Sentencia AL-940-16 — Registro 13471
Resumen
Resolución declaró inadmisible recurso de queja contra resolución en demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones socialese indemnizaciones legales por despido ilegal e injusto promovida contra recurrente; la Autoridad recurrida concluyó que la aplicación supletoria de la normativa procesal civil no vulnera derechos fundamentales a recurrente al estar el caso en fase de ejecución de sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"la estimatoria del recurso de amparo de mérito devendría en caso de obstaculizarse tal principio garante con el establecimiento de requisitos de procedibilidad en exceso a los que ya establece la Ley, o impidiéndose en forma arbitraria el acceso de las partes procesales las acciones y recursos efectivos que les franquea la Ley y vedándoles, en consecuencia, la oportunidad de ser oídos y de exteriorizar argumentos en defensa de su pretensión legítima, lo cual esta Sala de lo Constitucional estima no ser el caso, en vista a que, de la revisión ordenada de autos, se constata el cumplimiento estricto de la legalidad aplicable por parte del Colegiado de Apelaciones, el cual, al aplicar el artículo 215 del Código Procesal Civil al caso concreto, no hizo sino cumplir la misión constitucional que ya le enmarca al Juzgador el artículo 304 de la Constitución de la República; verbigracia, juzgar y ejecutar lo juzgado..."..."no resulta procedente en derecho la declaratoria que la resolución bajo estudio ha disminuido las garantías y derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente y, en particular, el derecho al debido proceso del que gozan los terceristas, con fundamento preciso y congruente al tenor del artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y la declaración de inaplicabilidad de normas y disposiciones gubernativas y de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan, proclamada en el artículo 64 de la Constitución de la República; con especial mención a que ha sido estrictamente respetado el derecho a la parte que representa el Amparista a gozar de acceso a la jurisdicción y los recursos que ya franquea la Ley, cumplimentados que fueren los requisitos de procedibilidad que ésta enmarca en forma garante..."..."procede dictar denegatoria a la presente acción de Amparo, pues de la vista de autos resulta la Corte de Apelaciones concernida garantizó efectivamente el acceso de la parte amparista a la justicia, hasta el límite de franqueo de recursos que le preestablece la Ley en forma vinculante, sobre todo tratándose de materia incidental y en ejecución de sentencias laborales; lo cual justificaría el tenor restrictivo adoptado por la legislación para esta clase de asuntos; resultando pues carente de fundamento el alegato de infracción constitucional que promoviera el Amparista por el solo hecho no habérsele admitido a trámite el ya referido recurso de queja, sin que la Ley adjetiva del caso le asista en su reclamo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de enero del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA, ATLANTIDA, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida; en fecha dos de agosto del año dos mil dieciséis, que declaró inadmisible un RECURSO DE QUEJA presentado contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, en fecha veintisiete de junio del año dos mil dieciséis, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores NORMA ONDINA FAJARDO Y OTROS contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA. Estimando el recurrente que con la resolución de rigor se han violentado en perjuicio de su representada lo prescrito en los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha cinco (5) de marzo de dos mil catorce (2014), compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, el Abogado ROGER ADRIAN MORENO BARDALES, en su condición de apoderado legal de los señores NORMA ONDINA FAJARDO Y OTROS interponiendo DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA OBTENER EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES EMPLAZAMIENTO PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LEGALES POR DIRECTO ILEGAL E INJUSTO, PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, contra la CORPORACION MUNICIPAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA. (Folios 01 al 15 de la primera pieza de antecedentes) 2) Que el referido Juzgado, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciséis (2016), resolvió: En cuanto al recurso de apelación y subsidiaria apelación interpuesto por el apoderado legal de la parte demandada los mismos se declaran sin lugar sin lugar por considerar la suscrita que la resolución emitida esta dictada conforme a derecho. Artículo 215 del CPC. (Folios 06 al 07 de la segunda pieza de antecedentes) 3) Que conociendo de un recurso de apelación interpuesto por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en su condición de apoderado legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de la Ceiba, departamento de Atlántida, dictó sentencia en fecha dos (2) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), en el cual RESUELVE: PRIMERO: Declarar INADMISIBLE el Recurso de Queja interpuesto por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en su condición de apoderado legal de la CORPORACION MUNICIPAL DE TELA, ATLANTIDA, contra el auto interlocutorio de fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciséis (2016), en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por la señora SAYRA CAROLINA MEJIA Y OTROS. (Folios 08 al 09 de la segunda pieza de antecedentes). 4) Que el recurrente Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, compareció ante este Tribunal, en fecha diez (10) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), interponiendo acción de amparo a favor de la ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA, ATLANTIDA, por considerar que la decisión del Ad-Quem, violenta en perjuicio de su representada, los artículos 64 y 90 de la Constitución de la República; teniéndose por formalizada en tiempo y forma su acción constitucional en fecha veintitrés (23) de junio del año dos mil diecisiete (2017). 5) Que con fecha cuatro (04) de agosto de dos mil diecisiete (2017), la Abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, actuando en su condición de Fiscal Especial para la Defensa de la Constitución, emitió dictamen, en el cual fue de la opinión porque SE DENIEGUE la acción de amparo interpuesta, en virtud de no vislumbrarse violación a las garantías constitucionales señaladas por el garantista, dado que el génesis de la presente acción constitucional radica en la sentencia dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida, en la demanda ordinaria laboral promovida por los señores SAYRA CAROLINA MEJÍA Y OTROS contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA, ATLANTIDA, en la cual se condena a la demandada al pago de prestaciones sociales y demás derechos que le corresponden a los demandantes (ver folios 128 al 142 de la Primera Pieza); por lo que se aprecia de los antecedentes los derechos invocados como infringidos por el Amparista no han resultado quebrantados por el Tribunal de Alzada, el cual ha motivado su resolución de manera coherente y razonada en derecho, en tanto establece en su fallo que, acorde el artículo 786 del Código del Trabajo; en la etapa de ejecución del proceso laboral no cabrán incidentes, ni excepciones: “… por lo que la A-quo ni siquiera debió admitir el incidente planteado”. CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantía que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala de lo Constitucional conoce de la Acción de Amparo interpuesta por el Abogado DARIO JOSUÉ GARCÍA VILLALTA, en su condición preindicada, contra la resolución dictada por la CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA en fecha dos (2) de agosto del año dos mil dieciséis (2016), que declaró inadmisible un recurso de queja presentado contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TELA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA, en fecha veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciséis (2016), con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores SAYRA CAROLINA MEJÍA Y OTROS contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE TELA, ATLANTIDA; por considerar el recurrente, que la Jurisdicción ha actuado en forma incorrecta en el caso concreto, pues ha aplicado disposiciones del Código Procesal Civil, violentando la garantía de doble instancia que ya establece el artículo 303 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 740 y 743 del Código de Trabajo vigente; así como la línea jurisprudencial establecida, por esta misma Sala de lo Constitucional, en el fallo de Amparo Laboral SCO-0322-2015, cuyo Considerando 11 refuerza la noción de reglas especiales (debido proceso), cuando se trate de hacer efectiva la ejecución de las sentencias firmes, cuando se trate de una Municipalidad o del Estado. CONSIDERANDO (4): Que en la vista del caso por parte de la Sala de lo Constitucional se aprecia como objeto del presente recurso de amparo, la petición del amparista porque se remueva un impedimento de tramitación a un recurso de queja por él interpuesto, el cual no se encontraría acorde a legalidad, pues a su parecer la declaratoria de inadmisibilidad de tal recurso de queja, producto de una interpretación jurídica errada de parte de la Alzada; le impediría indebidamente a la parte agraviada la exposición y defensa de su posición y/o pretensión procesal, en restricción al goce de los derechos y garantías constitucionales de la parte por él representada; por todo lo cual solicita de la Sala de lo Constitucional que otorgue el amparo de mérito, removiendo el impedimento opuesto indebidamente por el Ad-Quem para la normal continuidad del recurso de queja impetrado en el marco del debido proceso. CONSIDERANDO (5): Que según constante jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional el párrafo primero del artículo 90, en tanto norma constitucional especialmente concernida, se traduce de un modo general en el deber que tienen los Tribunales de garantizar una Tutela Judicial Efectiva, la cual se viene caracterizando como un ajustado sistema de garantías para las partes en el proceso, que permitan, a quien pretenda hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba y a obtener una resolución fundada en derecho y que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio; lo cual genera en los jueces y Tribunales el deber de cumplir con las exigencias fundamentales respecto de todo proceso o procedimiento, con atención especial- en el ejercicio de la potestad jurisdiccional - al respeto y garantía de los derechos fundamentales a las partes y participantes en el proceso. CONSIDERANDO (6): Que la estimatoria del recurso de amparo de mérito devendría en caso de obstaculizarse tal principio garante con el establecimiento de requisitos de procedibilidad en exceso a los que ya establece la Ley, o impidiéndose en forma arbitraria el acceso de las partes procesales las acciones y recursos efectivos que les franquea la Ley y vedándoles, en consecuencia, la oportunidad de ser oídos y de exteriorizar argumentos en defensa de su pretensión legítima, lo cual esta Sala de lo Constitucional estima no ser el caso, en vista a que, de la revisión ordenada de autos, se constata el cumplimiento estricto de la legalidad aplicable por parte del Colegiado de Apelaciones, el cual, al aplicar el artículo 215 del Código Procesal Civil al caso concreto, no hizo sino cumplir la misión constitucional que ya le enmarca al Juzgador el artículo 304 de la Constitución de la República; verbigracia, juzgar y ejecutar lo juzgado. CONSIDERANDO (7): Que en tal sentido, no resulta procedente en derecho la declaratoria que la resolución bajo estudio ha disminuido las garantías y derechos constitucionales invocados por el Abogado recurrente y, en particular, el derecho al debido proceso del que gozan los terceristas, con fundamento preciso y congruente al tenor del artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y la declaración de inaplicabilidad de normas y disposiciones gubernativas y de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan, proclamada en el artículo 64 de la Constitución de la República; con especial mención a que ha sido estrictamente respetado el derecho a la parte que representa el Amparista a gozar de acceso a la jurisdicción y los recursos que ya franquea la Ley, cumplimentados que fueren los requisitos de procedibilidad que ésta enmarca en forma garante. CONSIDERANDO (8): Que en consecuencia, procede dictar denegatoria a la presente acción de Amparo, pues de la vista de autos resulta la Corte de Apelaciones concernida garantizó efectivamente el acceso de la parte amparista a la justicia, hasta el límite de franqueo de recursos que le preestablece la Ley en forma vinculante, sobre todo tratándose de materia incidental y en ejecución de sentencias laborales; lo cual justificaría el tenor restrictivo adoptado por la legislación para esta clase de asuntos; resultando pues carente de fundamento el alegato de infracción constitucional que promoviera el Amparista por el solo hecho no habérsele admitido a trámite el ya referido recurso de queja, sin que la Ley adjetiva del caso le asista en su reclamo. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, y en aplicación de los artículos 1, 59, 60, 64, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1 y 78 No. 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 No. 2, 5, 7, 8, 9 No. 3, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional. FALLA: DENEGANDO el Recurso de Amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ALVAREZ SAGASTUME. NOTIFIQUESE. Firmas y sello. JORGE ALBERTO ZELAYA ZALDAÑA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. EDWIN FRANCISCO ORTEZ CRUZ.REINA AUXILIADORA HÉRCULES ROSA. JORGE ABILIO SERRANO VILLANUEVA. LIDIA ÁLVAREZ SAGASTUME. Firma y sello. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”
Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil dieciocho, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-940-2016.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL