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Sentencia AP-053-15 — Registro 9319

Resumen

entencia declaró sin lugar recurso de apelación, confirmó resolución de sobreseimiento definitivo a favor de imputados por suponerlos responsables de delitos de abuso de autoridad y detención ilegal en perjuicio de la Administración Pública, Seguridad Interior del Estado de Honduras y de perjudicada, en apelación se considera que no concurren los elementos legales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."la Sala de lo Constitucional ha expresado también en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales adoptadas en las grandes audiencias procesales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso; pues sólo así gozarían, allende del rango de legalidad; de una legitimidad reforzada desde una perspectiva constitucional y convencional, cuya piedra de toque radica en garantizar los derechos de defensa y de presunción de inocencia de las personas sujetas al debido proceso. Cabe mencionar que tal Derecho no se observa violentado en la presente causa, y que la confirmatoria del auto de sobreseimiento definitivo, acordada por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación, ha sido bien motivada y respetuosa a los cánones del derecho constitucional e inclusive convencional; pues en mérito a la prueba admitida y evacuada en la Audiencia Inicial respectiva, no procede sino examinarla tal como acaeció históricamente, en su regularidad y conformidad al principio de legalidad; sin proceder necesariamente a la inclusión hipotética de la prueba no admitida; como fue, al parecer, la posición formalizada por la Amparista..."..."el sobreseimiento solo puede acordarse por los motivos previstos en ley.[1] Asimismo, acaece con el resolutivo de formal procesamiento, pues satisfaciendo éste el principio de congruencia,[2] se tiene a la vez por bien servido el principio constitucional de seguridad jurídica y demás principios instrumentales que sirven al debido proceso. Concatenado a lo anterior, que tampoco resulta haberse configurado prueba eficiente con la prueba admitida remanente, como plantea la amparista; pues con ésta únicamente se acreditaría la condición de servidores públicos de los señores SONY RENAN HERRERA Y HÉCTOR RAFAEL GARCIA, consistiendo la otra documentación admitida a la audiencia, en que basara su reclamo la fiscalía para la obtención de amparo constitucional, más bien en una recomendación concluyente a que se no se les abriera investigación preliminar a los referidos servidores de la carrera policial, con base a los elementos de juicio recabados por el investigador asignado para tal efecto por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP);[3] ni deducírseles tampoco responsabilidad administrativa, por carecer de mérito para ello..."..."la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso de mérito dentro del ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro al derecho al debido proceso y a la inviolabilidad del derecho de defensa invocados por la garantista; los cuales no resultan infringidos, necesariamente, cuando el sentido resolutivo de la resolución judicial no se vincula a las pretensiones establecidas por las partes procesales, en el ejercicio de su derecho de acción, de defensa y en el marco del debido proceso garantizado por la Constitución de la República. - Por todo lo cual, resulta procedente denegar la presente acción de Amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada TANIA ARACELY PAVON SOLIS a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha cuatro de noviembre de dos mil catorce, que declaró Sin Lugar un recurso de apelación y confirmó un sobreseimiento dictado por el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha ocho de julio de dos mil catorce, con relación a la causa instruida contra los señores SONY RENAN HERRERA Y HECTOR RAFAEL GARCIA, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y DETENCIÓN ILEGAL en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA, LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y de la señora NANCY MAREYIL SANTOS RIOS. Estiman la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de sus representados los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTE. 1) Que en fecha cinco (5) de mayo de dos mil catorce (2014), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, la Abogada ROSANA RODRIGUEZ ESPINAL actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra los señores SONY RENAN HERRERA Y HECTOR RAFAEL GARCIA por suponerlos responsables por los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y DETENCIÓN ILEGAL en perjuicio de la señora NANCY MAREYIL SANTOS RIOS. 2) Que en fecha ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014), el citado Juzgado celebró audiencia inicial, en la cual resolvió: “… DICTAR: SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor de los encausados SONY RENAN HERRERA y HECTOR RAFAEL GARCIA SIERRA en perjuicio de NANCY MARELYL SANTOS RIOS Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, por ende extiéndaseles sus Cartas de Libertad Definitiva.…” (Folios 72 al 77 de la pieza de antecedentes). 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por la Abogada ROSANA RODRIGUEZ ESPINAL, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra la resolución de fecha ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014), dictada por el A-Quo y de la que se hace referencia en el numeral anterior, la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, dictó auto en fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil catorce (2014), mediante la cual resolvió: “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.- 2.- CONFIRMAR la resolución apelada.” (Folios 147 al 150 de la pieza de antecedentes). 4) Que la Abogada TANIA ARACELY PAVON SOLIS, compareció ante la Sala de lo Constitucional en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil quince (2015), reclamando amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, afirmando que la decisión del Ad-Quem de fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil catorce (2014), que ha quedado descrita, afirmando que resulta violatoria de lo dispuesto en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República que regulan la inviolabilidad del derecho de defensa y el debido proceso. 5) Que en fecha cuatro (4) de abril de dos mil diecisiete (2017), la Sala tuvo por formalizada la acción de amparo de mérito, omitiéndose la vista al Fiscal del Despacho de conformidad a lo estipulado en el artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida en fecha cuatro (4) de noviembre de dos mil catorce (2014) por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, mediante la cual resolvió: “1.- Declarar NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público.- 2.- CONFIRMAR la resolución apelada”; fundamentando la procedencia de sobreseer definitivamente la causa instruida contra los señores SONY RENAN HERRERA Y HECTOR RAFAEL GARCIA, por suponerlos responsables de los delitos de ABUSO DE AUTORIDAD y DETENCIÓN ILEGAL en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA, LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y de la señora NANCY MAREYIL SANTOS RIOS en virtud de no concurrir plenamente todos los elementos de tipo previstos en los artículos 333 y 349 del Código Penal; según la probanza de los hechos atribuidos por el Ministerio Público a los agentes de Policía imputados, quienes se limitaron a enmarcar su actuación dentro de las facultades que la misma ley confiere; tomando asimismo en consideración el comportamiento no acorde al orden público de la persona que se presenta como ofendida, quien incurrió además en falta de respeto y consideración debida a los Agentes de la autoridad, según se desprende de la probanza del caso; al solicitarle accediera a un registro policial por parte de los imputados, actuantes en el ejercicio de sus funciones públicas. CONSIDERANDO (4): Que en formalización de su recurso de amparo, compareció la Abogada TANIA ARACELY PAVON SOLIS, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, expresando que ha considerado el Ente fiscal que dicha resolución contraviene y disminuye derechos fundamentales como son los contenidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República que regulan la inviolabilidad del derecho de defensa y el derecho a un debido proceso, precepto según el cual que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. Refiere la solicitante de amparo, que percibe tal infracción por haberse violentado por parte de la jurisdicción en el referido fallo ambos principios jurídicos, ya que los Tribunales tienen el deber de garantizar una tutela judicial efectiva y de efectuar una correcta aplicación e interpretación de la norma jurídica, así como de efectuar una adecuada valoración de los medios de prueba aportados durante la audiencia inicial, lo cual no acaeció en el caso sub judice. CONSIDERANDO (5): Que sigue señalando la amparista, que, en el presente caso, tales medios de prueba fueron denegados en su mayor parte a la fiscalía del Ministerio Público, impidiendo dársele el debido cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 92 de la Constitución de la República; lo cual no fue posible ya que solo con los elementos probatorios descritos como son: e) las fotocopias del libro de patrullaje, certificado por el Jefe de la Sección de Recursos Humanos (el cual no fue admitido por la Juzgadora) y el nominado como f) consistente en fotocopias del libro de detenidos, certificado por el antes referido Jefe de la Sección de Recursos Humanos, en el cual consta QUE la señora NANCY MAREYIL SANTOS RIOS fue detenida a las 3:00 am y puesta en libertad a las 7:15 am (prueba que tampoco fue admitida en la instancia judicial); se lograba acreditar plenamente la ubicación de los imputados en el lugar de los hechos y su participación en los hechos denunciados, mediante los cuales consumaron la detención injustificada de la agraviada, a la cual se ha hecho mención anterior; es decir que aun con los elementos propuestos y no admitidos sí se lograba acreditar, efectivamente, los extremos del ilícito y la participación de los imputados en los hechos, en perjuicio de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA, LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS y, particularmente, de la señora NANCY MAREYIL SANTOS RIOS, quien fuera objeto de la detención ilegal. CONSIDERANDO (6): Que abundando sobre la procedencia del recurso de amparo, refiere la Amparista que la situación valorativa omisa en el fallo judicial descrito en el anterior Considerando, sí hubiese conllevado al decreto de Auto de Formal Procesamiento a los imputados, lo cual no fue apreciado debidamente por la Instancia; desestimándose el dictado de auto de formal procesamiento con base a la tipología penal imponible en la causa, procediéndose, en cambio, a dictárseles un auto de sobreseimiento definitivo. Y que pese a haber denegado la Juez de garantías la admisión de la mayoría de los medios de prueba, bien pudo haber dictado éste un auto de formal procesamiento con la prueba remanente, si ésta se hubiere analizado conforme al sistema de la sana crítica y a la valoración conjunta y armónica de toda la prueba producida, para poder así emitir una resolución apegada a derecho, lo cual no fue el caso; estimando, por ende, que se ha acreditado la existencia de una flagrante violación al debido proceso, por haberse irrespetando los principios constitucionales vinculados a una verdadera Administración de Justicia, entre los cuales se encuentra el derecho a la debida motivación, partiendo de una valoración probatoria objetiva y con observancia de la sana crítica; lo cual veda a la sociedad el derecho a la justicia, por lo cual ha solicitado de la Sala el otorgamiento de la presente acción de amparo. CONSIDERANDO (7): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (8): Que la Sala de lo Constitucional ha expresado también en su jurisprudencia, que las resoluciones jurisdiccionales adoptadas en las grandes audiencias procesales deben ajustarse a todas las garantías procesales y del marco constitucional que se agrupan en la denominación genérica de Debido Proceso; pues sólo así gozarían, allende del rango de legalidad; de una legitimidad reforzada desde una perspectiva constitucional y convencional, cuya piedra de toque radica en garantizar los derechos de defensa y de presunción de inocencia de las personas sujetas al debido proceso. Cabe mencionar que tal Derecho no se observa violentado en la presente causa, y que la confirmatoria del auto de sobreseimiento definitivo, acordada por la Jurisdicción en vía recursiva de apelación, ha sido bien motivada y respetuosa a los cánones del derecho constitucional e inclusive convencional; pues en mérito a la prueba admitida y evacuada en la Audiencia Inicial respectiva, no procede sino examinarla tal como acaeció históricamente, en su regularidad y conformidad al principio de legalidad; sin proceder necesariamente a la inclusión hipotética de la prueba no admitida; como fue, al parecer, la posición formalizada por la Amparista. CONSIDERANDO (9): Que debe considerarse, en el mismo tenor, que con base al principio de legalidad, el sobreseimiento solo puede acordarse por los motivos previstos en ley.[1] Asimismo, acaece con el resolutivo de formal procesamiento, pues satisfaciendo éste el principio de congruencia,[2] se tiene a la vez por bien servido el principio constitucional de seguridad jurídica y demás principios instrumentales que sirven al debido proceso. Concatenado a lo anterior, que tampoco resulta haberse configurado prueba eficiente con la prueba admitida remanente, como plantea la amparista; pues con ésta únicamente se acreditaría la condición de servidores públicos de los señores SONY RENAN HERRERA Y HÉCTOR RAFAEL GARCIA, consistiendo la otra documentación admitida a la audiencia, en que basara su reclamo la fiscalía para la obtención de amparo constitucional, más bien en una recomendación concluyente a que se no se les abriera investigación preliminar a los referidos servidores de la carrera policial, con base a los elementos de juicio recabados por el investigador asignado para tal efecto por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP);[3] ni deducírseles tampoco responsabilidad administrativa, por carecer de mérito para ello. CONSIDERANDO (10): Que vistos los antecedentes del caso, resulta que la jurisdicción ordinaria ha fallado el caso de merito dentro del ámbito de su competencia, emitiendo una resolución motivada y fundada en derecho, sin desmedro al derecho al debido proceso y a la inviolabilidad del derecho de defensa invocados por la garantista; los cuales no resultan infringidos, necesariamente, cuando el sentido resolutivo de la resolución judicial no se vincula a las pretensiones establecidas por las partes procesales, en el ejercicio de su derecho de acción, de defensa y en el marco del debido proceso garantizado por la Constitución de la República. - Por todo lo cual, resulta procedente denegar la presente acción de Amparo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: DENEGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ÁLVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de octubre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0053-2015.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL

[1] Ver: ROMERO PRADAS, Mª Isabel. El sobreseimiento. Tirant monografías, 234. Valencia, 2002, p. 24.

[2] Ver: “El derecho a la tutela judicial en relación con la congruencia y la motivación de las sentencias”, BORRELL MESTRE, Joaquín, en: CONSTITUCIÓN Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL: JORNADAS DE DERECHO CONSTITUCIONAL EN CENTROAMÉRICA (Vol. II), Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, Agència Catalana de Cooperaciò al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya y Centro de Estudios y Formación Constitucional de Centroamérica y el Caribe. Barcelona, 2012, pp. 261-284.

[3] Ver en particular el Dictamen No. 285-2013 emitido por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial.- Unidad de Asesoría Legal; sito en Tegucigalpa M.D.C., en fecha veintitrés (23) de septiembre de dos mil trece (2013). (A folios 83-88 de la primera pieza)