Sentencia AP-1103-15 — Registro 10287
Resumen
Acto recurrido que revoca el sobreseimiento definitivo, dictado por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, con relación a la causa instruida contra el señor camilo alejandro atala faraj, por suponerlo responsable del delito de estafa en la modalidad de otros fraudes en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" este Alto Tribunal no aprecia que la decisión del Ad-Quem de revocar el sobreseimiento definitivo emitido por al antes mencionado A-Quo, contravenga violente, lesione o atente de manera alguna la garantía del debido proceso o los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, siendo tal decisión consecuente con la jurisprudencia de esta Sala y con lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente, ajustado al asunto que se resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce..." ..." Que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, en la decisión que ha sido cuestionada por el impetrante de revocar el sobreseimiento definitivo emitido a favor del querellado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA antes mencionado, este Alto Tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse..."
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero de dos mil dieciocho.VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado RICARDO SORTO RAMOS, a favor del señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, que REVOCA el sobreseimiento definitivo, dictado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, con relación a la causa instruida contra el señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en la modalidad de otros fraudes en perjuicio del señor ELMER EDMUNDO ENAMORADO CASTELLÓN. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, lo dispuesto en los artículos 90 y 96 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 296 y 302 último párrafo del Código Procesal Penal, 406 del mismo cuerpo jurídico.ANTECEDENTES.1) Que en fecha trece de marzo de dos mil quince, compareció ante el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN, el Abogado ELMER EDMUNDO ENAMORADO CASTELLÓN, actuando en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil SUITES TEPEYAC, presentando querella contra el señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ por los delitos ESTAFA EN LA MODALIDAD DE OTROS FRAUDES, MEDIANTE APROPIACIÓN INDEBIDA. (Folios 01-03 de la pieza de los antecedentes) 2) Que seguido el procedimiento de ley correspondiente, el referido TRIBUNAL DE SENTENCIA, en audiencia de incidentes celebrada en fecha veintiuno de mayo de dos mil quince, resolvió... “declarar con lugar la excepción por falta de acción por cuanto el señor CAMILO ATALA no actuó de manera personal en los supuestos hechos que se le atribuyen, los cuales no revisten la apariencia de delito y las obligaciones exigidas por la parte querellante resultan ser de naturaleza civil, por lo tanto este Tribunal se inhibe de conocer por ser incompetente y se declara un sobreseimiento definitivo a favor del señor CAMILO ATALA...”. (Folios del 156-162 de la pieza de los antecedentes).3) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ZELAYA REYES en su condición de apoderado legal de la Sociedad Mercantil SUITES TEPEYAC, contra la resolución relacionada el inciso que antecede, la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán en fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, resolvió: “.....1)DECLARAR HA LUGAR PARCIALMENTE el Recurso Ordinario de Apelación interpuesto por la parte querellante; 2)CONFIRMAR las excepciones de falta de acción e incompetencia dictadas por el A-quo a favor del señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ, por el delito de ESTAFA en la modalidad de otros fraudes en perjuicio de ELMER EDMUNDO ENAMORADO CASTELLÓN; 3)REVOCAR el sobreseimiento definitivo dictado a favor del querellado CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ por el delito de ESTAFA en la modalidad de otros fraudes en perjuicio de ELMER EDMUNDO ENAMORADO CASTELLÓN...” (Folios 15 6-159 y del 400-404 de la pieza de los antecedentes)4) Que el recurrente, Abogado RICARDO SORTO RAMOS compareció ante este Tribunal en fecha veinte de noviembre de dos mil quince, interponiendo acción de amparo a favor del señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince, es violatoria de lo dispuesto en los artículos 90 y 96 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 296 y 302 último párrafo del Código Procesal Penal, 406 del mismo cuerpo jurídico. (Folios 1-8 de la pieza de amparo). 5) Que en fecha de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, se tuvo por evacuada la vista concedida al Fiscal del Ministerio Público, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO, quien en su dictamen fue de la opinión porque se otorgue el recurso de mérito. CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República. CONSIDERANDO (2):Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.CONSIDERANDO (4):Que se reclama como violatoria de derechos y garantías constitucionales en perjuicio del señor CAMILO ATALA FARAJ, la decisión de la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN de REVOCAR el sobreseimiento definitivo dictado a favor del querellado CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ por el delito de ESTAFA en la modalidad de otros fraudes en perjuicio de ELMER EDMUNDO ENAMORADO CASTELLÓN, que fuera dictado por la SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, que resolviendo excepciones planteadas por la defensa dispuso decretar sobreseimiento definitivo a favor del referido querellado. CONSIDERANDO (5):Que en su motivación la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN estableció inter alia, que las excepciones de falta de acción e incompetencia establecidas en el artículo 46 del Código Procesal Penal, conocen de cuestiones procedimentales siguiendo las reglas del derecho adjetivo y que sus efectos serán el desestimar o declararlas con lugar siguiendo con el trámite de ley correspondiente, sin que de ello resultare conocer el fondo del asunto, señalando que no era el momento procesal oportuno para dictar un sobreseimiento definitivo, porque éste pondría fin al reclamo pretendido, dejando en estado de indefensión al querellante al no poder instar nuevamente la acción, poniendo fin a su derecho como parte interesada. La Alzada expuso que en este caso el sobreseimiento no procedía, ya que una vez dictado y firme, limitaría de manera irrevocable y absoluta la decisión del asunto jurídico (Cosa Juzgada), impidiendo todo ulterior procedimiento sobre los mismos hechos, los cuales por la misma inhibitoria del tribunal no puede pronunciarse sobre los mismos y ponerle fin a la causa. CONSIDERANDO (6):Que entre sus alegaciones el recurrente expuso que la resolución pronunciada por el Ad-Quem resultaba violatoria a la garantía del debido proceso, siendo que se cumplen a su juicio, los requisitos legales para decretar sobreseimiento definitivo a favor de su representado, señalando que en el presente caso la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DE FRANCISCO MORAZÁN no realizó una (sic) “interpretación sistemática” del conjunto normativo del Código Procesal Penal, misma que a su juicio debió hacer para determinar la procedencia o pertinencia del sobreseimiento. El recurrente parte del hecho que con la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA de fecha 21 de mayo de 2015, se estableció la atipicidad del hecho imputado en la querella, en consecuencia considera que es pertinente la aplicación del artículo 296 numeral 1 del Código Procesal, que dispone que se dictará sobreseimiento definitivo cuando resulte probado que el hecho contenido en la imputación no está tipificado como delito, por ende, al estar en presencia de una causa de atipicidad, el sobreseimiento debía ser dictado, estimando invalido el argumento de la Corte de Apelaciones en cuanto a la limitación de la cosa juzgada.CONSIDERANDO (7):Que esta Sala ha establecido en pasadas decisiones que las excepciones en el ámbito del proceso penal, son medios de defensa dispuestos por la ley a favor del imputado para impedir (transitoria o definitivamente) la prosecución del proceso, dejando claramente estipulado que son medios de defensa referidos a elementos procesales y no a los elementos constitutivos del delito o de tipo, consecuentemente, no es viable oponer excepción cuando el fundamento que sirve de defensa sea de fondo, porque éste deberá ser conocido, debatido y acreditado en el juicio mismo, con todas las garantías que esto ofrece a las partes.CONSIDERANDO (8):Que asimismo esta Sala ha sostenido de manera reiterada[1] que el artículo 46 del Código Procesal Penal hondureño, cita en numerus clausus las excepciones oponibles en el proceso penal; concretamente en el numeral 2, este artículo contempla dos situaciones dentro de la excepción de falta de acción: 1) cuando ésta no haya debido promoverse; y, 2) cuando no pueda proseguirse. En el primer supuesto; es decir, cuando la acción no haya debido promoverse, quedan incluidos a manera de ejemplo, supuestos como los siguientes: a) En los delitos de acción pública cuando no hay requerimiento del Ministerio Público; b) En los delitos de acción pública perseguibles a instancia particular cuando el agraviado no ha dado su autorización al Fiscal para interponer el requerimiento; c) En los delitos de acción privada cuando no fue presentada la querella por el sujeto autorizado; d) Cuando por disposición de la ley un procedimiento extrapenal es requisito de admisibilidad para poder ejercer la acción penal. En el segundo supuesto; es decir, cuando la acción no puede proseguirse, esta Sala ha señalado que se incluyen aquellos casos en que sobreviene un obstáculo con posterioridad al inicio del proceso que imposibilita la continuación de éste, así por ejemplo cuando en el transcurso del procedimiento sobreviene una enfermedad mental del imputado, que es el supuesto previsto por el artículo 105 del Código Procesal Penal, donde se establece que “…cuando por causa sobreviniente al hecho supuestamente delictivo, el imputado no se encuentra en condiciones de participar conscientemente en el proceso, por alteración de su capacidad de comprensión de los actos que en él hayan de realizarse, o de actuar conforme a ese entendimiento, se suspenderá la tramitación de aquél hasta que recupere su capacidad….” CONSIDERANDO (9): Que también en reiterados precedentes, la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en cuanto a que regularmente se tiende a confundir las excepciones de falta de acción y la falta de tipicidad y/o materia justiciable, esta última afecta de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal y su confusión con la excepción de falta de acción es común. La Sala ha sido enfática en afirmar que la falta de tipicidad o inexistencia del delito no es una excepción oponible, sino que es un extremo de fondo que deberá ser dilucidado en el juicio oral y público; la falta de acción en cambio se refiere a cuestiones procesales y no de fondo. En consecuencia, siendo que el supuesto determinado por el numeral 1º del artículo 296 del Código Procesal, como requisito para dictar sobreseimiento definitivo en la causa penal, conlleva precisamente a la falta de tipicidad o inexistencia del delito, que es una apreciación de fondo, no procede la emisión de tal decisión en base a la apreciación de una excepción de carácter estrictamente procesal, como lo es la excepción de falta de acción. CONSIDERANDO (10): Que esta Sala debe dejar establecido que el presente fallo se debe concretar a determinar la existencia de la violación constitucional alegada por el recurrente en la interposición de su acción de amparo, la cual se reduce a la decisión de la Alzada de revocar el sobreseimiento definitivo dictado por LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA a favor del querellado. En consecuencia, no obstante los razonamientos aquí establecidos que dejan claramente definido el criterio que ha mantenido esta Sala en torno a la naturaleza y decisión de las excepciones procesales antes referidas, la decisión de esta Sala no podría ir más allá del pronunciamiento concreto de la violación alegada, atendiendo al hecho que la resolución contra la que se reclama no fue objeto de impugnación por la parte querellante en esta vía y sobre todo en estricta observancia al principio de prohibición de la reforma peyorativa o non reformatio in pejus, que rige a favor del querellado en el proceso que le ha sido incoado.CONSIDERANDO (11): Que este Tribunal ha sostenido que la garantía genérica del debido proceso, contemplada en el artículo 90 constitucional, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales; lo que trae como consecuencia directa, que para que se considere vulnerado sea necesario que lo haya sido alguno o algunos de esos preceptos. CONSIDERANDO (12):Que en virtud de todo lo anteriormente expuesto, este Alto Tribunal no aprecia que la decisión del Ad-Quem de revocar el sobreseimiento definitivo emitido por al antes mencionado A-Quo, contravenga violente, lesione o atente de manera alguna la garantía del debido proceso o los demás derechos y garantías que reconoce la Constitución de la República, siendo tal decisión consecuente con la jurisprudencia de esta Sala y con lo establecido por el ordenamiento jurídico vigente, ajustado al asunto que se resolvió, en estricto apego a las garantías que la ley reconoce. CONSIDERANDO (13): Que al no advertirse vulneración manifiesta o evidente por la que se hayan disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, en la decisión que ha sido cuestionada por el impetrante de revocar el sobreseimiento definitivo emitido a favor del querellado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA antes mencionado, este Alto Tribunal es del criterio porque se deniegue la acción de amparo interpuesta por el recurrente y así debe declararse. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como interprete último y definitivo de la Constitución de la República e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, y en aplicación de los artículos: 79, 82, 90, párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, 321, 323, de la Constitución de la República; 8, 10 y 20 de la Declaración Universal Sobre Derechos Humanos; 14.1, 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1 y 15 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 46, 47, 48, 296 del Código del Código Procesal Penal; 1, 2, 3, numeral 2), 7, 8, 9 numeral 3), 41 No.2, 45, 48, 63 último párrafo, y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la acción de amparo interpuesta por el Abogado RICARDO SORTO RAMOS, a favor del señor CAMILO ALEJANDRO ATALA FARAJ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno de agosto de dos mil quince; Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un días del mes de marzo de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-1103-2015.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1]Conforme las sentencias recaídas en los Amparos AP 225-08 (12/1/09) y AP 726=07(17/10/08)