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Sentencia AP-137-18 — Registro 9476

Resumen

Recurso de apelación declarado sin lugar interpuesta contra solicitud de Ampliación de Aseguramiento de Bienes declarada con lugar

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso, como ser el decreto de la medida precautoria de Aseguramiento solicitado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “Corte Suprema de Justicia.- Sala de lo Constitucional.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, a favor del señor ÓSCAR EFRAIN CABRERA, también conocido como ÓSCAR EFRAIN CORTÉS, contra la sentencia de fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, en fecha veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), en relación a la solicitud de convalidación de la medida cautelar de aseguramiento presentada por la Fiscal KARLA ZAVALA, sobre bienes consistentes en vehículos propiedad de LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES AUTOLOTE NEW ORLEANS S. DE R.L. DE C.V. conocida también como IMPORTADORA AUTOMOTORES -IMPORTADORA CABRERA CORTES, representada por su Gerente General el señor OSCAR EFRAIN CABRERA, conocido también como OSCAR EFRAIN CORTES.- Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los Artículos 82, 90 y 105 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha trece (13) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, la Abogada VERONICA LETICIA ALVARENGA BERTAND, FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, presentando Solicitud de Medida Cautelar de Aseguramiento de Bienes, consistentes en vehículos propiedad de LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES AUTOLOTE NEW ORLEANS S. DE R.L. DE C.V., conocida también como IMPORTADORA AUTOMOTORES - IMPORTADORA CABRERA CORTES, representada por su Gerente General el señor OSCAR EFRAIN CABRERA, conocido también como OSCAR EFRAIN CORTES.- (Folios 1 al 12 de los antecedentes).- 2) Que en fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), el citado Juzgado dictó Resolución mediante la cual RESOLVIÓ: “1).- Admitir la presente Solicitud de Ampliación de Aseguramiento de Bienes de Origen Ilícito, presentada por el Abogado FRANKLIN MORALES, quien actúa en su condición de Fiscal del Ministerio Público.- 2) Decretar la Medida precautoria de Aseguramiento sobre los vehículos antes descritos.- 3)…” (Folios 930 al 935 de los antecedentes).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto contra la resolución relacionada en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, dictó sentencia en fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete (2017), mediante la cual FALLA: “1) NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto.- 2.- CONFIRMAR la resolución Apelada. (Folios 998 al 102 de los antecedentes)- 4) La recurrente Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha doce (12) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor del señor ÓSCAR EFRAIN CABRERA, también conocido como ÓSCAR EFRAIN CORTÉS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha trece (13) de junio del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 105 de la Constitución de la República.- 5) Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, a favor del señor ÓSCAR EFRAIN CABRERA, también conocido como ÓSCAR EFRAIN CORTÉS, se dirige contra la sentencia de fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete (2017), dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, en fecha veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), en relación a la solicitud de convalidación de la medida cautelar de aseguramiento presentada por la Fiscal KARLA ZAVALA, sobre bienes consistentes en vehículos propiedad de LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES AUTOLOTE NEW ORLEANS S. DE R. L. DE C.V., conocida también como IMPORTADORA AUTOMOTORES-IMPORTADORA CABRERA CORTES, representada por su Gerente General el señor OSCAR EFRAIN CABRERA, conocido también como OSCAR EFRAIN CORTES.- CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la recurrente, Abogada GLORIA MARITZA GARCIA SUAREZ, compareció ante este Tribunal, en fecha doce (12) de febrero del año dos mil dieciocho (2018), reclamando amparo a favor del señor ÓSCAR EFRAIN CABRERA, también conocido como ÓSCAR EFRAIN CORTÉS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha trece (13) de junio del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 82, 90 y 105 de la Constitución de la República, señalando, que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, vulnera el Debido Proceso, ultraja el Derecho de Defensa, cuando no toma en cuenta en su sentencia que la solicitud de aseguramiento solicitada por el Abogado Franklin Morales, ya había sido presentada anteriormente; y declarada sin lugar; además de dictar la sentencia en inobservancia a la obligación de motivar su sentencia.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil dieciocho (2018), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en de fecha trece (13) de junio del año dos mil diecisiete (2017), que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, en fecha veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del proceso, concluyendo que en armonía con las motivaciones y fundamentos legales, no se ha justificado económica o legalmente la procedencia del dinero que tenía el señor Manuel Antonio Martínez Pérez. Si, bien es cierto el señor Martínez Pérez, fue absuelto por un Tribunal de Sentencia por el delito de Lavado de Activos, la acción de Privación de Dominio es independiente a cualquier otra acción en los términos establecido en la ley, ya se trate de acciones de naturaleza penal; por lo tanto, no tiene que sujetarse la privación de dominio a la resolución de un tribunal sobre el delito de Lavado de Activos.- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final.- CONSIDERANDO ONCE (11): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición.- CONSIDERANDO DOCE (12): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales.- CONSIDERANDO TRECE (13): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable.- CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso, como ser el decreto de la medida precautoria de Aseguramiento solicitado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de febrero del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0137-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL