Sentencia AP-1146-16 — Registro 10389
Resumen
Acto recurrido que declara no ha lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el juzgado de letras con competencia territorial nacional en materia penal, en la causa instruida contra el señor Hugo Nahun Pinto Garcia, por suponerlo responsable del delito de Posesion y Trafico de Drogas, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Que estudiados los antecedentes del proceso desde su origen, esta Sala aprecia que el Ad quem consideró el minimun probatorio que el Ministerio Público sometió al contradictorio aplicando las reglas de la Sana Critica. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a dichas reglas, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia, la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Por todo ello esta Sala estima que la resolución del Ad quem ha garantizado el Debido Proceso relacionado con la valoración de la prueba aportada por el ente Acusador, tomando en consideración que en esta audiencia (inicial), basta con que se efectúe la mínima actividad probatoria. Dejando para la Audiencia de juicio oral y público el pronunciamiento mediante sentencia de la culpabilidad o inocencia del acusado..." ..." ... Esta sala aprecia que NO existe vulneración al Debido Proceso invocado por el recurrente, por lo que procede Denegar la Acción de amparo interpuesta..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el abogado KEVIN GEOVANNY MARTINEZ GALVEZ, a favor del señor HUGO NAHUN PINTO GARCIA contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que declara No Ha Lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciséis (2016); en la causa instruida contra el señor HUGO NAHUN PINTO GARCIA, por suponerlo responsable del delito de POSESION Y TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.- Afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículos 80, 82, 89 y 90, de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1)Que en fecha veinticuatro (24) de abril del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional, La Nueva Arcadia, Copán, la Abogada BLANCA NERY MEJIA, Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal, contra los señores AARON STEVEN RODRIGUEZ ARITA Y HUGO NAHUN PINTO GARCIA, por el delito de POSESION y TRAFICO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDUTRAS.- (Folios 1 al 3 de la pieza de los antecedentes).-2) Que en fecha veintinueve (29) de abril del año dos mil dieciséis (2016),el Juzgado de Letras Con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal RESOLVIO: 1.- AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO contra AARON STEVEN RODRIGUEZ ARITA y HUGO NAHUN PINTO GARCIA, por suponerlos responsables del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS.-2.-Se les impone la medida cautelar de PRISION PREVENTIVA, misma que deberán cumplir en el Centro Penal de Santa Rosa de Copán debiendo librar el respectivo oficio al Director de dicho Centro Penal…”(Folios 24 al 32 de la pieza de los antecedentes).-3) Que en fecha nueve (9) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, RESUELVE: 1) “Declarar HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público; 2.- REFORMAR la resolución apelada, en cuanto a modificar de facilitación de los Medios de Transporte para el Trafico Ilícito de Drogas a Trafico Ilícito de Drogas. 3.-Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa del imputado HUGO Nahúm Pinto García.- (Folios 1819 al 1822 de la Pieza de Corte de Apelaciones).-4) El recurrente abogado KEVIN GEOVANNY MARTINEZ GALVEZ, en fecha treinta (30) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante la Secretaria de la Sala Constitucional, reclamando amparo a favor del señor HUGO NAUN PINTO GARCIA, afirmando el recurrente que la decisión del Ad-quem, de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los artículos 80, 82, 89 Y 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha catorce (14) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordeno seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico.-CONSIDERANDO: (1) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada en fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis, por la corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán con competencia Territorial Nacional en Materia Penal que Declara No Ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Abogado KEVIN GEOVANNY MARTINEZ GALVEZ a favor del señor HUGO NAUN PINTO GARCIA, contra la resolución emitida por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, que dictó Auto de formal Procesamiento por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas a Tráfico Ilícito de Drogas. En relación a la causa que se instruye al señor HUGO NAUN PINTO GARCIA por suponerlo responsable del delito de POSESIÓN y TRÁFICO DE DROGAS en perjuicio de la SALUD DEL ESTADO DE HONDURAS.-CONSIDERANDO: (4) Que el recurrente en la formalización del recurso, párrafo Relación de los Hechos…, expone que se decretó auto de formal procesamiento contra su representado por el delito de Facilitación de los medios de transporte para el tráfico ilícito de droga, contra dicho auto el Ministerio Público presentó recurso de apelación, el que fue declarado con lugar, ordenando reformar la resolución recurrida, en cuanto a modificar de FACILITACIÓN DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS a TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. El recurrente manifiesta haber demostrado que su representado no ha participado en el delito que se le imputa, sin embargo la Corte de Apelaciones hoy impugnada resolvió: “Que de autos consta que a los imputados se les decomisó en el vehículo lo siguiente: en la parte trasera del conductor del asiento una bolsa plástica color negro, la cual contiene en su interior ocho cajitas de cartón que contiene papel para cigarrillo y en la paila una llanta armada con su respectivo Rin en el interior de la misma se encontró ocho envoltorios en forma esférica selladas conteniendo en su interior hierba seca supuestamente marihuana, hierva que de conformidad con el dictamen de Laboratorio Químico Toxicológico de Medicina se trata de marihuana en una cantidad de 1813.1 gramos. Además expresa la Corte de Apelaciones que si bien es cierto el apelante expuso en sus agravios que su representado “solo le estaba dando “jalón” al otro imputado, dentro del vehículo se encontró papel para cigarrillos, que debemos relacionar con la marihuana encontrada en la llanta, no pudiendo determinar a cual de los dos imputados pertenecía, o quien los había colocado en el vehículo, por lo que existe indicio racional para determinar la participación de los imputados en el delito”. Por todo ello el recurrente considera que se han vulnerado el artículo 90 Constitucional. Además hace referencia a la doctrina legal que contiene la Ley Especial sobre el uso indebido y tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas define en su artículo 5 numeral 34 el Tráfico Ilícito de Droga que contiene una serie de verbos rectores de dicha actividad, en el Capítulo VI de la misma ley se interpreta y sanciona individualmente los verbos contenidos en el concepto de tráfico ilícito de drogas. Señala que el hecho de estar en posesión dolosa de drogas o sustancias controladas no debe ser considerado Tráfico Ilícito de Drogas si tal posesión no tiene como fin la comercialización de las sustancias (elemento subjetivo), señalando los principios que deben aplicarse al calificar estas conductas, como el principio de especialidad que debe ser aplicable al supuesto de hecho al contener elementos típicos de otro más genera, pero que caracteriza de manera mas precisa el hecho o el autor. El principio de consunción según el cual cuando la realización de un supuesto de hecho más grave incluye el de otro menos grave, es el primero que se aplica y no el último. El principio de subsidiariedad el cual supone la aplicación auxiliar de un tipo penal cuando no intervenga otro que, de manera principal, cobije la conducta, es decir el subsidiario o auxiliar retrocede ante el principal o primario. Principio de alternatividad: que indica que cuando dos tipo penales se presentan como paralelos o excluyentes por contener elementos incompatibles entre sí, se repelen mutuamente, se debe aplicar aquel de los dos que cobije plenamente el hecho. Manifiesta que la Sala de lo Constitucional ha mantenido en reiteradas sentencias: Que para apreciar la comisión del delito de Trafico de Drogas, facilitación de local y todas las diversas hipótesis contenidas en dicha ley, a efecto de determinarse la intención del sujeto activo, es necesario recurrir a indicadores externos, como ser seguimiento de la actividad delictiva por parte de la policía, decomiso de drogas, situación económica del imputado y cualquier otro que auxilia al juzgado a determinar el ánimo tendencial del encartado…” ánimo tendencial que constituye el elemento subjetivo del tipo necesario para cerrar el círculo de tipicidad que da paso ala existencia del delito.-CONSIDERANDO: (5) Que el Ad quem en el párrafo de la “MOTIVACIÓN” realiza una relación de los medios de prueba evacuados por las partes durante la audiencia inicial, dejando establecido en el número dos (2):”De los autos consta: que a los imputados se les decomisó en el vehículo lo siguiente: en la parte trasera del respaldar del asiento del conductor una bolsa plástica de color negro la cual contiene en su interior ocho cajitas de cartón las que contienen papel para cigarrillos y en la paila una llanta armada con su respectivo Rin en el interior de la misma se encontró ocho envoltorios de forma esférica sellados conteniendo en su interior hierba seca supuestamente marihuana, hierba que de conformidad con el dictamen de Laboratorio Químico Toxicológico de Medicina se trata de marihuana en una cantidad de 1813.1 gramos. 3.- Si bien el representante del imputado Hugo Nahún Pinto García expone en sus agravios que únicamente le estaba dando jalón al otro imputado, dentro del vehículo se encontró papel para cigarrillos, que debemos relacionar con la marihuana encontrada en la llanta, no pudiendo determinar a cual de los dos imputados pertenecía, o quien lo había colocado en el vehículo; por lo que si existe indicio racional para determinar la participación de los imputados. Señalando en el numeral cinco (5) “relacionando los medios probatorios con los hechos, llegamos a la conclusión de que se tipifica el delito de Tráfico de Drogas y se tiene el indicio racional de la participación de los imputados, por lo que es procedente declarar ha lugar el recurso de apelación interpuesto y declarar sin lugar el recurso interpuesto por la Defensa del Imputado Hugo Nahún Pinto García. Por lo que declaró con lugar el recuso de apelación Reformando la Resolución apelada en cuanto a modificar la Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico Ilícito de Drogas a Trafico Ilícito de Drogas.-CONSIDERANDO: (6) Que el Proceso Penal esta formado por las etapas de investigación y juzgamientos, iniciando con la etapa preparatoria que se desarrolla mediante los siguientes actos: El conocimiento que tiene la autoridad sobre la existencia de un hecho delictivo, ya sea por denuncia u otro medio, que da lugar a la investigación preliminar, con los resultados de la misma, el ente acusador podrá interponer Requerimiento Fiscal, encontrándose habido el imputado deberá comparecer ante Juez competente respetando las disposiciones del artículo 101 del mismo cuerpo legal, en relación a sus derechos constitucionales, siguiendo el procedimiento evacuada la audiencia de declaración de imputado procede señalar y evacuar la audiencia inicial de acuerdo a lo previamente establecido en el artículo 292 del mismo Código Procesal Penal. La audiencia inicial es la última fase de la etapa preparatoria, que tienen “varios objetivos entre ellos: que el Juez se pronuncie sobre la existencia o no del hecho, si los hechos son penalmente relevantes, y, de existir mérito suficiente, se decrete el auto de prisión…, así mismo y como finalidad prioritaria se defina la situación jurídica del imputado”[1].durante la audiencia inicial, la parte acusadora precisa los términos de la imputación, en relación con el requerimiento fiscal. Discierne si está justificada la continuación del procedimiento, por existir razones fundadas en la imputación formulada por el Ministerio Público o el Acusador Privado o procede la conclusión mediante sobreseimiento provisional o definitivo. Depura la concurrencia de los presupuestos de procedibilidad discerniendo si puede oponerse alguna excepción al ejercicio de la acción penal y, valorando los indicios de culpabilidad del imputado y los de su peligrosidad procesal, dispone cual ha de ser la situación personal de aquél en espera de juicio, en caso de que éste llegue a tener lugar[2]. Sin embargo el auto de formal procesamiento no causa Estado en consecuencia en el transcurso del proceso la situación del acusado puede ser modificada.-CONSIDERANDO: (7) Que el artículo 294 del Código Procesal Penal en su último párrafo establece que en la audiencia inicial se debe efectuar una mínima actividad probatoria con la finalidad de aportar materia indiciaria para resolver sobre la probable realización del hecho que se imputa, sobre su relevancia jurídico penal y la probabilidad de participación del imputado en el, así como la concurrencia de los presupuestos legitimadores para la imposición de una medida cautelar determinada. Por su parte el artículo 92 constitucional dispone: “Solo podrá decretarse Auto de formal Procesamiento, cuando exista evidencia probatoria de la existencia de un delito e indicios racionales de que imputado es autor o cómplice”. -CONSIDERANDO: (8) Que de acuerdo al orden previamente establecido para el proceso penal y la finalidad de sus etapas, las partes procesales deben gozar de igualdad de condiciones, amparados en los principios que sustentan el proceso penal, requisitos, exigencias y formalidades previamente señaladas en la ley, de acuerdo al artículo 294 del Código Procesal Penal, es en la audiencia inicial en que las partes pueden practicar las pruebas que les interesen y de intervenir en la práctica de las propuestas por las demás partes. Así mismo en esta audiencia el Juez de Garantías se pronunciará acerca de la suficiencia o no de los medios de prueba del sustento probatorio presentado por el Ministerio Público.-CONSIDERANDO: (9) Que estudiados los antecedentes del proceso desde su origen, esta Sala aprecia que el Ad quem consideró el minimun probatorio que el Ministerio Público sometió al contradictorio aplicando las reglas de la Sana Critica. El razonamiento judicial es el procedimiento de valoración de la prueba propiamente dicho y con ello se responde al porqué se dicta una resolución y no otra, por qué se consideran determinados elementos de prueba y por qué se les concede credibilidad o no, valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba de acuerdo a dichas reglas, es decir de la lógica, psicología y experiencia común, que están constituidas por las leyes fundamentales de la coherencia, la derivación y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Por todo ello esta Sala estima que la resolución del Ad quem ha garantizado el Debido Proceso relacionado con la valoración de la prueba aportada por el ente Acusador, tomando en consideración que en esta audiencia (inicial), basta con que se efectúe la mínima actividad probatoria. Dejando para la Audiencia de juicio oral y público el pronunciamiento mediante sentencia de la culpabilidad o inocencia del acusado.-CONSIDERANDO: (10) Que el Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas. De acuerdo a este orden de ideas y al estudio del caso en concreto, esta sala aprecia que NO existe vulneración al Debido Proceso invocado por el recurrente, por lo que procede Denegar la Acción de amparo interpuesta. -CONSIDERANDO: (11) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos, en aplicación de los artículos 15, 59,62, 90, 183, 303, 313 No.5, y 316, de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, 132 y 145 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Articulo 8, 294, 297, del Código Procesal Penal; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la ley Sobre Justicia Constitucional, Artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 8, y 10 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Artículo IV de La declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; FALLA: DENEGAR el Recurso de Amparo, interpuesto por el Abogado KEVIN GEOVANNY MARTINEZ GALVEZ, a favor de HUGO NAHUN PINTO GARCIA, contra la sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA.- NOTIFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cuatro (4) días del mes de Abril del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha dieciocho (18) de enero del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1146-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Rigoberto Cuellar Cruz, Jesús Fernández Entralgo. Derecho Procesal Penal de Honduras. Manual Teórico Práctico. Tegucigalpa, Honduras,. Litocom, S.de R.L. de C.V. Sep. 2004. Pág. 371
[2] Idem.