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Sentencia AP-1210-16 — Registro 10392

Resumen

Acto recurrido que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la sentencia dictada por el a-quo, con relación a la causa instruida para la privación definitiva del dominio de bienes que no tienen causa o justificación económica legal de su procedencia u origen; en contra de los impetrantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…" Que analizados los+I372:N372 fines que impulsaron la creación de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, esta Sala es del criterio que la restricción al derecho a la propiedad privada se encuentra justificada en objetivos colectivos de importancia tal que con la creación de la ley se busca lograr la erradicación de la delincuencia organizada, logrando con ello evitar que los miembros que integran estos grupos se beneficien de ellos y pueden legalizar aquellos bienes cuyos titulares si fuere el caso de encontrarles, no encuentran la forma de demostrar la procedencia licita de dichos bienes; en ese orden de ideas esta sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que no se ha vulnerado el derecho a la propiedad privada que invoca el recurrente, toda vez que el mismo se encuentra limitado por una ley que se encuentra en vigencia y conforme a ella ha procedido tanto el A-quo como el Ad-quem a declarar procedente la Solicitud de Privación de Dominio sobre los bienes propiedad de los señores ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR y RONMEL ELLIOT MEJIA VENTURA. CONSIDERANDO(16): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el derecho a la propiedad privada, lo que lleva a concluir de igual forma la no vulneración al principio de retroactividad de la ley, siendo que no se han vulnerado derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, como ser el derecho a la propiedad, pues como bien se ha señalado los derechos no son absolutos y pueden ser limitados en procura de lograr el bienestar de la colectividad de habitantes, siempre y cuando estén desarrollados en una ley, tal y como lo ordena la misma ley suprema, situación que sucede en el caso en estudio..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de junio del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO a favor de los señores EDWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR y RONMEL ELLIOT MEJIA VENTURA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN, CON COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIEGEN ILÍCITO, en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO CON JURISCICCION NACIONAL, con relación a la causa instruida para la privación definitiva del dominio de bienes que no tienen causa o justificación económica legal de su procedencia u origen; contra los señores ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA AMAYA, KARLA MARIELO GALINDO RIVAS, MARIA CONCEPCION MOLINA URQUIA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR y RONMEL ELLIOT MEJIA VENTURA. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de sus representados el debido proceso, derecho a la propiedad, derecho a la defensa, principio de no aplicación retroactiva de la ley en materia penal, contenidos en los artículos 82, 90, 96 y 103 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha ocho (08) de septiembre del año dos mil catorce (2014), el Abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el JUZGADO DE PRIVACIÓN DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, presentando Solicitud de Privación Definitiva del Dominio de bienes que no tienen causa o justificación económica legal de su procedencia u origen, contra los señores ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA AMAYA, KARLA MARIELO GALINDO RIVAS, MARIA CONCEPCION MOLINA URQUIA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR y RONMEL ELLIOT MEJIA VENTURA. 2) Que habiendo agotado el trámite correspondiente, el JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO CON JURISCICCION NACIONAL, dictó sentencia en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil quince (2015), mediante la cual resolvió: (Sic) “A)- CON LUGAR la solicitud presentada por el Ministerio Publico declarando procedente la privación del dominio de los bienes objeto de la presente solicitud y que tienen como titulares a los señores ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA AMAYA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR, KARLA MARIELO GALINDO RIVAS, MARIA CONCEPCION MOLINA URQUIA y RONMEL ELLIOT MEJIA VENTURA consistentes en:…. B) DECRETAR el comiso de los bienes objeto de la solicitud y se ORDENA LA NULIDAD de los títulos de propiedad a favor de los titulares de derecho mencionados debiéndose emitir otro a favor de la Oficina Administradora De Bienes Incautados para los efectos legales correspondientes. E).- Se ordena poner a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados los bienes sobre los cuales ha recaído la presente sentencia para que esta oficina realice la asignación y devolución correspondiente conforme a lo estipulado en la Ley Sobre Privación Definitiva de Dominio….” (Folios del 2150 al 2165 del Tomo IV de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que conociendo del Recurso de Apelación promovido por los Abogados RUTH ANABELLA CRUZ ZAMORA, en su condición de Defensora privada de las señoras KARLA MARIELOS GALINDO RIVAS y MARIA CONCEPCIÓN MOLINA URQUIA y el Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO, en su condición de Defensor Privado de los señores ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR y RONMEL ELLIOT MEJIA VENTURA, contra la sentencia que se deja relacionada en el acápite que antecede, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de origen Ilícito, en fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), dictó Resolución mediante la cual resolvió por Unanimidad de Votos: (Sic) “1)Declarar Ha Lugar Parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO, en su condición de Apoderado Legal de ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR, RONMEL ELLIOT MEJIA VENTURA y SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada RUTH ANABELLA CRUZ ZAMORA en su condición de Apoderada Legal de KARLA MARIELOS GALINDO RIVAS y MARIA CONCEPCION MOLINA URQUIA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de privación de Dominio de Bienes de origen Ilícito, con fecha dieciséis de abril del año dos mil quince.- 2) Se establecen los alcances siguientes: 1) Que se declare la privación del dominio de lo siguiente…. B) Decretar el comiso de los bienes objeto de la solicitud y se ordena la nulidad de los títulos de propiedad a favor de los titulares de derecho mencionados debiéndose emitir un nuevo titulo a favor de la Oficina Administradora de Bienes Incautados para los efectos legales correspondientes.- D) SE EXCLUYE de la Privación de Dominio los siguiente: 1) Un Derecho Real de gravamen de embargo por demanda de pago promovida por el titular de derechos ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, contra JOSE LUIS GARCIA MANUELES y ordenada por el Juzgado de Letras Seccional de Marcála, sobre un inmueble consistente en un lote de terreno ubicado en el lugar denominado El Cerro del Municipio de Marcála, que mide dieciocho mil ciento dos metros cuadrados (18,102 MTS2); inscrito en el Instituto de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Marcála, La Paz, bajo el numero 81 del tomo 48, tomo especial INA; e inscrito el embargo bajo el número 16 del tomo 89 del registro de la propiedad inmueble y mercantil de Marcála La Paz….” (Folios del 2367 al 2379fv del Tomo IV de la pieza de antecedentes de primera instancia) 4) Que el recurrente Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO, comparecieron ante este Alto Tribunal, en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo Acción de Amparo a favor de los señores (Sic) EDWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR y RONMEL ELLIOT MEJIA VENTURA AMAYA por considerar que la decisión de la Corte de Apelaciones de la Penal del Departamento de Francisco Morazán de fecha veintidós (22) de febrero del año dos mil dieciséis (2016), de la que se ha hecho referencia en el numeral que antecede, es violatoria del debido proceso, derecho a la propiedad, derecho a la defensa, principio de no aplicación retroactiva de la ley en materia penal, contenidos en los artículos 82, 90, 96 y 103 de la Constitución de la República. Teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado en tiempo y forma su acción constitucional en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), y omitiéndose la vista de las diligencias al Fiscal del Despacho, por ser el Ministerio Público parte en el asunto sometido a estudio ante este Alto Tribunal, de conformidad a lo establecido en el Articulo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO(1): Que la acción de amparo es una garantía constitucional, de tal forma que cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución establece; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la constitución[1]. Es decir constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, el derecho de amparo deviene en ser reconocido en Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley[2].” CONSIDERANDO(2): Que se ha impugnado mediante esta vía constitucional la resolución dictada por unanimidad de votos en fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, con relación a la solicitud de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, promovida por el Ministerio Público en contra de los señores ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA AMAYA, KARLA MARIELO GALINDO RIVAS, MARIA CONCEPCION MOLINA URQUIA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR y RONMEL ELLIOT MEJIA VENTURA, resolución por la cual el Tribunal ad-quem resolvió declarar HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Jacobo Humberto Salandia, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional. CONSIDERANDO (3): Que el impetrante en amparo expone en el libelo de la acción constitucional promovida, que habiendo tenido lugar la realización de la audiencia de evacuación de medios de prueba, la defensa mediante su perito financista Jorge Juárez, logró acreditar una serie de aspectos que deslegitiman la acción promovida por el Ministerio Público como ser: a) Los bienes propiedad del señor Erwin Francisco Mejía Pineda, fueron adquiridos desde el año 1993, lo que determina claramente que dicho ciudadano adquirió los mismos desde hace 22 años y desde hace 17 años desde la promulgación y puesta en vigencia de la Ley de privación Definitiva del dominio de Bienes de Origen Ilícito, situación que violenta claramente preceptos constitucionales como lo es la retroactividad de la ley penal y violenta aun mas los argumentos del Ministerio Público al considerar que debía auscultar bienes 5 años atrás desde la fecha de presentación de la solicitud y esto tiene su asidero jurídico sobre el artículo 16 de la Ley sobre Normas de Contabilidad y Auditoría, donde se determina que los comerciantes y demás personas jurídicas, deberán conservar por un periodo de 5 años, los libros de contabilidad y registros especiales, documentos y facturas; b) Que el señor Erwin Francisco Mejía Pineda legitimó la adquisición, dominio y posesión de cada uno de sus bienes, en el hecho mismo de que compró de acuerdo a las escrituras públicas a satisfacción de los tradentes y del mismo Estado de Honduras, por valores que perfectamente podía justificar con sus ingresos mensuales, esto retrotrayéndose al tiempo y lugar en que tuvo lugar cada una de las compras mencionadas, dejando en claro que en Honduras no existe hasta la fecha prohibición alguna en el precio de compra y venta de bienes muebles e inmuebles, extremo que quedó justificado en la sentencia dictada por el mismo juez juzgador. CONSIDERANDO (4): Que arguye el impetrante que asimismo considera como agravio a) que se han tenido como hechos probados por el Ministerio Público que su representado Erwin Francisco Mejía Pineda, no ha justificado la procedencia de todos sus bienes, denotándose claramente con este hecho, que el análisis realizado por el juzgador se ha limitado a determinar los valores de cada bien en menosprecio absoluto del hecho probado por la defensa, que es los documentos traslaticios de dominio que datan desde hace mas de dos décadas, asimismo la actividad del ejercicio de la medicina que personalmente le consto in-situ, al determinarse la existencia de una clínica privada de servicio a los particulares; b) que el A-quo consideró que a sus representados Edna Luz Urquia, Rosivel Ventura Melgar y Ronmel Elliot Mejía Ventura, les debe ser privado el Dominio de los bienes otorgados por su padre y esposo, por haber simulado contratos, esto sin considerar que está probado en autos con sendas certificaciones el parentesco que ostentan. Que asimismo el impetrante procede a realizar en detalle y en sendos acápites el agravio que causa a sus representados la prueba que fue evacuada en audiencia y valorada por el A-quo, en la forma como éste la realizó. CONSIDERANDO (5): Que en relación a las garantías que considera vulneradas con la resolución dictada por el Ad-quem, el recurrente indica que no cabe duda que es clara la vulneración que ha sufrido la garantía relativa al derecho a la propiedad privada establecida en el Artículo 103 de la Constitución de la República, al ignorar y vedar a la familia Mejía del derecho legítimo que tienen sobre sus bienes, mediando justo titulo de propiedad con veinte años previo a la aplicación de la llamada Ley de privación de Dominio y mediando la simple venganza con exceso de poder; arguye el impetrante que el debido proceso contenido en el artículo 90 de la Constitución de la República, determina derecho de acceso a los tribunales, justicia gratuita, juez predeterminado por la ley, la imparcialidad del juzgador, igualdad de armas procesales, utilización de medios de prueba pertinentes, proceso sin dilaciones indebidas, derecho a obtener respuestas motivadas a sus pretensiones y derecho a recurrir las resoluciones judiciales; dice el pedidor de amparo que se puede deducir que las dos instancias a las cuales se ha instado para obtener una respuesta basada en derecho, no han hecho una correcta valoración de los elementos probatorios circunspectos allegados e incorporados en autos, limitándose únicamente el juez de primera instancia y Corte de Apelaciones a transcribir al carbón los mismos argumentos planteados por el Ministerio Público, vedando con esto a los sujetos activos del delito la oportunidad de obtener una sentencia debidamente motivada en hechos reales y creíbles. Se pregunta el recurrente ¿será acaso que no se tiene elemento objetivo alguno que sirva de fuente para obtener del juzgador una resolución motivada? –lo subrayado es nuestro-. CONSIDERANDO (6): Que continuando con sus argumentos, en defensa de su tesis de vulneración de garantías constitucionales, el impetrante expresa que el derecho a la defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República se encuentra vulnerada en su totalidad, ya que es claro que el ente fiscal en un acto reprochable en ningún momento franqueo la posibilidad de defensa en sede administrativa fiscal, limitando al sujeto activo delito, la posibilidad de defenderse en un proceso justo y ordinario y mas aun privándole de todos los bienes sin existir a la fecha sentencia condenatoria o absolutoria firme, situación que limita a cero la posibilidad de defensa en el proceso; en relación a la vulneración del artículo 96 de la Constitución de la República, mismo que refiere a la irretroactividad de la ley, el recurrente aduce que la defensa mediante su perito financista Jorge Juárez, logró acreditar una serie de aspectos que deslegitiman la acción promovida por el Ministerio Público. CONSIDERANDO (7): Que tal y como ya hemos referido, en este Libelo, la presente Acción Constitucional de amparo fue promovida por el Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO, al considerar que la resolución emitida por el Tribunal Ad-quem ha vulnerado las disposiciones contenidas en los artículos 82, 90, 96 y 103 de la Constitución de la República, siendo de importancia para el estudio de la presente acción constitucional determinar a continuación lo prescrito en cada una de estas disposiciones constitucionales; artículo 82: “Toda persona o asociación de personas tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal”; artículo 90 párrafo primero: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece.” artículo 96: “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado”; artículo 103 “El Estado reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su más amplio concepto de función social y sin más limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la Ley”. CONSIDERANDO(8): Que del estudio de la acción constitucional promovida, esta Sala advierte que el impetrante inicia alegando cuestiones de mera legalidad, cuando refiere que habiendo tenido lugar la realización de la Audiencia de Evacuación de Medios de Prueba, la defensa mediante su perito financista Jorge Juárez, logró acreditar una serie de aspectos que deslegitiman la acción promovida por el Ministerio Público, asimismo el impetrante procede a realizar en detalle y en sendos acápites el agravio que causa a sus representados la prueba que fue evacuada en audiencia y valorada por el A-quo, en la forma como éste la realizó; como ya lo ha dejado plasmado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, estas son cuestiones de mera legalidad que deben ser resueltas por los órganos jurisdiccionales de instancia, pues la Sala de lo constitucional no tiene dentro de sus atribuciones pronunciarse en relación a la forma en como un juzgador debe valorar la prueba aportada en el desarrollo de un proceso, compete a la Sala resolver las cuestiones que se sometan a estudio y sean de mera constitucionalidad, lo cual se procederá a realizar en los siguientes acápites, pues el recurrente en Amparo se ha pronunciado sobre estas cuestiones al señalar que se han vulnerado los derechos de propiedad y la aplicación retroactiva de la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. CONSIDERANDO(9): Que el amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad recurrida, vulnera garantías o derechos fundamentales, en relación a lo preceptuado en el artículo 183 constitucional, por lo que en el caso de autos, en primer lugar es menester determinar si la decisión del Tribunal de Segunda Instancia vulnera en perjuicio del recurrente el derecho reconocido en el artículo 96 de nuestra ley suprema, en relación a la aplicación retroactiva de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; al respecto es de vital importancia para esta Sala, determinar el momento en que tiene su génesis el asunto sometido a estudio, observándose a folio 1 del Tomo 1 de los antecedentes de primera instancia que la solicitud de privación de dominio, fue presentada en fecha ocho de septiembre del año dos mil catorce ante el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, y la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, fue publicada en fecha dieciséis de junio del año dos mil diez, en el Diario Oficial la Gaceta No. 32,239; Siguiendo con el principio de irretroactividad de la ley, este es un principio que es discutido por diferentes sectores, hay quienes son del criterio que la irretroactividad de la ley por regla general no procede, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorece al reo, siendo discutido entonces si es procedente únicamente la retroactividad de la ley en disposiciones de naturaleza sustantiva, o si ello es aplicable también en cuestiones de índole meramente procesal; en tal sentido es interesante la postura de Zamir Vega Gutierrez[3], al exponer algunos planteamientos en torno a la retro/irretroactividad de las normas procesales, el citado autor dice que un amplio sector de la doctrina defiende la retroactividad de la ley procesal en virtud del principio “tempus regit actum” (los actos procesales se rigen por las normas vigentes en el momento en que deben producirse tales actos), el cual debe estar referido –según este sector- al momento del proceso y no de la comisión del delito; por otro lado, hay quien sugiere que no es del todo acertado hablar de “retroactividad” de la ley procesal, puesto que ésta se aplica en relación con actos procesales que van a realizarse en el futuro, por lo que en realidad no se proyecta hacia atrás. CONSIDERANDO(10): Que conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la constitución de la República, los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una vez que entran en vigor, forman parte del derecho interno; en ese orden de ideas el artículo 9 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[4] establece: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho interno. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.”, por su parte el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos determina: “1. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello. 2. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá al juicio ni a la condena de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional.”. siguiendo la línea de Vega Gutiérrez, expone que hay quienes defienden la irretroactividad de las normas procesales cuando altera el sentido político-criminal del proceso, lo que ocurre cuando la nueva ley limita, por ejemplo los casos en que el acusado puede ser juzgado por un tribunal de jurado (Binder), también se niega la retroactividad de la ley procesal penal restrictiva de derechos individuales (Carbonell) o cuando suponga una disminución de las garantías o implique cualquier clase de restricción de la libertad, en cuyo caso se aplicará la ley procesal vigente al momento de la infracción, presupuesto material al que tales consecuencias procesales se hallan indiscutiblemente vinculadas (Cobo/Vives). Vega Gutiérrez, en atención a las cuestiones antes indicadas considera que las leyes en general, y las procesales en particular, restrictivas de derechos y garantías individuales no son susceptibles de aplicación retroactiva. CONSIDERANDO(11): Que la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio, tiene como finalidad la lucha contra la criminalidad organizada; la acción de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito, tiene características especiales, pues es de orden público, autónomo e independiente de cualquier otra acción de los términos establecidos en la Ley que la regula, ya sea que se trate de acción o acciones de naturaleza penal, que se haya o hayan iniciado simultáneamente con la acción de privación definitiva del dominio o de la cual esta última se haya desprendido o en la que se hubiese originado. La acción de privación definitiva del dominio es de naturaleza jurisdiccional de carácter real, de contenido patrimonial, es un proceso especial, en donde puede que haya o no un titular responsable. CONSIDERANDO(12): Que la acción de privación definitiva del dominio de bienes de origen ilícito se rige por el principio de retrospectividad, conforme el cual la privación definitiva del dominio se declarará, cualquiera que sea la época de adquisición o destinación ilícita de los bienes productos, instrumentos o ganancias, si concurren las causales del artículo 11 de la Ley que regula el procedimiento de privación de dominio; entendiendo esta situación en consideración a la finalidad con la que fue creada la ley, pues Honduras es un Estado de Derecho, que busca asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social; de allí que los derechos fundamentales no son absolutos y pueden ser limitados por el Estado, precisamente para garantizar el bienestar general de sus habitantes, siendo la persona humana el fin supremo de la sociedad y el Estado[5]; asegurando además el principio constitucional que los derechos de cada hombre están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bienestar general. Entiende esta Sala que la acción de privación de dominio esta encaminada a limitar el derecho a la propiedad privada, cuando se den los presupuestos que regula el artículo 11 de la Ley de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito; en el acto impugnado en vía de Amparo, el tribunal de segunda instancia declara Ha Lugar Parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa, al excluir de la privación del Dominio de los bienes del señor Erwin Francisco Mejía, un derecho real de gravamen de embargo por demanda de pago, en la sentencia que fuera dictada por el A-quo, quien declara procedente la acción de privación definitiva del dominio sobre varios bienes, fundamentándose el fallo en el numeral 1 de la norma antes indicada, que señala: “Cuando se trate de bienes, productos, instrumentos o ganancias que no tengan causa o justificación económica o legal de su procedencia u origen;…” CONSIDERANDO(13): Que nuestra Carta Magna, en el artículo 103, reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada en su mas amplio concepto de función social y sin mas limitaciones que aquellas que por motivos de necesidad o de interés público establezca la ley; como hemos referido antes, los derechos no son absolutos y el derecho a la propiedad se puede ver limitado por las causas que la misma Constitución establece, siempre y cuando se encuentren desarrollados en una ley. La ley de privación del dominio de origen ilícito, fue creada precisamente para evitar o combatir la criminalidad organizada, como mecanismo de control global dirigido a evitar que a través de la adquisición de bienes con origen ilícitos, los miembros de la delincuencia logren legalizar y disfrutar de esos bienes; por ello la necesidad de la creación de mecanismos legales que conduzcan a privarlos del goce y disfrute de dichos bienes, ya que la adquisición y disfrute de bienes de origen ilícito no contribuye en ninguna forma a lograr el fin que persigue el artículo 103 constitucional. CONSIDERANDO(14): Que en relación al derecho a la propiedad privada el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos[6] preceptúa: “1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”; en esa misma línea el numeral 1 del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.”; al respecto y específicamente en lo establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Alejandra Gonza[7] señala que el derecho a la propiedad protegido en la Convención Americana no es absoluto, el primer inciso parece tener en cuenta, -cree la autora-, las posibles limitaciones, intromisiones o interferencias al uso y goce de la propiedad impuestas por el Estado; Gonza señala asimismo que la Corte Interamericana ha establecido que el Estado puede restringir los derechos a la propiedad contemplados en el artículo 21 de la Convención si tal restricción responde “a los intereses de la sociedad”, sostiene que para la Corte, los conceptos de “orden público” o el “bien común”, derivados del interés general, en cuanto se invoquen como fundamento de limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las “justas exigencias” de “una sociedad democrática” que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención. CONSIDERANDO(15): Que analizados los fines que impulsaron la creación de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, esta Sala es del criterio que la restricción al derecho a la propiedad privada se encuentra justificada en objetivos colectivos de importancia tal que con la creación de la ley se busca lograr la erradicación de la delincuencia organizada, logrando con ello evitar que los miembros que integran estos grupos se beneficien de ellos y pueden legalizar aquellos bienes cuyos titulares si fuere el caso de encontrarles, no encuentran la forma de demostrar la procedencia licita de dichos bienes; en ese orden de ideas esta sala de lo Constitucional arriba a la conclusión que no se ha vulnerado el derecho a la propiedad privada que invoca el recurrente, toda vez que el mismo se encuentra limitado por una ley que se encuentra en vigencia y conforme a ella ha procedido tanto el A-quo como el Ad-quem a declarar procedente la Solicitud de Privación de Dominio sobre los bienes propiedad de los señores ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR y RONMEL ELLIOT MEJIA VENTURA. CONSIDERANDO(16): Que por todas las razones anteriormente expuestas, el recurso de amparo interpuesto debe ser denegado, al observar esta Sala que no se ha vulnerado el derecho a la propiedad privada, lo que lleva a concluir de igual forma la no vulneración al principio de retroactividad de la ley, siendo que no se han vulnerado derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República, como ser el derecho a la propiedad, pues como bien se ha señalado los derechos no son absolutos y pueden ser limitados en procura de lograr el bienestar de la colectividad de habitantes, siempre y cuando estén desarrollados en una ley, tal y como lo ordena la misma ley suprema, situación que sucede en el caso en estudio. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 59, 80, 82, 90, 96, 103, 183, 184, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 15 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, 3 Nº 2), 5, 9 Nº 3) literal b) y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 5, 6, 11, 40, 41, 42, 80, 81 y 82 de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA VALLECILLO, a favor de los señores ERWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR y RONMEL ELLIOT MEJIA VENTURA, contra la resolución de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán con Competencia y Jurisdicción Nacional en Materia de Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, M. D. C., veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el recurso de reposición interpuesto en el acto de la notificación realizada al Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA, contra la sentencia de fecha veintiséis de junio del presente año, recaída en el recurso de amparo interpuesto por el referido Profesional del Derecho a favor de los señores EDWIN FRANCISCO MEJÍA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR Y RONMEL ELLIOT MEJÍA VENTURA AMAYA contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN CON COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACIÓN DEFINITIVA DEL DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILÍCITO, en fecha veintidós de febrero de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación presentado contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL CON JURISDICCION NACIONAL EN MATERIA DE PRIVACION DE DOMINIO, con relación a la causa instruida para privar del dominio de bienes a los señores EDWIN FRANCISCO MEJIA PINEDA, EDNA LUZ URQUIA, GLORIA ROSIVEL VENTURA MELGAR, RONMEL ELLIOT MEJIA VENTURA AMAYA. CONSIDERANDO: Que del acto en el cual el peticionario solicita reposición se aprecia que éste no ataca el fondo o la forma de la sentencia impugnada, en consecuencia y conforme se desprende de la misma, ésta se encuentra apegada a derecho y procede declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 184, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 1, 2, 5, 7, 46, 48, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto en el acto de la notificación por el Abogado JACOBO HUMBERTO SALANDIA contra la sentencia de fecha veintiséis de junio del presente año, recaída en el recurso de amparo de mérito; Y MANDA: Que en definitiva se de cumplimiento a lo ordenado en la sentencia impugnada, asimismo, se autoriza a la Secretaria del Despacho extender, a costo del compareciente, copia simple con omisión de firmas de la sentencia impugnada y de la presente resolución. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de octubre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia y resolución de fechas veintiséis de junio de dos mil dieciocho y veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, respectivamente, recaídas en el recurso de amparo penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1210-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO SALA DE LO CONSTITUCIONAL.

[1] Artículo 183 de la Constitución de la República.

[2] Artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

[3] Vega Gutiérrez Zamir. “Principio de legalidad, retroactividad y proceso penal”, Artículo extraído en el Nuevo Diario de Managua, Nicaragua. 22-07-2011. Profesor e investigador contratado de Derecho Penal, Departamento de Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá (2011-actualidad).

[4] Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Entró en vigor el 18 de julio de 1978. La Gaceta No. 22287 del 1 de septiembre de 1977.

[5] Artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras.

[6] Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

[7] Christian Steiner/Patricia Uribe (Editores) Convención Americana sobre Derechos Humanos. Obra publicada con la colaboración de varios autores, incluida Alejandra Gonza, en el marco de la cooperación internacional de la Fundación Honrad Adenauer. Magna Terra Editores, diciembre de 2014, Guatemala. Pág. 509.