Sentencia AP-1306-14 — Registro 10393
Resumen
Acto recurrido que declaró no ha lugar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución del aquo que dictó un sobreseimiento definitivo, con relación a la causa instruida contra Kenneth Alexander Girón Laínez por suponerlo responsable del delito de Portación Ilegal de Armas en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que resulta claro a esta alta Sala de Justicia Constitucional, que la motivación concreta que ha quedado expresada, permitiría la APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA PENAL MÁS FAVORABLE (en este caso, la implicancia del Decreto 184-2013), a hechos acaecidos previamente a la entrada en vigencia de la norma despenalizadora temporal de la portación ilícita de armas de fuego, si ésta fuere la norma vigente al momento del juzgamiento – lo cual es precisamente el caso -, todo ello en interpretación conforme del principio tempus regit actum y demás principios dogmáticos que rigen la solución de conflicto intertemporal de normas jurídicas; tal y como ha procedido la Instancia, sobre bases de razonabilidad y compatibilidad con el tenor expreso del artículo 96 de la Constitución de la República, que reza: “Las Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado..." …" Por todo ello, resulta plausible desde vías constitucionales el saber jurídico aplicado al caso concreto por la Alzada, en cuanto a que no procedía dictar apertura a juicio a una conducta en el lapso de tiempo enmarcado en la denominada Veda del tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, resultando en definitiva fuera del contexto legal estricto, proceder a contrario sensu, precisamente por encontrarse en vigencia el Decreto No. 184-2013 de cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) al momento de emitir el fallo la Alzada, bajo criterios que esta Sala estima garantistas y de procura a una aplicación igualitaria de la ley para todos los hondureños..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto del dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar Sentencia de Recurso de Amparo interpuesto por el abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha veintidós de agosto del año dos mil catorce, que declaró NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de fecha veintiséis de junio de dos mil catorce, en donde el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, dictó un sobreseimiento definitivo, con relación a la causa instruida contra el señor KENNETH ALEXANDER GIRÓN LAÍNEZ por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.- Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha veintinueve (29) de agosto del año dos mil doce (2012) compareció la Abogada GEA DAMIANA GARAY ALVARADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor KENNETH ALEXANDER GIRÓN LAÍNEZ, por suponerlo responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-2) Que seguido el trámite de ley correspondiente, el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, celebró Audiencia Inicial en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil doce (2012), en la cual resolvió entre algunos de sus considerandos, lo siguiente: “1). SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL, a favor del señor KENNETH ALEXANDER GIRON LAINEZ, por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Declarar extinguida la acción penal si en el transcurso de cinco años el Ministerio Público no incorpora nuevos elementos de pruebas que incriminen al imputado antes citado. 3) Se suspenden las medidas cautelares decretadas al señor KENNETH ALEXANDER GIRON LAINEZ en audiencia de declaración de imputado, procediéndose en este momento a extender su carta de libertad en forma provisional.-” (Ver folios nueve (F-9) al once (F-11) de la pieza de los antecedentes).-3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada KENDDY MEJÍA OSEGUERA en su condición de agente fiscal del MINISTERIO PÚBLICO, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil doce (2012), dictó sentencia mediante la cual resolvió: “PRIMERO: DECLARAR HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada KENDDY MEJIA OSEGUERA, Fiscal.- SEGUNDO: REVOCAR EL SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL y se instruye al A-quo para que dicte el auto de prisión por el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS.-” (Ver folios cincuenta y cuatro (F-54) al cincuenta y seis (F-56) de la pieza de los antecedentes).-4) Que con lo resuelto por el Ad-Quem, el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, celebró nueva Audiencia Inicial en fecha veintiséis (26) de junio del año dos mil catorce (2014), en la cual resolvió lo siguiente: “Decretar SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del señor KENNETH ALEXANDER GIRON LAINEZ, por el Delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, se ordena extender carta de libertad definitiva.-” (Ver folios ciento diez (F-110) al ciento once (F-111) de la pieza de los antecedentes).-5) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por la Abogada SILVIA YANETH MEJÍA en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil catorce (2014), dictó Sentencia mediante la cual resolvió: “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 2.- CONFIRMAR el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO apelado.-”; lo cual fundamentó y motivó en la siguientes consideraciones: Que el referido Decreto No. 184-2013, con vigencia formal a partir del cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013), fecha de su publicación, deroga tácita y temporalmente aquellos supuestos de punibilidad en que haya resultado posible efectuar el registro, lo cual tendría inclusive efectos retroactivos, pues si bien en el caso concreto del señor KENNETH ALEXANDER GIRON LAINEZ, el arma se le decomisó previo a la entrada formal en vigencia del Decreto, no es menos cierto que en el momento en que se cursa la audiencia preliminar sí se encontraba en vigor la Veda que suponía la despenalización tácita del artículo 332 del Código Penal, en concordancia dogmática al principio de necesidad y al tenor expreso del artículo 96 de la Constitución de la República, que establece: “Las Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”. (Ver folios ciento treinta y cinco (F-135) al ciento treinta y siete (F-137) de la pieza de los antecedentes).-6) Que el recurrente el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA, compareció ante este Alto Tribunal, en fecha veinticinco (25) de noviembre del año dos mil catorce (2014), interponiendo Acción de Amparo en su condición de AGENTE FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO a favor del ESTADO DE HONDURAS, por considerar que la decisión del Ad-quem de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil catorce (2014), a que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 321 de la Constitución de la República; teniéndose por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha nueve (9) de abril del año dos mil quince (2015), omitiéndose la emisión de dictamen fiscal por ser el Ministerio Público parte de la controversia de instancia.- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual se reclama es la resolución de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil catorce (2014), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, la cual Declara NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SILVIA YANETH MEJÍA en su condición de Agente Fiscal del Ministerio Público y CONFIRMA, a la vez, el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO apelado a su instancia; con fundamento en la motivación jurídica que obra resumida en el Antecedente 5) de la presente sentencia.-CONSIDERANDO (4): Que el recurrente en la formalización del recurso, manifiesta que la Fiscalía del Ministerio Público presentó requerimiento contra el señor KENNETH ALEXANDER GIRÓN LAÍNEZ por suponerle responsable del delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, sin embargo en la Audiencia Inicial procedió el Juzgado A-Quo a dictar sobreseimiento definitivo y a extender carta de libertad definitiva, resolutivo que resultó confirmado por la Corte de Apelaciones conociendo del respectivo Recurso de Apelación. - Estima la Fiscalía del Ministerio Público, entre otras consideraciones, que se ha quebrantado el derecho constitucional al debido proceso, consagrado en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República; puesto que la motivación adoptada por la Jurisdicción Ordinaria para tal proceder, parte de una aplicación errada del artículo 96 Constitucional, bajo el supuesto equivoco de que el Decreto 184-2013, del cinco (5) de octubre de dos mil trece (2013) es un decreto transitorio que permitió un espacio temporal determinado (un año) para realizar tal registro, con lo que durante el mismo y dado el contenido del decreto, el poseedor podía registrar el arma sin incurrir en delito; lo cual sería contrario al espíritu de la norma legal precitada, como es obtener el control formal por parte del Estado de las armas que se encuentren en poder de los particulares; lo cual inclusive permitiría la APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA PENAL MÁS FAVORABLE (Decreto 184-2013), a sucesos temporalmente anteriores a la entrada en vigencia de la norma que supuestamente despenalizaría tácitamente y durante el periodo de un año, la portación ilícita de armas de fuego, cuando en realidad no procedía la aplicación de tal figura. -CONSIDERANDO (5): Que en mejora de su recurso, sigue manifestando el impetrante que, a partir de la vigencia del Decreto 184-2013, se establece el término de un (1) año, para que las personas que tengan en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites de registro correspondiente ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad; lo cual no alteraría la vigencia y aplicabilidad del artículo 332-B del Código Penal en cuanto a la configuración y sanción del delito de portación ilegal de armas, el cual se configura con la portación de armas permitidas, sin el aval o permiso de la autoridad competente, debiendo para todos los efectos ser registrada en el registro de armas correspondiente, caso contrario incurrir en el tipo penal previsto y preindicado en la ley penal, pues el artículo 2 del Decreto 184-2013 precitado no constituye una cláusula despenalizadora especial, como equivocadamente ha fallado el Juzgador competente; siendo importante recalcar que las resoluciones judiciales no deben ser un mero acto de voluntad, ni la exposición de una inspiración, sino que una expresión razonada del hecho y de la norma sometida a conocimiento del Juzgador, lo cual no concurre al presente caso, en lesión asimismo al Principio de Legalidad. – Por todo ello, ha solicitado la Fiscalía del Ministerio Público se otorgue finalmente el amparo impetrado, declarando la violación de los derechos Constitucionales enunciados.-CONSIDERANDO (6): Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.[1].-CONSIDERANDO (7): Que en el caso venido en amparo, resulta plausible, desde una perspectiva constitucional, que el Estado, mediante la promulgación del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013), ha permitido lo que comúnmente se conoce como Veda, a fin de que se ponga a disposición del poseedor de un arma de fuego sin permiso legal, un lapso de tiempo determinado (1 año), para que proceda a inscribirla en el Registro Público correspondiente y obtener así la autorización del Estado para la portación de tales armas. Lo anterior no deroga en forma expresa y definitiva lo prescrito en el artículo 332-B del Código Penal, pero sí que comporta, para todos los efectos, la suspensión temporal por el plazo de un año de la plena vigencia de la referida disposición penal, a efecto de lograr: “…el registro de armas en poder de los particulares, para efectos del control formal por parte del Estado”, tal y como reza el segundo considerando del referido Decreto y recoge, en su parte esencial, el escrito de amparo formulado por el Abogado garantista a favor de la Sociedad y el Estado.-CONSIDERANDO (8): Que en consecuencia y por lo antes expuesto, cuando el Estado ha concedido mediando vías legislativas la referida Veda, en el ejercicio de sus competencias y atribuciones constitucionales;[2] ha restringido a su vez, como consecuencia lógica implícita al enunciado de reforma, el ejercicio mismo del derecho subjetivo del Estado a punir (ius puniendi) en lo que concierne a aquellas conductas de portación ilícita de arma que recaigan en el ámbito de la permisión normativa determinada por el legislador del Decreto transitorio 184-2013, del cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013). Lo anterior conllevaría en forma tácita, pero concomitante, a la eventual inaplicación temporal del artículo 332-B del Código Penal, lo cual tiene a su vez corolario que, una vez concluida ésta, el supuesto de portación ilegal de armas volvería a ser generalmente imputable a todo ciudadano (a) no acogido (a) al beneficio en el plazo temporal preestablecido.-CONSIDERANDO (9): Que resulta claro a esta alta Sala de Justicia Constitucional, que la motivación concreta que ha quedado expresada, permitiría la APLICACIÓN RETROACTIVA DE LA NORMA PENAL MÁS FAVORABLE (en este caso, la implicancia del Decreto 184-2013), a hechos acaecidos previamente a la entrada en vigencia de la norma despenalizadora temporal de la portación ilícita de armas de fuego, si ésta fuere la norma vigente al momento del juzgamiento – lo cual es precisamente el caso -, todo ello en interpretación conforme del principio tempus regit actum y demás principios dogmáticos que rigen la solución de conflicto intertemporal de normas jurídicas; tal y como ha procedido la Instancia, sobre bases de razonabilidad y compatibilidad con el tenor expreso del artículo 96 de la Constitución de la República, que reza: “Las Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado”.-CONSIDERANDO (10): Que el derecho penal acepta la plena vigencia del principio de mínima intervención o última ratio, y es que si el Derecho Penal en su concepto tradicional se concibe como una forma de control social, acaso el mas violento de los métodos utilizados para la consecución de sus fines, el hablar de Derecho Penal Mínimo es llevar a la esfera de aplicación del Derecho Penal el mínimo de conductas transgresoras. Vistas así las cosas, si el Derecho Penal no es el único medio de control social ¿porque hacer un uso extensivo o irrestricto de éste? Dada la gravedad del control penal no es posible utilizarlo frente a todas las situaciones, ya que el Estado dejaría de ser de Derecho para convertirse en un Estado Policía. Según el Principio de Intervención Mínima, el derecho Penal debe ser la ultima ratio de la política del Estado para la protección de los bienes jurídicos más importantes, frente a los ataques más graves que puedan sufrir. La intervención del derecho Penal en la vida social debe reducirse a lo mínimo posible (minimización de la respuesta jurídica violenta frente al delito), lo cual orienta a la constitucionalidad de la solución jurídico penal que ha motivado la Alzada al conocer y resolver el caso concreto.-CONSIDERANDO (11): Que el Principio de subsidiariedad del derecho Penal, por otra parte, ha de utilizarse sin duda a modo de ultima ratio, es decir, del último recurso a utilizar a falta de otros menos lesivos para el fin de protección configurado por la norma penal. El llamado carácter fragmentario del Derecho Penal constituye también una exigencia relacionada con la anterior y ambos postulados conforman el Principio de Intervención mínima; y, en definitiva, que el Derecho Penal solo debe proteger bienes jurídicos, no significa que todo bien jurídico haya de ser, necesariamente protegido por la vía penal, ni tampoco que todo ataque a los bienes jurídicos penalmente tutelados deba determinar la intervención a ultranza del Derecho Penal material. En consecuencia el Derecho Penal debe utilizarse solo en casos extraordinariamente graves (carácter fragmentario) y cuando no haya más remedio por haber fracasado ya otros mecanismos de protección menos gravosos para la persona (naturaleza subsidiaria).[3] - Por todo ello, resulta plausible desde vías constitucionales el saber jurídico aplicado al caso concreto por la Alzada, en cuanto a que no procedía dictar apertura a juicio a una conducta en el lapso de tiempo enmarcado en la denominada Veda del tipo penal de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, resultando en definitiva fuera del contexto legal estricto, proceder a contrario sensu, precisamente por encontrarse en vigencia el Decreto No. 184-2013 de cinco (5) de octubre del año dos mil trece (2013) al momento de emitir el fallo la Alzada, bajo criterios que esta Sala estima garantistas y de procura a una aplicación igualitaria de la ley para todos los hondureños.-CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; lo cual, a la luz del caso concreto, da lugar a que se dicte sentencia denegatoria del recurso de amparo promovido a instancias de la fiscalía del Ministerio Público.- POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 60, 69, 82, 89, 90, 92, 96, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4,15, 101 No. 10, 177, 200 y 212; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, Decreto 184-2013, del 5 de octubre del 2013; Artículos 7 inciso 2, 8.2.d de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1.1, 8, y 10 de La Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 9, 14.3.d del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado ROGER LUDOVICO MATUS ZELAYA a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán en fecha veintidós de agosto del año dos mil catorce, que ha quedado expresada. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1306-2014.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] A modo de ilustración, lo señalado por la sentencia T-426=92 (FJ 21) de la Corte de Constitucionalidad Colombiana, respecto a que doctrina y la jurisprudencia han diseñado la teoría del núcleo o del contenido esencial de los derechos fundamentales como una garantía constitucional contra su vulneración, acorde al cual: “El núcleo esencial de un derecho fundamental puede definirse como el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”.
[2] Ver, en lo conducente: Artículo 8. Garantías Judiciales, en: Convención Americana sobre Derechos Humanos. Comentario. Christian Steiner y Patricia Uribe (Editores), Konrad Adenauer Stiftung /Magna Terra Editores, Guatemala, 2014. p. 218 y ss.
[3] En tal sentido, a su vez: Santiago Mir Puig en: Introducción a las bases del derecho penal, 2ª edición, B de F Editores, Montevideo – Buenos Aires, 2007. p. 109 y ss.