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Sentencia AP-1175-16 — Registro 10390

Resumen

Acto recurrido que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el a-quo, con relación a la causa instruida contra Erasmo David Mendez Zelaya y otros por suponerlos responsables del delito de asociación ilícita y almacenamiento de armas de fuego de uso comercial respectivamente, en perjuicio de los impetrantes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala observa que en el caso subjúdice, la resolución emitida por el Tribunal de Alzada y que se ha impugnado en esta vía constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, ello se advierte, pues de la revisión de los autos se observa que las diligencias realizadas por la autoridad de investigación se ha llevado a cabo con la observancia procedimental que manda la ley penal, lo que no reviste ninguna ilegalidad en las mismas, al observarse el respeto al principio de legalidad y demás principios rectores del proceso penal, a saber: contradicción, inmediación, concentración, así como el respeto a los derechos fundamentales del imputado como ser: el derecho de petición, derecho de defensa, igualdad procesal, entre otros..." Que a modo de conclusión podemos afirmar, que la decisión adoptada por el Ad-quem, no ha vulnerado en perjuicio de los imputados los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes y revestidos de legalidad para sustentar la resolución recurrida, y por ello ha confirmado el Auto de Formal procesamiento en contra de los imputados

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La sentencia y la resolución que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ARMANDO SANTOS, favor de los señores ERASMO DAVID MENDEZ ZELAYA, JOSE ADRIAN CARDONA MUNGUIA y SANTOS CATALINO ZELAYA CARIAS, contra la resolución de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis, emitida por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, que DECLARÓ SIN LUGAR un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, con relación a la causa instruida contra los señores JOSE ADRIAN CARDONA MUNGUIA por suponerlo responsable del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA; contra el señor ERASMO DAVID MENDEZ ZELAYA por suponerlo responsable del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA AGRAVADA y contra el señor SANTOS CATALINO ZELAYA CARIAS, por suponerlo responsable de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA y ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.-Estima el recurrente que se han violentado el Derecho Constitucional al debido proceso, comprendidos en los artículos 90, 99 y 183 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha diez de marzo del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento de Olancho, el Abogado EDSON GODOY CARCAMO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores JOSE ADRIAN CARDONA MUNGUIA, SANTOS CATALINO ZELAYA CARIAS, PEDRO ANTONIO MENDEZ ZELAYA (NO HABIDO), LENIN ADRIAN CARDONA MENDEZ (NO HABIDO) y MERLON RODOLFO ZELAYA MENDEZ (NO HABIDO), por suponerlos responsables a Título de Autor del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; contra los señores ERASMO DAVID MENDEZ ZELAYA y SANTOS ROQUE ZELAYA conocido como ROQUE NOE ZELAYA CARIAS (no habido), por suponerlos responsables a título de autor, del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA AGRAVADA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; contra los señores JOSE ADRIAN CARDONA MUNGUIA, SANTOS CATALINO ZELAYA CARIAS, SANTOS ROQUE ZELAYA, ERASMO DAVID MENDEZ ZELAYA, por suponerlos responsables a título de autor del delito de ALMACENAMIENTO DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y, contra los señores SANTOS ROQUE ZELAYA, por suponerlo responsable a título de autor del delito de POSESIÓN ILEGAL DE EQUIPO DE USO EXCLUSIVO DE LA POLICÍA NACIONAL, en perjuicio de la FE PÚBLICA. 2) Que en fecha quince de marzo del año dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, departamento Olancho, en Audiencia Inicial resolvió: (Sic) “1.-Decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, contra los señores JOSE ADRIAN CARDONA MUNGUIA, SANTOS CATALINO ZELAYA CARIAS, por el delito de ASOCIACION ILICITA, así mismo en contra del señor ERASMO DAVID MENDEZ ZELAYA, por el delito de ASOCIACION ILICITA AGRAVADA Y contra el señor SANTOS CATALINO ZELAYA CARIAS por el delito de ALMACENAMIENTO DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, todos los delitos en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS. 2.- Decretar a favor de los señores JOSE ADRIAN CARDONA MUNGUIA Y ERASMO DAVID MENDEZ ZELAYA sobreseimiento definitivo por el delito de Almacenamiento de arma de uso comercial, todos en perjuicio-LA SEGURIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS; y tomando en cuenta que el delito de asociación ilícita se enmarca en los comprendidos en la reforma del artículo 184 en su numeral 12, en cuanto a que no es susceptible de medidas distintas a la prisión preventiva, y ante la falta de arraigo, existe el peligro de fuga y las posibles represalias contra los denunciantes, se decreta como medida cautelar, la prisión preventiva….” (Folios del 76 al 96 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 3) Que conociendo del Recurso de Apelación, interpuesto por la defensa en contra de la resolución dictada en Audiencia Inicial y relacionada en el acápite que antecede, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa M.D.C., resolvió: (Sic) “1) Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado LUIS ENRIQUE ROSALES GARCIA, Defensor Privado de los señores ERASMO DAVID MENDEZ ZELAYA, SANTOS CATALINO ZELAYA CARIAS, JOSE ADRIAN CARDONA MUNGUIA. 2) CONFIRMAR la Resolución Apelada de fecha quince de marzo del dos mil dieciséis, dictado por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho….” (Folios del 181 al 191 de la pieza de antecedentes de primera instancia) 4) Que en fecha nueve (09) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016) compareció ante este Alto Tribunal el Abogado OSCAR ARMANDO SANTOS, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores ERASMO DAVID MENDEZ ZELAYA y JOSE ADRIAN CARDONA MUNGUIA, por suponerlos responsables del delito de ASOCIACIÓN ILÍCITA y SANTOS CATALINO ZELAYA CARIAS, por suponerlo responsable de los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA AGRAVADA y ALMACENAMIEMNTO DE ARMA DE FUEGO DE USO COMERCIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem de fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90, 99 y 183 de la Constitución de la República. 5) Que se concedió vista por el término de cuarenta y ocho horas al recurrente a efecto de formalizar su acción de amparo, y en virtud que el recurrente no hizo uso del mismo, en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017,) esta Sala de lo Constitucional declaró caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el recurrente, para formalizar el recurso, asimismo y desprendiéndose del escrito de interposición del recurso, que el recurrente desarrolló de manera puntual el concepto de la violación, se ordenó continuar con el procedimiento de la presente acción de amparo, omitiendo la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 46 de la pieza que forma el expediente de Amparo) CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (2): Que del estudio de las diligencias, se observa, que el asunto traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, lo constituye la resolución de fecha treinta y uno (31) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa M.D.C., que declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa de los señores ERASMO DAVID MENDEZ ZELAYA, SANTOS CATALINO ZELAYA CARIAS y JOSE ADRIAN CARDONA MUNGUIA, contra quienes el A-quo dictó en Audiencia Inicial, Auto de Formal Procesamiento, por suponerles responsables de los delitos de Asociación Ilícita, Asociación Ilícita Agravada y Almacenamiento de Armas de Fuego de Uso Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. CONSIDERANDO (3): Que en la exposición de sus argumentos, el recurrente expone que se realizaron allanamientos sin la presencia de un Fiscal, mucho menos de un Juez, nombrándose como Jueces Ejecutores a los mismos policías de las diferentes unidades que ejecutaron dichos allanamientos; de los cuales no hay evidencia que ejecutaron dichas diligencias a la hora que manifiestan ejecutaron los allanamientos, ya que no hay fotografías, ni mucho menos vídeos. Sostiene el impetrante que el testimonio de las señoras Martha Isabel Mendez Zelaya y Delia Maria Mendez Zelaya, establecen que los allanamientos se realizaron a las dos de la mañana, lo cual no fue valorado por el Juez A-quo en primera instancia, mucho menos por los Magistrados en segunda instancia; por tal motivo recurre en Amparo a efecto que se pueda subsanar tal error. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante arguye se vulnera el debido proceso, en primera instancia realizan un allanamiento ilegal, ya que se ejecuta en horas de madrugada y no como lo aparentaron en informes, donde no hay evidencia que lo ejecutaron a la hora que dicen haberlo ejecutado; en segunda instancia no se hicieron acompañar de un fiscal para ejecutar tales allanamientos y lo dejaron al criterio de la misma Policía; y en tercera instancia allanaron siete casas, no seis como se menciona en resolución de la Corte Tercera de Apelaciones en el numeral segundo; -que en la vivienda del señor Lenin Adrian Cardona Mendez, encontrándose en el interior de la vivienda al señor José Adrian Cardona Munguía, quien es padre del primero, lo cual es falso ya que mi representado José Adrian Cardona Munguía se encontraba en su casa de habitación, casa distinta a la de su hijo y montaron una declaración para incriminarlo-; sostiene el recurrente que hay evidencia en el lugar de los hechos, ya que tumbaron todas las puertas de las siete casas que fueron allanadas en horas de las madrugada. CONSIDERANDO (5): Que el pedidor de amparo, señala el texto contenido en el Artículo 99 de la Constitución de la República, reafirmando que se violentaron los derechos y garantías sobre la detención ilegal de sus representados, ya que se les violenta el debido proceso; aduce asimismo el impetrante que a la Audiencia Inicial no compareció el procurador General de la República, ya que los delitos eran en contra del Estado de Honduras y el representante legal es el Procurador General. CONSIDERANDO (6): Que del examen de la resolución cuestionada, dictada por la Corte Tercera de Apelaciones con sede en Tegucigalpa M.D.C., fundamenta la decisión adoptada en la siguiente apreciación jurídica: “…3.- El Ministerio Público acreditó la evidencia probatoria de los delitos denunciados así como los indicios racionales de que los imputados son autores de los mismos por medio de la declaración del testigo MILTON BENITO PERALTA, quien identifica la participación de los encausados, manifestando también ser testigo de otro delito que se encuentra bajo investigación de la Fiscalía. 4…. 5.- Según declaraciones del Policía de Investigación MELENIO ESCALANTE, el Sub Comisionado les había ordenado desplazarse a la Aldea Agua Caliente, Guarizama, Olancho, para investigar una Banda, realizando un seguimiento del caso y solicitando los allanamientos respectivos, al existir indicios de que los imputados formaban parte de la Banda que se dedica a cometer acciones delictivas como el hurto de ganado mayor y homicidios, también sacan de del lugar a algunas personas y toman sus propiedades, lo que concuerda con el testimonio de MILTON BENITO SEVILLA PERALTA. 6.- Que de la revisión de las pruebas aportadas al caso este tribunal es del parecer que si se encuentran acreditados los presupuestos para dictar los Autos de Formal procesamiento ordenados por el Juez y que son objeto del presente recurso, ya que en esta fase del proceso es necesario únicamente una mínima actividad probatoria que aporte material indiciario para resolver….” (Folio 189fv y 190 de la pieza de antecedentes de primera instancia) CONSIDERANDO (7): Que la garantía constitucional de amparo sólo se concede si la actuación de la autoridad recurrida, vulnera derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; en ese orden de ideas es necesario examinar si los artículos 90, 99 y 183 de nuestra norma constitucional, han sido quebrantados por la decisión del Ad-quem; tal y como lo estima el recurrente Abogado OSCAR ARMANDO SANTOS. CONSIDERANDO (8): Que de la lectura de la acción constitucional impetrada, esta Sala observa que el recurrente cuestiona la decisión adoptada por el A-quo y confirmada por el Ad-quem, al decretar Auto de Formal Procesamiento contra sus representados los señores Erasmo David Mendez Zelaya, José Adrian Cardona Munguía por los delitos de Asociación Ilícita Agravada y Asociación Ilícita respectivamente y contra el señor Santos Catalino Zelaya Carias por el delito de Asociación Ilícita y Almacenamiento de Armas de Fuego de Uso Comercial; el impetrante centra sus alegatos en la vulneración del Artículo 99 constitucional, al argumentar que los allanamientos realizados y que concluyeron con la detención de sus representados fueron realizados a las dos de la mañana; cuestiones éstas que no fueron valoras en primera y segunda instancia, aduce el recurrente en Amparo. CONSIDERANDO (9): Que como ya lo ha expresado esta Sala en reiteradas sentencias la valoración de los elementos de investigación y pruebas aportadas por las partes, en orden a determinar si procede o no dictar un Auto de Formal procesamiento, o un sobreseimiento definitivo o provisional, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia competentes en materia criminal, de ahí que el Juez Constitucional sólo ha de intervenir cuando advierta la violación de reglas esenciales del procedimiento penal que traiga como resultado la vulneración de la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. CONSIDERANDO (10): Que el recurrente señala que se ha violentado el principio genérico al debido proceso, por la forma en que se practicaron los allanamientos de morada; en ese orden de ideas es importante establecer que el derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra constitucionalmente consagrado en el artículo 99 de la Constitución de la República, el párrafo primero preceptúa: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a las persona o a la propiedad…”; en tal sentido CABALLAS DE TORRES[1] define el allanamiento de la forma siguiente: “ALLANAMIENTO. Conformidad con las pretensiones deducidas por la parte contraria. Penetrar, con poder escrito de la autoridad judicial, en un domicilio o local privado, para realizar en él ciertas diligencias, como detenciones, registros, etc. A LA DEMANDA. Acción de prestar el demandado su asentimiento a lo solicitado y pedido por el actor. El allanamiento sólo puede comprender los derechos privados que sean renunciables. (v. Demanda, Desistimiento.) DE MORADA o DE DOMICILIO. Delito que consiste en penetrar con violencia manifiesta en casa o edificio ajeno, sin consentimiento de la persona que lo habita. Como básico derecho individual, proclamado por las diversas constituciones, esta el de la inviolabilidad del domicilio (v.)”; se observa a folios del 72 al 74 de las antecedentes de instancia el auto de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, emitido por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, que resuelve declarar con lugar la solicitud de Autorización de allanamientos de moradas en varias viviendas, incluida la del señor Erasmo David Mendez; asimismo a folios del 109 al 114 se encuentra documentada la diligencia de Allanamiento en casa del señor José Adrian Cardona Munguía; a folios del 115 al 122 se encuentra documentada la diligencia de Allanamiento en casa del señor Erasmo David Mendez Zelaya, encontrándose visible a folio 122 una Autorización de ingreso a Vivienda; asimismo a folios del 123 al 127 se encuentra documentada la diligencia de Allanamiento en casa del señor Santos Catalino Zelaya Carias, encontrándose visible a folio 31 una Autorización de Ingreso a Vivienda. CONSIDERANDO (11): Que de los antecedentes se desprende que el allanamiento realizado es producto de Autorización emanada de autoridad competente, tal y como lo establece el artículo 99 constitucional y el ingreso a la vivienda del señor Santos Catalino Zelaya Carias, fue autorizado por su persona y solicitado la convalidación ante el Juez competente conocedor de la acusa, en tal sentido se ingresó a la vivienda previa aceptación de la persona que habitaba la misma, dando cumplimiento y respetando lo establecido en el artículo 99 constitucional; ello porque es clara la normativa constitucional al indicar que ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que la habita o resolución de autoridad competente, requisito o exigencia que ha sido observado por la autoridad de investigación, al estar autorizada la diligencia por Juez competente y solicitar la autorización para ingresar a una de las viviendas. CONSIDERANDO (12): Que el segundo y tercer párrafo del Artículo 99 constitucional establece. “… Exceptuando los casos de urgencia, el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las (6) seis de la tarde a las (6) de la mañana, sin incurrir en responsabilidad. La ley determinara los requisitos y formalidades para que tenga lugar el ingreso, registro o allanamiento, así como las responsabilidades en que pueda incurrir quien lo lleve a cabo.”; -Lo subrayado es nuestro-. Del análisis del segundo párrafo del precepto constitucional y de los antecedentes de instancia, se observa que los allanamientos e ingresos a las viviendas tuvieron lugar después de las seis de la mañana, dando estricto cumplimiento, las autoridades que los realizaron, a lo establecido en la norma constitucional, de allí que no se advierte quebranto al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, que invoca el recurrente en Amparo; que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental que recoge la Constitución de la República en su Artículo 99; no obstante a ello, se ha expresado que los derechos no son absolutos y se pueden verse limitados ante algunas circunstancias, como la excepción que señala el artículo 99 constitucional, sin olvidar que tales limitaciones se realizarán observando lo establecido en la norma procedimental. CONSIDERANDO (13): Que al tenor de lo señalado en los acápites anteriores esta Sala observa que en el caso subjúdice, la resolución emitida por el Tribunal de Alzada y que se ha impugnado en esta vía constitucional, se encuentra dictada conforme a derecho, ello se advierte, pues de la revisión de los autos se observa que las diligencias realizadas por la autoridad de investigación se ha llevado a cabo con la observancia procedimental que manda la ley penal, lo que no reviste ninguna ilegalidad en las mismas, al observarse el respeto al principio de legalidad y demás principios rectores del proceso penal, a saber: contradicción, inmediación, concentración, así como el respeto a los derechos fundamentales del imputado como ser: el derecho de petición, derecho de defensa, igualdad procesal, entre otros. CONSIDERANDO (14): Que a modo de conclusión podemos afirmar, que la decisión adoptada por el Ad-quem, no ha vulnerado en perjuicio de los imputados los derechos constitucionales invocados. Conclusión a la que arriba esta Sala, ya que siendo el auto de formal procesamiento una valoración o juicio de carácter hipotético y esencialmente provisional, el mismo es susceptible de que en otra etapa ulterior del proceso puede ser revocado o modificado de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Procesal Penal, en ese sentido la evidencia probatoria a la que alude el artículo 92 de la Constitución de la República, como presupuesto para dictar el auto de formal procesamiento, debe ser interpretada, no como equivalente a la ausencia de toda duda razonable acerca de la existencia de un hecho típicamente antijurídico, sino la existencia de buenas razones para concluir provisionalmente que la afirmación del Ministerio Público tiene grandes probabilidades de ser cierta; en ese orden de ideas el ad-quem ha considerado que los elementos probatorios hasta ahora aportados en el proceso son suficientes y revestidos de legalidad para sustentar la resolución recurrida, y por ello ha confirmado el Auto de Formal procesamiento en contra de los imputados. CONSIDERANDO (15): Que por todas las razones anteriormente expuestas, se estima que el fallo dictado por la Corte Tercera de Apelaciones concede en Tegucigalpa M.D.C., no vulnera el derecho constitucional del debido proceso, por lo que el amparo interpuesto por el censor, debe ser denegado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 1, 69, 80, 82, 90, 92, 99, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, y 321 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 Nº 5)de La Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 4, 8, 13, 176 y 253 del Código Procesal Penal; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 41, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 8.1 y 25 de La Convención Americana Sobre Derechos Humanos FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por el Abogado OSCAR ARMANDO SANTOS a favor de los señores ERASMO DAVID MENDEZ ZELAYA, JOSE ADRIAN CARDONA MUNGUIA y SANTOS CATALINO ZELAYA CARIAS, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES CON SEDE EN TEGUCIGALPA M.D.C, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes.- Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado OSCAR ARMANDO SANTOS; en su condición de Apoderado Legal de los señores ERASMO DAVID MENDEZ ZELAYA, JOSE ADRIAN CARDONA MUNGUIA y SANTOS CATALINO ZELAYA CARIAS, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, veinticinco (25) de abril del año dos mil dieciocho (2018), por medio de la cual se falla Denegando la acción constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado OSCAR ARMANDO SANTOS a favor de los señores ERASMO DAVID MENDEZ ZELAYA, JOSE ADRIAN CARDONA MUNGUIA y SANTOS CATALINO ZELAYA CARIAS, contra la resolución dictada por la CORTE TERCERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que resuelve declara Sin Lugar el recurso de Apelación interpuesto por la defensa privada de los imputados, contra la resolución de fecha quince (15) de marzo del año dos mil dieciséis (2016), dictada en Audiencia Inicial, por el Juzgado de Letras de la Sección judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho. CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho. CONSIDERANDO (2): Que vista la petición del recurrente, de la lectura del mismo se aprecia, que fundamenta su recurso arguyendo que: 1.-No es posible que se dicte sobreseimiento definitivo por el delito de Almacenamiento de Arma Comercial y se les de un Auto de Formal Procesamiento por el delito de Asociación Ilícita, sin haber expedientes anteriores y después de dicho requerimiento, ya que se demostró con los antecedentes policiales que sus representados no tenían denuncia antes de los allanamientos de morada, lo cual fueron ejecutadas en fecha 09 de marzo del año 2016, según declaración de la testigo Ana Maribel Rosales y en fecha 10 de marzo del año 2016 el fiscal presentó requerimiento fiscal en contra de sus representados, con la salvedad que ellos fueron detenidos por orden de allanamiento librada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, las cuales fueron ejecutadas en fecha 9 de marzo del año 2016 y hasta ese momento no había ningún delito ni denuncia; 2.- Que a quien buscaban era al joven Lenin Adrian Cardona Méndez y se llevaron a su representado José Adrian Cardona Munguía, quien no tenia nada que ver en la orden de allanamiento de morada ejecutados en fecha 09 de marzo del año 2016; el Juez no estimó ni valoró la prueba documental, tal como son los antecedentes policiales y la veracidad ya que dicta un sobreseimiento definitivo por Almacenamiento de Arma de Uso Policial y dicta Auto de Formal Procesamiento por el delito de Asociación Ilícita, lo cual no son objetivos al momento de aplicar una verdadera justicia; 3.- Se pregunta el impetrante qué como es posible que se ejecuten allanamientos en horas ilegales, que se ejecuten allanamientos sin haber Requerimiento Fiscal, y sin que se este cometiendo un delito in fraganti, privar de la libertad en forma ilegal a tres personas, de las que tiene la certeza y seguridad que son inocentes y por la negatividad y miedo que tienen los jueces de nuestro país en aplicar bien la justicia y no valoran los medios probatorios por el temor de ser despedidos de sus cargos; 4.- Arguye el recurrente que esta Sala de lo Constitucional lo dejó indefenso, declarando caducado de derecho y perdido irrevocablemente el término concedido para formalizar la acción constitucional impetrada; que para demostrar que sus representados dicen la verdad, se presentó declaración jurada del propio investigador que realizó el informe , del cual el Fiscal se valió para presentar el Requerimiento Fiscal, declaración jurada que no fue valorada por la Sala de lo constitucional. CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto. CONSIDERANDO (4): Que es menester mencionar que la decisión emitida por esta Sala de lo Constitucional, no vulnera ningún derecho fundamental al recurrente, en tanto: 1.- Que esta Sala de lo Constitucional pone especial consideración en lo preceptuado en el artículo 99 de la Constitución de la República que expresa: “El domicilio es inviolable. Ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante puede ser allanado, en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a las persona o a la propiedad…”; esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones deducidas por el recurrente en los considerandos 9, 10, 11 y 12 de la Sentencia dictada por este Alto Tribunal en fecha veinticinco de abril del presente año dos mil dieciocho; 2.- En respuesta a lo expuesto por el recurrente en amparo, a que este Alto Tribunal lo ha dejado indefenso al declarar caducado de derecho y perdido el término para formalizar la acción constitucional impetrada, es menester dejar establecido que esta Sala de lo Constitucional acorde a los principios que rigen la substanciación de la acción de amparo y contenidos en el artículo 45[2] de la Ley Sobre Justicia Constitucional, procedió a darle trámite a la acción impetrada, dando respuesta a cada uno de sus argumentos en relación a la vulneración de derechos fundamentales que considera han ocurrido, con la decisión adoptada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, específicamente lo relacionado a la inviolabilidad del domicilio; 3.- Que en respuesta al argumento del impetrante en relación a la declaración jurada rendida por el propio investigador que realizó el informe de investigación y que no fue valorado por esta Sala de lo constitucional, este Alto Tribunal mantiene su criterio, el cual constituye jurisprudencia, que la valoración de elementos de prueba aportadas por las partes en un proceso, en orden de determinar si procede o no dictar Auto de Formal Procesamiento o Sobreseimiento Provisional o Definitivo, es una tarea propia de los juzgados y tribunales de instancia, interviniendo el juez constitucional cuando advierta violación de reglas esenciales del procedimiento, en ese orden de ideas, el impetrante se vale de argumentos subjetivos al exponer que los órganos jurisdiccionales de instancia no valoraron la prueba documental y testifical aportada en audiencia inicial, sin definir en forma concreta, como tales valoraciones probatorias vulneraron derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución de la República. CONSIDERANDO (5): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado OSCAR ARMANDO SANTOS, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha veinticinco (25) de abril del presente año dos mil dieciocho (2018), que corre agregada en autos se establece congruente y claramente, las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional impetrada. En ese orden de idea se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado OSCAR ARMANDO SANTOS, por las razones que se dejan ya señaladas Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTIFÍQUESE. Firmas y sello. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de agosto de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho y la resolución de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número 1175-2016.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL

[1] Cabanellas de Torres, Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, nueva edición actualizada, corregida y aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Eliasta S.R.L. Primera edición. 1979 Undécima edición, 1993.

[2] DE LOS PRINCIPIOS DE LA SUBSTANCIACIÓN DE LA ACCIÓN. La acción de amparo se substanciará con arreglo a los principios de independencia, oralidad en el debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía procesal, eficacia y debido proceso. –Lo subraya es nuestro-