Sentencia AP-1039-16 — Registro 10285
Resumen
Acto recurrido que declaró no ha lugar, el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del a-quo, con relación a la Querella Criminal por los delitos de estafa y otros fraudes por apropiación indebida, en perjuicio del impetrante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…" Esta Sala de lo Constitucional, concluye que se han observado y respetado los derechos que invoca el recurrente como vulnerado, el impetrante dejó de asistir a una audiencia señalada, estando notificado de la misma, sin justificar en tiempo, el por qué de su incomparecencia a la relacionada audiencia; asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en consecuencia el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo..." ..." Que para finalizar se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresión que no se observa, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de peticionar en el momento procesal oportuno, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia y Resolución que literalmente dicen: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO, a favor de los señores VÍCTOR ELÍAS FRANCISCO BENDECK y ORLANDO RECARTE BUTRAGO, contra la resolución de fecha uno de junio del año dos mil dieciséis, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que declaró NO HA LUGAR, el recurso de apelación interpuesto contra actuaciones de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, con relación a la Querella Criminal presentada contra el señor VÍCTOR ELÍAS FRANCISCO BENDECK RAMIREZ y contra la Sociedad Mercantil OPERACIONES INMOBILIARIAS S.A. de C.V., a través de su Representante Legal el señor ORLANDO RECARTE BUTRAGO, por suponerlos responsables de los delitos de ESTAFA Y OTROS FRAUDES POR APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio de la Sociedad Mercantil denominada GABRIEL KAFATI S.A., representada por el Presidente del Consejo de Administración señor JESUS NIMER KAFATI KAFATI.- Estima el recurrente que el acto que se recurre en amparo, vulnera la Garantía del Debido Proceso y el Derecho a la Defensa, dentro del contenido de ésta, el Derecho al Estado de Inocencia y a una Resolución motivada y fundada en derecho, contenidos en los artículos 82, 89, 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República; así como el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-ANTECEDENTES:1) Que en fecha cuatro (04) de mayo del año dos mil quince (2015), compareció ante el Tribunal de Sentencia de Francisco Morazán, el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada GABRIEL KAFATI S.A., presentando Querella por el delito de ESTAFA Y OTROS FRAUDES POR APROPIACIÓN INDEBIDA, en contra del señor VÍCTOR ELÍAS FRANCISCO BENDECK RAMIREZ y contra la Sociedad Mercantil OPERACIONES INMOBILIARIAS S.A. de C.V., a través de su Representante Legal el señor ORLANDO RECARTE BUTRAGO.-2) Que en fecha quince (15) de abril del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, solicitando Nulidad de actos procedimentales; en consecuencia el citado Tribunal de Sentencia dictó resolución en fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil dieciséis (2016), mediante el cual resolvió: (Sic) “PRIMERO: Tener por recibido el escrito que antecede, el que se manda agregar a sus antecedentes, en cuanto a lo solicitado sin lugar por los argumentos antes expuestos. SEGUNDO: Convocar de manera inmediata a las partes para la audiencia de proposición de prueba ya señalada….” (Folios del 189 al 192fv de la pieza de antecedentes de primera instancia).-3) Que en fecha uno (01) del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Juan Sánchez Cantillano, en su condición de Abogado Defensor de los señores Víctor Elías Francisco Bendek Ramirez y Orlando Recarte Butrago, contra la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, dictó Resolución por Unanimidad de Votos, a través de la cual resuelve: (Sic) “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada, Abogado Juan Carlos Sánchez.- 2.- CONFIRMAR la resolución Apelada….” (Folios del 220 al 223 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-4) Que en fecha dos (02) de noviembre del año dos mil dieciséis (2016) compareció ante este Alto Tribunal el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, interponiendo Recurso de Amparo a favor de los señores VÍCTOR ELIAS FRANCISCO BENDECK y ORLANDO RECARTE BUTRAGO, afirmando que la decisión del Ad- quem de fecha uno (01) de junio del año dos mil dieciséis (2016) es violatoria de lo dispuesto en los artículos 82, 89, 90 y 92 de la Constitución de la República y el Artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; teniendo esta Sala de lo Constitucional por formalizado el recurso de mérito, mediante providencia de fecha uno de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).-5) Que en providencia de fecha veintidós (22) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala de lo Constitucional tuvo por evacuada la vista concedida al Ministerio Público a través de su Fiscal Abogada SUSSY G. COELLO GARCIA, quien emitió el dictamen correspondiente, en el cual fue de la opinión que “NO SE OTORGUE” la presente Acción de Amparo por no existir las vulneraciones constitucionales alegadas por el amparista. (Folios del 52 al 59 de la pieza de Amparo).-CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo, por ello y conforme a lo establecido en el artículo 183 de la Constitución de la República, en relación al artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta, puede interponer recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos y garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO (2): Que del examen de las diligencias, que forman los antecedentes, se observa, que el caso traído a esta Sala y por el cual se está solicitando garantía constitucional de Amparo, tiene su origen en fecha cuatro de mayo del año dos mil quince, fecha en la que compareció ante el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán el Abogado JULIO CESAR RAMIREZ MEJIA, en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada GABRIEL KAFATI S.A., presentando Querella Criminal contra el señor VÍCTOR ELÍAS FRANCISCO BENDECK RAMIREZ y contra la Sociedad Mercantil OPERACIONES INMOBILIARIAS S.A. de C.V., a través de su Representante Legal el señor ORLANDO RECARTE BUTRAGO, por suponerlos responsables de los delitos de ESTAFA Y OTROS FRAUDES POR APROPIACIÓN INDEBIDA, en perjuicio de la Sociedad Mercantil denominada GABRIEL KAFATI S.A., representada por el Presidente del Consejo de Administración señor JESUS NIMER KAFATI KAFATI.-CONSIDERANDO (3): Que en fecha dos de noviembre del año dos mil dieciséis, compareció ante este Alto Tribunal, el Abogado JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO, interponiendo Acción de Amparo a favor de los señores VÍCTOR ELÍAS FRANCISCO BENDECK y ORLANDO RECARTE BUTRAGO, contra la resolución de fecha uno (1) de junio del año dos mil dieciséis (2016), emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el Recurso de Apelación interpuesto contra la resolución de fecha dieciocho (18) de abril del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en la Querella Criminal presentada en contra de el señor VÍCTOR ELÍAS FRANCISCO BENDECK RAMIREZ y contra la Sociedad Mercantil OPERACIONES INMOBILIARIAS S.A. de C.V., a través de su Representante Legal el señor ORLANDO RECARTE BUTRAGO; resolución que resuelve declarar sin lugar la solicitud de nulidad de actos procedimentales, presentado por la defensa de los querellados; considera el recurrente en amparo que la resolución antes referida vulnera los derechos contenidos en los artículos 82, 89, 90 párrafo primero y 92 de la Constitución de la República; así como el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.- CONSIDERANDO (4): Que en soporte a la acción constitucional impetrada, el recurrente indica que la resolución que se impugna contraviene el principio fundamental como lo es la contradicción y con ello el principio de legalidad, contenido en el Artículo 90 de la Constitución de la República, al no observar que se están obviando disposiciones concernientes a la intervención y participación de los imputados en el procedimiento y las relativas a su representación y defensa, así como a la grave infracción de los principios de igualdad entre las partes, de audiencia, contradicción, asistencia y defensa, produciéndose de esta manera una terrible indefensión a sus representados y consecuentemente una grave violación a los derechos y garantías enunciadas.- CONSIDERANDO (5): Que en refuerzo de su tesis a la vulneración del debido proceso, el garantista aduce que el acto recurrido constituye una grave violación al debido proceso, pues se resuelve la realización de un acto, celebración de audiencia de proposición de pruebas sin antes haberse llevado a cabo las subsanaciones que la norma ya manda realizar en el proceso previo a un juicio, causando un grave e irreparable perjuicio al derecho mas consustancial del debido proceso, el derecho a la defensa, pues nunca se permitió a esa defensa, acreditar las razones por las que no fue posible asistir a la audiencia de Excepciones y nulidades, aun y cuando tenia la justificación que la ley admite. Indica también el recurrente que se vulnera el Principio de Contradicción, regulado en el Artículo 4 del Código Procesal Penal[1], en donde tanto el imputado como su defensor tendrán derecho a presentar los elementos probatorios de que dispongan en cualquier etapa del proceso.-CONSIDERANDO (6): Que del examen de los autos, esta Sala observa que la cuestión que se recurre en Amparo es la resolución de fecha uno (1) de junio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, que resuelve: (Sic) “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada, Abogado Juan Carlos Sánchez.- 2.- CONFIRMAR la resolución Apelada….” (Folios del 220 al 223 de la pieza de antecedentes de primera instancia).-CONSIDERANDO (7): Que los derechos constitucionales, que el impetrante considera vulnerados con la resolución que se deja relacionada en el acápite que antecede, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, lo relaciona particularmente con el debido proceso, que se encuentra contenido en el primer párrafo del Artículo 90 de la Constitución de la República.-CONSIDERANDO (8): Que como ya lo ha reiterado esta Sala de lo Constitucional en diferentes sentencias, el Debido Proceso supone una serie de derechos que deben ser respetados en todo proceso, ello para garantizar la tutela judicial efectiva de cada uno de los interesados que concurren a los órganos jurisdiccionales en amparo de sus pretensiones, es así que el artículo 90 constitucional párrafo primero define: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”; estima el recurrente que la resolución que se impugna ha vulnerado el debido proceso, derecho de defensa y el principio de contradicción entre otros; esta Sala de lo Constitucional advierte que el garantista muestra su inconformidad con la resolución impugnada, al confirmar el Tribunal de Alzada la resolución emitida por el A-quo, que declara sin lugar la solicitud de nulidad de actos procedimentales, promovido por la defensa de los querellados.-CONSIDERANDO (9): Que de la revisión de los autos que forman la pieza de primera instancia, esta Sala de lo Constitucional observa que la defensa, en fecha quince de abril del año dos mil dieciséis, solicita nulidad de actos procedimentales, ello porque el Tribunal de Sentencia mediante auto de fecha treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis y a petición de la parte Querellante señala fecha para Audiencia de Proposición de Pruebas, sin antes haberse evacuado audiencia a efecto de promover incidentes y excepciones; el recurrente argumenta que no compareció a la audiencia de revisión de diligencias a efecto de plantear excepciones a favor de sus representados, en vista que tenia señalada otra audiencia en la misma fecha en los Tribunales en la ciudad de Choluteca; es importante mencionar que la audiencia de revisión de diligencias a efecto de promover excepciones, fue programada para el jueves cuatro de febrero del año dos mil dieciseises, a petición de la defensa de los querellados y es hasta en fecha quince de abril del mismo año, o sea transcurridos mas de dos meses, que la defensa promueve nulidad de actuaciones, sin haber acreditado hasta ese momento el porque no compareció a la audiencia de revisión de diligencias señalada. (Folios 175, 176 y del 190 al 191 de la pieza de antecedentes de primera instancia).- CONSIDERANDO (10): Que en ese orden de ideas el Artículo 4 del CPP señala uno de los principios que rigen el nuevo proceso penal y es que la finalidad del proceso será la realización pronta y efectiva de la justicia penal; ello con el propósito de dejar a un lado los vicios del anterior proceso penal escrito, al sustituirlo por un nuevo proceso acusatorio, evitando las dilaciones indebidas, que producen precisamente el retardo en la aplicación de la justicia penal; por ello y otro de los principios que rigen el nuevo proceso penal es el establecido en el Artículo 12 del CPP, relativo a la lealtad para con la justicia, obligación que es impuesta no sólo a los órganos jurisdiccionales, sino también a las partes procesales, al tener los órganos jurisdiccionales que rechazar fundadamente las pretensiones, incidentes y excepciones que se formulen contradiciendo las reglas de la buena fe o con manifiesto abuso de derecho o en fraude de ley sustantiva o procesal.-CONSIDERANDO (11): Que el recurrente expone en su acción constitucional, que la Receptora del Tribunal tenia conocimiento de la otra audiencia señalada en los Tribunales en la ciudad de Choluteca; al respecto el Artículo 158 del CPP preceptúa que en las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos, no se consignará respuesta alguna de las personas a quienes se les haga, pero éstos tendrán el derecho de recurrir en el término establecido para impugnar la resolución en el momento de la notificación; de la pieza de primera instancia se colige que al recurrente en Amparo se le notificó de la audiencia de revisión de diligencias señalada para el jueves cuatro (4) de febrero del año 2016, en fecha uno (1) de febrero del mismo año[2], por lo que disponía del tiempo suficiente de hacer valer el derecho reconocido en la norma procesal antes citada; es por todo ello que no son de recibo en este Alto Tribunal los argumentos del recurrente en relación a la vulneración de derechos constitucionales invocados.-CONSIDERANDO (12): Que como corolario de lo anteriormente expuesto, analizada que ha sido la resolución proferida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de junio del año dos mil dieciséis, esta Sala de lo Constitucional, concluye que se han observado y respetado los derechos que invoca el recurrente como vulnerado, el impetrante dejó de asistir a una audiencia señalada, estando notificado de la misma, sin justificar en tiempo, el por qué de su incomparecencia a la relacionada audiencia; asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en consecuencia el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a confirmar en consecuencia la resolución emitida por el A-quo.-CONSIDERANDO (13): Que para finalizar se debe señalar que el recurrente en amparo expone la vulneración del derecho al debido proceso, trasgresión que no se observa, ya que tanto en el Juzgado de Instrucción y en el Tribunal de Alzada, fue escuchado al recurrente en sus pretensiones, se le dio la oportunidad de peticionar en el momento procesal oportuno, recibió las respuestas jurisdiccionales en el tiempo establecido, todo ello haciendo prevalecer el debido proceso y consecuentemente en respeto al imperio de la ley, haciendo efectiva la tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, que arguye vulnerados, concluyendo esta Sala que el obtener respuestas jurisdiccionales contrarias a las pretensiones de las partes, no es indicativo de vulneración de derechos fundamentales.-CONSIDERANDO (14): Que, al haberse determinado la no vulneración de los derechos fundamentales señalados, se estima procedente denegar el recurso de amparo que ahora se conoce. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los artículos 80, 89, 90 párrafo primero, 92, 182, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1), 321 de la Constitución de la República; 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 y 25 de Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 No. 2), 5, 9 No. 3) literal b), 56, 63, 67, 71 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 2, 4, 8, 13, 200 y 202 del Código Procesal Penal; FALLA: Denegando el amparo interpuesto por el Abogado JUAN SÁNCHEZ CANTILLANO, a favor de los señores VÍCTOR ELÍAS FRANCISCO BENDECK y ORLANDO RECARTE BUTRAGO, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha uno (1) de junio del año dos mil dieciséis (2016). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redacto la Magistrada Reina Auxiliadora Hercules Rosa.- NOTÍFIQUESE.- Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil dieciocho.-VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO; en su condición de Abogado Defensor de los señores VÍCTOR ELÍAS FRANCISCO BENDECK y ORLANDO RECARTE BUTRAGO, contra la sentencia dictada por esta Sala de lo Constitucional en fecha, siete (7) de marzo del presente año dos mil dieciocho (2018), y por la cual se falla Denegando la acción constitucional de Amparo interpuesta por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO a favor de los señores VÍCTOR ELÍAS FRANCISCO BENDECK y ORLANDO RECARTE BUTRAGO, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno(1) de junio del año dos mil dieciséis (2016).-CONSIDERANDO (1): Que conforme lo establece el párrafo final del artículo 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional, sólo cabra el recurso de reposición, mismo que podrá ser interpuesto en el acto de la notificación o al día siguiente al de su notificación por la tabla de avisos del despacho.-CONSIDERANDO (2): Que vista la petición del recurrente, se aprecia del mismo, que éste fundamenta su recurso arguyendo que: 1.- Por mucho que se observe el comportamiento y la actividad que ejercen los profesionales independientes en el ejercicio de las Ciencias Jurídicas, en ningún momento ha actuado en el marco de la ilegalidad o deslealtad procesal cuando no comparece a una audiencia determinada, que en considerables ocasiones como bien es sabido se entrelazan audiencias con disímiles tribunales en otras partes del país o en la misma jurisdicción en donde radican sus domicilios y oficinas. Hace referencia a lo establecido en el Artículo 306[3] del Código Procesal Penal y sostiene que cuando un profesional del derecho no comparece a una determinada audiencia, existe la obligación ineludible del Tribunal de pedir al sujeto procesal las explicaciones correspondientes por no haber atendido la citatoria judicial; hace relación a lo dispuesto en el artículo 411[4] del mismo cuerpo legal y aduce que, del mismo modo ocurre con el abogado querellante, fiscal, acusador privado etc. siendo obvio que el tribunal debe requerir al abogado para que explique su conducta procesal; 2.- Se pregunta el recurrente en qué resolución judicial se consigna fehacientemente que el Tribunal de Sentencia le fijo audiencia señalando día y hora terminante para que diera las explicaciones de su ausencia o incomparecencia a la audiencia de excepciones de fecha 4 de febrero del año 2016; en relación a que se le negó la oportunidad de explicar el porque de la incomparecencia a la audiencia relacionada, el impetrante hace referencia al considerando numero 9 de la sentencia emitida por este Alto Tribunal; indica asimismo el recurrente que el Tribunal de Sentencias es el que impulsa el proceso y no el querellante, subrogándose el interés particular de instar la querella privada; 3.- En relación al considerando 11 de la sentencia que se impugna, el impetrante se pregunta de que va interponer alguna impugnación relativo al acto de notificación o del auto en donde se ordena la celebración de la audiencia de excepciones, si no hay agravios ahí. Sostiene que los actos anómalos acaecen después, es decir en el momento posterior de no haberse celebrado la audiencia, por encontrase en otra actividad judicial en la ciudad de Choluteca. Hace énfasis el impetrante en el principio a la tutela judicial efectiva, el que se encuentra íntimamente fijado en proporción al respeto al debido proceso, los que deben aplicarse integralmente y que no dependen del capricho o arbitrio de los operadores de justicia, aplicando, segmentando, tergiversando o interpretando a favor su aplicación a algunos casos o personas y otras no, pues de actuar de esta manera, relegan, la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales a campo especulativo y parcializado.-CONSIDERANDO (3): Que quien se sienta agraviado por una resolución o sentencia, emitida por un juez o tribunal puede impugnarlas, a efecto de subsanar los errores de fondo o los vicios de forma en que se haya incurrido al dictarla; dicho así el recurso de reposición es un medio procesal para la impugnación de las sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, ello con el propósito de hacer valer el derecho a la tutela judicial efectiva, enunciado por la Constitución de la República y por los tratados internacionales suscritos por Honduras, definido como el derecho de poder acudir a los órganos jurisdiccionales del Estado a fin de obtener una respuesta en tutela a las pretensiones de los interesados, en el sentido de obtener una resolución de fondo jurídicamente razonada, siempre que se den los presupuestos procesales para tal conocimiento y que sea congruente con los postulados de las partes al caso concreto.-CONSIDERANDO (4): Que es menester mencionar que la decisión emitida por esta Sala de lo Constitucional, no vulnera ningún derecho fundamental al recurrente, en tanto: 1.- Que la audiencia de revisión de diligencias a efecto de promover excepciones, fue programada para el jueves cuatro de febrero del año dos mil dieciseis, a petición de la defensa de los querellados y es hasta en fecha quince de abril del mismo año, o sea transcurridos mas de dos meses, que la defensa promueve nulidad de actuaciones, sin haber acreditado hasta ese momento el porque no compareció a la audiencia de revisión de diligencias señalada. (Folios 175, 176 y del 190 al 191 de la pieza de antecedentes de primera instancia); 2.- Que este Tribunal entiende, que la actividad que ejercen los profesionales en el ejercicio de las ciencias jurídicas en el ámbito privado, conlleva el señalamiento de audiencias en diferentes órganos jurisdiccionales del país, las que a veces se entrelazan con otras audiencias señaladas en la misma fecha, pero ello no es eximente de la responsabilidad de las partes procesales a estar pendientes en sus agendas de tales situaciones, máxime cuando se encuentran notificados de la celebración de una audiencia; 3.- El recurrente hace relación a lo dispuesto en los Artículos 306 y 411 del Código Procesal Penal, bajo el argumento que es deber del Tribunal requerirles para que informe del por qué de la incomparecencia de las partes procesales a las audiencias señaladas. La normativa procesal citada por el recurrente se muestra evidentemente clara, cuando se refiere al abandono del defensor en la audiencia de juicio o debate, no indicando la normativa que el Tribunal de Sentencia deba requerir al defensor para que explique el porque del abandono, al contrario ello da motivo a la sanción que la misma normativa señala y para salvaguardar el derecho de defensa del imputado, el Tribunal de Sentencia le nombrará un defensor público, si el imputado no designa de inmediato un defensor de su confianza. En relación al precepto 411 apuntado por el recurrente, éste se refiere a la incomparecencia del Querellante a la audiencia de conciliación o al juicio oral y público, ya que de tal situación deriva el desistimiento tácito de la Querella, a menos claro y lo indica la norma, que el Querellante justifique su incomparecencia en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha señalada para la celebración de la audiencia, situación que no ocurre en el caso sub júdice, pues el recurrente representa a los Querellados, aunado a ello, tampoco la norma determina que es el Tribunal que debe requerir al Querellante a efecto de justificar el por qué de su incomparecencia a la audiencia de conciliación o juicio oral y público; 4.- En relación al considerando 11, de la sentencia dictada por este Alto Tribunal, el recurrente expresa que no existían agravios en la resolución que señala la audiencia de excepciones, situación un tanto confusa, pues si el recurrente tenía señalada previamente otra audiencia en jurisdicción territorial diferente a la del Tribunal de Sentencia que le había señalado la referida audiencia, devenía en la obligación de solicitar reposición de la referida providencia a efecto que el Tribunal reprogramara la audiencia y señalara nueva fecha en día y hora diferente a la que el recurrente pudiera comparecer.-CONSIDERANDO (5): Que las pretensiones expuestas por el recurrente Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, en el recurso de reposición no son de recibo, ya que en la Sentencia emitida por este Alto Tribunal en fecha siete (7) de marzo del presente año dos mil dieciocho (2018), que corre agregada en autos se establece claramente las razones que esta Sala ha estimado para denegar el recurso de amparo impetrado, y con ello se explican los motivos legales que conllevan a la denegatoria de la acción constitucional de amparo de mérito. En ese orden de ideas se estima que la resolución recurrida, esta dictada de acuerdo a derecho congruente, en virtud de no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda.-CONSIDERANDO (6): Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Constitucional y en aplicación de los artículos 82, 90, 183, 303, 304, 313 atribución 5ta., y 316 de la Constitución de la República; 78 atribución 5ta., de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4 Nº 7 y Nº 8, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: DECLARAR NO HA LUGAR el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN SANCHEZ CANTILLANO, por las razones que se dejan ya señaladas. Y MANDA: Que el Secretario del Despacho notifique lo resuelto al recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. Redactó la Magistrada Reina Auxiliadora Hércules Rosa.- NOTIFÍQUESE.- Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha siete (7) de marzo y Resolución de fecha veintidós (22) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), recaídas en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 1039-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL
[1] En adelante CPP.
[2] Vid folio 178 de la pieza de antecedentes de primera instancia, en relación a la notificación al Abogado Juan Cantillano, recurrente en Amparo.
[3]1 Artículo 306. Concentración. El juicio se realizará en forma continua, con la presencia del Tribunal de Sentencia, de las partes y de las demás personas que hayan sido autorizadas para intervenir en el mismo. El retiro momentáneo de los miembros del Tribunal o de cualquiera de las partes, dará lugar a la suspensión del procedimiento, salvo si se trata del imputado, quien podrá retirarse con permiso del Tribunal, a cuya disposición deberá quedar hasta que se adopte otro acuerdo. Si el defensor no comparece a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del Tribunal, se tendrá por abandonada la defensa. Si el imputado no designa de inmediato otro Defensor de su confianza, el Tribunal de Sentencia le nombrará un Defensor Público. Cuando el abandono ocurra dentro de los tres (3) días anteriores al debate o durante el desarrollo de éste, el Tribunal podrá aplazar su inicio o suspender por una sola vez el que ya haya comenzado, por un termino máximo de cinco (5) días calendarios. Si el abandono de la defensa no tiene causa justificada, el Defensor será sancionado con la pena prevista en el Código Penal. Si el representante del Acusador Privado no concurre a la audiencia o se aleja de ella sin autorización del tribunal, dejará de tenérsele como parte, sin perjuicio de que la persona del Acusador Privado, podrá ser obligado a comparecer cuando deba declarar como testigo. –Énfasis suplido-
[4]2 Artículo 411. Desistimiento Tácito de la Acción Privada. Se entenderá por desistida la acción privada: 1…; 2. Cuando el querellante no concurra a la audiencia de conciliación o al juicio oral y público, a menos que la no comparecencia se haya debido a enfermedad grave , imposibilidad física, grave calamidad doméstica u otras acusas análogas. El impedimento deberá ser acreditado a mas tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la fecha señalada para la celebración de la audiencia;….” –Énfasis suplido-