadora, dejando establecido: “Para este Tribunal de Apelación, considera que es erróneo el planteamiento que hace la defensa al pretender que los hechos probados se subsuman en el tipo penal del Encubrimiento, ya que aduce que el imputado procuro la contratación de personas para el cuido del objetos del delito, se desprende concierto previo entre el acusado y las personas que despojaron mediante intimidación el vehículo con la mercadería que cuidaban los dos sujetos contratados por este, o sea con los autores materiales de dicho delito, lo que descarta el poder subsumir dicha conducta en el delito de Encubrimiento, que exija como requisito en los elementos objetivos del tipo, que el encubridor actué sin concierto previo con los autores o cómplices de un delito circunstancia que no ocurrió en el presente caso.” Manifestando a reglón seguido el Ad-Quem “ Como se puede apreciar de acuerdo con los argumentos de las partes y la motivación judicial, la conducta del acusado sirvió para el perfeccionamiento de la consumación del robo de las mercaderías, al contratar personal para el cuidado es decir no realiza actos puros de encubrir sin lo conducen la complicidad necesaria en el delito de robo.- Por otra parte si bien es cierto la conducta que aparece descrita en el cuadro fáctico no sería la del delito de Encubrimiento en perjuicio de la Administración de Justicia, sino más bien en la posibilidad de calificar el delito de robo agravado, en su grado de participación del Cooperador Necesario.”. CONSIDERANDO : Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios para efectos de decretar, ya sea un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o definitivo y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o a los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del proceso y con ello derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República, lo cual no acontece en el caso que nos ocupa, toda vez que lo alegado por la recurrente, no se vuelve de recibo en virtud de establecer sus apreciaciones meramente subjetivas en cuanto al valor o fuerza probatoria y su aplicabilidad en el proceso penal, misma que corresponde al juez penal bajo los principios y disposiciones del proceso penal, que ya la misma ley establece, con lo cual no se advierte arbitrariedad o quebranto a las formas esenciales del proceso en la actuación de los órganos de instancia en el presente asunto. CONSIDERANDO : Que dicho lo anterior, es necesario dejar establecido que no compete a la acción constitucional de amparo la realización de la justicia penal en la forma de determinar la existencia o no de delito, ni el grado de participación de los acusados en el mismo; éstas son valoraciones propias de instancia y corresponden a la justicia ordinaria, tal y como se ha llevado a efecto en el presente caso, en donde se ha instado el curso legal correspondiente, en el cual tales estimaciones ya han sido determinadas conforme a ley. Como ya se dijo anteriormente, la justicia constitucional interviene cuando la decisión del juzgador en torno a estos aspectos, ha resultado de arbitrariedad y/o desafuero a los principios que rigen el proceso, y por ende en menoscabo de las garantías judiciales y derechos fundamentales que el propio juez es llamado a asegurar y hacer efectivas.CONSIDERANDO : Que este Tribunal estima que la resolución del Ad-Quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito, el derecho de defensa y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO: Que, asimismo, la Sala de lo Constitucional al analizar los argumentos de la garantista arriba a la decisión de denegar la garantía constitucional de amparo de la que se hace mérito, ello en virtud de que la recurrente en amparo expone la vulneración del principio de igualdad ante la ley, trasgresión que no se observa, ya que tanto en primera como segunda instancia, el encausado ha sido oído en juicio, se le dio la oportunidad de proponer y evacuar los medios de pruebas, recibieron las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, concluyendo que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales. Asimismo, se hace necesario señalar que en función del reconocimiento de la igualdad ante la ley se prohíbe todo tratamiento discriminatorio de origen legal. De este modo la prohibición discriminación ampliamente contenida en el artículo 1.1 respecto a los derechos y garantías estipulado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se extiende al derecho interno de los Estados Partes. En virtud de lo cual el alegato que sustenta la presente garantía constitucional de amparo no es de recibo. CONSIDERANDO: Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. Siguiendo este orden de ideas de lo antes relacionado resulta que la apreciación del Ad-Quem, es conforme a Derecho, según el estudio de la resolución impugnada, en la que se observa que ha respetado las solemnidades, requisitos y exigencias de la ley, salvaguardando de esta manera el derecho garantía del Debido Proceso.CONSIDERANDO: Que por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al no advertir vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse.POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 227 del Código Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la acción de amparo impetrada por la Abogada WALESKA GRISSEL CASTILLO, a favor del señor OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, contra la resolución dictada por La Corte de Apelaciones Seccional de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha trece (13) de enero del año dos mil dieciséis (2016), que declaró Sin lugar el recurso de apelación y confirmó el auto de formal procesamiento, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veintiséis (26) de marzo del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra el señor OSMAN EMIN MARTINEZ RODRIGUEZ, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO, en perjuicio de la SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA EMPRESA DE TRANSPORTES EL AGUILA. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-212-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Ver folio once (11) de la pieza de apelación.