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Sentencia AP-026-17 — Registro 9554

Resumen

Sentencia declaró sin lugar recurso de apelación contra auto dictado por Tribunal de Sentencia Sala Tercera que declaró sin lugar excepción por falta de acción por considerar que el desistimiento tácito debió advertirse y solicitarlo oportunamente previo a continuar con la causa; en apelación se confirmó resolución impugnada por considerar que el retraso es responsabilidad del querellado en relación a la Querella contra recurrente por suponerlo responsable del delito de estafa en perjuicio de Strax INC

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala Aprecia las diferentes actuaciones en la Querella de mérito, encontrando en la primera pieza de autos, a folio 68, el auto de fecha trece de diciembre del año dos mil once, que en el párrafo de los antecedentes expone, que en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil once se celebró audiencia de conciliación, no habiendo llegado a ningún acuerdo las partes, por lo que Resolvió ordenando la sustanciación de la querella mediante el juicio común u ordinario..."..."de acuerdo a los antecedentes se siguieron realizando diligencias y es hasta el 27 de agosto del año 2015 que se celebra la audiencia preparatoria de juicio solo con la comparecencia del Abogado representante del Querellante, no así el abogado que representa a los querellados, habiendo informado el Receptor del despacho que no fue posible librar comunicación al Tribunal de Tegucigalpa, señalando haberse intentado comunicarse por teléfono tanto con los abogados defensores como con los encausados los que no fueron contestados y otros se encuentran fuera de servicio. Por su parte el apoderado Querellante manifestó que existe una clara negación por parte de los encausados para someterse al proceso, solicitó se decrete el abandono de la defensa y se nombre Defensor público de forma emergente para garantizar el debido proceso, además solicitó la publicación de edictos como mecanismo para hacer llegar a los encausados ante el Tribunal, el Tribunal resolvió la publicación de edictos para los señores MARIO EDMUNDO ESPINAL VALENZUELA Y ANA GABRIELA UMAÑA JARID DE ESPINAL, para que comparezcan ante el Tribunal de Sentencia en fecha 24 de septiembre del 2015 a efecto de revisar la situación jurídica de los querellados y a su vez nombren apoderado defensor además declara el abandono de la defensa por parte de los abogados WALTER ANTONIO AGUILAR MONCADA Y JOSE VIRGILIO BARAHONA LOPEZ, nombrando defensor público en calidad de emergente según el rol de asignación de la Defensa Pública,..."..."se aprecia del estudio de los antecedentes las diligencias realizadas por el Tribunal a quien corresponde el señalamiento de audiencias, notificación, citación de partes, testigos, peritos, de acuerdo a lo previamente dispuesto en la ley, lo contrario, es decir esperar que las partes desarrollen estas diligencias sería contrario a derecho obviamente vulneraría el debido proceso. Además, aprecia esta Sala, la ausencia de abogado Defensor durante un largo período, llegando al extremo de tener que nombrar un abogado defensor público en su condición de emergente, para garantizar el debido proceso. Por otra parte, esta Sala encuentra que los argumentos expuestos en la Acción de amparo no son de recibo, pues el recurrente señala cuestiones de mera legalidad, sobre las que el Juez constitucional no debe ni puede pronunciarse, ya que será en audiencia de juicio oral y público donde las partes harán valer sus medios de prueba que, sometidas al contradictorio, podrán acreditar o desacreditar las hipótesis planteadas por las mismas...."..."el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, por lo que no se han vulnerado los derechos invocados por el impetrante, debiendo seguir su curso la querella de mérito a fin de que el órgano jurisdiccional competente dicte sentencia apegada a derecho..."..."esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, por lo que No procede Otorgar el amparo..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA, la Sentencia que literalmente dice: “ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de agosto de dos mil dieciocho.-VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA, a favor del señor MARIO EDMUNDO ESPINAL VALENZUELA, contra la resolución dictada por la Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, con relación a la querella instruida contra el señor MARIO EDMUNDO ESPINAL VALENZUELA, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA en perjuicio de STRAX INC. Estima el recurrente que con el acto reclamado se han violentado en perjuicio de su representado el artículo 90 de la Constitución de la República.-ANTECEDENTES: 1) Que en fecha veintiséis de septiembre del año dos mil once, compareció ante el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, actuando en su condición de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil denominada “STRAX, INC.” presentando Querella contra los señores MARIO EDMUNDO ESPINAL VALENZUELA y ANA UMAÑA DE ESPINAL, por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de la Sociedad Mercantil denominada STRAX INC.-2) Que en fecha diez de noviembre del año dos mil quince, el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, celebró Audiencia de Excepción y Nulidades, en la cual la Abogada Liz Carolina Figueroa Ferrari; actuando en su condición de defensora de los señores MARIO EDMUNDO ESPINAL VALENZUELA y ANA UMAÑA DE ESPINAL, presentó Excepción por Falta de Acción, en virtud de que no se podía continuar con la causa, de conformidad al artículo 411 numeral 1 del Código Procesal Penal, ya que existía un desistimiento tácito por iniciativa de la parte querellante. En consecuencia, en esa misma fecha, el citado Tribunal resolvió: “PRIMERO: Declarar sin lugar la primera excepción por falta de acción ya que el desistimiento tácito tuvo que haber sido advertido en tiempo y solicitado oportunamente previo a que se continuara con la presente causa…” (Folios del 148 al 149 de la primera pieza de antecedentes).-3) Que en fecha veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, Corte de Apelaciones Penal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa, contra la Resolución del Tribunal de Sentencia de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés. SEGUNDO: CONFIRMA LA RESOLUCION fecha veinticinco de noviembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. (Folios del 10 al 13 de la segunda pieza de antecedentes).-4) El recurrente Abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA, compareció ante este Tribunal, en fecha once de enero del año dos mil diecisiete, reclamando amparo a favor del señor MARIO EDMUNDO ESPINAL VALENZUELA, afirmando que la decisión del Ad-quem, es violatoria de lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución de la República.-5) Que en fecha veintidós de enero del año dos mil dieciocho, esta Sala tuvo por formalizada la presente acción y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del despacho conforme lo prescrito por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Publico. (Folio 20 de la pieza de amparo).-CONSIDERANDO:(1) Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada “para que se declare en casos concretos, que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable, por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.-CONSIDERANDO: (2) Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer en Consulta los recursos de amparo conocidos por las Cortes de Apelaciones acorde a lo establecido en el artículo 68 párrafo segundo, relacionado con el artículo 10 de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.-CONSIDERANDO:(3) Que se conoce en amparo la sentencia de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en el recurso de apelación interpuesto contra el auto dictado por el Tribunal de Sentencia, Sala Tercera de aquella ciudad, en fecha 25 de noviembre del 2015, recaído en la querella instruida contra el señor MARIO EDMUNDO ESPINAL VALENZUELA por suponerlo responsable del delito de ESTAFA, en perjuicio de la Sociedad Mercantil denominada “STRAX, INC” también conocida como XSTRA.-CONSIDERANDO:(4) Que el recurrente en la formalización de la acción de amparo, explica los motivos de la violación de derechos fundamentales manifestando que en fecha 26 de septiembre del año 2011 se presentó querellas contra su representado, constando a folio 71 (primera pieza) que en fecha 01 de febrero 2011, (se aprecia error del recurrente al mencionar el año) en virtud de que en el expediente mérito a folio 71 consta que el Abogado Ramón Edgardo Irula representante del querellante fue citado el día 01 de febrero del año 2012, con el objeto de que planteara excepciones, recusaciones o nulidades basadas en hechos nuevos (expediente No. 0501-2011-11000 de la referida querella). Señalando que desde esa fecha hasta 15 de enero del año 2015 ha habido inactividad procesal de casi cuatro años, en donde se le vuelve a notificar al abogado Querellante la audiencia de preparatoria de (Nulidades, excepciones y recusaciones), la inactividad referida es superior a los tres meses que señala el Código Procesal Penal. Sigue manifestando que dicha inactividad procesal fue sostenida como causal para el desistimiento tácito de la querella en la audiencia de nulidades, excepciones y recusaciones finalmente celebrada, cuyas resolución fue notificada en estrados en fecha 25 de noviembre del 2015, en donde el Tribunal de Sentencia declaró sin lugar la excepción planteada, manifestando que el desistimiento planteado tuvo que haber sido advertido antes que se instara el proceso, señalando que la norma procesal penal castiga con desistimiento tácito toda querella que se paralice por más de tres meses por inactividad del querellante, tal es el caso que esta querella permaneció inactiva por casi tres años precisamente por inactividad del abogado Querellante Irula, por lo que planteo el recurso de apelación, el que fue declarado sin lugar, concluyendo la Corte de Apelaciones que en el presente caso, el retraso es responsabilidad de los abogados querellados, cuando fácilmente del folio 71 (01 de febrero 2011) a folio 129 (15 de enero del 2015) puede apreciarse la inactividad procesal del Abogado Querellante Ramón Irula, inactividad que ni el Tribunal de Sentencia ni la Corte de Apelaciones quiere valorar lo que violenta el debido proceso en perjuicio de su representado Mario Espinal. Por todo ello el recurrente considera quebrantado el artículo 90 constitucional en relación al artículo 411 del desistimiento tácito de las acciones privadas que dispone: “Se tendrá por desistida la acción privada: 1) Si el procedimiento se paraliza durante tres (3) meses por inactividad del querellante…”.-CONSIDERANDO (5) Que la Corte de Apelaciones después del estudio de los antecedentes y los agravios expresados por el apelante así como la contestación de agravios expresada por el apelado, arriba a las siguientes conclusiones: 1) En cuanto al agravio expresado por el apelante de que a su representado se le ha violentado el Indubio Pro reo, la Corte de Apelaciones estima que este principio solo es aplicable al momento de dictar sentencia definitiva, señala que este principio aconseja al juzgador que en caso de haber duda en relación a la culpabilidad se deberá absolver, considerando al Ad quem que no corresponde al caso en estudio por lo que tal agravio no es de recibo. En cuanto al agravio relacionado con el artículo 411 del Código Procesal Penal, por inactividad del expediente por más de tres meses, la Corte aprecia que no obstante la defensa hoy recurrente, de haber tenido conocimiento de tal situación debió alegarlo en su momento y no lo hizo, ya que de la revisión de los autos, la alzada advirtió que desde el año 2011 en fecha 18 de noviembre que se celebró la audiencia de conciliación, misma que las partes no llegaron a un acuerdo y en la que el Tribunal ordena la apertura del juicio y se sustancie mediante juicio común u ordinario, así mismo ordena citar a las partes procesales para que en el término de diez días procedan a examinar las actuaciones y puedan plantear recusaciones, excepciones, o nulidades. Observándose que desde esa fecha fue imposible citar a los apoderados legales de los querellados, no obstante que el personal auxiliar del referido Tribunal de Sentencia, realizó todas las diligencias a su alcance para lograr su cometido, sin embargo, le fue imposible realizar las notificaciones y citaciones a los apoderados de los querellados.-CONSIDERANDO: (6) Que el Tribunal de alzada en su resolución deja establecido que el Tribunal de Sentencia en fecha 27 de agosto del año 2015, celebró audiencia preparatoria del juicio solo con la presencia de apoderado legal querellante, quien solicitó que ante la negativa por parte de los querellados de someterse al proceso, se declarara el abandono de la defensa y se nombrara un defensor público emergente para garantizar el debido proceso, de igual manera solicitó la publicación de edictos como mecanismo para hacer llegar a los encausados al Tribunal de Sentencia, ante tal petición el Tribunal de Sentencia resolvió: “a) la publicación de edictos para que los querellados comparezcan al Tribunal de sentencias el 24 de septiembre del 2015 a efecto de realizar la audiencia de revisión de la situación jurídica y a la vez nombren abogado defensor; b) En base al artículo 118 del CPP se declara el abandono de los abogados Walter Antonio Aguilar Moncada y José Virgilio Barahona López, y se nombra un defensor público en calidad de emergente”.-CONSIDERANDO: (7) Que en fecha 24 de septiembre del año 2015 se celebró audiencia de revisión de la situación jurídica de los querellados, con la presencia del abogado Ramón Edgardo Irula, como apoderado del querellante y la abogada Martha Liliana Acosta como defensora Pública emergente, para la representación de los señores MARIO EDMUNDO ESPINAL VALENZUELA Y ANA GABRIELA UMAÑA JARID DE ESPINAL, a quienes se les supone responsables del delito de estafa en perjuicio de la empresa denominada STARIN conocida como STRAX”, consta en autos que a dicha audiencia compareció el señor JOSÉ ADAN ESPINAL en representación de los querellados señores MARIO EDMUNDO ESPINAL VALENZUELA de quien es hermano y ANA GABRIELA UMAÑA JARID DE ESPINAL, argumentando el desconocimiento de la situación desde el año 2011, presentando en ese momento a la Abogada LIZ CAROLINA FIGUEROA FERRARI, como la apoderada de los querellados.-CONSIDERANDO:(8) Que en cuanto a lo manifestado por la defensa de los querellados de que el expediente ha avanzado por diligencia propia del Tribunal, el Ad quem señala que es oportuno aplicar al presente caso la Sentencia de Amparo dictada por la Sala de lo constitucional de fecha cinco de julio del año dos mil doce (2012) recaída en el expediente No. 275-11, en la que se señala el examen que procede a las razones y circunstancias por las cuales se mantuvo supuestamente en inactividad la querella, cuya razón de ser atribuye exclusivamente a la persona del querellante. Así mismo en la sentencia citada la Sala deja establecido que “se incurre en una falta esencial al debido proceso, pues si se ordena el sobreseimiento definitivo de una causa penal por causas no atribuibles a la parte legitimadas en el proceso y no preestablecidas en la ley se está obviando darles cumplimiento a las formalidades derechos y garantías que la ley establece, en perjuicio de la parte agraviadas con la dicha resolución”. Por todo ello declaró sin lugar el Recurso de Apelación interpuesto.-CONSIDERANDO:(9) Que del estudio de los antecedentes y de la resolución recurrida esta Sala Aprecia las diferentes actuaciones en la Querella de mérito, encontrando en la primera pieza de autos, a folio 68, el auto de fecha trece de diciembre del año dos mil once, que en el párrafo de los antecedentes expone, que en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil once se celebró audiencia de conciliación, no habiendo llegado a ningún acuerdo las partes, por lo que Resolvió ordenando la sustanciación de la querella mediante el juicio común u ordinario. El 4 de enero del año 2012, la querellada ANA GABRIELA UMAÑA DAVID, presentó escrito ante el Tribunal confiriendo poder para que la represente en la referida querella, al Abogado Walter Antonio Aguilar Moncada, admitido como tal por el Tribunal en fecha 9 de enero del mismo año. El 10 de febrero del año 2012 fue citado el Abogado Walter Antonio Aguilar apoderado de la querellada a fin de que planteara excepciones, recusaciones o nulidades basadas en hechos nuevos firmada y sellada por el Abogado Walter Antonio Aguilar Moncada, (Folio 72 primera pieza de autos).-CONSIDERANDO; (10) Que siguiendo con las diligencias practicadas en la querella relacionada, el 10 de febrero del 2012 el representante de los querellados presentó escrito solicitando practica de inspección como prueba anticipada y certificación del resultado(F. 73); el 16 de febrero del 2012 solicitó nulidad absoluta de actuaciones (F. 74 al 78 primera pieza); en fecha 16 de febrero el Tribunal resolvió, citar a los querellantes y querellados a efecto de comparecer al Tribunal para que expusieran sus argumentos en una audiencia que se celebraría el 9 de marzo del 2012, (F. 121 primera pieza), audiencia que no se celebró por no haberse citado en legal y debida forma a las partes. En fecha 12 de marzo del 2012 el Tribunal dictó providencia, ordenando librar atenta comunicación al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, a fin de citar en legal y debida forma al Abogado Walter Aguilar Moncada en su condición de representante judicial de los querellados a fin de que compareciera a la audiencia señalada para el día 19 de abril del 2012 (F.123 primera pieza), consta en los antecedentes que en fecha 10 de abril del 2012,el Receptor del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, se comunicó vía teléfono con el mencionado Abogado Aguilar Moncada, y se le notificó la audiencia señalada para el día 19 de abril del mismo año, manifestando el citado que no comparecería en virtud de estar notificado para una audiencia en la ciudad de Tegucigalpa,(F. 124 Primera pieza), La audiencia no se celebró. En fecha 18 días del mes de noviembre del 2014, el Tribunal dicta providencia señalando audiencia para el día 1 de diciembre del año 2014 misma que no se realizó por no haberse citado en legal y debida forma a las partes, a los 7 días del mes de enero del 2015 se señaló nuevamente audiencia preparatoria de juicio para el día 4 de febrero del 2015 (F. 128 primera pieza).-CONSIDERANDO (11) Que de acuerdo a los antecedentes se siguieron realizando diligencias y es hasta el 27 de agosto del año 2015 que se celebra la audiencia preparatoria de juicio solo con la comparecencia del Abogado representante del Querellante, no así el abogado que representa a los querellados, habiendo informado el Receptor del despacho que no fue posible librar comunicación al Tribunal de Tegucigalpa, señalando haberse intentado comunicarse por teléfono tanto con los abogados defensores como con los encausados los que no fueron contestados y otros se encuentran fuera de servicio. Por su parte el apoderado Querellante manifestó que existe una clara negación por parte de los encausados para someterse al proceso, solicitó se decrete el abandono de la defensa y se nombre Defensor público de forma emergente para garantizar el debido proceso, además solicitó la publicación de edictos como mecanismo para hacer llegar a los encausados ante el Tribunal, el Tribunal resolvió la publicación de edictos para los señores MARIO EDMUNDO ESPINAL VALENZUELA Y ANA GABRIELA UMAÑA JARID DE ESPINAL, para que comparezcan ante el Tribunal de Sentencia en fecha 24 de septiembre del 2015 a efecto de revisar la situación jurídica de los querellados y a su vez nombren apoderado defensor además declara el abandono de la defensa por parte de los abogados WALTER ANTONIO AGUILAR MONCADA Y JOSE VIRGILIO BARAHONA LOPEZ, nombrando defensor público en calidad de emergente según el rol de asignación de la Defensa Pública, (F. 133 primera pieza), siguiendo las diligencias se nombró a la Abogada Martha Liliana Acosta como Defensora de los querellados. En fecha 24 de Septiembre del 2015 se celebró audiencia de revisión de medidas con la representación de los apoderados de las partes, advirtiendo el Secretario del Tribunal de la presencia del señor JOSE ADNA ESPINAL en su condición de hermano del querellado MARIO EDMUNDO ESPINAL VALENZUELA, quien manifestó haber comparecido para manifestar que los querellados no han comparecido por haberse dado cuenta de la audiencia hasta un día antes por la tarde, no pudiendo llegar a la audiencia porque viven en Tegucigalpa, desconociendo la situación desde el año 2011, señalando que la Abogada LIZ CAROLINA FIGUEROA FERRARI, se iba a personar el día lunes. El Tribunal resolvió mantener como Abogada Martha Liliana Acosta, Defensora pública en calidad de emergente, en virtud de que no se ha personado ningún abogado en el juicio, señalando audiencia para el día 2 de octubre del 2015, misma que se celebró el día indicado compareciendo la Defensa Pública y a la vez los querellados y los Abogados LIZ CAROLINA FIGUEROA FERRARI Y LUIS FERNANDO MARADIAGA a quienes otorgaron poder para que los represente en juicio, quienes manifestaron que harán uso del término de 10 días para plantear incidentes por lo que no renuncian al término, el Tribunal señaló audiencia para tal efecto, para el días 23 de octubre del 2015, la que no se realizó en virtud de excusa presentada por el representante de la parte Querellante, la que fue declarada con lugar, señalando nueva fecha de audiencia para el días 10 de noviembre del 2015 (F145 primera pieza).-CONSIDERANDO: (12) Que habiéndose realizado la audiencia de excepciones y nulidades en la fecha prevista, la parte querellada interpuso excepción por falta de acción, ya que existe un desistimiento tácito por inactividad de la parte querellante por más de tres meses, además señala el poder con que actúa el querellante ya que INGVI TYR TOMASSON , dijo que nunca ha estado en Honduras, por lo que solicita se libre oficio a migración para saber en qué fecha entro y salió el referido señor; Invoca la Falta de Acción porque los hechos se fundan en unos cheques que fueron emitidos desde los Estados Unidos entonces los hechos no ocurrieron en Honduras, además invoca Falta de Acción señalando que en las firmas de los cheques presentados por la parte querellante, no aparece la firma de la señora Ana Umaña solo la del querellado.-CONSIDERANDO: (13) Que las normas de procedimiento procesal penal, son de orden público en consecuencia no pueden ser modificadas por los particulares, en ese orden de ideas, se aprecia del estudio de los antecedentes las diligencias realizadas por el Tribunal a quien corresponde el señalamiento de audiencias, notificación, citación de partes, testigos, peritos, de acuerdo a lo previamente dispuesto en la ley, lo contrario, es decir esperar que las partes desarrollen estas diligencias sería contrario a derecho obviamente vulneraría el debido proceso. Además, aprecia esta Sala, la ausencia de abogado Defensor durante un largo período, llegando al extremo de tener que nombrar un abogado defensor público en su condición de emergente, para garantizar el debido proceso. Por otra parte, esta Sala encuentra que los argumentos expuestos en la Acción de amparo no son de recibo, pues el recurrente señala cuestiones de mera legalidad, sobre las que el Juez constitucional no debe ni puede pronunciarse, ya que será en audiencia de juicio oral y público donde las partes harán valer sus medios de prueba que, sometidas al contradictorio, podrán acreditar o desacreditar las hipótesis planteadas por las mismas.-CONSIDERANDO:(14) Que el pronunciamiento proferido por la Corte de Apelaciones de la Sección judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, se ajusta a los requerimientos, procedimientos, y exigencias establecidas en la ley, necesarias para garantizar la efectividad del derecho material, así se desprende del estudio de los antecedentes y argumentos jurídicos, por lo que no se han vulnerado los derechos invocados por el impetrante, debiendo seguir su curso la querella de mérito a fin de que el órgano jurisdiccional competente dicte sentencia apegada a derecho.-CONSIDERANDO: (15) Que esta Sala como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico, por lo que No procede Otorgar el amparo.-POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 80, 82, 89, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 8, 24 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 40 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 9 No. 3) literal b), 41, 63 y 72 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO la Acción de Amparo interpuesta por el abogado LUIS FERNANDO MARADIAGA, a favor del señor MARIO EDMUNDO ESPINAL VALENZUELA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortés, de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil dieciséis. Y MANDA: Que con certificación de ésta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó el Magistrado SERRANO VILLANUEVA. NOTIFIQUESE.-Firmas y Sello. Abogado EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.- MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- REINA AUXILIADORA HERCULES ROSA.- JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.- LIDIA ALVAREZ SAGASTUME.- JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA.- Firma y Sello CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, Secretario Sala Constitucional.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (2018), Certificación de la Sentencia de fecha nueve (9) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) recaída en el Amparo Penal, registrado en este Tribunal bajo el número 0026-2017.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE L A SALA CONSTITUCIONAL