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Sentencia AP-1170-15 — Registro 13047

Resumen

Se interpuso recurso de amparo que declaró con lugar parcialmente el recurso de apelación y confirmo el sobreseimiento definitivo, por el delito de homicidio culposo por mala praxis. Estimando el recurrente que la decisión de la Corte de Apelaciones, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO (6):es preciso mencionar, que según los argumentos esgrimidos por la corte de apelaciones seccional de Santa Rosa de Copan que corren agregadas a folio 13 de la primera pieza del Ad-quem en la cual se establece claramente después de una exhaustiva valoración y argumentación jurídica la cual establece no compartir el criterio esgrimido por el a-quo, en el sentido que según el Ad-quem es claro que la perforación causada en el duodeno de la señora NADIA LISSETTE MURILLO ORELLANA, solo pudo haber sido causada por uno de los médicos en este caso por el doctor Juan Carlos Cardona Medina, quien era el cirujano y medico principal.- CONSIDERANDO (7): Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (8): Que la Garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado Derecho de Defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO (9): Que el numeral 1) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen Violaciones de Mera Legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la Demanda de Amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal y como acontece en el caso de autos.”

Jerarquía: Reiterativa

.."Que la Garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado Derecho de Defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) El Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor del Señor JUAN CARLOS CARDONA MEDINA; 2) La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS; ambos contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil quince (2015), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación y CONFIRMO el sobreseimiento definitivo, dictado en la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra los Señores JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, RICARDO LEONEL DOMINGUEZ y RONY EDGARDO CABRERA, por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS, en perjuicio de la Señora NADIA LISSETTE MURILLO ORELLANA.- Estimando los recurrente que la decisión de la Corte de Apelaciones, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, el Abogado JIMMY FRANCISCO FUNEZ AGUILAR, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los Señores JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, RICARDO LEONEL DOMINGUEZ CABRERA y RONY EDGARDO CABRERA, por el delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS, en perjuicio de la Señora NADIA LISSETTE MURILLO ORELLANA.- (Folios 1–4 del Tomo I de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).- 2) Que en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil quince (2015), el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “Decretar Sobreseimiento Definitivo a favor de los señores JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, RICARDO LEONEL DOMINGUEZ Y RONY EDGARDO CABRERA, a quienes de les imputa haber participado en los hechos que se subsumen en el delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS en perjuicio de NADIA LISSETTE MURILLO ORELLANA.” (Folios 614–625 del Tomo III de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por los Abogados SANDRA LETICIA QUESADA y JIMMY FRANCISCO FUNEZ, en su condición de Fiscales del Ministerio, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de APELACION interpuesto por la Abogada Sandra Quezada; SEGUNDO: CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de RICARDO LEONEL DOMINGUEZ Y RONY EDGARDO CABRERA; TERCERO: REVOCA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, debiendo el A-quo, proceder a decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, por el delito acusado por la Fiscalia y bajo los parámetros establecidos en la presente resolución.” (Folios 6–15 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).- 4) Que el Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, compareció ante este Tribunal en fecha diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor del Señor JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, contra la Resolución de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil quince (2015), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil dieciséis (2016) y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 1–11 y 37 del presente Recurso)- 5) Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal en fecha once (11) de diciembre de dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil quince (2015), que se deja relacionada en el numeral 3, mencionado anteriormente, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016) y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 38–51 y 79 del presente Recurso)- 6) Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal dispuso: (SIC) “… Para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia, acumular los amparos descritos y asimismo continuar con el tramite de ley correspondiente.” (Folio 80 del Presente Recurso).- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que Cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, Tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o Restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, Acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que el acto que se conoce en Amparo es la Resolución de fecha diecinueve de Octubre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones seccional de Santa Rosa de Copan, amparo interpuesto por : 1) El Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor del Señor JUAN CARLOS CARDONA MEDINA; 2) La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS; ambos contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil quince (2015), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación y CONFIRMO el sobreseimiento definitivo, dictado en la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra los Señores JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, RICARDO LEONEL DOMINGUEZ y RONY EDGARDO CABRERA, por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS, en perjuicio de la Señora NADIA LISSETTE MURILLO ORELLANA.- Estimando los recurrentes que la decisión de la Corte de Apelaciones, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (3): Que el impetrante El Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, quien recurre a favor del Señor JUAN CARLOS CARDONA MEDINA en el Recurso de Amparo manifiesta que la resolución impugnada, vulnera estos derechos por las razones fácticas y jurídicas que se exponen de la siguiente forma: ”El Derecho Constitucional que en el presente caso se estima quebrantado es el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, al Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, relacionado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República que establece que: Articulo 90 “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” Articulo 82: “El derecho a la defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. De igual forma considera el impetrante que la existencia del delito se encuentra en tema de discusión o de probanza, como tampoco está debidamente establecida de que el imputado en este caso su representado sea autor o cómplice de el mismo, así mismo considera el recurrente que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa de Copan para hacer responsable a su representado JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, como el único responsable de haber perforado con una lesión en el duodeno , no se sabe en que se baso porque de lo contrario de haber revisado todo el material probatorio, pudo haber detectado que para llegar a una conclusión concreta y fehaciente debió haber valorado la prueba en su totalidad de acuerdo a las reglas de la sana critica, por lo que considera que el ente fiscal acusa a su representado sin bases científicas. por otra parte, La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, quien recurre a favor del ESTADO DE HONDURAS, considera que se estima quebrantado es el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y el derecho a la defensa, relacionados en los artículos 82 y 90 de la constitución de la república en relación con los artículos 198, 202 del Código Procesal Penal que establecen las finalidades de los medios de prueba y las reglas de la valoración de la prueba. El Ministerio Público considera la violación del derecho al Debido Proceso, a la Tutela Judicial Efectiva y del Derecho de Defensa; por las razones fácticas y jurídicas que a continuación procedemos a exponer: El Debido Proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del Poder Judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, a quien le asiste la responsabilidad de garantizar a las partes el acceso a la justicia, mediante la emisión de resoluciones ajustadas a derecho; esto se traduce en la violación al derecho de la tutela judicial efectiva y al mismo tiempo desencadena la violación a otros derechos, igualmente relacionados. Es así que encontramos que además de lo expuesto anteriormente, la resolución emitida también genera afectación al derecho a la defensa de los intereses generales de la sociedad materializada por el ente acusador, a través del ejercicio de la acción penal pública. Asimismo manifiesta el recurrente del Ministerio Publico que la resolución emitida por el A-Quem no ha utilizado la sana critica, pues si hubiera valorado de manera conjunta los elementos de prueba evacuados en la audiencia inicial hubiera declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto revocando en su totalidad la resolución emitida por el A-quo en relación a los encausados Ricardo Leonel Domínguez y Rony Edgardo Cabrera, a quienes se les debió también dictar auto de formal procesamiento por el delito de Homicidio Culposo por mala praxis.- CONSIDERANDO (4): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos que conforman los antecedentes, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones seccional de Santa Rosa de Copan, dictó la resolución que se impugna, respetando los requisitos esenciales de las mismas, pues en su contenido, se observa se han respetado las exigencias señaladas en el artículo 139 y en apego al artículo 198 y 202 del Código Procesal Penal, pues del examen de la resolución impugnada, esta Sala observa que la misma se encuentra debidamente motivada; exteriorizando de manera congruente las razones por las cuales considera procedente declarar parcial mente con lugar el recurso de apelación en la cual se confirma el sobreseimiento definitivo para Ricardo Leonel Domínguez y Rony Edgardo Cabrera y revocar el sobreseimiento definitivo decretado a favor de Juan Carlos Cardona Medina, debiendo el A-quo proceder a decretar el auto de formal procesamiento contra el mismo en la cual se modifica la resolución de fecha ocho de septiembre del año dos mil quince, dictada por el A-quo en Audiencia Inicial en la cual se sobreseía definitivamente a todos los encausados. Asimismo, se aprecia que los recurrentes se limitan a realizar valoraciones en cuanto a que en Audiencia Inicial con la prueba aportada se acreditó la participación o no de los imputados en el hecho acusado de Homicidio Culposo por mala Praxis, sin desarrollar en forma específica, el por qué la resolución cuestionada ha vulnerado los derechos constitucionales invocados. Los garantistas sostienen que el Ad-quem no ha sido capaz de exteriorizar de manera congruente las razones por las cuales revoca el sobreseimiento correspondiente contra el señor Juan Carlos Cardona Medina , sin considerar los hechos traídos a su conocimiento en todo su contexto, así como la prueba evacuada con la cual se acreditó la no participación del delito, así como el ente fiscal se ha centrado en señalar que se han violentado las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba en la que debería de tener como consecuencia según el ente fiscal el dictado de un auto de formal procesamiento para todos los encausados según la prueba aportada por el ente fiscal. –lo subrayado es nuestro-; valoraciones que son cuestiones de mera legalidad que corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales de instancia, en lo que se refiere a valoración de prueba aportada en una audiencia inicial a efecto de decretar o no un Auto de Formal Procesamiento, como lo ha plasmado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, ello porque el proceso penal se rige por varios principios, entre otros a saber: inmediación, concentración, contradicción etc.; es así que nuestra norma constitucional preceptúa en su artículo 92 que solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. Cuestión ésta que compete ser resuelta por los órganos jurisdiccionales de instancia como lo ha referido esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias.- CONSIDERANDO (6):es preciso mencionar, que según los argumentos esgrimidos por la corte de apelaciones seccional de Santa Rosa de Copan que corren agregadas a folio 13 de la primera pieza del Ad-quem en la cual se establece claramente después de una exhaustiva valoración y argumentación jurídica la cual establece no compartir el criterio esgrimido por el a-quo, en el sentido que según el Ad-quem es claro que la perforación causada en el duodeno de la señora NADIA LISSETTE MURILLO ORELLANA, solo pudo haber sido causada por uno de los médicos en este caso por el doctor Juan Carlos Cardona Medina, quien era el cirujano y medico principal.- CONSIDERANDO (7): Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (8): Que la Garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado Derecho de Defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO (9): Que el numeral 1) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen Violaciones de Mera Legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la Demanda de Amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal y como acontece en el caso de autos.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª, y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 137 y 257 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 1, 49 No.3 50, 54 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. RESUELVE: SOBRESEER los Recursos de Amparo de que se han hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (3) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en los Recursos de Amparo Penal, registrados en este Tribunal bajo los números 1170 y 1174-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Amparo interpuestos por: 1) El Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor del Señor JUAN CARLOS CARDONA MEDINA; 2) La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS; ambos contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil quince (2015), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación y CONFIRMO el sobreseimiento definitivo, dictado en la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra los Señores JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, RICARDO LEONEL DOMINGUEZ y RONY EDGARDO CABRERA, por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS, en perjuicio de la Señora NADIA LISSETTE MURILLO ORELLANA.- Estimando los recurrente que la decisión de la Corte de Apelaciones, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República.- ANTECEDENTES.- 1) Que en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil quince (2015), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, el Abogado JIMMY FRANCISCO FUNEZ AGUILAR, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los Señores JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, RICARDO LEONEL DOMINGUEZ CABRERA y RONY EDGARDO CABRERA, por el delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS, en perjuicio de la Señora NADIA LISSETTE MURILLO ORELLANA.- (Folios 1–4 del Tomo I de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).- 2) Que en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil quince (2015), el citado Juzgado Resolvió: (SIC) “Decretar Sobreseimiento Definitivo a favor de los señores JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, RICARDO LEONEL DOMINGUEZ Y RONY EDGARDO CABRERA, a quienes de les imputa haber participado en los hechos que se subsumen en el delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS en perjuicio de NADIA LISSETTE MURILLO ORELLANA.” (Folios 614–625 del Tomo III de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).- 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por los Abogados SANDRA LETICIA QUESADA y JIMMY FRANCISCO FUNEZ, en su condición de Fiscales del Ministerio, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil quince (2015), la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, Resolvió: (SIC) “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de APELACION interpuesto por la Abogada Sandra Quezada; SEGUNDO: CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de RICARDO LEONEL DOMINGUEZ Y RONY EDGARDO CABRERA; TERCERO: REVOCA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO dictado a favor de JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, debiendo el A-quo, proceder a decretar AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO, por el delito acusado por la Fiscalia y bajo los parámetros establecidos en la presente resolución.” (Folios 6–15 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).- 4) Que el Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, compareció ante este Tribunal en fecha diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor del Señor JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, contra la Resolución de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil quince (2015), que se deja relacionada en el numeral anterior, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil dieciséis (2016) y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 1–11 y 37 del presente Recurso)- 5) Que la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal en fecha once (11) de diciembre de dos mil quince (2015), interponiendo acción de amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil quince (2015), que se deja relacionada en el numeral 3, mencionado anteriormente, por considerar que la misma es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República; teniendo la Sala por formalizado el recurso de mérito, en fecha veintitrés (23) de junio de dos mil dieciséis (2016) y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folios 38–51 y 79 del presente Recurso)- 6) Que en fecha seis (6) de junio del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal dispuso: (SIC) “… Para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia, acumular los amparos descritos y asimismo continuar con el tramite de ley correspondiente.” (Folio 80 del Presente Recurso).- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.- CONSIDERANDO (1): Que la Acción de Amparo es una Garantía Constitucional de carácter excepcional y extraordinario que Cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, Tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o Restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 Constitucional relacionado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, Acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (2): Que el acto que se conoce en Amparo es la Resolución de fecha diecinueve de Octubre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones seccional de Santa Rosa de Copan, amparo interpuesto por : 1) El Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, a favor del Señor JUAN CARLOS CARDONA MEDINA; 2) La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS; ambos contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO DE COPAN, en fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil quince (2015), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación y CONFIRMO el sobreseimiento definitivo, dictado en la Resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil quince (2015); en la causa instruida contra los Señores JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, RICARDO LEONEL DOMINGUEZ y RONY EDGARDO CABRERA, por suponerlos responsables del delito de HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRAXIS, en perjuicio de la Señora NADIA LISSETTE MURILLO ORELLANA.- Estimando los recurrentes que la decisión de la Corte de Apelaciones, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 90 y 92 de la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (3): Que el impetrante El Abogado SERGIO ANTONIO REYES MEJIA, quien recurre a favor del Señor JUAN CARLOS CARDONA MEDINA en el Recurso de Amparo manifiesta que la resolución impugnada, vulnera estos derechos por las razones fácticas y jurídicas que se exponen de la siguiente forma: ”El Derecho Constitucional que en el presente caso se estima quebrantado es el Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, al Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, relacionado en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República que establece que: Articulo 90 “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” Articulo 82: “El derecho a la defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. De igual forma considera el impetrante que la existencia del delito se encuentra en tema de discusión o de probanza, como tampoco está debidamente establecida de que el imputado en este caso su representado sea autor o cómplice de el mismo, así mismo considera el recurrente que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Rosa de Copan para hacer responsable a su representado JUAN CARLOS CARDONA MEDINA, como el único responsable de haber perforado con una lesión en el duodeno , no se sabe en que se baso porque de lo contrario de haber revisado todo el material probatorio, pudo haber detectado que para llegar a una conclusión concreta y fehaciente debió haber valorado la prueba en su totalidad de acuerdo a las reglas de la sana critica, por lo que considera que el ente fiscal acusa a su representado sin bases científicas. por otra parte, La Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, quien recurre a favor del ESTADO DE HONDURAS, considera que se estima quebrantado es el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y el derecho a la defensa, relacionados en los artículos 82 y 90 de la constitución de la república en relación con los artículos 198, 202 del Código Procesal Penal que establecen las finalidades de los medios de prueba y las reglas de la valoración de la prueba. El Ministerio Público considera la violación del derecho al Debido Proceso, a la Tutela Judicial Efectiva y del Derecho de Defensa; por las razones fácticas y jurídicas que a continuación procedemos a exponer: El Debido Proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del Poder Judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, a quien le asiste la responsabilidad de garantizar a las partes el acceso a la justicia, mediante la emisión de resoluciones ajustadas a derecho; esto se traduce en la violación al derecho de la tutela judicial efectiva y al mismo tiempo desencadena la violación a otros derechos, igualmente relacionados. Es así que encontramos que además de lo expuesto anteriormente, la resolución emitida también genera afectación al derecho a la defensa de los intereses generales de la sociedad materializada por el ente acusador, a través del ejercicio de la acción penal pública. Asimismo manifiesta el recurrente del Ministerio Publico que la resolución emitida por el A-Quem no ha utilizado la sana critica, pues si hubiera valorado de manera conjunta los elementos de prueba evacuados en la audiencia inicial hubiera declarado con lugar el recurso de apelación interpuesto revocando en su totalidad la resolución emitida por el A-quo en relación a los encausados Ricardo Leonel Domínguez y Rony Edgardo Cabrera, a quienes se les debió también dictar auto de formal procesamiento por el delito de Homicidio Culposo por mala praxis.- CONSIDERANDO (4): Que tal y como lo ha reiterado esta Sala en numerosos precedentes, la valoración de los elementos probatorios en orden a decretar ya sea un Auto de Formal Procesamiento, un Sobreseimiento Provisional o Definitivo; y con ello decidir sobre la probable o no atribución de un delito al o los imputados en una causa criminal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden Penal, de tal manera que el Juez Constitucional solamente ha de intervenir, cuando en tal valoración se han quebrantado las formas esenciales del Proceso Penal y con ello Derechos y Garantías fundamentales consagradas en la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (5): Que del examen de los autos que conforman los antecedentes, esta Sala observa que la Corte de Apelaciones seccional de Santa Rosa de Copan, dictó la resolución que se impugna, respetando los requisitos esenciales de las mismas, pues en su contenido, se observa se han respetado las exigencias señaladas en el artículo 139 y en apego al artículo 198 y 202 del Código Procesal Penal, pues del examen de la resolución impugnada, esta Sala observa que la misma se encuentra debidamente motivada; exteriorizando de manera congruente las razones por las cuales considera procedente declarar parcial mente con lugar el recurso de apelación en la cual se confirma el sobreseimiento definitivo para Ricardo Leonel Domínguez y Rony Edgardo Cabrera y revocar el sobreseimiento definitivo decretado a favor de Juan Carlos Cardona Medina, debiendo el A-quo proceder a decretar el auto de formal procesamiento contra el mismo en la cual se modifica la resolución de fecha ocho de septiembre del año dos mil quince, dictada por el A-quo en Audiencia Inicial en la cual se sobreseía definitivamente a todos los encausados. Asimismo, se aprecia que los recurrentes se limitan a realizar valoraciones en cuanto a que en Audiencia Inicial con la prueba aportada se acreditó la participación o no de los imputados en el hecho acusado de Homicidio Culposo por mala Praxis, sin desarrollar en forma específica, el por qué la resolución cuestionada ha vulnerado los derechos constitucionales invocados. Los garantistas sostienen que el Ad-quem no ha sido capaz de exteriorizar de manera congruente las razones por las cuales revoca el sobreseimiento correspondiente contra el señor Juan Carlos Cardona Medina , sin considerar los hechos traídos a su conocimiento en todo su contexto, así como la prueba evacuada con la cual se acreditó la no participación del delito, así como el ente fiscal se ha centrado en señalar que se han violentado las reglas de la sana critica en la valoración de la prueba en la que debería de tener como consecuencia según el ente fiscal el dictado de un auto de formal procesamiento para todos los encausados según la prueba aportada por el ente fiscal. –lo subrayado es nuestro-; valoraciones que son cuestiones de mera legalidad que corresponde resolver a los órganos jurisdiccionales de instancia, en lo que se refiere a valoración de prueba aportada en una audiencia inicial a efecto de decretar o no un Auto de Formal Procesamiento, como lo ha plasmado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, ello porque el proceso penal se rige por varios principios, entre otros a saber: inmediación, concentración, contradicción etc.; es así que nuestra norma constitucional preceptúa en su artículo 92 que solo podrá decretarse Auto de Formal Procesamiento cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que el imputado es autor o cómplice. Cuestión ésta que compete ser resuelta por los órganos jurisdiccionales de instancia como lo ha referido esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias.- CONSIDERANDO (6):es preciso mencionar, que según los argumentos esgrimidos por la corte de apelaciones seccional de Santa Rosa de Copan que corren agregadas a folio 13 de la primera pieza del Ad-quem en la cual se establece claramente después de una exhaustiva valoración y argumentación jurídica la cual establece no compartir el criterio esgrimido por el a-quo, en el sentido que según el Ad-quem es claro que la perforación causada en el duodeno de la señora NADIA LISSETTE MURILLO ORELLANA, solo pudo haber sido causada por uno de los médicos en este caso por el doctor Juan Carlos Cardona Medina, quien era el cirujano y medico principal.- CONSIDERANDO (7): Que debe observarse, asimismo, del estudio de los antecedentes que los motivos de amparo Constitucional impetrados son redundantes en atacar el mismo acto jurisdiccional, así como sus condiciones de realización y posibles consecuencias y valoraciones jurídicas. Tales alegaciones no hacen sino repetir argumentos ya considerados y valorados en su momento procesal por la Jurisdicción Ordinaria, no pudiendo en puridad discernirse en que se ha vulnerado el Derecho de defensa, el Debido Proceso y las Garantías Judiciales que asisten a las partes en litigio; siendo notoriamente una reiteración de alegaciones de MERA LEGALIDAD, por lo cual la acción de amparo planteada se vuelve también susceptible de SOBRESEERSE, en aplicación de lo prescrito en el artículo 46 numeral 1 de la ley Sobre Justicia Constitucional.- CONSIDERANDO (8): Que la Garantía del Debido Proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado Derecho de Defensa en todo proceso. El Derecho de Defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la pretensión de la parte contraria; la necesaria correlación que debe existir entre las pretensiones de las partes y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo.- CONSIDERANDO (9): Que el numeral 1) y el último párrafo del Artículo 46 de la Ley Sobre Justicia Constitucional establece: “ARTÍCULO 46.- DE LA INADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN. Es inadmisible el recurso de Amparo: 1) Cuando se aleguen Violaciones de Mera Legalidad; 2)…; 3) 4)…; 5)…; 6)…; 7)…; 8)…; 9)….- “El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la Demanda de Amparo que fuese inadmisible. Dentro del trámite Sobreseerá las diligencias tan luego como conste en autos la causal de inadmisibilidad.”- CONSIDERANDO (10): Que el Juez o Tribunal rechazará la Demanda de Amparo que fuera improcedente y Sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, tal y como acontece en el caso de autos.- PARTE DISPOSITIVA O FALLO.- POR TANTO: La Sala de lo constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ª, y 316 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No.5, 137 y 257 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 41, 46 numeral 1, 49 No.3 50, 54 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 y 24 de la Declaración Americana de los Derechos Y Deberes del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. RESUELVE: SOBRESEER los Recursos de Amparo de que se han hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan las diligencias al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- Firmas y Sello. Abogado, EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ, MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres (3) días del mes de abril del año dos mil diecinueve (2019), certificación de la Sentencia de fecha veintitrés (23) de octubre del año dos mil dieciocho (2018), recaída en los Recursos de Amparo Penal, registrados en este Tribunal bajo los números 1170 y 1174-2015.- Firma y Sello

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

Secretario Sala Constitucional