Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-192-18 — Registro 10336

Resumen

Sentencia en consulta denegó recurso de amparo a favor de recurrente contra resolución dictada por Juzgado de primera instancia que estimó diligencia prejudicial y la consecuente autorización del nombramiento y juramentación de perito bajo la formalidad de prueba anticipada; en investigaciones contra recurrente y otros por suponerlos responsables de delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y otros en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…”del examen de la resolución recurrida en amparo por parte de la defensa, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la juez de instancia, se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación sobre la pertinencia de la admisión de medios de prueba, en este caso su recepción anticipada bajo los lineamientos y condiciones establecidas en el artículo 277 del Código Procesal Penal, una potestad propia e inherente de esa función juzgadora, con lo que la garantía de amparo invocada resultaba improcedente, al no advertirse de dicha decisión, arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al asunto que fue llamado a resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada por vía de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la juez en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como bien ha sido apreciado y estimado también por el Tribunal de Apelación en la sentencia que se revisa…”…”este Alto Tribunal concluye de lo actuado en el trámite de mérito, que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la imputada en el proceso penal que se sigue en su contra. De igual manera, esta Sala advierte que al emitir la sentencia objeto de estudio, la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la sentencia venida en consulta en todas y cada una de sus partes, y así debe ser declarado…”

Legislación citada

  • Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 26 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 68 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez| de octubre de dos mil dieciocho. VISTAS: En consulta las diligencias que contienen la sentencia de fecha uno de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO CÉSAR RAMÍREZ MEJÍA, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA AVILA, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho; en relación a la diligencia prejudicial de prueba anticipada en las investigaciones que se realizan contra la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA y OTROS, por suponerlos responsables de los delitos de MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representada lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES.1) Que en fecha catorce de febrero del año dos mil dieciocho, el Abogado JULIO CESAR RAMÍREZ MEJÍA, compareció ante la Corte de Apelaciones Penal con competencia Nacional en Materia de Corrupción, interponiendo recurso de amparo a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, manifestando el recurrente que a su representada se le han violentado garantías constitucionales. 2) Que en fecha uno de marzo del año dos mil dieciocho, luego de seguirse el trámite que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, dictó sentencia en la cual: FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo, interpuesta por Abogado JULIO CESAR RAMÍREZ MEJÍA, a favor de la ciudadana ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la resolución del Juzgado de Letras de lo Penal con Competencia Nacional en Materia de Corrupción. (Folios 49 al 57 de la pieza de segunda instancia). 3) Que en fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, dando así estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme manda la Constitución de la República, la acción de amparo tiene como finalidad el mantenimiento y restitución de la persona agraviada, del goce de los derechos y/o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley. CONSIDERANDO (4): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer en consulta, las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, ello de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.CONSIDERANDO (5): Que es objeto de consulta la sentencia proferida por la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN de fecha uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante la cual se determinó la denegatoria de un recurso de amparo interpuesto por la defensa de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la resolución de fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho, emitida por el JUEZ DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, que decidió estimar una diligencia prejudicial y la consecuente autorización del nombramiento y juramentación de perito bajo la formalidad de prueba anticipada. CONSIDERANDO (6): Que del examen de la resolución recurrida en amparo por parte de la defensa, esta Sala de lo Constitucional encuentra que la juez de instancia, se ha limitado a ejercer la función jurisdiccional que le ha sido delegada por mandato constitucional, siendo la apreciación sobre la pertinencia de la admisión de medios de prueba, en este caso su recepción anticipada bajo los lineamientos y condiciones establecidas en el artículo 277 del Código Procesal Penal, una potestad propia e inherente de esa función juzgadora, con lo que la garantía de amparo invocada resultaba improcedente, al no advertirse de dicha decisión, arbitrariedad, desafuero o trasgresión a derechos constitucionales o a los principios que rigen el proceso, haciendo la autoridad recurrida aplicación de los mismos sin desatender su deber de establecer la vigencia del derecho al asunto que fue llamado a resolver. La Sala observa además que la resolución impugnada por vía de amparo ha sido debidamente motivada, explicando la juez en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio, como bien ha sido apreciado y estimado también por el Tribunal de Apelación en la sentencia que se revisa. CONSIDERANDO (7): Que esta Sala ya se ha pronunciado en forma reiterada, en el sentido que la garantía genérica del debido proceso no se limita a la exigencia que una persona deba ser juzgada a través de un proceso previo y ante un juez con competencia natural, sino también por imperativo constitucional, comporta que deben respetarse las formalidades, derechos y garantías que de conformidad a la ley correspondan. Esta Sala ha dejado establecido en su jurisprudencia que el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, del debido respeto a la plena vigencia de los derechos fundamentales de todas las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (8): Que este Alto Tribunal concluye de lo actuado en el trámite de mérito, que el órgano jurisdiccional recurrido se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la imputada en el proceso penal que se sigue en su contra. De igual manera, esta Sala advierte que al emitir la sentencia objeto de estudio, la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN ha hecho acopio en forma oportuna de las disposiciones y normas que rigen y rectoran la justicia constitucional, aplicándolas debidamente al caso que fue sometido a su conocimiento y resolución, haciendo valer con ello la vigencia de los derechos fundamentales determinados por la Constitución de la República, resultando procedente en consecuencia, a criterio de esta Sala de lo Constitucional, CONFIRMAR la sentencia venida en consulta en todas y cada una de sus partes, y así debe ser declarado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos: 90, 303, 304 , 313, 316 y 321 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 74, 78 atribución 5ª, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 10, 41, 48, 68 párrafo 2do, de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: CONFIRMANDO la sentencia de fecha uno de marzo del año dos mil dieciocho, dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, que denegó el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JULIO CÉSAR RAMÍREZ MEJÍA, a favor de la señora ROSA ELENA BONILLA ÁVILA, contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CORRUPCIÓN, en fecha ocho de febrero de dos mil dieciocho; Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en Consulta bajo el número SCO-192-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL