Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AP-01-18 — Registro 10272

Resumen

Resolución impugnada que revocó la sentencia dictada por Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, con relación al proceso de privación de dominio de bienes propiedad de recurrentes

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."10): Que al estudiarse la foliada y específicamente la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, que revocó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, con relación al proceso de privación de dominio de bienes de propiedad de la SOCIEDAD MERCANTIL FRENCH VIEW STATES S.A. y de los señores RAY EDWIN SKIDMORE JR., RAY EDWIN SKIDMORE III, TROY LYNN PRICE y ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO, se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valoró para proferir la misma; concluyendo que existió una clara manipulación para la adquisición de inmuebles a sabiendas de las investigaciones de actividades ilícitas de los antiguos propietarios; así como capitales que nunca han tenido procedencia y justificación licita; razones por las que consideró procedente declarar ha lugar el recurso interpuesto por el Abogado Julio Humberto Núñez, Fiscal del Ministerio Público ; y, revocar la sentencia en cuanto los bienes de los señores Ray Edwin Skidmore Jr., Ray Skidmore III y Frech View State. Y finalmente declarar no ha lugar los recursos interpuestos por la defensa, Abogados José Tiburcio Amador Zuniga, Erin Baloi Luna Salgad; confirmar en lo demás la sentencia apelada.CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa, a la propiedad debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso, como ser el decreto de la extinción de dominio solicitado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, diez de octubre de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por: 1) los Abogados MARCO TULIO CASTRO CANALES y DAGOBERTO MEJIA PINEDA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL FRENCH VIEW STATES S.A. y de los señores RAY EDWIN SKIDMORE JR., RAY EDWIN SKIDMORE III y TROY LYNN PRICE, (REG. No. 923-2017).- 2) Por los Abogados ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO y JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA a favor del señor ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO, (Reg. No. 0001-2018), ambas acciones contra la Resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, que revocó la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACION DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO CON JURISDICCION NACIONAL, de fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil dieciséis (2016), con relación al proceso de privación de dominio de bienes de propiedad de la SOCIEDAD MERCANTIL FRENCH VIEW STATES S.A. y de los señores RAY EDWIN SKIDMORE JR., RAY EDWIN SKIDMORE III, TROY LYNN PRICE y ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO.- Estimando los recurrentes que se le ha violentado el Derecho Constitucional comprendido en los Artículos 90 y 92 de la Constitución de la República.ANTECEDENTES.1) Que en fecha tres (03) de abril del año dos mil trece (2013), compareció ante el JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACION DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO CON JURISDICCION NACIONAL, la Abogada OLGA DAMARIS HERNANDEZ MARCIA, actuando en su condición de Fiscal del Ministerio Público, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores RAY EDWIN SKIDMORE JR, RAY EDWIN SKIDMORE III y TROY LYNN PRICE en relación al proceso de privación de dominio de bienes de propiedad de la SOCIEDAD MERCANTIL FRENCH VIEW STATES S.A. y de los señores RAY EDWIN SKIDMORE JR., RAY EDWIN SKIDMORE III y TROY LYNN PRICE, ADAN ALFREDO CASTELLANOS. (Folios 1–19 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).2) Que continuando el trámite, el JUZGADO DE LETRAS DE PRIVACION DE DOMINIO DE BIENES DE ORIGEN ILICITO CON JURISDICCION NACIONAL, dictó sentencia en fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el cual falla: “UNO) Declarar procedente la solicitud privación de dominio sobre los bienes de los señores SEWINSEN ARTHUR PINNACE COLLINS, ERICKA PALMA GUDIEL, ADAN ALFREDO CASTELLANOS, COAST CERAMIC, ISLAND DEVELOPMENT Y ROGER EDGARDO NORIEGA, consistentes en: … DOS) Declarar el comiso de los mismos. TRES) Declarar improcedente la acción de privación de dominio sobre los bienes del señor RAY EDWIN SKIDMORE JR, RAY SKIDMORE III Y FRENCH VIEW STATE. CONSISTENTE EN: … CUATRO) Revocar la Medida cautelar sobre los bienes de RAY SKIDMORE JR. Y RAY SKIDMORE TERCERO Y FRENCH VIEW STATE. - CINCO) Declarar la nulidad de los títulos de propiedad a favor de SEWINSEN ARTHUR PINNACE COLLINS, ERCKA PALMA GUDIEL, ROGER NORIEGA Y ADAN ALFREDO CASTELLANOS ordenándose se emita uno nuevo a favor de la OABI para que proceda con lo establecido en el artículo 78 de la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. …. .” (Folios 336–346 de la pieza de antecedentes de Primera Instancia).3) Que en fecha treinta y uno (31) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la Corte de Apelaciones Penal de Francisco Morazán, conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los Abogados JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, DEFENSOR PRIVADO, ERIN BALOI LUNA SALGADO, DEFENSOR PRIVADO, y JULIO HUMBERTO NUÑEZ, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, contra el auto de formal procesamiento, dictó sentencia en la Falló: Declarando 1) HA LUGAR el recurso interpuesto por el Abogado Julio Humberto Núñez, Fiscal del Ministerio Público.- 2) REVOCAR la sentencia en cuanto a los bienes de los señores Ray Edwin Skidmore Jr., Ray Skidmore III y Frech View State.- 3) Declarando NO HA LUGAR los recursos interpuestos por las Defensas, Abogados José Tiburcio Amador Zuniga y Adán Alfredo Castellanos Alvarado; y el Abogado Erin Baloi Luna Salgado, 4) CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.” (Folios 453–470 de la pieza de antecedentes de Segunda Instancia).4) Que los Abogados MARCO TULIO CASTRO CANALES y DAGOBERTO MEJIA PINEDA, comparecieron ante este Tribunal, en fecha ocho (8) de diciembre del dos mil diecisiete (2017) interponiendo acción de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL FRENCH VIEW STATES S.A. y de los señores RAY EDWIN SKIDMORE JR., RAY EDWIN SKIDMORE III y TROY LYNN PRICE, (Amparo con Registro No. 923-2017), afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta y uno (31) de marzo del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 92 de la Constitución de la República.5) Que los Abogados ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO Y JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional en fecha ocho (08) de enero de dos mil dieciocho (2018), interponiendo recurso de amparo a favor del señor ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO, (amparo con Registro No. 0001-2018) contra la resolución de fecha treinta y uno (31) de marzo del dos mil diecisiete (2017), afirmando que la decisión del Ad-quem es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 92 de la Constitución de la República.6) Que en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo Número 0923-2017 y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho conforme lo prescrito por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público.7) Que en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo número 0001-2018 y ordenó seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho conforme lo prescrito por el Articulo 37 de la Ley del Ministerio Público.8) Que en fecha tres de mayo del dos mil dieciocho (2018) esta Sala para efectos de mantener la unidad y continencia de la causa y producir una sola sentencia, resuelve acumular los amparos descritos y asimismo continuar con el trámite de ley correspondiente.CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.CONSIDERANDO TRES (3): Que las garantías Constitucionales de Amparo promovidas por los Abogados MARCO TULIO CASTRO CANALES y DAGOBERTO MEJIA PINEDA, a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL FRENCH VIEW STATES S.A. y de los señores RAY EDWIN SKIDMORE JR., RAY EDWIN SKIDMORE III y TROY LYNN PRICE, (REG. 923-2017); y, por los Abogados ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO y JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA a favor del señor ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO, (Reg. No. 0001-2018), se dirigen contra la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, que revocó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, con relación al proceso de privación de dominio de bienes de propiedad de la SOCIEDAD MERCANTIL FRENCH VIEW STATES S.A. y de los señores RAY EDWIN SKIDMORE JR., RAY EDWIN SKIDMORE III, TROY LYNN PRICE y ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO.CONSIDERANDO CUATRO (4): Que los Abogados MARCO TULIO CASTRO CANALES y DAGOBERTO MEJIA PINEDA, comparecieron ante este Tribunal, en fecha ocho de diciembre del dos mil diecisiete (2017) interponiendo acción de amparo a favor de la SOCIEDAD MERCANTIL FRENCH VIEW STATES S.A. y de los señores RAY EDWIN SKIDMORE JR., RAY EDWIN SKIDMORE III y TROY LYNN PRICE, (Amparo con Registro No. 923-2017), afirmando que la decisión del Ad-quem, de fecha treinta y uno (31) de marzo del dos mil diecisiete (2017), es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 92 de la Constitución de la República, señalando, que sus representados si demostraron que tienen fondos suficientes de manera legal para obtener el bien y sus mejoras, que ha sido cuestionado por el Ministerio Público ; y, declarado extinguido su dominio por la Corte de Apelaciones de lo Penal en esta materia de Extinción de Dominio.CONSIDERANDO CINCO (5): Que los Abogados ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO y JOSE TIBURCIO AMADOR ZUNIGA, comparecieron ante la Sala de lo Constitucional en fecha ocho (08) de enero de dos mil dieciocho (2018), interponiendo recurso de amparo a favor del señor ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO, (amparo con Registro No. 0001-2018) contra la resolución de fecha treinta y uno (31) de marzo del dos mil diecisiete (2017), afirmando que la decisión del Ad-quem es violatoria de lo dispuesto en el Artículo 92 de la Constitución de la República; cuando la Corte de apelaciones afirma en su fallo que no se demostró que los bienes objeto de la Privación del Dominio fueron obtenidos con fondos ilícitos, porque realmente esto quedó demostrado en juicio.CONSIDERANDO SIETE (7): Que en fecha diecinueve (19) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo Número 0923-2017. A su vez en fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018), esta Sala tuvo por formalizada la acción de amparo número 0001-2018. Ordenándose seguir con el procedimiento de conformidad a lo prescrito por el Artículo 54 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, omitiendo la vista al Fiscal del Despacho conforme lo prescrito por el Artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece tanto que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que al estudiarse la foliada y específicamente la Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, que revocó la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción Nacional, de fecha veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, con relación al proceso de privación de dominio de bienes de propiedad de la SOCIEDAD MERCANTIL FRENCH VIEW STATES S.A. y de los señores RAY EDWIN SKIDMORE JR., RAY EDWIN SKIDMORE III, TROY LYNN PRICE y ADAN ALFREDO CASTELLANOS ALVARADO, se aprecia en la misma, que el Ad-quem hizo expresa mención a la circunstancia de lo que se valoró para proferir la misma; concluyendo que existió una clara manipulación para la adquisición de inmuebles a sabiendas de las investigaciones de actividades ilícitas de los antiguos propietarios; así como capitales que nunca han tenido procedencia y justificación licita; razones por las que consideró procedente declarar ha lugar el recurso interpuesto por el Abogado Julio Humberto Núñez, Fiscal del Ministerio Público ; y, revocar la sentencia en cuanto los bienes de los señores Ray Edwin Skidmore Jr., Ray Skidmore III y Frech View State. Y finalmente declarar no ha lugar los recursos interpuestos por la defensa, Abogados José Tiburcio Amador Zuniga, Erin Baloi Luna Salgad; confirmar en lo demás la sentencia apelada.CONSIDERANDO ONCE (11): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo la recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos. CONSIDERANDO DOCE (12): Que la labor de valoración de la prueba no es mecánica o automatizada puesto que el Juez irá construyendo la convicción o certeza sobre los hechos controvertidos conforme analiza y evalúa las pruebas, lo que implica un examen total de los medios probatorios obrantes en autos, a fin de cumplir con el mandato legal de valoración conjunta. De esta manera las pretensiones de las partes se verán reforzadas o mediatizadas conforme el Juez vaya analizando y sopesando los medios probatorios hasta llegar al momento de la decisión final. CONSIDERANDO TRECE (13): Que dicho lo anterior, ha de observarse también que la garantía de amparo no puede suplir todos y cada uno de los casos en que se alegue indefensión de parte, como resultado de una decisión jurisdiccional no compartida. La jurisprudencia nacional e internacional más consolidada como la proveniente del Tribunal Constitucional Español, son congruentes en admitir y sostener que el amparo “…no está configurado como una última instancia ni tiene una función Casacional”; por tanto, únicamente pueden ser objeto de la tutela jurídica constitucional, aquellos supuesto de indefensión real, que impidan el ejercicio regular del derecho de defensa, o más allá aún, que proscriban; imposibilitando a las partes procesales interponer las acciones y recursos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que el presente caso no puede enmarcarse el supuesto dentro de la tutela judicial efectiva garantizada constitucionalmente, porque la actora tuvo acceso a las audiencias sin traba alguna, en ellas alegó lo procedente, cumpliéndose todas las garantías debidas en su desarrollo, todo lo que no se cuestiona, y al final se obtuvo una resolución judicial amplia, estudiada y fundada razonadamente en derecho, que fue adversa a su pretensión, con lo que se logró el cumplimiento de todas las exigencias incluidas dentro de la Ley, sin que dentro de ellas pueda admitirse cuestionar la interpretación lógico - jurídica realizada por la Corte de Apelaciones en su Sentencia y mostrarse disconforme con los criterios observados sobre un tema de mera y simple legalidad sin ramificación alguna hacia la constitucionalidad, pues con la disparidad de criterios que en esencia se patrocina en el recurso, no puede prevalecer el subjetivo, particular e interesado de la parte recurrente, sobre el objetivo, oficial e independiente realizado por este Alto Tribunal Supremo, con la pretensión de sustituirle en su función de interpretar y aplicar el derecho, lo que no consiente el cauce elegido según ha quedado expuesto, y sin que en definitiva pueda entrar este Tribunal en el examen de los razonamientos expuestos en la demanda de amparo, por tratarse de un tema de legalidad ajeno a los derechos constitucionales. CONSIDERANDO QUINCE (15): Que esta Sala de lo Constitucional aprecia que la resolución del Ad-quem contiene la motivación suficiente, cumpliendo éste con los requisitos, formalidades, condiciones y exigencias que fija la ley para garantizar la efectividad del derecho material, respetándose durante la tramitación del proceso de mérito el derecho de defensa, a la propiedad debido proceso y la publicidad del acto jurisdiccional al que se someten las partes. Por tanto, las alegaciones señaladas por la recurrente no podrían configurarse como una violación a la tutela judicial efectiva, puesto que el Juzgador ha plasmado en su decisión la motivación necesaria indicando razonadamente su decisión, fundamentándose en la norma adjetiva aplicable. CONSIDERANDO DIECISEIS (16): Que esta Sala arriba a la conclusión que la decisión del Ad-quem objeto del recurso en estudio, se ajusta a las garantías y requisitos que han de ser tomados en cuenta para adoptar una determinación trascendental en el proceso, como ser el decreto de la extinción de dominio solicitado, motivando de manera razonada su decisión, por ello de acuerdo a las motivaciones que preceden, no cabe otorgar el amparo demandado. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 68, 69, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional.-FALLA: DENEGANDO los recursos de amparo de que se ha hecho mérito.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.-Redactó el Magistrado ZELAYA ZALDAÑA. NOTIFIQUESE.FIRMAS Y SELLO. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA.LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”

Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Penal (acumulado) bajo el número SCO-923-2017 y 001-2018.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL