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Sentencia AP-094-17 — Registro 9347

Resumen

Acto recurrido que deniega apelación contra la resolución dictada por el a-quo, en relación a la causa instruida por delitos de violación, violación especial, actos de lujuria y maltrato por transgresión, en perjuicio del impetrante

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el presente caso se enmarca dentro del supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque aún y cuando existen vicios de nulidad, la Corte de Apelaciones, queda corta en su resolución; y con ello causa indefensión e impunidad, pues acto seguido a la anulación del acto procesal aludido, debió proceder a ordenar la nueva practica del mismo, con las características de una prueba anticipada. En este punto la Corte de Apelaciones debió ponderar el formalismo procesal a la hora de la evacuación de la prueba y el interés superior del niño..." …" Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser revocar el auto de formal procesamiento de la imputada en algunos tipos penales imputados; y que sea en una sentencia firme donde se decida si el delito de violación no se puede cometer por omisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado...." ..." Para la Sala es claro, entonces, que los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los niños, en el caso bajo examen, prevalecen sin condición alguna, sobre el formalismo procesal. Una de las bases de la civilización consiste en no someter a los más débiles, sino, por el contrario, promoverlos y defenderlos reconociendo su dignidad personal, y el trato preferencial, que debe dárseles en virtud de la proporcionalidad, esencia de la justicia distributiva, que consiste en dar a cada cuál según sus necesidades. Esto no significa que se rompa el principio de igualdad, sino todo lo contrario: es lo justo como proporción, o sea, una equivalencia proporcional que suple las deficiencias de quien incondicionalmente es sujeto de derechos y no objeto. La debilidad de un infante no es negación del derecho, sino afirmación de su necesidad y fundamento del merecimiento de una actitud preferencial hacia él..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el presente caso se enmarca dentro del supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque aún y cuando existen vicios de nulidad, la Corte de Apelaciones, queda corta en su resolución; y con ello causa indefensión e impunidad, pues acto seguido a la anulación del acto procesal aludido, debió proceder a ordenar la nueva practica del mismo, con las características de una prueba anticipada. En este punto la Corte de Apelaciones debió ponderar el formalismo procesal a la hora de la evacuación de la prueba y el interés superior del niño..." …" Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser revocar el auto de formal procesamiento de la imputada en algunos tipos penales imputados; y que sea en una sentencia firme donde se decida si el delito de violación no se puede cometer por omisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado...." ..." Para la Sala es claro, entonces, que los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los niños, en el caso bajo examen, prevalecen sin condición alguna, sobre el formalismo procesal. Una de las bases de la civilización consiste en no someter a los más débiles, sino, por el contrario, promoverlos y defenderlos reconociendo su dignidad personal, y el trato preferencial, que debe dárseles en virtud de la proporcionalidad, esencia de la justicia distributiva, que consiste en dar a cada cuál según sus necesidades. Esto no significa que se rompa el principio de igualdad, sino todo lo contrario: es lo justo como proporción, o sea, una equivalencia proporcional que suple las deficiencias de quien incondicionalmente es sujeto de derechos y no objeto. La debilidad de un infante no es negación del derecho, sino afirmación de su necesidad y fundamento del merecimiento de una actitud preferencial hacia él..."

Legislación citada

  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de agosto de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor de los menores K. P. F., D. D. R., E. N. D. A., S. P. M. S., M. S. L., D. A. M. C. y OTROS, contra la sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Catacamas, Departamento de Olancho, en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil quince (2015), en relación a la causa instruida contra el señor SAULO DE TARZO MONDRAGON GONZALES, por suponerlo responsables de los delitos de VIOLACIÓN, VIOLACIÓN ESPECIAL, ACTOS DE LUJURIA y MALTRATO POR TRANSGRESIÓN, en perjuicio de los menores K. Á. F., D. D. R., E. N. D. A., S. P. M. S., M. S. L., D. A. M. C. y OTROS y contra la señora FANNY MARISOL ANDINO MUÑOZ, por suponerla responsable de los delitos de VIOLACION, VIOLACION ESPECIAL, ACTOS DE LUJURIA como AUTORA POR OMISIÓN y MALTRATO POR TRASGRESION como autora material.- Estimando la recurrente que se le han violentado los Derechos Constitucionales comprendido en los Artículos 59 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintiuno (21) de agosto del año dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Departamento de Olancho, el Abogado GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA, a favor del ESTADO DE HONDURAS, presentando Requerimiento Fiscal contra SAULO DE TARSO MONDRAGON GONZALES y FANNY MARISOL ANDINO MUÑOZ por los delitos de VIOLACION ESPECIAL, ACTOS DE LUJURIA y MALTRATO POR TRANSGRESION en perjuicio de K. P. F. N., D. D. R. M., E. S. L. D. A. M. C. Y OTROS NIÑOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO INTERNOS EN EL HOGAR DE NIÑOS NUEVA ESPERANZA, Y FANNY MARISOL ANDINO MUÑOZ, por suponerlos responsables de los delitos de VIOLACION ESPECIAL, ACTOS DE LUJURIA, y de autora por omisión y MALTRATO POR TRANSGRESION, como autora material. (Folios 1 al 5 de los antecedentes). 2) Que en fecha doce (12) de Agosto del año dos mil dieciséis (2016), el citado Juzgado en audiencia Inicial dictó Resolución mediante la cual RESOLVIÓ: “… Se accede a la petición del Ministerio Público ordenarse PRISION PREVENTIVA a los señores SAULO DE TARSO MONDRAGÓN GONZALES y FANNY MARISOL ANDINO MUÑOZ....” (Folios 405 al 432 de los antecedentes). 3) Que en fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), la Corte Tercera de Apelaciones Penal del Departamento de Francisco Morazán RESOLVIÓ: “1.- DECLARAR con lugar parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado GUSTAVO ADOLFO VARELA BARAHONA, Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha cuatro de septiembre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas Olancho.- 2.- CONFIRMA LOS AUTOS DE FORMAL PROCESAMIENTO por el delito de MALTRATO POR TRANSGRESIÓN contra FANNY MARISOL ANDINO MUÑOZ en perjuicio de S. P. M. S., E. N. D. A., J. A. E. O., K. P. F. N., J. M. F. N., D. A. C. M. y L. L. F. A..- 3.- Con Lugar parcialmente el Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, Defensor Privado, de los encausados SAULO DE TARSO MONDRAGON GONZALES y FANNY MARISOL ANDINO MUÑOZ, contra la resolución dictada en veintiséis, treinta y uno de agosto, cuatro de septiembre todas del dos mil quince, por el Juzgado de Letras Seccional de Catacamas, Olancho.- 4.-DECRETAR NULIDAD DE ACTUACIONES, UNICAMENTE de la Audiencia celebrada el treinta y uno de agosto del año dos mil quince, en la ciudad de Tegucigalpa, dejando subsistente todas las demás actuaciones.- 5.- CONFIRMAR LAS MEDIDAS CAUTELARES señaladas contra los imputados SAULO DE TARSO MONDRAGON GONZALES y FANNY MARISOL ANDINO MUÑOZ. (Folios 562 al 601 de los antecedentes) 4) La recurrente Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha dos (2) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 59 y 90 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintiuno (21) de septiembre del año dos mil diecisiete (2017), este Alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito y a la vez omitió la vista de los antecedentes al fiscal del despacho, de conformidad a lo establecido por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, a favor del ESTADO DE HONDURAS, se dirige contra la sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Catacamas, Departamento de Olancho, en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil quince (2015), en relación a la causa instruida contra el señor SAULO DE TARZO MONDRAGON GONZALES, por suponerlo responsable de los delitos de VIOLACIÓN, VIOLACIÓN ESPECIAL, ACTOS DE LUJURIA y MALTRATO POR TRANSGRESIÓN, en perjuicio de los menores K. Á. F., D. D. R., E. N. D. A., S. P. M. S., M. S. L., D. A. M. C. y OTROS y contra la señora FANNY MARISOL ANDINO MUÑOZ, por suponerla responsable de los delitos de VIOLACION, VIOLACION ESPECIAL, ACTOS DE LUJURIA como AUTORA POR OMISIÓN y MALTRATO POR TRASGRESION como autora material. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que la Abogada YULIBETH GARAY HERNANDEZ, compareció ante este Tribunal, en fecha dos (2) de febrero del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha veintiséis (26) de agosto del dos mil dieciséis (2016), es violatoria de lo dispuesto en los Artículos 59 y 90 de la Constitución de la República, considerando que la resolución emitida por la Honorable Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán vulnera el Debido Proceso, al establecer en el apartado de la motivación jurídica en el numeral 5), que ninguno de los delitos citados, pueden cometerse por omisión impropia. CONSIDERANDO CINCO (5): Que en fecha treinta y uno (31) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), esta Sala admitió el escrito de formalización de la presente acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Articulo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho, ordenándose continuar con el trámite de ley correspondiente; con fundamento en los Artículos 54, 56 y 119 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 37 de la Ley del Ministerio Público; 12 inciso c) del Reglamento interno de la Sala Constitucional. CONSIDERANDO SEIS (6): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO OCHO (8): Que al estudiarse la foliada y específicamente la sentencia de fecha veintiséis (26) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), dictada por la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Catacamas, Departamento de Olancho, en fecha cuatro (4) de septiembre del año dos mil quince (2015); se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valora en esa etapa del juicio. Refiriéndose a la etapa inicial, lo que se valora es la probabilidad razonable de que el encausado ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador; y, particularmente concluye que las acciones imputadas a la encausada Fanny Marisol Andino Muñoz, por el Ministerio Público, no están tipificadas en la ley, como delito de Violación, Violación Especial y Actos de lujuria, ya que ninguno de los delitos citados incluye que puedan cometerse por omisión impropia; por lo que no puede dictarse Auto de Formal Procesamiento . CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO ONCE (11): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO DOCE (12): Que el Artículo 119, Constitucional manda; “El Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. Las leyes de protección a la infancia son de orden público y los establecimientos oficiales destinados a dicho fin tienen carácter de centros de asistencia social.”. Dicho lo anterior, este caso no debe examinarse tan sólo desde la perspectiva de la forma del debido proceso, sino también, y de manera especial, desde el punto de vista de los derechos inalienables de los menores. La Constitución Política es tajante al señalar que el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia; la razón esencial de tal protección, no es otra que la situación de indefensión en que se encuentra colocado el infante frente al resto del conglomerado social, y por ende, la mayor protección que a él deben brindarle tanto el Estado como la sociedad. Para la Sala es claro, entonces, que los derechos fundamentales a la vida y a la salud de los niños, en el caso bajo examen, prevalecen sin condición alguna, sobre el formalismo procesal. Una de las bases de la civilización consiste en no someter a los más débiles, sino, por el contrario, promoverlos y defenderlos reconociendo su dignidad personal, y el trato preferencial, que debe dárseles en virtud de la proporcionalidad, esencia de la justicia distributiva, que consiste en dar a cada cuál según sus necesidades. Esto no significa que se rompa el principio de igualdad, sino todo lo contrario: es lo justo como proporción, o sea, una equivalencia proporcional que suple las deficiencias de quien incondicionalmente es sujeto de derechos y no objeto. La debilidad de un infante no es negación del derecho, sino afirmación de su necesidad y fundamento del merecimiento de una actitud preferencial hacia él. CONSIDERANDO TRECE (13): Que el presente caso se enmarca dentro del supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque aún y cuando existen vicios de nulidad, la Corte de Apelaciones, queda corta en su resolución; y con ello causa indefensión e impunidad, pues acto seguido a la anulación del acto procesal aludido, debió proceder a ordenar la nueva practica del mismo, con las características de una prueba anticipada. En este punto la Corte de Apelaciones debió ponderar el formalismo procesal a la hora de la evacuación de la prueba y el interés superior del niño. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem no contiene la motivación suficiente, al no cumplir ésta con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, irrespetándose durante la tramitación del proceso penal de mérito el derecho de defensa, debido proceso y los derechos del menor del acto jurisdiccional al que se someten las partes. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, no se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso penal, como ser revocar el auto de formal procesamiento de la imputada en algunos tipos penales imputados; y que sea en una sentencia firme donde se decida si el delito de violación no se puede cometer por omisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.- FALLA: OTORGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito; a fin de que la Corte Tercera de Apelaciones de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán dicte resolución apegada a los principios constitucionales que se han relacionado.- Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha quince de agosto del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0094=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL