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Sentencia AP-058-17 — Registro 9321

Resumen

Sentencia declaró con lugar parcilamente recurso de apelación contra declaratoria de reo a imputado por suponerlo responsable de delito de posesión para el tráfico ilícito de droga en perjuicio de la Salud Pública del Estado de Honduras; en apelación se revocó sobreseimiento definitivo a favor de imputado y ordenó auto de formal procesamiento contra él

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."vista para fallo y sometida a estudio que fue la presente acción de amparo, se denota que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos, carece de trascendencia constitucional; pues consiste básicamente en una discrepancia de la parte acusadora respeto a la tipología penal con que la Jurisdicción calificó los hechos bajo juzgamiento en Audiencia Inicial y por lo cual considera la amparista que, existiendo una mala apreciación del derecho aplicable por parte del Ad Quem, se constituye fundamento suficiente para el otorgamiento de la protección constitucional que brinda la garantía de Amparo; lo cual no se compadece de argumentarse un aspecto de mera legalidad que no enerva la vigencia de los derechos constitucionales invocados, ni la prosecución normal del proceso a la luz del principios mixto, o pro acusatorio, que rige en la actualidad el proceso penal en Honduras.[1]..."..."para la Sala de lo Constitucional tal demanda de amparo deviene improcedente, según se sigue de continuada jurisprudencia, en el sentido que cabe dictar la improcedencia de la garantía de amparo, si se parte en el líbelo de la sola discrepancia entre el parecer del pretensor, respecto al fallo o decisión administrativa emitido por la instancia; lo cual no constituiría mérito suficiente para su otorgamiento, determinando la concurrencia de la causal de inadmisibilidad al recurso de amparo precavida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a constituirse el recurso sobre alegaciones de mera legalidad; por lo cual, procede dictar su inmediato sobreseimiento..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, once de enero del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha veintiuno de noviembre dos mil dieciséis, que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE un Recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, con relación a la causa instruida contra el señor JOHNY FERNANDO GOMEZ CRUZ, por suponerle responsable del delito de POSESION PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado lo establecido en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha siete (7) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, la Abogada ERICKA CASCO, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor JOHNY FERNANDO GOMEZ CRUZ, por suponerlo responsable del delito de POSESION PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2) Que en fecha doce (12) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), en la continuación de la Audiencia Inicial el Juzgado de Letras antes citado, resolvió decretar: 1) Declara sin lugar el auto de prisión solicitado por la Fiscalía, y en su defecto díctese un Sobreseimiento Definitivo, del imputado JOHNY FERNANDO GOMEZ CRUZ, por el delito de POSESION PARA EL TRAFICO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.- 2) DECLARA REO a JOHNY FERNANDO GOMEZ CRUZ, en la causa que se le sigue, como autor de CONSUMO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA.- 3) REVOCAR la medida cautelar de prisión preventiva impuesta a JOHNY FERNANDO GOMEZ CRUZ ordenándose en consecuencia su inmediata excarcelación. 4) IMPONER al imputado JOHNY FERNANDO GOMEZ CRUZ, la medida cautelar sustitutivas de la prisión preventiva, establecidas en los numerales 6 y 8 del artículo 173, del Código Procesal Penal, que consiste en que el imputado se presente cada QUINCE DIAS a la Secretaría de este Juzgado, no concurrir a lugares donde se consuma droga. (Folios del 16 al 19 de la primera pieza de antecedentes).3) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre dos mil dieciséis (2016), la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, RESUELVE: “PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el Recurso de Apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la Declaratoria de Reo y el Sobreseimiento Definitivo dictados por el Juzgado de Letras Penal de esta sección Judicial en fecha doce (12) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), en el proceso instruido contra el encausado JOHNY FERNANDO GOMEZ CRUZ por suponerlo responsable del delito de POSESION PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- SEGUNDO: CONFIRMAR la Declaratoria de Reo objeto de este recurso, dictado contra el encausado JOHNY FERNANDO GOMEZ CRUZ por suponerlo responsable del delito de POSESION PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, venido en apelación. TERCERO: REVOCAR el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de JOHNY FERNANDO GOMEZ CRUZ por suponerlo responsable del delito de POSESION PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS.- CUARTO: Se ordena dictar el correspondiente Auto de Formal Procesamiento al señor JOHNY FERNANDO GOMEZ CRUZ”, lo cual tuvo como elemento de juicio principal que la prueba pericial no resulta concluyente para establecer la finalidad que persigue el encausado con la posesión de la droga incautada, pues carece de incidencia en la prueba del elemento subjetivo del delito, por lo cual corresponde al juzgador integrar las conclusiones de la prueba pericial toxicológica al resto de las pruebas incorporadas al juicio para luego de un estudio conjunto y armonioso, formar su convicción judicial; haciendo, a la vez, la observación que debe corregirse la técnica empleada por el Juez de Garantías al dictar un sobreseimiento definitivo y, a la vez, proceder a la declaratoria de reo por los mismos hechos por los cuales es juzgado el procesado. (Folios del 11 al 14 de la segunda pieza de antecedentes). 4) La recurrente Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, compareció ante este Tribunal, en fecha diecinueve (19) de enero del año dos mil diecisiete (2017), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem, de fecha veintiuno (21) de noviembre dos mil dieciséis (2016), resulta violatoria a lo dispuesto en los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República. 5) Que en fecha veintidós (22) de mayo del año dos mil diecisiete (2017), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley sobre Justicia Constitucional, omitiéndose la vista al Fiscal del despacho en vista a lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el artículo 313 numeral 5 en relación al artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional que cualquier persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional, concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. CONSIDERANDO (3): Que el acto contra el cual reclama en amparo la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO en su calidad de Agente de los Tribunales adscrita a la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución y a favor de la Sociedad y Estado de Honduras, es la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiuno (21) de noviembre dos mil dieciséis (2016), que declaró CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra actuaciones dictadas por el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, consistentes en el dictado de Declaratoria de Reo y el Sobreseimiento Definitivo dictados por esa Judicatura de Letras en fecha doce (12) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), en el proceso instruido contra el encausado JOHNY FERNANDO GOMEZ CRUZ por suponerlo responsable del delito de POSESION PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS; de conformidad a los elementos de fundamentación y motivación jurídica descritos y circunstanciados en el numeral 3) de la presente sentencia. CONSIDERANDO (4): Que la recurrente, Agente de Tribunales de la Fiscalía del Ministerio Público, Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO ha expuesto en la formalización del recurso su disconformidad respecto a al dictado de un sobreseimiento definitivo y, a la vez, de una declaratoria de reo por los mismos hechos al ciudadano JOHNY FERNANDO GOMEZ CRUZ, por parte del Juzgado de Garantías, lo cual fue refrendado parcialmente en la resolución adoptada por la Corte de Apelaciones Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintiuno (21) de noviembre dos mil dieciséis (2016), por la cual se confirmó la declaratoria de reo y se revocó el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado por el delito de EL TRAFICO ILICITO DE DROGA en perjuicio de LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO (5): Que es de observar que en el acápite denominado: “Derechos constitucionales vulnerados y el concepto de su violación”, la amparista ha invocado los artículos 90 y 321 de la Constitución de la República y censura de la sentencia impetrada, en el sentido que la misma ha procedido en inobservancia a lo dispuesto en la ley penal y del elenco probatorio ofrecido por la fiscalía del Ministerio Público en la Audiencia Inicial, entre las que destacan el acta de registro personal con la cual se acredita se le encontró al imputado veintiséis (26) envoltorios de papel periódico conteniendo marihuana, en exceso a la cantidad mínima que considera la ley como apta para el consumo personal inmediato; lo cual conllevo a la decisión errada del Ad Quem, de la que ahora se viene en Amparo: “… debiendo considerarse entonces que la conducta del encausado consiste en la posesión dolosa de drogas, en este caso marihuana, siendo un acto dirigido y que por la cantidad encontrada estaría siendo destinada a realizarse transacciones a cualquier título de dicha sustancia, reuniéndose tanto los elementos objetivos como subjetivos del tipo penal de Tráfico Ilícito de Drogas, delito atribuido al acusado”; lo cual carece de eximente en que el encausado sea también consumidor de la droga en comiso, pues esta es una circunstancia que no lo exime por si sola de realizar actos propios del delito de Tráfico de Drogas; con especial indicativo en habérsele encontrado al encausado la cantidad de 119.9 gramos de marihuana en disposición de 27 envoltorios de papel periódico, en atención a lo señalado en el artículo 5 numeral 34) de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas y de la obligación de motivación que establecen los artículos 141 y 338 regla cuarta del Código Procesal Penal a los Juzgados y Tribunales de la República. CONSIDERANDO (6): Que de todo lo antes expresado, encuentra la recurrente una confrontación entre lo actuado por el Ad Quem, decretando una incongruente declaratoria de reo, respecto a lo probado en autos con relación a la cantidad de droga y la forma en que se llevaba predispuesta a la distribución; lo cual conlleva a una flagrante violación del principio del debido proceso, pues no se respetaron ciertos principios constitucionales vinculados a la Administración de Justicia, entre las cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, partiendo de una valoración objetiva de las pruebas, conforme a la instauración de las reglas de la sana crítica en el proceso penal hondureño. CONSIDERANDO (7): Que, finalmente, reputa infringido la Fiscalía del Ministerio Público, el principio de legalidad, pues un Estado de Derecho el poder tiene su fundamento y límite en las normas jurídicas, lo que impone a la judicatura a no emitir sus resoluciones sino es con apego a derecho y sin incurrir en arbitrariedad, orientando la interpretación judicial a la búsqueda del verdadero sentido de la norma que se debe aplicar, por todo lo cual pide se tenga por formalizada la presente acción de Amparo y se otorgue, en definitiva, por existir ultraje a los derechos reconocidos en la Constitución de la República invocados en formalización de la presente garantía constitucional. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional es pilar fundamental para mantener el Estado de Derecho como guardián de la constitucionalidad de las leyes y protectora de la justicia constitucional, en ese orden de ideas garantiza el efectivo cumplimiento de la normativa constitucional y garantiza a los ciudadanos la protección de sus derechos fundamentales, manteniendo la supremacía constitucional, el reconocimiento, respeto y garantía del ejercicio de los Derechos Humanos contenidos en las convenciones y Tratados Internacionales que el Estado de Honduras, ha ratificado ajustando sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y en el ordenamiento jurídico en su conjunto, así como a la jurisprudencia pacífica y compatible a derecho de este Alto Tribunal de Justicia. CONSIDERANDO (9): Que vista para fallo y sometida a estudio que fue la presente acción de amparo, se denota que el concepto por el cual se alegan como violentados los derechos, carece de trascendencia constitucional; pues consiste básicamente en una discrepancia de la parte acusadora respeto a la tipología penal con que la Jurisdicción calificó los hechos bajo juzgamiento en Audiencia Inicial y por lo cual considera la amparista que, existiendo una mala apreciación del derecho aplicable por parte del Ad Quem, se constituye fundamento suficiente para el otorgamiento de la protección constitucional que brinda la garantía de Amparo; lo cual no se compadece de argumentarse un aspecto de mera legalidad que no enerva la vigencia de los derechos constitucionales invocados, ni la prosecución normal del proceso a la luz del principios mixto, o pro acusatorio, que rige en la actualidad el proceso penal en Honduras.[1] CONSIDERANDO (10): Que para la Sala de lo Constitucional tal demanda de amparo deviene improcedente, según se sigue de continuada jurisprudencia, en el sentido que cabe dictar la improcedencia de la garantía de amparo, si se parte en el líbelo de la sola discrepancia entre el parecer del pretensor, respecto al fallo o decisión administrativa emitido por la instancia; lo cual no constituiría mérito suficiente para su otorgamiento, determinando la concurrencia de la causal de inadmisibilidad al recurso de amparo precavida en el artículo 46 numeral 1) de la Ley Sobre Justicia Constitucional, referente a constituirse el recurso sobre alegaciones de mera legalidad; por lo cual, procede dictar su inmediato sobreseimiento. POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 15, 59, 62, 90, 183, 303, 313 No.5 y 316 de la Constitución de la República; 1, 11 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 46 numeral 1) y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: SOBRESEYENDO el recurso de amparo promovido por la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIÉRREZ MALDONADO a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés en fecha veintiuno (21) de noviembre dos mil dieciséis (2016). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ALVAREZ SAGASTUME. Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de junio del año dos mil dieciocho, certificación del fallo de fecha once de enero del año dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0058=2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver lo que establece, para el caso, el articulado 337 del Código Procesal Penal respecto a la vinculación de los Juzgados y Tribunales al principio de congruencia de la sentencia con la acusación.