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Sentencia AP-185-17 — Registro 8230

Resumen

Sentencia estimó recursos de apelaciones y revocó parcialmente sobreseimiento definitivo dictado por juzgado de primera instancia que declaró nulidad de medio de prueba pericial, dictó sobreseimiento definitivo a favor de segundo recurrente y dejó sin lugar y efecto medidas cautelares impuestas con relación a causa contra imputado por suponerlo responsable de delitos de cohecho y violación de deberes de los funcionarios en concurso ideal en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."esta Sala dispuso que, al apreciarse de los autos, que las acciones de amparo registradas bajo los números 185-2017, y 205-2017, se dirigen contra el mismo acto, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, y que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia, se resolvió acumular los amparos descritos y dictar el fallo pertinente..."..."al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), que revocó parcialmente un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016); se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia que lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndose, a la etapa inicial, lo que se valora es al probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo..."..."el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque los actores tuvieron acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegaron lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensiones, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales..."..."esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable...."..."esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como revocar parcialmente un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parecen entenderlo los recurrentes; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) La Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS (Reg. No. 185-2017); Y 2) El Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, a favor del señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO (Reg. No. 205-2017), ambos contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), que revocó parcialmente un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016); con relación a la causa instruida contra el señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por suponerlo responsable de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y COHECHO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman los recurrentes, que se ha violentado el derecho al debido proceso consignado en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha tres (03) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), la Abogada FRANCIS NAIDIA ARTOLA LOBO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, presentando requerimiento fiscal en contra del señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por suponerlo responsable de los delitos de COHECHO y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- 2) Que luego de celebrada la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, emitió resolución en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), la cual resolvió: “PRIMERO: Nulidad del medio de prueba pericial realizado por el perito Jean Carlos Guzmán, al registro de llamadas y mensajes realizados a los teléfonos de Jorge Arturo Hernández, Marco Javier Sola Erazo, Bishara Wilfredo Vásquez Reyes, con número de dictamen 218-2016.- SEGUNDO: DICTAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por suponerlo responsable de los delitos de COHECHO Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN CONCURSO IDEAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. TERCERO: Dejar sin valor y efecto las medidas cautelares impuestas en audiencia de declaración de imputado al señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO.- (Folios 198 al 205 de la primera pieza de los antecedentes).- 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada FRANCIS NAIDIA ARTOLA LOBO, en su condición antes indicada, contra la resolución de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), dictada por el A-quo; la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, dictó resolución en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual: “RESUELVE: PRIMERO: Estima el recurso de APELACIÓN interpuesto por la Abogada Francis Naidia Artola, en su condición antes indicada; SEGUNDO: REVOCA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO respecto del tipo penal de COHECHO, debiendo el A-quo proceder a decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO: TERCERO: CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO respecto del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS.”. (Folios 3 al 14 de la segunda pieza de los antecedentes).- 4) Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNADEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, es violatoria de la garantía constitucional del debido proceso, establecida en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal, el Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por estimar que la resolución dictada por el Ad-quem de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (2017), violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios 46 al 49 del recurso de amparo)- 6) Que habiendo concedido vista a los recurrentes para que formalizaran sus recursos, en fechas cuatro (4) y siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018), la Sala tuvo por formalizados los recursos interpuestos por el Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA y YULIBETH GARAY HERNANDEZ, respectivamente, omitiendo dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo estipulado con el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, en virtud de ser parte en el proceso de mérito. (Folios 28 y 83 del presente recurso)- 7) Que en fecha siete (7) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala dispuso que, al apreciarse de los autos, que las acciones de amparo registradas bajo los números 185-2017, y 205-2017, se dirigen contra el mismo acto, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, y que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia, se resolvió acumular los amparos descritos y dictar el fallo pertinente en su oportunidad. (Folio 85 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS; y, el Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, a favor del señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO; se dirigen contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), que revocó parcialmente un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016); con relación a la causa instruida contra el señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por suponerlo responsable de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y COHECHO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNADEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, es violatoria de la garantía constitucional del debido proceso, establecida en el Artículo 90 de la Constitución de la República; puesto que el hecho de que haya utilizado el informe investigativo para solicitar a la persona objeto de la investigación la cantidad de dinero fijada, valiéndose de su condición de Delegado Regional del Tribunal Superior de Cuentas en Santa Rosa de Copán, constituye una abierta y flagrante violación de los deberes de los funcionarios.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que por su parte en fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante éste Tribunal, el Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por estimar que la resolución dictada por el Ad-quem de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (2017), violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República; siendo que no hay motivación en la sentencia, señalando las razones para desvanecer lo establecido por el Juez para haber dado el Sobreseimiento definitivo.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que habiendo concedido vista a los recurrentes para que formalizaran sus recursos, en fechas cuatro (4) y siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018), la Sala tuvo por formalizados los recursos interpuestos por el Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA y YULIBETH GARAY HERNANDEZ, respectivamente, omitiendo dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo estipulado con el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, en virtud de ser parte en el proceso de mérito.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), que revocó parcialmente un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016); se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia que lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndose, a la etapa inicial, lo que se valora es al probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus Derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. El Ad-Quem, concluye que las acciones realizadas y acreditadas mediante testimonio y documentos, es constitutiva del delito de Cohecho, consecuentemente el que se hubiese sobreseído a su favor y de manera definitiva, es una decisión incorrecta e ilegal, que debe revocarse, a efecto de que el A-Quo, dicte auto de formal procesamiento, únicamente por el delito de Cohecho, en razón que la prueba aportada por la Fiscalía, acredita la plena prueba de la existencia del Delito y el indicio racional de participación del imputado.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parecen entenderlo los recurrentes; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque los actores tuvieron acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegaron lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensiones, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como revocar parcialmente un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO los recursos de amparo de que se han hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0185 y 0205-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siete de noviembre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) La Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS (Reg. No. 185-2017); Y 2) El Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, a favor del señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO (Reg. No. 205-2017), ambos contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), que revocó parcialmente un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016); con relación a la causa instruida contra el señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por suponerlo responsable de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y COHECHO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estiman los recurrentes, que se ha violentado el derecho al debido proceso consignado en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha tres (03) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), la Abogada FRANCIS NAIDIA ARTOLA LOBO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, presentando requerimiento fiscal en contra del señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por suponerlo responsable de los delitos de COHECHO y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN CONCURSO IDEAL en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.- 2) Que luego de celebrada la Audiencia Inicial, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, emitió resolución en fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), la cual resolvió: “PRIMERO: Nulidad del medio de prueba pericial realizado por el perito Jean Carlos Guzmán, al registro de llamadas y mensajes realizados a los teléfonos de Jorge Arturo Hernández, Marco Javier Sola Erazo, Bishara Wilfredo Vásquez Reyes, con número de dictamen 218-2016.- SEGUNDO: DICTAR SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por suponerlo responsable de los delitos de COHECHO Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN CONCURSO IDEAL, en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. TERCERO: Dejar sin valor y efecto las medidas cautelares impuestas en audiencia de declaración de imputado al señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO.- (Folios 198 al 205 de la primera pieza de los antecedentes).- 3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada FRANCIS NAIDIA ARTOLA LOBO, en su condición antes indicada, contra la resolución de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), dictada por el A-quo; la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, dictó resolución en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual: “RESUELVE: PRIMERO: Estima el recurso de APELACIÓN interpuesto por la Abogada Francis Naidia Artola, en su condición antes indicada; SEGUNDO: REVOCA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO respecto del tipo penal de COHECHO, debiendo el A-quo proceder a decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO: TERCERO: CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO respecto del delito de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS.”. (Folios 3 al 14 de la segunda pieza de los antecedentes).- 4) Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNADEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, es violatoria de la garantía constitucional del debido proceso, establecida en el Artículo 90 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal, el Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por estimar que la resolución dictada por el Ad-quem de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (2017), violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República. (Folios 46 al 49 del recurso de amparo)- 6) Que habiendo concedido vista a los recurrentes para que formalizaran sus recursos, en fechas cuatro (4) y siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018), la Sala tuvo por formalizados los recursos interpuestos por el Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA y YULIBETH GARAY HERNANDEZ, respectivamente, omitiendo dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo estipulado con el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, en virtud de ser parte en el proceso de mérito. (Folios 28 y 83 del presente recurso)- 7) Que en fecha siete (7) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala dispuso que, al apreciarse de los autos, que las acciones de amparo registradas bajo los números 185-2017, y 205-2017, se dirigen contra el mismo acto, para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa, y que las acciones de amparo de mérito produzcan una sola sentencia, se resolvió acumular los amparos descritos y dictar el fallo pertinente en su oportunidad. (Folio 85 de la pieza de amparo).- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS; y, el Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, a favor del señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO; se dirigen contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), que revocó parcialmente un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016); con relación a la causa instruida contra el señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por suponerlo responsable de los delitos de VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y COHECHO en perjuicio de LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNADEZ, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante la Sala de lo Constitucional, en fecha dos (2) de marzo del año dos mil diecisiete (2017), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, es violatoria de la garantía constitucional del debido proceso, establecida en el Artículo 90 de la Constitución de la República; puesto que el hecho de que haya utilizado el informe investigativo para solicitar a la persona objeto de la investigación la cantidad de dinero fijada, valiéndose de su condición de Delegado Regional del Tribunal Superior de Cuentas en Santa Rosa de Copán, constituye una abierta y flagrante violación de los deberes de los funcionarios.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que por su parte en fecha nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), compareció ante éste Tribunal, el Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA, interponiendo recurso de amparo a favor del señor MARCO JAVIER SOLA ERAZO, por estimar que la resolución dictada por el Ad-quem de fecha treinta y uno de enero de dos mil diecisiete (2017), violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República; siendo que no hay motivación en la sentencia, señalando las razones para desvanecer lo establecido por el Juez para haber dado el Sobreseimiento definitivo.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que habiendo concedido vista a los recurrentes para que formalizaran sus recursos, en fechas cuatro (4) y siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018), la Sala tuvo por formalizados los recursos interpuestos por el Abogado NERY MAURICIO MIRANDA SANABRIA y YULIBETH GARAY HERNANDEZ, respectivamente, omitiendo dar vista de los autos al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo estipulado con el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público, en virtud de ser parte en el proceso de mérito.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), que revocó parcialmente un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de fecha catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016); se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia que lo que se valora en esa etapa del juicio, refiriéndose, a la etapa inicial, lo que se valora es al probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, teniendo en consecuencia el encartado el derecho legítimo a proponer e instar la evacuación de pruebas, así como también formular alegatos e imponer cuantos recursos estime pertinentes, en orden de mantener la presunción de inocencia que el Artículo 89 Constitucional, consagra a su favor; y ejerciendo sus Derechos establecidos a través de la garantía del debido proceso. El Ad-Quem, concluye que las acciones realizadas y acreditadas mediante testimonio y documentos, es constitutiva del delito de Cohecho, consecuentemente el que se hubiese sobreseído a su favor y de manera definitiva, es una decisión incorrecta e ilegal, que debe revocarse, a efecto de que el A-Quo, dicte auto de formal procesamiento, únicamente por el delito de Cohecho, en razón que la prueba aportada por la Fiscalía, acredita la plena prueba de la existencia del Delito y el indicio racional de participación del imputado.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parecen entenderlo los recurrentes; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque los actores tuvieron acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegaron lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensiones, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como revocar parcialmente un sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO los recursos de amparo de que se han hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0185 y 0205-2017.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional.”

CEDV