Sentencia AP-193-17 — Registro 9923
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo contra la resolución que declaró con lugar un recurso de Apelación y Revocó la resolución en relación del delito de trafico ilicito de drogas. Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
... "CONSIDERANDO: (20) Aunado a lo anterior, si bien el fundamento legal para sostener la acusación contra los imputados es el delito de otros fraudes continuados y complicidad en el mismo delito, sin embargo es preciso señalar que el derecho penal ha venido aceptando la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el más violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas si el Derecho Penal no es el único medio de control social porque hacer un uso extensivo de este? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones. El Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la última ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito). El Principio de subsidiariedad del derecho Penal ha de ser la última ratio, el último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima. Que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser protegido penalmente, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención del Derecho Penal. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria). Todo lo cual aplicado al caso concreto, dentro del ordenamiento jurídico nos señala otras esferas de protección menos gravosas y legítimas en búsqueda de la justicia que se pretende por la vía penal, por demás fuera de contexto por no ser aplicable al caso concreto. Analizado el Fallo del Ad quem, se aprecia que ha interpretado de manera errónea las normas aplicables al caso concreto, en consecuencia los derechos de los recurrentes han sido vulnerados. Y Siendo que la Jurisdicción de lo Penal es incompetente para conocer de la controversia relacionada, debe DIRIMIRSE A LA JURIDICCIÓN DE LO CIVIL, el proceso junto con sus antecedentes, para que sea el Juez de Letras de lo Civil quien dicte lo que en Derecho corresponda."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), que declaró con Lugar un recurso de Apelación y Revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de la Sección Judicial de Choluteca, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciséis (2016); en relación a la causa instruida contra el señor ELMERSON JEOVANY AMADOR VASQUEZ, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-Quem, es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado Primero de Letras Departamental de Choluteca, la Abogada LUPE MARIA NARVAEZ ZAVALA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra el señor ELMERSON JEOVANY AMADOR VASQUEZ, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS y ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- (Folios 1 al 5 de la pieza del Juzgado). 2) Que en fecha veintitrés (23) de mayo del año del año dos mil dieciséis (2016), el Juzgado instructor, “RESUELVE: DECRETAR: 1) AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO en contra del imputado ELMERSON JEOVANY AMADOR VASQUEZ por suponerlo responsable del delito de ASOCIACION ILICITA Y FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DROGAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- 2) Asimismo decretar la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA por el termino de DOS AÑOS a cumplirla en La Penitenciaría Nacional MARCO AURELIO SOTO DE TAMARA Francisco Morazán, por haberlo solicitado el Ministerio Público, siendo justificable las razones expuestas. Librando el oficio correspondiente para el cumplimiento. …” (Folios 29 al 32 de la pieza del Juzgado). 3) Que en fecha quince (15) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, dictó sentencia mediante la cual: FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JOSE HERNAN LAGOS COREA, contra resolución proferida en audiencia inicial por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca Departamento de Choluteca, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciséis (2016) en la causa penal instruida contra ELMERSON JEOVANY AMADOR VASQUEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS Y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: REVOCAR LA RESOLUCION RECURRIDA VENIDA EN APELACION, debiendo al efecto modificarse el auto de prisión decretado en audiencia inicial de fecha veintitrés (23) de mayo del año de dos mil dieciséis (2016) en el sentido de sustraer del mismo el delito de asociación ilícita y mantener el mismo por el delito de facilitación de los medios de trasporte para el tráfico ilícito de drogas, por considerar que este no fue objeto de recurso alguno: y con fundamento en el Artículo 296 numeral 2 del Código Procesal Penal y por no existir fundamentos suficientes para el decreto de formal auto de procesamiento por el delito en referencia, procede se dicte un sobreseimiento definitivo a favor del imputado Elmerson Yovany Amador Vásquez, por el delito de asociación ilícita, …” (Folio 04 al 06 de la Pieza de Corte de Apelaciones) 4) La recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha seis (06) marzo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017) este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUITIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), que declaró con Lugar un recurso de Apelación y Revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de la Sección Judicial de Choluteca, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciséis (2016); en relación a la causa instruida contra el señor ELMERSON JEOVANY AMADOR VASQUEZ, por suponerlo responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha seis (06) marzo del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando la recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha quince (15) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, considerando que la resolución emitida por la Honorable Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, vulnera el Debido Proceso, al carecer de las adecuadas motivaciones para adquirí la convicción en las partes respecto a la conclusión arribada en la cual decide el fondo del asunto. Así como el Principio de Legalidad, pues en un Estado de Derecho el Poder tiene su fundamento y limite en las normas jurídicas, que impone al Juez emitir sus resoluciones en estricto apego a derecho y no a su mera arbitrariedad, o interpretación personal sin tomar en cuenta la norma, la prueba y el derecho que debe aplicar; si bien el Juez tiene la facultad de interpretar la ley, esta debe ser orientada a la del verdadero sentido de a norma que se debe aplicar y que las resoluciones judiciales no deber ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración, sino una expresión razonada de la situación de la norma jurídica. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala admitió el escrito de formalización de la presente acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento Interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Choluteca y Valle, en fecha quince (15) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), que declaró con Lugar un recurso de Apelación y Revocó la resolución dictada por el Juzgado de Letras Primero Departamental de la Sección Judicial de Choluteca, en fecha veintitrés (23) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), se aprecia en la misma, que el Ad-Quem concluye que si bien es cierto el ente acusador explicó las razones por las cuales presenta su requerimiento fiscal por el delito de asociación ilícita, también es cierto que este no logro allegar al Tribunal los elementos necesarios para el decreto de formal auto de procesamiento en el delito de asociación ilícita; la prueba testifical aportada por el ente acusador, únicamente dirigieron su testimonio en relación al hallazgo de la droga, por lo que se consideró procedente declarar con lugar el recurso interpuesto. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser el la reforma del auto de formal procesamiento del imputado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve (19) días del mes de marzo de dos mil dieciocho (2018), Certificación del fallo de fecha diecinueve (19) de enero de dos mil dieciocho (2018), recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el Numero 0193=2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.