Sentencia AP-181-17 — Registro 9922
Resumen
Se interpuso recurso de Amparo que resolvió un recurso de apelación contra la resolución en relación al delito de actos preparatorios para el tráfico ilícito de drogas. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (9): Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; por lo que de acuerdo a las disposiciones constitucionales del Debido Proceso por ende el cumplimiento del principio de legalidad responde a una tutela judicial efectiva. Siguiendo ese orden de ideas, habiendo analizado la resolución jurídica del Ad-Quem, esta Sala Aprecia que ha respetado el principio de legalidad ciñéndose estrictamente a lo prescrito en la ley procesal penal, de tal manera que hizo un análisis de conforme las reglas de la sana crítica; razonamiento que comparte esta Sala, mediante la cual explica de manera lógica, coherente y razonada porque ha declarado parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el A-Quo, en fecha siete de septiembre del año dos mil dieciséis. Siendo así no son de recibo los motivos invocados por la impetrante en el recurso intentado, por todo ello la resolución objeto de impugnación ha sido dictado apegada al debido proceso, observando las exigencias, requisitos, solemnidades y análisis del caso concreto conforme lo señala la Constitución de la República la Ley y las normas de derecho interno contenidas en los Tratados internacionales, por lo que debemos concluir que no ha sido quebrantado la Garantía derecho del debido Proceso y el Principio de legalidad inherente al mismo invocados por la impetrante.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintiuno de agosto del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada KAREN VANESSA ELECONFF, a favor del señor SAUL NATAREN ARGUETA, contra la resolución dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, que resolvió un recurso de apelación contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, con relación a la causa instruida contra el señor SAUL NATAREN ARGUETA por suponerlo responsable del delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha treinta de agosto del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón, el Abogado JUAN CARLOS FLORES OVIEDO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor SAUL NATAREN ARGUETA, a quien se le supone responsable del delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS.
- Que en fecha siete de septiembre del año dos mil dieciséis, en la celebración de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras FALLA: PRIMERO: DECRETANDO NO HA LUGAR LA AMPLIACIÓN DEL REQUERIMIENTO FISCAL PARA EL SEÑOR HERNAN NATAREN ARGUETA.- SEGUNDO: Que se libre atento oficio a la Institución Bancaria denominada BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA, (BANADESA), a efecto de hacer efectiva la multa impuesta al señor HERNAN NATANAEL ARGUETA, por el consumo de Droga, resultado derivado del dictamen Toxicológico Forense.- TERCERO: Imponerle al señor HERNAN NATAREN ARGUETA, asistir al grupo de Alcohólicos Anónimos mas cercanos de su domicilio. CUARTO: Decretar un sobreseimiento Provisional para el señor SAUL NATAREN ARGUETA, por el delito de ACTOS PREPARATORIOS CONDUCENTES A LA COMISIÓN DEL DELITO DE TRÁFICO ILÍCTO DE DROGA, en perjuicio de LA SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Folios 170 al 172 de la primera pieza de antecedentes). 3) Que en fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, Resolvió: PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Representante del Ministerio Público contra la resolución de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, departamento de Colón. SEGUNDO: Reformar la resolución de fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras de Tocoa, departamento de Colón, a favor de Saúl Nataren Argueta por consumo de Droga. TERCERO: Confirmar respecto al coprocesado Hernán Nataren a la resolución consistente en sobreseimiento provisional por el delito de Actos Preparatorios para el Tráfico Ilícito de Drogas (Cocaína). (Folios 04 al 13 de la segunda pieza de antecedentes). 4) La recurrente Abogada KAREN VANESSA ELECONFF, compareció ante este Tribunal, en fecha dos de marzo del año dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor del señor SAUL NATAREN ARGUETA, afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha siete de junio del año dos mil diecisiete, esta Sala tuvo por formalizada la presente acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida en fecha ocho de febrero del año dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor SAUL NATAREN ARGUETA, por suponerlo responsable del delito de ACTOS PREPARATORIOS PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización de la Acción de amparo, manifiesta que la resolución emitida por la Corte ahora impugnada, ha vulnerado los siguientes artículos constitucionales: 82 del Derecho a la Defensa, 89 Del Estado de Inocencia, 90 del Debido Proceso, artículo 92 de los presupuestos para dictar auto de formal procesamiento, y el artículo 304 de la aplicación de la ley a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (5): Que el impetrante expone en la formalización del recurso que el Ad-Quem basa “su fallo en su posible hipótesis, la cual no forma parte de la Lógica deductiva…. Considerando la génesis del proceso derivada en situaciones imprecisas, bajo las cuales involucra a su representado en la comisión del delito supra indicado bajo el temerario argumento Fiscal; retrotrayéndonos a la evacuación de medio de prueba en la Audiencia Inicial el Ministerio Público tal y como se exteriorizó No determinó fehacientemente nada correlacionado a la responsabilidad del injusto penal por razón de varios factores entre ellos documentales con testifical proporcionados por el Ministerio Público que derivaron una incertidumbre de inmensurables dimensiones ya que el Ad - quem promueve su juicio de valor en sospechas pero sin respaldo se circunscribe a los alegatos inadmisibles del Ministerio Público”; señala que el Ad quem “evade incuestionablemente articular sobre los argumentos esgrimidos por la suscrita obviando resolver en el mas estricto apego a derecho e igualdad jurídica entre las partes intervinientes de manera general, concreta y concienzuda sobre lo expuesto en la contestación de agravios, provocando automáticamente la trasgresión de derechos constitucionales violentando la defensa, debido proceso, principio de legalidad (principio fundamental conforme al cual todo ejercicio de un poder público debería realizarse acorde a la ley vigente, su jurisdicción y no a la voluntad de la persona) y estado de inocencia que estima se han trasgredido por el Ad-Quem al confirmar la supra resolución que no tiene asidero, consecuentemente debió confirmar el sobreseimiento en congruencia con los artículos 59, 60, 82, 89, 90, 92, 303, 304 y 321 constitucional” CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal de alzada expone en los antecedentes procesales los hechos y la actividad procesal desarrollada hasta la celebración de la audiencia inicial y la resolución dictada por el A-Quo, así como la exposición y contestación de agravios. El Ad-Quem en la parte conducente del numeral tercero de la fundamentación jurídica (F.11 vuelto de la pieza de amparo)dice: “Se entiende por Actos Preparatorios conducen a traficar, todos aquellos actos, acciones ejecutorias, medios materiales e inmateriales, instrumentos que se utilizan para poner en el comercio drogas prohibidas como es la cocaína, es un tipo penal muy amplio, lo cual permite extender el círculo de posibles sujetos activos de este delito a todos cuanto intervengan con actos, que se puedan calificar como plantar, cultivar/ cosechar plantas, estupefacientes o partes de plantas, fabricar ilícitamente drogas y la de traficar con drogas estupefacientes o sustancias controladas. Además, señala que este tipo penal es un delito de peligro abstracto, que requiere de la potencialidad de la conducta para crear un peligro al bien jurídico”. En el numeral Quinto párrafo Segundo (F. 12 pieza de amparo) el Ad-Quem expone: “En el análisis de los elementos probatorios evacuados en la audiencia inicial, a efecto de determinar si efectivamente de ellos se puede inferir los hechos que se subsuman en los tipos penales relacionados, encontramos que: La prueba científica aportada en este proceso como son los dictámenes forenses y en concreto el dictamen número 2016-0501-0506-5624, los indicios dos y tres analizados que contienen tres y siete envoltorios plásticos transparentes resultaron positivos para polvo blanco cocaína este dictamen corresponde a la evidencia decomisada al coprocesado Saúl Nataren Ventura, al cual se le imputa el delito de Actos Preparatorios conducentes a la ejecución de los hechos calificables de Tráfico Ilícito de Drogas. Este elemento probatorio relacionado con la evidencia que relacionada el acta de allanamiento (folios 28 al 31 vuelto primera pieza), realizado a la casa de Saúl Nataren como es una balanza digital color gris con negro sin marca, con capacidad “capacity” 500 gramos x 0.01 gr., la cual se observa con residuo de polvo blanco, que es de menor tamaño y para pesar cuerpos que no exceden de 500 gramos, la cual se encontró sobre una mesa color café en donde también había un pedazo de vidrio y una Gillete marca Astra con residuos de polvo blanco; otro indicio es que allí fueron encontrados en dos lugares distintos de la casa, dos paquetes de bolsas plásticas marca vanguardia de 4x8, del mismo plástico transparente encontrado en las puntas que tenían residuos de polvo blanco”. Además manifiesta que en el acta relacionada (allanamientos) el Juez Ejecutor refiere que se encontró un cuaderno de espiral marca norma con una portada de imágenes de jugadores del Barcelona que contiene cuentas de venta de cerveza y de drogas en diferentes cantidades, si bien no se acompañó copia de esa información ni se determina las diferentes cantidades; ello junto con la declaración testifical de Ana Belkis Pineda Alvarenga, que establece desde cuando se inician las diligencias investigativas de vigilancia, que en la misma observó que en mas de una oportunidad de la casa de Saúl Nataren salía un joven en una bicicleta a entregar algo a conductores de cabezales que se ubican a la entrada de la colonia Cholomeña, que es el mismo lugar donde se realizan los allanamiento, que si hubiese sido algo lícito no hubiesen tenido que quedarse en la entrada de la referida colonia. Diligencias que también están documentadas en un álbum fotográfico (Folios 108 a 118)”. Todo ello lo estima el tribunal de alzada como evidencias probatorias suficientes para que en este momento procesal se configure el tipo penal de actos Preparatorios conducentes a la ejecución de los hechos que permitan el Tráfico Ilícito de Drogas imputado al señor Saúl Nataren A, sin perjuicio de que se haya establecido en el proceso que dicho imputado es consumidor, la fecha de la constancia extendida por la Doctora Castro coincide con la fecha del allanamiento y lo confirma el Juez Ejecutor en dicha acta. Dice además que la evidencia encontrada describe instrumentos propios necesarios para disponer la cocaína en puntas, condición propia para su distribución, más lo afirmado por la testigo Ana Belkis de los movimientos que observaba durante la vigilancia, que no son propios de una pulpería como refirió el procesado tiene y de la cual presentó un permiso para operar, identificado el negocio como pulpería y golosinas Nataren (Folios 149, 153, 154 de la primera pieza),pero en la casa del mismo, allanada no se encontró ninguna evidencia material que respaldara esos documento, mas parece una fachada para otras actividades como la que nos ocupa en el proceso. CONSIDERANDO (7): Que el conocimiento que tiene la autoridad sobre la existencia de un hecho delictivo, ya sea por denuncia u otro medio, da lugar a la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 285 del Código Procesal Penal. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de formal procesamiento, asimismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado durante la audiencia inicial; la parte acusadora precisa los términos de la imputación, en relación con el requerimiento fiscal, se discierne si está justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de participación del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar. En ese sentido, de acuerdo al artículo 272 del Código Procesal Penal el Ministerio Público u otra autoridad competente practicarán todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho punible y tomará en cuenta las circunstancias, que de acuerdo con la ley penal sean importantes para establecer el grado de responsabilidad de los agentes. CONSIDERANDO (8): Que el Capítulo IV de la Audiencia Inicial, artículo 294 Cuarto Párrafo del Código Procesal Penal, dispone que en “esta audiencia se deberá efectuar una mínima actividad probatoria, con la finalidad de aportar material indiciario para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de la participación del imputado en él, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. CONSIDERANDO (9): Que el artículo 90 de la Constitución de la República implica el cumplimiento de todos los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley, para garantizar la efectividad del derecho material, la inobservancia en cualquiera de sus formas en el proceso, produciría el atropello de éste; por lo que de acuerdo a las disposiciones constitucionales del Debido Proceso por ende el cumplimiento del principio de legalidad responde a una tutela judicial efectiva. Siguiendo ese orden de ideas, habiendo analizado la resolución jurídica del Ad-Quem, esta Sala Aprecia que ha respetado el principio de legalidad ciñéndose estrictamente a lo prescrito en la ley procesal penal, de tal manera que hizo un análisis de conforme las reglas de la sana crítica; razonamiento que comparte esta Sala, mediante la cual explica de manera lógica, coherente y razonada porque ha declarado parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la resolución dictada por el A-Quo, en fecha siete de septiembre del año dos mil dieciséis. Siendo así no son de recibo los motivos invocados por la impetrante en el recurso intentado, por todo ello la resolución objeto de impugnación ha sido dictado apegada al debido proceso, observando las exigencias, requisitos, solemnidades y análisis del caso concreto conforme lo señala la Constitución de la República la Ley y las normas de derecho interno contenidas en los Tratados internacionales, por lo que debemos concluir que no ha sido quebrantado la Garantía derecho del debido Proceso y el Principio de legalidad inherente al mismo invocados por la impetrante. CONSIDERANDO (10): Que la recurrente manifiesta que se ha vulnerado el Derecho a la Defensa dispuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República, que establece como un derecho inviolable, que los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes, este derecho no admite excepción alguna, de esta manera se garantiza la igualdad procesal, reconocido y protegido dentro del marco de las garantías Constitucionales, en los instrumentos internacionales que forman parte del derecho interno de Honduras, entre ellos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, que lo consagra en sus artículos: 8 y 10, El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. 1.La Convención Americana Sobre Derechos Humanos Art.8. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 80, 90, 95, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, 321, 323, 324, 325 y 326 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 294, 300, 356, 357 del código Procesal Penal y, 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por la Abogada KAREN VANESSA ELENCOFF, a favor del señor SAUL NATAREN ARGUETA, contra las resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de la Ceiba Atlántida, en fecha ocho de febrero del dos mil diecisiete. Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiuno días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, recaída en el recurso de amparo penal registrada en este Tribunal con el número SCO-0181-2017.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.
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