Sentencia AP-159-18 — Registro 7749
Resumen
Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra fallo dictado por juzgado de primera instancia con relación a causa contra recurrente por suponerlo responsable del delito de estafa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad..."
Legislación citada
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 46, 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 46 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil dieciocho.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS, a favor del señor PABLO ALVAREZ LAGOS, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; en fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor PABLO ALVAREZ LAGOS, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de los señores MARILYN MARIELA RICO DUARTE, RICARDO ALFREDO RODRIGUEZ MORALES, LILIAN RODRIGUEZ PORTILLO, DENIS ENID PAZ, ANA ARACELY LAINEZ, INGRID YORLENY ORDOÑEZ LAINEZ, OLGA ESTHER AVILA, MARTA ONDINA AMADOR RODRIGUEZ, JORGE ARTURO GONZALES SALINAS, SILVA DE JESUS ZUNIGA VARELA, GUSTAVO ADOLFO GONZALES VALLADARES, JULIA AYDEE OSORIO SALCEDO, SANDRA GISSELA SOSA, MARIANA RODRIGUEZ CASCO, MARIA ESTHER GONZALES, OTILIA MARIA FERROFINO AGUILERA, HERCOR JAVIER GALEAS ARDON, EVA FLORES, MARIO ORLANDO TREJO MONTIEL, GUADALUPE DEL CARMEN DOMINGUEZ SALINAS, HECTOR FRANCISCO CALIX AMADOR, SARA ORBELINA PINEDA, MARIA CRISTINA GUDIEL MEJIA, DAVID ISAIAS MARADIAGA, OSCAR AMILCAR ARCHILA RODRIGUEZ, HELLEN PENMANWILLS, JACQUELINE PENMAN WILLS, CARMENTINA LILISOLANO ANDINO, PATRICIA MARIA ZUNIGA SOSA, JOEL MAURICIO SAUCEDA SERRANO, NOLVIAN DELMCARMEN OSORIO SALCEDO, JUAN FRANCISCO FERRERA DUARTE, SAGRARIO DEL CARMEN PINEDA GALINDO, DILMA ELIZABETH FLORES SOSA, MELVY ROSARIO MENDOZA ORTIZ, EDELMA CARDONA HERNANDEZ, MARCIAL ENRIQUE RAMIREZ SUAZO, JOEL HUMBERTO CASTELLANOS, JOSE LEONEL OSORTO LAINEZ, GLADYS ONDINA FLORES RODRIGUEZ, RAFAELA ARGENTINA FLORES ESPINAL, ALICIA ESPERANZA ERAZO OSEGUERA, KAREN LILIANA MARTINEZ BLANDON, MARLON ENRIQUE GAITAN BLANCO, CANDIDA PATRICIA ANDRADE, KATHY SAHELY DIAZ RODRIGUEZ, EVELIN YAMILETH MEJIA, MAYRA LIZETH FLORES CALIX, NUBIA MARIBEL PINEDA MARTINEZ, FATIMA SAGRARIO PINEDA GALINDO, CLAUDIA MARISOL RAMIREZ LOPEZ, ALEX FERNANDO ESPINOZA RODRIGUEZ, FREDY ARMANDO ANDINO NIETO, JUAN ANTONIO FLORES LARA, ALEXIS OSBALDO DIAZ, VICTORIVAN ZUNIGA ROSALES, URSULA BENITA FLORES ESPINAL, ANA FLORENCIA LAGOS AYALA, CARMEN JUDITH CARRASCO AMADOR, MARIA ELENA AVILA, CARMEN LIZBETH RIVERA PINEDA, JORGE ARTURO RODRIGUEZ ZEPEDA, ROSIBEL SUYAPA CABALES ULLOA, SAYRA ROXANA FIGUEROA RODRIGUEZ, OSCAR HUMBERTO ORDOÑEZ SANDOVAL, SULMAN YANETH RODRIGUEZ ARDON, NORMA ARACELY PINEDA GALINDO.- CONSIDERANDO (1): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación y confirma la resolución de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, estimando el recurrente que los argumentos de la resolución del Ad-Quem no dan respuesta al escrito de apelación, en su hecho segundo, que se refiere a las excepciones de incompetencia de Tribunal en relación a la materia y por falta de acción, cuando no hayan debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, en el sentido de que el presente caso es eminentemente civil; y al no pronunciarse la Corte de Alzada, esta defensa considera que da pie a presentar el presente recurso, ya que es violatoria inter alia de la garantía del debido proceso y del derecho a la defensa, ya que se ha dejado sin respuesta a uno de los agraviados presentados en el trámite de recurso de apelación planteado contra la decisión del A-Quo; lo cual calificamos como violación al debido proceso o una transgresión al principio de exhaustividad en la fundamentación, al denegarse dicha apelación, sin hacer referencia a todos los agravios expuestos.- CONSIDERANDO (2): Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente estima como violentado lo preceptuado en los artículos 90 y 92 párrafo primero de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (3): Que la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en su resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, que resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso; argumentando la existencia de una relación comercial entre los ofendidos y los imputados, así como también que estos recibieron dinero a cambio de proporcionarles vivienda a los ofendidos, sin que hasta la fecha hayan recibido por parte de los imputados, los inmuebles pactados, tampoco su precio; razón por la cual se les acuso por la comisión del delito de estafa; siendo procedente su tramitación por la vía penal, reuniendo los hechos, las características de este tipo penal, por lo que resulta improcedente la aplicación de la derivación a la acción civil, ya que el presente proceso no se trata del cobro de una deuda o de una demanda de cumplimiento de contrato, sino de sancionar una conducta tipificada como delito, en el entendido de que si las partes quieren efectuar algún reclamo por esa vía, están en todo su derecho, lo que no interfiere con la tramitación de la presente causa penal.- CONSIDERANDO (4): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO (5): Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO (6): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS, a favor del señor PABLO ALVAREZ LAGOS, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha treinta (30) de julio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0159-2018.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Resolución que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de julio de dos mil dieciocho.- VISTO: el recurso de amparo interpuesto por el abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS, a favor del señor PABLO ALVAREZ LAGOS, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; en fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, con relación a la causa instruida contra el señor PABLO ALVAREZ LAGOS, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de los señores MARILYN MARIELA RICO DUARTE, RICARDO ALFREDO RODRIGUEZ MORALES, LILIAN RODRIGUEZ PORTILLO, DENIS ENID PAZ, ANA ARACELY LAINEZ, INGRID YORLENY ORDOÑEZ LAINEZ, OLGA ESTHER AVILA, MARTA ONDINA AMADOR RODRIGUEZ, JORGE ARTURO GONZALES SALINAS, SILVA DE JESUS ZUNIGA VARELA, GUSTAVO ADOLFO GONZALES VALLADARES, JULIA AYDEE OSORIO SALCEDO, SANDRA GISSELA SOSA, MARIANA RODRIGUEZ CASCO, MARIA ESTHER GONZALES, OTILIA MARIA FERROFINO AGUILERA, HERCOR JAVIER GALEAS ARDON, EVA FLORES, MARIO ORLANDO TREJO MONTIEL, GUADALUPE DEL CARMEN DOMINGUEZ SALINAS, HECTOR FRANCISCO CALIX AMADOR, SARA ORBELINA PINEDA, MARIA CRISTINA GUDIEL MEJIA, DAVID ISAIAS MARADIAGA, OSCAR AMILCAR ARCHILA RODRIGUEZ, HELLEN PENMANWILLS, JACQUELINE PENMAN WILLS, CARMENTINA LILISOLANO ANDINO, PATRICIA MARIA ZUNIGA SOSA, JOEL MAURICIO SAUCEDA SERRANO, NOLVIAN DELMCARMEN OSORIO SALCEDO, JUAN FRANCISCO FERRERA DUARTE, SAGRARIO DEL CARMEN PINEDA GALINDO, DILMA ELIZABETH FLORES SOSA, MELVY ROSARIO MENDOZA ORTIZ, EDELMA CARDONA HERNANDEZ, MARCIAL ENRIQUE RAMIREZ SUAZO, JOEL HUMBERTO CASTELLANOS, JOSE LEONEL OSORTO LAINEZ, GLADYS ONDINA FLORES RODRIGUEZ, RAFAELA ARGENTINA FLORES ESPINAL, ALICIA ESPERANZA ERAZO OSEGUERA, KAREN LILIANA MARTINEZ BLANDON, MARLON ENRIQUE GAITAN BLANCO, CANDIDA PATRICIA ANDRADE, KATHY SAHELY DIAZ RODRIGUEZ, EVELIN YAMILETH MEJIA, MAYRA LIZETH FLORES CALIX, NUBIA MARIBEL PINEDA MARTINEZ, FATIMA SAGRARIO PINEDA GALINDO, CLAUDIA MARISOL RAMIREZ LOPEZ, ALEX FERNANDO ESPINOZA RODRIGUEZ, FREDY ARMANDO ANDINO NIETO, JUAN ANTONIO FLORES LARA, ALEXIS OSBALDO DIAZ, VICTORIVAN ZUNIGA ROSALES, URSULA BENITA FLORES ESPINAL, ANA FLORENCIA LAGOS AYALA, CARMEN JUDITH CARRASCO AMADOR, MARIA ELENA AVILA, CARMEN LIZBETH RIVERA PINEDA, JORGE ARTURO RODRIGUEZ ZEPEDA, ROSIBEL SUYAPA CABALES ULLOA, SAYRA ROXANA FIGUEROA RODRIGUEZ, OSCAR HUMBERTO ORDOÑEZ SANDOVAL, SULMAN YANETH RODRIGUEZ ARDON, NORMA ARACELY PINEDA GALINDO.- CONSIDERANDO (1): Que del escrito de interposición del recurso de amparo se desprende que el recurrente no comparte el parecer pronunciado por la Alzada, mediante el cual resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación y confirma la resolución de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO, estimando el recurrente que los argumentos de la resolución del Ad-Quem no dan respuesta al escrito de apelación, en su hecho segundo, que se refiere a las excepciones de incompetencia de Tribunal en relación a la materia y por falta de acción, cuando no hayan debido promoverse o cuando no pueda proseguirse, en el sentido de que el presente caso es eminentemente civil; y al no pronunciarse la Corte de Alzada, esta defensa considera que da pie a presentar el presente recurso, ya que es violatoria inter alia de la garantía del debido proceso y del derecho a la defensa, ya que se ha dejado sin respuesta a uno de los agraviados presentados en el trámite de recurso de apelación planteado contra la decisión del A-Quo; lo cual calificamos como violación al debido proceso o una transgresión al principio de exhaustividad en la fundamentación, al denegarse dicha apelación, sin hacer referencia a todos los agravios expuestos.- CONSIDERANDO (2): Que del mismo escrito de interposición se puede apreciar que el recurrente estima como violentado lo preceptuado en los artículos 90 y 92 párrafo primero de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (3): Que la Corte Tercera de Apelaciones del departamento de Francisco Morazán, en su resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, que resolvió declarar sin lugar el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso; argumentando la existencia de una relación comercial entre los ofendidos y los imputados, así como también que estos recibieron dinero a cambio de proporcionarles vivienda a los ofendidos, sin que hasta la fecha hayan recibido por parte de los imputados, los inmuebles pactados, tampoco su precio; razón por la cual se les acuso por la comisión del delito de estafa; siendo procedente su tramitación por la vía penal, reuniendo los hechos, las características de este tipo penal, por lo que resulta improcedente la aplicación de la derivación a la acción civil, ya que el presente proceso no se trata del cobro de una deuda o de una demanda de cumplimiento de contrato, sino de sancionar una conducta tipificada como delito, en el entendido de que si las partes quieren efectuar algún reclamo por esa vía, están en todo su derecho, lo que no interfiere con la tramitación de la presente causa penal.- CONSIDERANDO (4): Que del estudio del acto reclamado, el cual es la resolución que declaró no ha lugar el recurso de apelación y confirmó la resolución de fecha tres de agosto de dos mil diecisiete, puede apreciarse que durante su tramitación y posterior decisión, dicha resolución planteada por el recurrente fue resuelta respetando el procedimiento regulado por la ley.- CONSIDERANDO (5): Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO (6): Que las cuestiones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio.- CONSIDERANDO (7): Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes.- CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas en la motivación de esta resolución y conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numeral primero, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional. RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el abogado GABRIEL EDGARDO ORDOÑEZ BARRIENTOS, a favor del señor PABLO ALVAREZ LAGOS, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete; por existir ya pronunciamiento del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro (4) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), certificación de la Resolución de fecha treinta (30) de julio del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0159-2018.- Firma y Sello
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
Secretario Sala Constitucional