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Sentencia AP-168-18 — Registro 7635

Resumen

Resolución resolvió recurso de apelación contra decisión emitida por juzgado de primera instancia en relación a la causa instruída con contra imputado por suponerlo responsable del delito de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fé pública

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."a pesar que el impugnante aprecia como violentada la garantía del debido proceso, la cual estima esta Sala, ha sido observada por el órgano judicial recurrido, con las motivaciones legales del caso, no resultando la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial..."..."al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, el Tribunal denunciado en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, su juicio de valoración es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, exigencia constitucional dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso..."..."del análisis de las alegaciones en que basa el impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana critica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala que la resolución adoptada por la Alzada denunciada, contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de merito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de octubre de dos mil diecisiete, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la decisión emitida por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de enero del año dos mil diecisiete; en relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ ENRIQUE ÁVILA VELÁSQUEZ, por suponerlo responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de la FE PÚBLICA.- CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que el recurrente estima que aportó prueba necesaria para acreditar la concurrencia de los elementos del tipo penal por el que se acusa al encausado así como la de la participación de éste en el ilícito, siendo del parecer que la Alzada no realizó una adecuada valoración de los medios de prueba así como que de la resolución que impugna no se desprende la fundamentación y motivos que justifiquen decretar un sobreseimiento definitivo, debiendo por tanto decretarse el auto de formal procesamiento correspondiente.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que el recurrente invoca como violados entre otros, el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, que reconoce la garantía del debido proceso.- CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida, que la Alzada establece que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, no se logró establecer la existencia del delito, es decir la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal y por ende no discurren los indicios racionales que lleven a suponer que el imputado ha podido participar en la comisión de los hechos ilícitos por los que se le acusa, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico a la que concluyó el Ad-quem.- CONSIDERANDO: Que a pesar que el impugnante aprecia como violentada la garantía del debido proceso, la cual estima esta Sala, ha sido observada por el órgano judicial recurrido, con las motivaciones legales del caso, no resultando la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial.- CONSIDERANDO: Que artículo 92 de la Constitución de la República, establece que no podrá proveerse auto de formal procesamiento sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito sancionado con pena de privación de libertad e indicio racional de quien sea su autor. Que para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo de que se trate; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, el Tribunal denunciado en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, su juicio de valoración es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, exigencia constitucional dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso.- CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa el impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana critica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala que la resolución adoptada por la Alzada denunciada, contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de merito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de octubre de dos mil diecisiete; al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0168-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de abril de dos mil dieciocho.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de octubre de dos mil diecisiete, que resuelve un recurso de apelación interpuesto contra la decisión emitida por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de enero del año dos mil diecisiete; en relación a la causa instruida contra el señor JOSÉ ENRIQUE ÁVILA VELÁSQUEZ, por suponerlo responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio de la FE PÚBLICA.- CONSIDERANDO: Que del examen de la demanda de amparo se desprende que el recurrente estima que aportó prueba necesaria para acreditar la concurrencia de los elementos del tipo penal por el que se acusa al encausado así como la de la participación de éste en el ilícito, siendo del parecer que la Alzada no realizó una adecuada valoración de los medios de prueba así como que de la resolución que impugna no se desprende la fundamentación y motivos que justifiquen decretar un sobreseimiento definitivo, debiendo por tanto decretarse el auto de formal procesamiento correspondiente.- CONSIDERANDO: Que del estudio del escrito de interposición del recurso de amparo, se aprecia que el recurrente invoca como violados entre otros, el derecho contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, que reconoce la garantía del debido proceso.- CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida, que la Alzada establece que con los elementos de prueba aportados en la audiencia inicial de mérito, no se logró establecer la existencia del delito, es decir la concurrencia de todos los elementos de la tipificación legal y por ende no discurren los indicios racionales que lleven a suponer que el imputado ha podido participar en la comisión de los hechos ilícitos por los que se le acusa, extremos que se aprecian fueron incorporados en la motivación del razonamiento jurídico a la que concluyó el Ad-quem.- CONSIDERANDO: Que a pesar que el impugnante aprecia como violentada la garantía del debido proceso, la cual estima esta Sala, ha sido observada por el órgano judicial recurrido, con las motivaciones legales del caso, no resultando la existencia de infracción al derecho-garantía constitucional del debido proceso judicial.- CONSIDERANDO: Que artículo 92 de la Constitución de la República, establece que no podrá proveerse auto de formal procesamiento sin que exista plena prueba de haberse cometido un delito sancionado con pena de privación de libertad e indicio racional de quien sea su autor. Que para establecer que se ha cometido un delito, es condición sine quanon que haya prueba acerca de todos los elementos que integran el tipo de que se trate; en consecuencia, al realizar un examen sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación, el Tribunal denunciado en la apreciación de las pruebas que generan su convicción, su juicio de valoración es razonable a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, exigencia constitucional dirigida a evitar la arbitrariedad en esta etapa del proceso.- CONSIDERANDO: Que del análisis de las alegaciones en que basa el impetrante su acción de amparo, puede apreciarse que las mismas son propias de instancia procesal ordinaria a la que ya ha sido sometido, tal como lo es el caso de establecer, si el razonamiento del juzgador para emitir el fallo respectivo, fue resuelto respetando los procedimientos regulados por la ley, es decir con arreglo a la sana critica y las pruebas allegadas a la audiencia inicial, para lo cual estima esta Sala que la resolución adoptada por la Alzada denunciada, contiene la motivación suficiente en cumplimiento de los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, por tal motivo no se observa trasgresión al Derecho al Debido Proceso contemplado en el artículo 90 Constitucional.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de merito al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS SANCHEZ VILLALOBOS, a favor del ESTADO DE HONDURAS contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha once (11) de octubre de dos mil diecisiete; al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0168-2018.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional