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Sentencia AP-065-18 — Registro 9322

Resumen

Sentencia resolvió recurso de apelación, revocó auto dictado por juzgado de primera instancia con relación al proceso de aseguramiento de varios bienes de propiedad de recurrente; en apelación se determinó que el proceso está en etapa administrativa y corresponde al Ministerio Público ordenar si procede o no la devolución de la documentación de los vehículos vendidos lícitamente por empresas afines y vinculados al investigado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."según de lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida en apelación, esta Sala no advierte la existencia de agravio constitucional alguno, toda vez que el órgano jurisdiccional contra cuya resolución se reclama, ha ejercido sus facultades legales, aplicando la normativa al caso que ha sido arribado a su conocimiento..."..."la recurrente solicita que este Alto Tribunal determine si el acto reclamado ha sido dictado conforme a derecho, sin embargo, al no indicar en qué forma el acto impugnado vulnera los derechos o garantías que invoca para determinar el perjuicio que le ocasiona, no se pudo proceder a su enmienda..."..."en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de la recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la víctima, y no obstante la recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos..."..."este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa..."..."se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: del fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de mayo del año dos mil dieciocho. VISTO: el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLORIA MARITZA GARCÍA SUAREZ, a favor del señor OSCAR EFRAIN CABRERA, conocido también como OSCAR EFRAIN CABRERA CORTÉS y la sociedad mercantil denominada INVERSIONES AUTO LOTE NEW ORLEANS S. DE R.L. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecisiete, que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACIÓN DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO CON JURISDICCIÓN NACIONAL, en fecha veintiocho (28) de julio del año dos mil diecisiete, con relación al proceso de aseguramiento de varios bienes propiedad del señor OSCAR EFRAIN CABRERA, conocido también como OSCAR EFRAIN CABRERA CORTÉS y la sociedad mercantil denominada INVERSIONES AUTO LOTE NEW ORLEANS S. DE R.L. DE C.V. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición de la presente acción éste alto Tribunal, observa que el recurrente omitió exponer el defecto del que adolece el acto reclamado, asimismo aprecia ésta Sala que la peticionaria no expone de que manera dicho pronunciamiento vulnera los derechos o garantías que invoca como transgredidos a su representando. CONSIDERANDO: Que la reclamante indica en su escrito de interposición de la acción de mérito que con el acto reclamado se han quebrantado los derechos contenidos en los artículos 90, 103 y 105 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del análisis realizado de los antecedentes y del acto reclamado se desprende que la Alzada decidió revocar el auto del A-quo al determinar que el proceso de mérito se encuentra en la etapa administrativa de allí que fundamentándose en lo dispuesto en el artículo 15[1] de la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, indicó que corresponde al Ministerio Público ordenar si es procedente o no la devolución de la documentación de los vehículos que fueron vendidos lícitamente por empresas afines y vinculadas al investigado, señalando el mismo órgano jurisdiccional denunciado que aún cuando como fue argüido por el A-quo en el auto apelado, que sobre las empresas IMPORTADORA CABRERA CORTÉS y la IMPORTADORA AUTOMOTORES no han recaído medidas de aseguramiento, no obstante, la documentación que es requerida sea devuelta fue encontrada en la empresa AUTO LOTE NEW ORLEANS, empresa ésta que si fue puesta bajo la administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, de manera que en aplicación del artículo 23[2] de la ya referida Ley, los documentos que puedan ser importantes para la investigación patrimonial, serán retenidos por las autoridades competentes, señalando la Alzada por tal motivo que al tener relación los documentos relacionados con el rubro de la empresa intervenida y tener el proceso de privación de dominio el propósito de garantizar la seguridad de los bienes que se persiguen y se encuentren siempre disponibles hasta que se dicte la correspondiente sentencia o ponerlos a la orden de manera permanente bajo la administración de autoridad competente o para devolverlos a su propietario, refiriendo la Corte de Apelaciones denunciada que conforme lo establece la norma ya relacionada en el artículo 42[3] párrafo segundo, corresponde a los propietarios de los vehículos como terceros afectados solicitar la devolución de la documentación solicitada y no al señor OSCAR EFRAIN CABRERA, conocido también como OSCAR EFRAIN CABRERA CORTÉS, como ocurre en éste caso. CONSIDERANDO: Que según de lo que se desprende de los antecedentes y en especial de la resolución recurrida en apelación, esta Sala no advierte la existencia de agravio constitucional alguno, toda vez que el órgano jurisdiccional contra cuya resolución se reclama, ha ejercido sus facultades legales, aplicando la normativa al caso que ha sido arribado a su conocimiento. CONSIDERANDO: Que la recurrente solicita que este Alto Tribunal determine si el acto reclamado ha sido dictado conforme a derecho, sin embargo, al no indicar en qué forma el acto impugnado vulnera los derechos o garantías que invoca para determinar el perjuicio que le ocasiona, no se pudo proceder a su enmienda. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo está determinada por la titularidad que pudiese tener la recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentran las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede a la agraviada para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que la reclamante debe expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con el acto o la resolución que se interpela, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar la resolución que se pide sea reexaminada, y siendo que en el caso sub judice, el quejoso no expuso en sus agravios el perjuicio por el que ataca el acto reclamado, ha contravenido normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto no se puede alegar vulneración al derecho de defensa y la garantía del debido proceso que ha indicado como vulnerados la recurrente. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación de la recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de la víctima, y no obstante la recurrente ha invocado como violados derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que se impugna, sin embargo esta Sala no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. CONSIDERANDO: Que conforme lo dispone el Artículo 46 Numeral 1º. de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es improcedente el recurso de amparo, entre otros casos, cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, las garantías constitucionales que se invocan como violadas, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que el pronunciamiento de la Sala Constitucional debe versar exclusivamente a la violación de las garantías, derechos y principios constitucionales con relación al caso concreto que sea sometido a la controversia constitucional, circunstancia que no se aprecia del estudio de los autos, al no concretizarse la misma luego de revisados los antecedentes, por lo cual, conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad, en la que el órgano jurisdiccional se ha limitado a aplicar lo estipulado por la ley para resolver el asunto que fue sometido a su conocimiento, lo cual ha hecho, como se ha relacionado ya, sin que preceda disminución alguna de los derechos y garantías constitucionales que amparan a la quejosa. CONSIDERANDO: Que cuando la demanda de amparo que fuere improcedente, se sobreseerá las diligencias tan pronto como conste la causal de su improcedencia, como acontece en el caso de autos. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la Abogada GLORIA MARITZA GARCÍA SUAREZ, a favor del señor OSCAR EFRAIN CABRERA, conocido también como OSCAR EFRAIN CABRERA CORTÉS y la sociedad mercantil denominada INVERSIONES AUTO LOTE NEW ORLEANS S. DE R.L. DE C.V., contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho (08) de noviembre del año dos mil diecisiete; por apreciar esta Sala que la recurrente alega una violación de mera legalidad; estimándose además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO ABOGADO EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.- SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de dos mil dieciocho (2018), Certificación de la resolución de fecha ocho (08) de mayo de dos mil dieciocho (2018), recaída en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal bajo el Numero 0065=2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] ARTÍCULO 15.- LA DIRECCIÓN TÉCNICO JURÍDICA Y LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL. Corresponde al Ministerio Público la Dirección Técnico Jurídica sobre la Investigación del patrimonio y su origen a que se refiere ésta Ley. El Ministerio Público para la práctica de la investigación patrimonial, se auxiliará de la Policía Nacional y de cualquier otro ente autorizado por la Ley, debiendo asignársele el personal necesario que estará adscrita a la UCLA de FESCCO. Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

[2] ARTÍCULO 23.- DE LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS. Los documentos relacionados con la acción establecida en ésta Ley, que puedan ser importantes para la investigación patrimonial, serán retenidos, por las autoridades competentes. … Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.

[3] ARTÍCULO 42.- LA OBLICACIÓN DE ACREDITAR EL ORIGEN LÍCITO. … Los terceros de buena fe, pueden intervenir en el proceso ofreciendo los medios probatorios que considere idóneos a fin de lograr la no afectación de sus bienes, productos o instrumentos. Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.