Sentencia AP-1079-16 — Registro 10286
Resumen
Acto recurrido que confirmó la sentencia definitiva dictada por el a-quo, con relación a la causa instruida contra el señor Rene Luis Aleman Suazo, por suponerlo responsable del delito de Robo Agravado, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Que esta Sala observa que el debido proceso no se ha vulnerado con la resolución recurrida, que contiene la motivación suficiente y fundamentos legales, así como que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por ende el principio de legalidad inherente al Debido Proceso tampoco resulta lesionado los que se han garantizado a lo largo del proceso, no se aprecia lesión alguno al derecho invocado por la recurrente, porque como ha quedado dicho el Ad quem ha dictado una resolución conforme el procedimiento establecido en la ley al señalar “la falta de recurso en tal sentido” ( en relación a la pena) por lo que fundamenta su resolución en la denominada personalidad de la apelación, según la cual, las partes apelante y apelada fijan con los agravios, la demarcación o competencia del tribunal de Alzada, bajo cuyos parámetros este tribunal ha de emitir sin excederlos, su pronunciamiento decisorio, acción que ha realizado la Corte de Apelaciones recurrida al enmarcar su resolución en lo que manda el artículo 350 del Código Procesal Penal..." ..." …" Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala, en cumplimiento a la función encomendada de velar por el respeto, garantía del ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, deviene obligado hacer sus pronunciamientos desde el prisma constitucional de tales derechos, en ese orden de ideas la Sala no hace pronunciamientos acerca del fondo de las controversias planteadas por la partes, no realiza valoraciones de las probanzas en juicio, son cuestiones de mera legalidad que debe resolver el órgano jurisdiccional correspondiente. Siendo así, esta Sala después del estudio minucioso del procedimiento seguido por el A quo para dictar su resolución, debe establecer si se vulnero o no el derecho invocado por la impetrante. Apreciando que se dio estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 440-B, 440-C, 440-d; 440-E, 440-F, 440-G, 440-II del Código Procesal Penal que contiene el Procedimiento Expedito, por lo que se celebró audiencia para la aplicación de esta figura jurídica, lo cual no es un juicio oral y público, el A quo realizó en dicha audiencia las actuaciones judiciales señaladas en la ley. Por otra parte esta Sala aprecia que la Corte de Apelaciones no ha dejado de cumplir con sus funciones apegado a lo que dispone la ley, puesto que goza del principio de independencia judicial en ese sentido las partes pueden peticionar lo que consideren oportuno a sus intereses, pero los Magistrados no están obligado a resolver conforme dicha petición, sino dentro del marco de la ley, en el caso de autos así resulta, ya que el Tribunal de Alzada ha resuelto conforme a derecho, por lo que no se aprecia ningún quebrantamiento de derechos fundamentales del recurrente..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, primero de febrero de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público y a favor de los Señores A. N. R. D., B. V. B. S. Y S. J. F. G., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCION JUDICIAL DE COMAYAGUA, COMAYAGUA, en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), que confirmó la sentencia definitiva dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA PAZ, LA PAZ, con relación a la causa instruida contra el señor RENE LUIS ALEMAN SUAZO, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de los señores(as) A. N. R. D., B. V. B. S. Y S. J. F. G..- Estima la recurrente que con el acto reclamado en amparo se han violentado a su representado lo dispuesto en los artículos 90 de la Constitución de la República.-ANTE CEDENTES: 1) Que en fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ el Abogado JORGE ARMANDO CRUZ MARTINEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y a favor de los señores A. N. R. D., B. V. B. S. Y S. J. F. G., contra el señor RENE LUIS ALEMAN SUAZO, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en su modalidad de ROBO AGRAVADO CONTINUADO Y POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO, en perjuicio de A. N. R. D., B. V. B. S. Y S. J. F. G..- (Folio 1 al 33 de la pieza de antecedentes).- 2) Que habiendo seguido el trámite correspondiente el Juzgado de Letras de la Ciudad de La Paz, La Paz, dictó sentencia en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil dieciséis (2016) FALLA: PRIMERO: Declarar al imputado RENE LUIS ALEMAN SUAZO, identificado con anterioridad como responsable penalmente del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de los menores A. N. R. D., B. V. B. S. Y S. J. F. G.. SEGUNDO: Condenar al acusado RENE LUIS ALEMAN SUAZO a cumplir una pena de SEIS (6) AÑOS OCHO MESES de reclusión que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de La Paz, Departamento de La Paz. TERCERO: Como consecuencia de la condena también a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la condena principal, así como a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. CUARTO:…. QUINTO:…. SEXTO:…. SEPTIMO: Se absuelve al acusado RENE LUIS ALEMAN SUAZO por el delito de portación ilegal de armas de fuego en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras por haberlo solicitado así el Ministerio Publico. OCTAVO:….”(Folios 66 al 74 de la pieza de antecedentes).-3) Que en fecha dieciséis (16) de junio del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, Comayagua, RESUELVE: “PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por los Abogados HECTOR ELISEO TORRES RIVERA Y HECTOR TORRES en su condición de Defensores privados del imputado RENE LUIS ALEMAN SUAZO contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Paz. SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACION interpuesta por la Fiscal del Ministerio Público MARIA MALDONADO MALDONADO contra la resolución de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis. TERCERO: En consecuencia CONFIRMAMOS LA RESOLUCION recurrida…” (Folios 7 al 13 de la pieza Apelaciones).-4) Que la recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha quince (15) de noviembre del año del año dos mil dieciséis (2016), reclamando amparo a favor de A. N. R. D., B. V. B. S. Y S. J. F. G. contra la resolución del Ad-quem, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil dieciséis (2016), es violatoria a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.-CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. -CONSIDERANDO: (2) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO: (3) Que el acto contra el cual se reclama es la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, en fecha dieciséis de septiembre del año dos mil dieciséis, mediante la cual CONFIRMÓ la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE LA PAZ, LA PAZ, y declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra dicha resolución. Con relación a la causa que se le instruye al señor: RENE LUIS ALEMAN SUAZO, por suponerlo responsable del delito de ROBO AGRAVADO en perjuicio de A. N. R. D., B. V. B. S. Y S. J. F. G.. - CONSIDERANDO: (4) Que en la formalización del recurso la impetrante en la relación de los hechos que motivan la solicitud manifiesta haber presentado solicitud de procedimiento expedito en el proceso antes señalado. Sigue manifestando que el juzgador dictó sentencia en fecha veinticuatro (24) de junio del año dos mil dieciséis (2016), condenando al imputado a la pena concreta de seis (6) años con ocho (8) meses de reclusión más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil. No conforme con la resolución la impugnó el Ente Acusador, la que fue declarada sin lugar y confirmó la resolución apelada.-CONSIDERANDO: (5) Que la recurrente considera que se ha quebrantado el Debido Proceso, consagrado en el artículo 90 párrafo primero, la recurrente manifiesta que presenta la acción de amparo, contra la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección judicial de Comayagua, Departamento de Comayagua, por no haber sido emitida de acuerdo a las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, señala la impetrante que el A quo en la fundamentación jurídica apartado segundo de la sentencia recurrida estableció lo siguiente: “… sin embargo, si existe aplicación errónea de parte de la Juez A-quo, todo que no graduó la pena a 2/3 como le ordena el citado artículo 37, y así continuar con la pena especifica que ha relacionado al artículo 218, 219 y 225 del Código Penal es decir que la pena era más grave, no obstante ante la falta de recurso en tal sentido y la disposición del artículo 350 del Código Procesal Penal, esta Corte deviene aplicar el relacionado artículo, merced de ello que no fue objeto de recurso la pena al delito calificado por la Juez A-quo.” -Manifiesta la recurrente que del contenido de la resolución recurrida, -CONSIDERANDO: (6) Que el A-quo al dictar su fallo, hace un estudio del caso concreto, exponiendo en la fundamentación Jurídica: “Segundo: Está contemplado en el artículo 217 del Código Penal vigente, que se comete el delito de ROBO, cuando alguien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. En el presente caso, al acusado se le encontraron al momento de su detención un arma tipo revolver y los celulares que las víctimas reconocieron como suyos. Tercero: El culpable de robo será castigado con cinco a nueve años de reclusión. Artículo 218 del Código Penal. Cuarto: Por su parte el artículo 219 párrafo ultimo del Código Penal establece: El aumento a que se refiere el párrafo primero también se hará cuando concurran cualquiera de las circunstancias que se mencionan en el artículo 225 del Código Penal: Las penas aplicables según el artículo anterior se aumentaran en un tercio si el hecho se cometiere:… 3) de noche. 4) Con la cooperación de dos o más personas. El presente caso los hechos sucedieron en horas de la noche y participaron tres individuos. …..Séptimo: Según el artículo 440-A contenido en el capítulo VII del procedimiento expedito para los delitos de flagrancia, el Ministerio Público podrá solicitar la aplicación de este procedimiento cuando la persona fuese sorprendida y detenido en la ejecución o tentativa de un acto delictivo de orden público, o cuando sea perseguido y detenido a continuación de estos actos; asimismo cuando sea sorprendida o fuese detenida en posesión de objetos que constituyan indicios incriminatorios evidentes de la comisión es un delito y concluye este artículo de ley que a esta persona se le juzgara por medio de juicio por delito flagrante. En ese caso, al momento de registrar al imputado, la policía le encontró en posesión de objetos incriminatorios como ser un teléfono celular propiedad de una de las ofendidas y el arma de fuego utilizada para intimidar y despojar a las víctimas. Posteriormente lo trasladaron a la estación policial donde fueron reconocidos por las denunciantes.” Dictando sentencia en la que condena al acusado a la pena de seis años ocho meses de reclusión, y las penas accesorias de inhabilitación Especial de interdicción civil.-CONSIDERANDO: (7) Que el Ad quem al dictar su fallo, hace un estudio pormenorizado de la sentencia dictada por el A quo, dejando plenamente establecidos los motivos por los que se declara Sin Lugar el recurso de apelación, en el numeral segundo de su motivación expone: “SEGUNDO: El acápite anterior es elocuente la improcedencia del recurso, sin embargo, se puede apreciar que la Fiscal del Ministerio Publico a la vez recurre el fallo todo que señala que hubo mala interpretación de la norma en el momento de condenar al sindicado vista que el artículo 35 del Código Penal, todo que debe condenar a pena individual por cada víctima lo que es concluyente que deben ser tres condenas, ahora bien la semántica o interpretación del señalado artículo es determinable en el caso hipotético que en un mismo momento se cometió Robo y Homicidio en el sentido figurado, no obstante el legislador lo excluye en el sentido explícito del artículo 37 del Código Penal en forma expresa “delitos contra la propiedad” dos (2) o más bien sea en un solo momento o en diversos, tal como figura el hecho en particular, sin embargo si existe aplicación errónea de parte de la Juez A-Quo todo que no graduó la pena a 2/3 como le ordena el citado artículo 37 y así continuar con la pena especifica que relacionada al artículo 218 Y 219 y 225 del Código Penal, es decir que la pena era más grave, no obstante ante la falta de recurso en tal sentido y la disposición del artículo 350 del Código Procesal Penal esta Corte deviene aplicar el relacionado artículo, merced de ello que no fue objeto de recurso la pena al delito calificado por la Juez A-Quo.”-Señala además que “Si bien es cierto nuestro Código Procesal Penal está inspirado en el principio acusatorio, también es cierto que debe respetarse el impulso procesal de las partes, ello no impide al Juez o Tribunal que conoce del caso, que haga uso de su control de garantías para evitar arbitrariedades, debiendo encausar las actuaciones dentro del marco preestablecido.”, considerando que por las razones de hecho y derecho expuestas conlleva al Tribunal de Alzada a confirmar la sentencia del A quo y declarar Sin Lugar el recurso de Apelación.- CONSIDERANDO: (8) Que la recurrente manifiesta que se le ha vulnerado el derecho al Debido Proceso entendido como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial[1]. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona[2]. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.-CONSIDERANDO: (9) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala, en cumplimiento a la función encomendada de velar por el respeto, garantía del ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente, deviene obligado hacer sus pronunciamientos desde el prisma constitucional de tales derechos, en ese orden de ideas la Sala no hace pronunciamientos acerca del fondo de las controversias planteadas por la partes, no realiza valoraciones de las probanzas en juicio, son cuestiones de mera legalidad que debe resolver el órgano jurisdiccional correspondiente. Siendo así, esta Sala después del estudio minucioso del procedimiento seguido por el A quo para dictar su resolución, debe establecer si se vulnero o no el derecho invocado por la impetrante. Apreciando que se dio estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 440-B, 440-C, 440-d; 440-E, 440-F, 440-G, 440-II del Código Procesal Penal que contiene el Procedimiento Expedito, por lo que se celebró audiencia para la aplicación de esta figura jurídica, lo cual no es un juicio oral y público, el A quo realizó en dicha audiencia las actuaciones judiciales señaladas en la ley. Por otra parte esta Sala aprecia que la Corte de Apelaciones no ha dejado de cumplir con sus funciones apegado a lo que dispone la ley, puesto que goza del principio de independencia judicial en ese sentido las partes pueden peticionar lo que consideren oportuno a sus intereses, pero los Magistrados no están obligado a resolver conforme dicha petición, sino dentro del marco de la ley, en el caso de autos así resulta, ya que el Tribunal de Alzada ha resuelto conforme a derecho, por lo que no se aprecia ningún quebrantamiento de derechos fundamentales del recurrente.-CONSIDERANDO: (10) Que esta Sala observa que el debido proceso no se ha vulnerado con la resolución recurrida, que contiene la motivación suficiente y fundamentos legales, así como que ha observado los requisitos, exigencias y solemnidades del debido proceso, por ende el principio de legalidad inherente al Debido Proceso tampoco resulta lesionado los que se han garantizado a lo largo del proceso, no se aprecia lesión alguno al derecho invocado por la recurrente, porque como ha quedado dicho el Ad quem ha dictado una resolución conforme el procedimiento establecido en la ley al señalar “la falta de recurso en tal sentido” ( en relación a la pena) por lo que fundamenta su resolución en la denominada personalidad de la apelación, según la cual, las partes apelante y apelada fijan con los agravios, la demarcación o competencia del tribunal de Alzada, bajo cuyos parámetros este tribunal ha de emitir sin excederlos, su pronunciamiento decisorio, acción que ha realizado la Corte de Apelaciones recurrida al enmarcar su resolución en lo que manda el artículo 350 del Código Procesal Penal.-CONSIDERANDO: (11) Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. -POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y en aplicación de los Artículos 37 No.1, 40, 45, 58, 64, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1, de la Constitución de la República; 8 No. 1, 24 y 25 de La Convención Americana de Derechos Humanos; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de La Sección Judicial de Comayagua. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado ORTEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.-EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los cinco (5) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha uno (1) de febrero del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1079-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] Garantías Judiciales en el Estado de Emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87, 6 de agosto de 1987.
[2] Gonzáles Pérez Jesús, El Derecho a la Tutela Jurisdiccional, tercera edición, Civitas, Madrid 2001, Pag 53.